0116/2021-S4

Dicha impugnación fue resuelta por Auto de Vista 95/2020 de 18 de junio, dictado por Iván Sandoval Fuentes, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -hoy demandado-, que mantuvo subsistente el riesgo procesal de peligro para la víctima con relación al art. 234.7 del adjetivo penal; así como, el peligro previsto en el art. 235.2 del citado Código; fallo, que se constituye en un acto arbitrario, porque:

1. a)En su Considerando IV incurre en incongruencia vinculadas a la cesación a la detención preventiva y la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, no realiza una suficiente fundamentación y motivación razonable a la luz de la Norma Suprema y los estándares internacionales con perspectiva de los derechos humanos, omitiendo realizar un control de los actos del inferior;
2. b)La decisión de mantener la detención preventiva fue impuesta en base a presunciones sin que concurran riesgos procesales en estos momentos a causa de la pandemia que cambió las circunstancias que dieron lugar a su detención, omitiendo considerar el razonamiento de la SCP 0185/2019-S3 de 30 de abril, que señaló que para la concurrencia del riesgo de peligrosidad debe existir sentencia condenatoria ejecutoriada por otro delito;
3. c)Omitió aplicar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contenida en la Sentencia de 20 de junio de 2005, dictada en el caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala, respecto a la aplicación del principio pro homine, privilegiando la interpretación más favorable frente al ius puniendi estatal;
4. d)En su considerando IV no se pronuncia ni realiza un control en apelación sobre el reclamo que el Juez a quo debió realizar el control de convencionalidad del art. 234.7 del CPP, con relación a la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-;
5. e)El precitado considerando omite fundamentar y motivar razonablemente la "necesidad" de mantener su detención preventiva, cuando en las cárceles se estaba sufriendo los efectos devastadores de la pandemia COVID-19, circunstancia que obliga a los jueces a aplicar el art. 239.1 en su segunda parte del adjetivo penal, por razones humanitarias;
6. f)Omite tomar en cuenta los estándares internacionales sobre la necesidad y proporcionalidad de la detención preventiva; dado que, existían veintinueve internos y más de 200 con síntomas de contagio al interior del Centro Penitenciario San Roque de Sucre; así como, aplicar las recomendaciones de la Corte y Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la pandemia para descongestionar las cárceles, que conforma el bloque de constitucionalidad; y,
7. g)No fundamenta y motiva el segundo supuesto del art. 239.1 del CPP, con perspectiva de derechos humanos y a la luz de la Norma Suprema, que a causa de la pandemia COVID-19, cumplió con la provisionalidad que configuraba inicialmente y se tornó en ilegal, lo que obliga a sustituirla por una menos gravosa para evitar una masacre.

Así, concretó que:

1. 1)A tiempo de resolver el primer motivo del recurso de apelación lo hace de manera incompleta e incoherente, limitándose a efectuar una insuficiente valoración descriptiva de las pruebas ofrecidas de manera parcial, omitiendo hacer una valoración intelectiva como exige el art. 173 del adjetivo penal, lesionando el art. 124 del citado cuerpo legal;
2. 2)Omite aplicar el estándar jurisprudencial más alto establecido por la SCP 0185/2019-S3 y la CIDH emitida en el caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala, respecto a la peligrosidad;
3. 3)Transgrede la congruencia externa al no pronunciarse sobre el tercer motivo del recurso de apelación; y,
4. 4)Lesiona el principio de legalidad por no haber aplicado el art. 239.1 del CPP, por razones sanitarias y humanitarias; toda vez que, su salud y su vida se encuentran en riesgo por los contagios masivos al interior del mencionado Centro Penitenciario.