0113/2022-S1

Solicitó se conceda la tutela impetrada y en consecuencia:

1. a)Se ordene a los demandados permitir que funcionarios de la Cooperativa Rural de Electrificación R.L., procedan a la inmediata restitución o reinstalación del servicio básico de energía eléctrica;
2. b)Se disponga el cese de las medidas de hecho de no permitirles el ingreso y salida; y,
3. c)Se condene a los demandados al resarcimiento de daños y perjuicios ya que están más de una semana sin poder trabajar por no contar con energía eléctrica y por haber forzado al cierre de las oficinas, habiéndose frustrado varios negocios pendientes.

Pablo Alexandro Lema Diez de Medina, a través de informe presentado en audiencia manifestó que:

1. 1)Respecto a la empresa peticionante de tutela que presenta el Poder 290/2017 a favor de la Empresa Construcciones e Inversiones Crucero S.A., la misma carece de los requisitos esenciales para poder presentar una acción de amparo constitucional, siendo que los arts. 129 de la CPE, 56 del Código Procesal Constitucional (CPCo), estableció los lineamientos esenciales para poder presentar una acción de amparo constitucional;
2. 2)La 0SCP 0804/2018-S de 26 de noviembre, estableció los requisitos que debe cumplir la persona jurídica, como es el caso de la presentación de un poder para actuar en representación del agraviado pues con ella se demostró o acreditó la legitimación activa de la persona natural o jurídica respecto a la idoneidad de sus derechos;
3. 3)La línea del Tribunal Constitucional Plurinacional, determinó la legitimación activa para interponer una acción de amparo constitucional con la finalidad de obtener la protección de derechos y garantías fundamentales, y en el caso de las personas jurídicas además del poder específico bastante y suficiente para acreditar la representación legal, señaló que debe acompañarse otros requisitos inherentes a la existencia de la personería jurídica, como son actas de la constitución, la acreditación de su personería jurídica, la nómina de los socios, la inscripción en el registro pertinente; vale decir, en la Fundación para el Desarrollo Empresarial (FUNDEMPRESA), los Estatutos según corresponda la naturaleza para la parte accionante;
4. 4)De la reflexión de los actuados presentados se tiene el poder notarial 290/2017 relativo a un poder general de administración de Rodolfo Daniel Morillo Omarini; asimismo, se presentó el contrato de alquiler suscrito entre Pablo Alexandro Lema Diez de Medina y Roberto Esteban Peralta, este documento anexado al proceso en su cláusula primera señala a Roberto Esteban Peralta con el Poder "294/2017" otorgado por la Notaria de Fe Pública 3 ; es decir, el mismo notario que otorgó este poder para poder representar en esta acción tutelar extendió un poder a Roberto Peralta, por lo que, este poder seguramente ya está revocado;
5. 5)Además no se presentó en ningún momento la inscripción de dicha empresa en FUNDEMPRESA, no se adjuntó ninguna otra documentación para acreditar su personalidad jurídica la razón seria que esta Empresa Construcciones e Inversiones Crucero S.A., no existe o no está funcionando, están pretendiendo con unos poderes antiguos darle funcionamiento a la citada empresa que está dedicada a diferentes actividades;
