Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0113/2026-S3 Sucre, 06 de marzo de 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional
Expediente: 49711-2022-100-AAC Departamento: Tarija
En revisión la Resolución 02/2022 de 15 de agosto, cursante de fs. 42 a 46 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mary Carmen Cuellar Balderas contra Ermas Pérez Villalba, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Caraparí del departamento de Tarija.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JU RÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 11 de agosto 2022, cursante de fs. 14 a 17, la accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Acreditando su condición de heredera de los lotes de terreno de propiedad de su fallecido padre René Manuel Cuellar Castellanos, ubicados en la "Urbanización Virgen Guadalupe y Carmelita", localidad de Caraparí, Provincia Gran Chaco del departamento de Tarija, registrados en Derechos Reales (DD.RR.), bajo las Matrículas Computarizadas madres 6.04.2.01.0000027 y 6.04.2.01.0000028, por memoriales presentados el 21 de febrero y 15 de marzo de 2022, solicitó a la autoridad ahora demandada, la emisión de una certificación y fotocopia legalizada del pago del impuesto de la gestión 2020 de los bienes inmuebles registrados a nombre de su padre, en el plazo de veinticuatro horas, bajo la previsión del art. 82 del Decreto Supremo 27113 de 23 de julio de 2003, Reglamento de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo-; y, de los planos actualizados de la Urbanización.
No obstante, sus solicitudes fueron negadas mediante la nota Cite: G.A.M.C./E.P.V. 0285/2022 de 15 de marzo, de la Secretaría del GAM de Caraparí; señalando que, no es posible extender los documentos de la "urbanización Virgen de Guadalupe y Carmelita" de propiedad de Cesario y René Manuel, ambos de apellido Cuellar Castellanos; puesto que, se desconoce si esta propiedad fue objeto de división o partición, además que, la emisión de dicha documentación, ocasionaría un daño al otro copropietario y posibles dificultades legales para la autoridad demandada.
En tal sentido, al omitir otorgarle una respuesta formal y pronta, condicionando la extensión de la comunicación solicitada, a la división previa de la cosa común, se cometió un acto ilegal y arbitrario, lo cual la obligó a activar la presente acción de defensa.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
Denunció la lesión de sus derechos al acceso a la información y a la propiedad; citando al efecto, los arts. 21.6 y 56 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
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