Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0116/2019-S1 Sucre, 10 de abril de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional
Expediente: 25490-2018-51-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución AC-11-2018 de 29 de agosto, cursante de fs. 402 a 406 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por James Enrique Reynolds Hamel contra Adán Willy Arias Aguilar y William Eduard Alave Laura, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Mediante memoriales presentados el 2 y 15 de agosto de 2018, cursantes de fs. 110 a 126 y 170 a 187 vta., el accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido por Carlos Danilo Raznatovic Cruz -ahora tercero interesado-, en su contra y otra, por la presunta comisión del delito de estafa, se emitió la Resolución de imputación formal, contra la cual interpuso excepción de incompetencia en razón de materia, mereciendo Resolución 365/2016 de 17 de octubre, que declaró probada la referida excepción; a cuyo efecto, la parte denunciante -hoy tercero interesado- formuló recurso de apelación alegando que se desvalorizó a la víctima, se usurpó funciones y se favoreció conductas delictivas, entre otros. Extremos que conforme previene el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) limitaba a los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandados- a solo contrastar dichos aspectos de la apelación y no otros para emitir su fallo; sin embargo de ello favoreciendo a los apelantes y subsanando inclusive dicho recurso, emitieron el Auto de Vista 182/2017 de 9 de agosto, revocando la Resolución 365/2016 y disponiendo la prosecución del proceso penal en su contra sin .
Señala que, en el Considerando II del Auto de Vista 182/2017 las autoridades demandadas hicieron un resumen casi textual de los argumentos de la apelación y en el Considerando III "...mermando los derechos de las personas procesadas (imputados), se dice de la manera más superficial y vaga, que corre en traslado el recurso de apelación incidental a las demás partes procesales y se dispone la remisión de obrados..." (sic). Agrega además que, en el Considerando IV del Auto de Vista antes mencionada, respecto al punto primero concluyeron que "...el derecho a la impugnación es un medio procesal establecido por ley. Haciendo alusión a normas que sustentan su procedencia..." (sic); y, en el punto segundo señalaron que el principio de legalidad obliga a la autoridad judicial a aplicar los mandatos legales vigentes.
Ahora bien, en el punto tercero, relativo al cuestionamiento hecho por el apelante -ahora tercero interesado- respecto a que se habría desvalorizado a la víctima, interfiriendo en los actos de investigación, usurpando funciones y favoreciendo conductas delictivas, entre otros argumentos, los Vocales ahora demandados, sin verificar si corresponde como agravio generado de la Resolución, pasaron por alto este hecho y de manera ultra petita señalaron que la Jueza de primera instancia no analizó la denuncia, ni los antecedentes o los elementos de prueba colectados en etapa preliminar, aspectos que no fueron reclamados por el apelante.
Así también en el punto cuarto de dicho considerando, se identificó como otro cuestionamiento de apelación, que la jurisprudencia que apoyó los argumentos vertidos eran citas falsas así como la doctrina señalada; sin embargo, las autoridades ahora demandadas, en un intento de salvar la apelación planteada, cambiaron el sentido de la misma incluyendo alegatos jamás expresados como: "la investigación preliminar ha colectado elementos de prueba, encuentra que existen indicios suficientes de la comisión del hecho (Art. 335) aspectos que no puede desconocer la autoridad jurisdiccional" (sic) resultando en consecuencia una resolución incongruente, por cuanto, no se pronunciaron sobre el reclamo original relativo a la falsedad de la jurisprudencia citada, ni mucho menos la revisaron siendo ese el límite que tenían para pronunciarse.
Refiere que, en el punto quinto del mismo considerando, el apelante -hoy tercero interesado- refirió como fundamento a un contrato terminado que no tendría relevancia; empero, no se hizo mención a la prueba testifical ni a los documentos que demostrarían la comisión del delito de estafa con víctimas múltiples; al respecto, las autoridades ahora demandadas, hicieron una teorización de las obligaciones contractuales, que denotan un carácter eminentemente civil del conflicto, concluyendo que si existe imputación la investigación debe continuar, es más, al señalar que "...tras la confirmación del tipo penal..." (sic) adelantaron criterio sin contrastar la resolución recurrida con la contestación, menos con los documentos presentados.
También en cuanto al sexto punto, se tiene que, se identificó como agravio que la prueba literal consistente en una certificación del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de La Paz, habría acreditado que los denunciados efectuaron engaños en contra de varios profesionales con el objeto de percibir ventajas económicas ilegítimas, además al tratarse de un contrato llave en mano se realizaron tareas en la entidad municipal para ese fin, beneficiándose los imputados con los planos aprobados; al respecto, cabe recalcar que no se tiene certificación de la referida Alcaldía con semejante tenor, y por lo mismo esa idea emerge del imaginario del denunciante; consiguientemente, los Vocales ahora demandados no revisaron su existencia; por lo que, no individualizaron la misma, señalando su fecha, quien la solicitó o quien la firma, pretendiendo valorizar una prueba que jamás fue adjuntada al cuaderno de investigaciones, siendo inaceptable; además, que por la sola mención de la existencia de una certificación, se diga que efectivamente hay un engaño a varios profesionales, cuando es una sola persona la denunciante. Y sobre el hecho que se contaría con un contrato llave en mano; se tiene que, el denunciante tenía la intención de construir el Edificio "Alfredo" y que esa sería la promesa, pero nunca llegó a entregar dicho contrato omitiendo mencionar la existencia del contrato cumplido.
Y finalmente, en el punto séptimo se identifica como otro reclamo en la apelación, que no se pagó por el trabajo realizado en el proyecto Misión Moderna, consistente en los planos arquitectónicos aprobados por el GAM de La Paz, encontrándose varios actos de investigación pendientes, concluyendo que, al tenerse la imputación formal y posterior Resolución 365/2016, se interfirió la investigación y que no basta citar la última ratio del derecho penal, sino explicar por qué el presente caso debe sustanciarse en materia civil, argumento que no fue reclamado por el apelante, demostrándose la incongruencia ultra petita en la que incurrieron los Vocales ahora demandados, aspectos que resultan insalvables, pues ellos mismos refieren que se busca el pago de trabajo o servicios.
I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados
El impetrante de tutela alega como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, congruencia de las resoluciones, juez natural y competente, a la igualdad, a la defensa, control de convencionalidad y a la garantía de la prohibición de sufrir prisión por deuda u obligaciones patrimoniales, citando al efecto los arts. 109, 115, 117.III y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela impetrada, disponiendo se deje sin efecto el Auto de Vista 182/2017, a cuyo efecto, las autoridades demandadas deberán pronunciar un nuevo fallo respetando los derechos y garantías constitucionales ahora reclamados.
Mostrando 20 de 100 parrafos.