6. 6)Por lo tanto, se observa la calidad de la personería jurídica de la parte accionante; toda vez de que, no presentó la documentación pertinente tal como establece la SCP 0260/2012 del 29 de mayo, que sigue entre otras la línea jurisprudencial prevista en las 0SSCC 0022/2003-R de 08 de enero y 1758/2011-R que en el caso de personas jurídicas refirió que debe acreditar su condición de legítimo representante adjuntado el poder correspondiente en el que debe constar inexcusablemente, acta de constitución de la sociedad, la nómina de los socios, su inscripción en los registros de comercio ahora FUNDEMPRESA y su personalidad jurídica y sus reglamentos;
7. 7)Por lo que, en el presente caso no debería entrar al fondo de la problemática porque no se demostró la personería jurídica de la parte impetrante de tutela, que solo presentó un simple poder al "señor Morillo" el mismo presentó un contrato que está firmado por otra persona, en cuyo contrato se usó otro poder en este caso el 294 que no fue extendido posterior al poder presentado para esta acción tutelar; por lo tanto, ese poder tiene que estar revocado;
8. 8)En el hipotético caso de que se tome en cuenta "el poder", refiriéndonos al escrito presentado "bonito es decir, que se está vulnerando los derechos (...) en ningún momento le ha dicho a su autoridad que ese medidor y hemos presentado mediante memorial a sus autoridades, los recibos del original cancelado, mi cliente ha querido agarrar 16.412 bolivianos como deuda de los ahora inquilinos, si los inquilinos se veían afectados por haber retirado medidor, han ido donde el propietario y han dicho que se restituya el medidor, no van por él tiene una deuda de 50.600 dólares en alquiler de 22 meses..." (sic);
9. 9)Asimismo se presentó una demanda de desalojo en el mes de agosto del 2020, "dentro de la demanda de desalojo del 2019" (sic) el ahora abogado debe tener conocimiento porque él es el que presentó excepciones, además se apersonó otra empresa representado por Oswaldo Barriga Karlbaum y presentó una excepción de falta de legitimación pasiva, cosa que solamente pretende dilatar el proceso para poder seguir viviendo sin pagar alquileres;
10. 10)Dentro de Constitución Política del Estado existe el principio de verdad material; por lo que, en su desesperación va perder su patrimonio por una deuda en expensas de Bs55 000.- (cincuenta y cinco mil bolivianos), siendo que le iniciaran un proceso ejecutivo en el que le embargaran y remataran el bien inmueble en marzo, incluso por ese motivo pensó hasta en suicidarse, "son más de 72 mil dólares pero bonito decir que se han vulnerados los derechos" (sic), siendo que se le está vulnerando el derecho a la vida y a la propiedad privada; y,
11. 11)Además la parte peticionante de tutela presentaron un documento de alquiler el cual venció el plazo en agosto de 2019, por lo que, al amparo del Código Procesal Constitucional solicitó denegar la tutela.

