Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0116/2026-S2 Sucre, 24 de febrero de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional
Expediente: 72660-2025-146-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 41/2025 de 8 de abril, cursante de fs. 50 a 54 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Daniel Troche Salcedo contra René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Décimo de El Alto del departamento de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 25 de febrero y 14 de marzo de 2023, cursantes de fs. 20 a 24; y, 35 y vta., el accionante manifiesta lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido por Laura Ruíz Luizaga en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el 19 de julio de 2021, la autoridad fiscal requirió la adopción de medidas de protección, disponiendo su salida, desocupación y restricción del domicilio donde habitaba junto a la nombrada, quien era su esposa y presunta víctima. Dichas medidas fueron ejecutadas operativamente el 23 de igual mes y año, conforme al acta de autorización de ingreso a domicilio, en la cual se dejó constancia de que el inmueble contaba con habitaciones ocupadas por su persona. En la ejecución de la medida, fue retirado del lugar sin permitirle recoger su ropa, documentos, dinero u otros bienes personales, solo alcanzando a cerrar bajo llave los cuartos que ocupaba, quedando impedido de retornar a su residencia.
Más adelante, el 31 de enero de 2022, su cónyuge falleció, y de forma posterior, la denuncia planteada fue rechazada mediante Resolución de Rechazo 91/2022 de 18 de agosto, la cual fue notificada el 19 de enero de 2023 y no fue objetada por ninguna de las partes, quedando firme y ejecutoriada, sin que se hubiera dispuesto su reapertura de oficio o a instancia de parte.
Durante el tiempo posterior al rechazo del proceso, se mantuvo alejado del inmueble en cuestión con la finalidad de evitar nuevas denuncias por parte de familiares de su difunta esposa; no obstante, en julio de 2024 intentó ingresar a su domicilio, siendo agredido verbalmente, amenazado e intimidado por terceros, quienes le indicaron que tenía prohibido acercarse al lugar. Desde entonces, vive con temor y sin posibilidad de retornar a su hogar.
El 8 de noviembre de 2024 solicitó el desarchivo del caso, el cual fue concedido, siendo el proceso asignado a Selena Michel Vargas Vargas, Fiscal de Materia, el 22 de ese mes y año, apersonándose de inmediato al mismo. El 28 de igual mes y año pidió formalmente la restitución de su hogar, recibiendo como respuesta el 29 del referido mes y año, que debía acudir a la autoridad jurisdiccional conforme al art. 389 ter del Código de Procedimiento Penal (CPP) con las modificaciones incorporadas por la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-. Posteriormente, el 2 de diciembre del mismo año reiteró su solicitud, la cual fue respondida el 4 del citado mes y año con un simple "ESTESE".
Durante noviembre y diciembre de 2024, alegó la existencia de un riesgo inminente sobre sus habitaciones, señalando que terceras personas ingresaron al inmueble pretendiendo disponer de las mismas, retirando muebles de su propiedad, específicamente sofás ubicados en los cuartos que ocupaba en el fondo del lugar.
Ante la falta de respuesta efectiva, acudió ante René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Décimo de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-, quien, tras reiteradas solicitudes, señaló audiencia para el 18 de febrero de 2025. Sin embargo, dicho acto fue suspendido sin resolver el fondo del asunto ni dar curso al recurso de reposición interpuesto.
En las semanas posteriores, sus habitaciones fueron allanadas, agravándose la lesión a su derecho a una vivienda digna; situación atribuible a la inacción de las autoridades estatales, señalando que, pese a ser la fiscal quien ordenó su desocupación, ninguna autoridad asumió la responsabilidad de disponer la restitución del inmueble, manteniéndose el Juez pasivo bajo el argumento de un supuesto vacío legal.
Finalmente, señala que entiende que las medidas de protección pierden vigencia cuando el proceso es rechazado o sobreseído; empero, los efectos materiales de dichas medidas continúan produciendo daños graves y permanentes, los cuales ameritan reparación por el principio de responsabilidad del Estado, puesto que, sufrió un daño integral que comprendió la pérdida de su vivienda, afectación psicológica, desprotección de su esposa fallecida y la imposibilidad de ejercer una vida digna.
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