Claudia Fabiola Paz Cortez, a través de informe escrito presentado cursante de fs. 121 a 123 manifestó que:

1. i)Prestó servicios a la Empresa DUHAN Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL), cuyas funciones son el dar cumplimiento al Reglamento de Copropiedad y Administración que rige en el edificio TORRE DUO CENTRO EMPRESARIAL, el cual se encuentra inserto en la Escritura Pública 225/2012 de 14 de mayo, adjuntó en calidad de prueba documental;
2. ii)El edificio TORRE DUO CENTRO EMPRESARIAL recibe los servicios de Administración de la Empresa DUHAN SRL, la cual dentro de su estructura orgánica administrativa cuenta con una dependencia denominada CENTRO DE CONTROL (CECON), dicha oficina está compuesta por un Jefe de Centro de Control y tres operadores que resguardan el control, y registro del ingreso y salida de propietarios, visitantes y dependientes laborales de las empresas que habitan el mencionado edificio, para este fin, cuentan con un sistema de seguridad compuesto por un sistema de video cámaras que registran el ingreso y salida de toda persona que visita el citado edificio, asimismo cuentan con un sistema de molinetes que se activan con tarjetas magnéticas que habilitan el ingreso de toda persona;
3. iii)Las afirmaciones de la parte solicitante de tutela no concuerdan con la realidad de los registros de los videos de seguridad, ni con los accesos por el molinete ya que de la certificación emitida por CECON se evidencia que la funcionaria de la oficina A del piso 22 que responde al nombre de Karina Pastora Sánchez Peñafiel ingresó desde el 4 de diciembre de 2020 al 4 de febrero de 2021; y desde el 26 de enero al 4 de febrero de 2020 ingresó por los molinetes 36 veces; por lo que, resultó falso que se haya bloqueado la tarjeta del personal de la oficina, siendo que el 4 de febrero de 2021 es posterior a la fecha de presentación de la acción tutelar;
4. iv)De la certificación del Centro de Control del señalado edificio se tiene comprobado por los videos y sistemas de seguridad que el personal de la oficina A del piso 22 no tiene ninguna restricción en el ingreso y salida de personal, de igual forma, por las capturas de video de seguridad se puede verificar que Danillo Morillo Saavedra prestó su credencial de acceso a Ariel Velázquez Céspedes el 2 de febrero de 2021; por consiguiente se comprueba que la credencial de acceso se encuentra activa;
5. v)El edificio TORRE DUO CENTRO EMPRESARIAL independiente a los molinetes de acceso y las cámaras de seguridad tiene un sistema terciarizado de control de ingreso a través de una empresa independiente bajo la razón social de "MEENCARGO", cumple la función de verificar mediante un código QR el ingreso y salida de todas las personas que visitan una determinada oficina; por lo que, queda registrada;
6. vi)Sobre la afirmación de la parte accionante en sentido de que se le habría negado la instalación de un medidor de energía eléctrica, corresponde presentar la prueba de la carta de contestación a su carta notariada en la cual claramente se le informó que la solicitud de instalación de servicios corresponde ser realizada por el propietario del mencionado edificio, tal como establece el art. 6 del Reglamento de Copropiedad; puesto que, todo inquilino tiene que solicitar la autorización expresa del propietario para realizar la conexión de medidores o demás servicios básicos que la unidad inmobiliaria que requiera;
7. vii)La carga de la prueba en vías de hecho corresponde al demandante probar los hechos sobre los que basa sus pretensiones y acciones; el incumplimiento a la misma implica en el rechazo a la pretensión demandada; es así que de la prueba con la que fue citada, de ninguna forma demuestran la forma que impidió el ingreso de la parte accionante a las instalaciones del citado edificio y más aún por la prueba certificada y electrónica que se aporta queda evidenciado que los dependientes de la parte impetrante de tutela ingresaron libremente al señalado edificio;
8. viii)En mérito a la prueba adjunta y los hechos demostrados mediante las certificaciones libradas por las dependencias de CENTRO DE CONTROL y la empresa "MEENCARGO", solicitó que se deniegue la tutela, declarando improbada la acción de amparo constitucional en su contra por no demostrar la veracidad de sus argumentos con prueba cierta que respalde su pretensión, más bien solicitan exigir que se indique la fecha y hora en que supuestamente se le habría negado el acceso para estricta aplicación de justicia;
9. ix)Lo cierto es que el retiro del medidor no es una acción que fue propiciado por su persona, cuya reinstalación requiere de la aprobación del propietario conforme señala el art. 6 del Reglamento de Copropiedad y administración del indicado edificio, además la Empresa Construcciones e Inversiones Crucero S.A., no realizó ninguna solicitud porque la misma fue realizada por Karina Pastora Sánchez Peñafiel; y,
10. x)En mérito a los argumentos de hecho y derecho solicitó denegar la tutela por existir un proceso entre las partes -en el que están como terceros- en la cual se resuelvan sus problemas dentro de la vía judicial competente y "es esa juez que pueda otorgar las medidas cautelares aplicando el principio de subsidiariedad" (sic).

La Sala Constitucional Segunda del departamento de Santa Cruz, por Resolución 16/21 de 5 de febrero de 2021, cursante de fs. 192 a 196, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos:

1. a)Habiéndose aclarado los hechos tal cual fueron fundados, debe dejarse establecido la jurisdicción constitucional bajo su principio de especialidad, está en la obligación de aplicación del derecho sustancial por sobre lo formal, así lo estableció entre otros la SCP "314/2019";
2. b)La razón de la interpretación de lo sustancial por sobre lo formal, obedeció a que existen lesiones de relevancia constitucional en las cuales no debe obviarse sino modularse el entendimiento de lo formal para pretender tutelar lo sustancial, ello no significa que lo formal no revista relevancia constitucional, tal es el caso de la legitimación activa, que si bien debe cumplir con requisitos formales, el instituto constitucional de legitimación no es un instituto estrictamente formal sino sustancial, ya que el legitimado activo que cumplió con los presupuestos formales es el único autorizado por la Norma Suprema y la ley de ejercer un derecho ante la justicia constitucional;
3. c)De ahí que la exigencia de la formalidad jurisprudencial ampliamente establecida, además no obedeció a un simple formalismo inocuo y aislado, sino inviste al cumplimiento del presupuesto para investir del derecho a quien pretenda hacerlo valer en la jurisdicción ordinaria, por lo que de la revisión del expediente constitucional se evidenció que la parte accionante adjuntó el Poder de Representación 290/2017 de 05 de julio, concedido por los miembros del director de la sociedad anónima, que gira bajo la denominación Construcciones e Inversiones Crucero a favor de Rodolfo Daniel Morillo Omarini, designado Presidente del Directorio de la Sociedad;
4. d)El poder de manera aislada perse en cuanto a las personas naturales podría verificarse si el contenido cumple o no los presupuestos de formalidad en cuanto a personas jurídicas, tal como señala la SCP 0189/2018-S4 de 14 de mayo y la SCP 0804/2018-S4 de 26 de noviembre, que revisten peculiaridades de imperativa exigencia ante esta jurisdicción, entre las que se considera que se debe exigir mínimamente el registro del mencionado poder ante el Registro de Comercio, ello debido a que dicha institución privada con dicotomía pública, la que conlleva en su registro la legitimidad y actividad de la entidad que puede gozar de un derecho de encontrarse legitimada activamente; y,
5. e)Como "tribunal" incluso pueden obviar la presentación de estatutos y de su personería, por cuanto ambos conllevan o forman parte del Registro de Comercio, pero lo que no puede obviarse es la inscripción del Poder ante el Registro de Comercio, por lo que el incumplimiento de ese presupuesto formal obligó lo que esta jurisdicción constitucional no tenga por superada la legitimación activa de la parte impetrante de tutela para pretender un derecho y es por ello que cualquier otra consideración de orden jurídico formal resulta estéril.

La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al acceso a los servicios básicos, al trabajo y a la justicia y a la posesión; toda vez que:

1. 1)Pablo Alexandro Lema Diez de Medina propietario del edificio TORRE DUO CENTRO EMPRESARIAL, con el justificativo del retraso en el pago de alquileres mediante medidas de hecho y con el objetivo de obtener un desalojo forzoso, perturbando su posesión, hizo retirar el medidor de luz de sus oficinas con funcionarios de la Cooperativa Rural de Electrificación R.L.; asimismo, junto a su administradora suspendieron las tarjetas de ingreso al citado edificio, al extremo de no permitirles retirar sus computadoras portátiles y documentación; y,
2. 2)Claudia Fabiola Paz Cortez, administradora del edificio, además de haber colaborado en el retiro del medidor de luz de forma ilegal, pese a la solicitud expresa mediante una carta notariada para que autorice la reinstalación del servicio básico, negó el ingreso de los funcionarios de la Cooperativa Rural de Electrificación R.L., para que repongan dicho artefacto, no conforme con ello le prohibió el ingreso al mencionado edificio, lo cual puso en riesgo el futuro de su Empresa Construcciones e Inversiones Crucero S.A., y la estabilidad laboral de sus dependientes.

En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para ello, se desarrollarán los siguientes temas:

1. i)Presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional ante denuncia de medidas o vías de hecho;
2. ii)El derecho a la propiedad privada y su contenido esencial; y,
3. iii)Análisis del caso concreto.

1. a)Debe existir una debida fundamentación y acreditación objetiva de que efectivamente se está frente a una medida de hecho o justicia a mano propia, donde el agraviado o accionante se encuentre ante una situación de desprotección o desventaja frente al demandado, o agresor, sea autoridad, funcionario o particular o grupo de personas, por la desproporcionalidad de los medios o acción; la presentación de la acción de amparo constitucional debe ser de manera oportuna e inmediata, haciendo abstracción de la subsidiariedad. De lo contrario no justificaría la premura ni gravedad y deberá agotar las instancias jurisdiccionales o administrativas pertinentes según sea el caso, y agotadas las mismas, acudir a la jurisdicción constitucional.

1. b)Necesariamente se debe estar ante un inminente daño irreversible o irreparable, ya sea agravando la lesión ya consumada, o que ello provoque la amenaza de restricción o supresión a otros derechos fundamentales. Situaciones que deben ser fundamentadas y acreditadas.

1. c)El o los derechos cuya tutela se pide, deben estar acreditados en su titularidad; es decir, no se puede invocar derechos controvertidos o que estén en disputa, atendiendo claro está, a la naturaleza de los mismos.

1. d)En los casos en que a través de medios objetivos se ponga en evidencia que existió consentimiento de los actos denunciados y acusados como medidas de hecho, no corresponde ingresar al análisis de la problemática, por cuanto esta acción de defensa no puede estar a merced del cambio o volatilidad de los intereses del accionante. Sin embargo, cuando el agraviado o accionante señale que existen actos de aparente aceptación, pero que son producto de la presión o violencia que vició su voluntad, ésta situación debe ser fundamentada y acreditada de manera objetiva, en ese caso, será considerada una prueba de la presión o medida de hecho, inclusive".

1. 1)La excepción a la aplicación del principio de subsidiariedad, es decir, que el control tutelar de constitucionalidad puede ser activado frente a estas circunstancias, de forma directa, sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa2.

1. 2)El accionante tiene la carga probatoria para acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos3. La Sentencia Constitucional Plurinacional citada, luego de señalar dicha sub regla, también aclaró que esa carga probatoria no puede concernir hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria4. Finalmente, especificó cuál es la carga probatoria cuando se denuncie la vulneración del derecho de propiedad como consecuencia de avasallamientos5, disponiendo que al efecto se debía demostrar el registro de propiedad, en base al cual es posible oponerlo frente a terceros.

1. 3)Flexibilización de las reglas de la legitimación pasiva6; si bien en principio la parte impetrante de tutela deberá cumplir con identificar a los denunciados de incurrir en vías de hecho; sin embargo, de manera excepcional y siempre y cuando no sea posible la identificación de las personas demandadas, cuando se denuncian vías de hecho, a través de una acción de amparo constitucional, se deberán flexibilizar las reglas de la legitimación pasiva; empero, este presupuesto debe cumplir ciertos requisitos y además debe responder a fundamentos que aseguren el derecho al debido proceso, tanto para la parte accionante como para la parte demandada, a través de este mecanismo tutelar de defensa.

"De manera general, cuando los particulares o el Estado invocando supuesto ejercicio legítimo de sus derechos o intereses adoptan acciones vinculadas a medidas o vías de hecho en cualesquiera de sus formas.:

1. i)Avasallamientos u ocupaciones por vías de hecho de predios urbanos o rurales privados o públicos con limitación arbitraria del derecho a la propiedad, la pérdida o perturbación de la posesión o la mera tenencia del bien inmueble;
2. ii)Cortes de servicios públicos (agua, energía eléctrica); y,
3. iii)Desalojos extrajudiciales de viviendas; entre otros supuestos, desconociendo que existen mecanismos legales y autoridades competentes en el orden constitucional para la solución de sus conflictos, excluyen el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia del afectado, que se constituye en el primer derecho fundamental común vulnerado en acciones vinculadas a medidas de hecho en cualesquiera de sus formas" (el subrayado es añadido).

"a) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de este derecho tanto por el Estado como por los particulares;

1. b)Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y,
2. c)Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho".