0117/2022-S3

La accionante, a través de su abogado, en audiencia ratificó los argumentos de su demanda constitucional, y ampliando manifestó:

1. a)En el Considerando I de la Resolución Ejecutiva 289/2020, se tiene el desarrollo de los antecedentes del proceso administrativo, posteriormente se analiza un informe legal que desconoce, luego se transcribe normativa pasando después a la parte resolutiva, sin que exista en toda la Resolución un razonamiento que explique por qué se declaró ilegal la recusación, menos realiza una valoración de la prueba;
2. b)El juez independiente e imparcial, según la jurisprudencia constitucional, es un elemento del debido proceso;
3. c)Se halla procesada penalmente por los mismos hechos que se dilucidan en el proceso administrativo, donde la MAE fue recusada, debido a que en el proceso penal se constituyó en parte víctima, acreditando con ello su interés en el caso a resolverse en la vía administrativa, argumentos y elementos que no fueron considerados menos analizados por la autoridad hoy accionada; y,
4. d)Fue objeto de acoso laboral por parte del ahora tercero interesado, Gerente General de la UMMIPRE PROMAN, quien en reiteradas oportunidades durante la pandemia le solicitó su renuncia, además que "le afectaría" en su condición de madre y mujer y en lo laboral, pese a que trabaja en dicha entidad por más de veinte años.

En uso de su derecho a la réplica señaló que:

1. 1)Con el informe presentado en esta acción de defensa, la autoridad accionada pretende justificar la decisión antes asumida en la Resolución Ejecutiva 289/2020, que carece de motivación y fundamentación;
2. 2)Sobre la jurisprudencia citada, resulta impertinente su consideración al ser claros los fundamentos de la recusación planteada al estar comprometida la imparcialidad de la autoridad jerárquica; y,
3. 3)Respecto a los derechos al trabajo y estabilidad mencionados, se encuentran también en peligro según se señaló en su memorial de acción de amparo constitucional.

Iván Marcelo Tellería Arévalo, Alcalde suplente del GAM de Cochabamba, a través de su representante legal, mediante informe escrito cursante de fs. 248 a 251, solicitó se declare improcedente la acción de defensa sin ingresar a un análisis de fondo, o en su defecto se deniegue la tutela, manifestando que:

1. i)La presente acción tutelar no cumple con los requisitos y condiciones de admisibilidad, asimismo, concurren causales de improcedencia por lo que deberá denegarse la tutela al no establecerse el nexo de causalidad entre las denuncias y los derechos vulnerados, incumpliendo lo dispuesto por el art. 33 del Código Procesal Constitucional (CPCo) y lo señalado por la SC 0365/2005-R de 13 de abril;
2. ii)La impetrante de tutela pretende hacer creer que la jurisprudencia citada resulta vinculante, cuando la misma corresponde a otros casos que no tienen relación con la presente temática ni son análogos, ni siquiera realiza una contrastación con el caso concreto, intentando un pronunciamiento sobre aspectos que no tiene relación con la recusación planteada;
3. iii)No existe una adecuada subsunción de los hechos a los actos generados por su persona a momento de pronunciar la Resolución Ejecutiva 289/2020 y los derechos vulnerados, resultando la improcedencia de la acción;
4. iv)Con relación al reclamo sobre falta de motivación de la referida Resolución Ejecutiva, por no señalarse las razones jurídicas de la decisión, debe quedar claro que no se requiere de una exposición extensa, sino definir las circunstancias por las que se arriba a una u otra determinación;
5. v)Sobre el argumento de que no se puso en su conocimiento el informe legal D.L.C.F. 233/20, carece de sustento legal, pues en virtud a lo previsto por el art. 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-, se trataría de un acto interadministrativo y no administrativo, no requiriendo cumplimiento de requisitos de validez y eficacia;
6. vi)Con relación a la vulneración del juez natural independiente e imparcial, como se refirió precedentemente, no se estableció la relación de causalidad, pues como la propia peticionante de tutela cita el DS 23318-A modificado por su similar 26237, se demuestra que la Resolución cuestionada, se ciñe al procedimiento previsto en dicha norma, ya que la recusación planteada se elevó su conocimiento ante la MAE del GAM de Cochabamba, como entidad que ejerce tuición sobre la empresa pública;
7. vii)Respecto a la causal invocada para la recusación, al no haberse demostrado que la MAE de la UMMIPRE PROMAN al apersonarse como víctima en el proceso penal, no supone que tenga un litigio, dado que el delito es de orden público en el que la parte acusadora es el Ministerio Público, por lo que solo se constituyó en víctima, además debe tenerse presente que la denuncia fue interpuesta por Jaime Rafael Mendieta Vargas, Responsable de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la UMMIPRE PROMAN, no estando comprometida la imparcialidad del juzgador de segunda instancia para resolver el recurso jerárquico;
8. viii)El proceso penal no puede entenderse como parte del litigio administrativo, toda vez que de acuerdo al art. 28 de la Ley de Administración y Control Gubernamental (LACG) -Ley 1178 de 20 de julio de 1990-, que establece que todo servidor público responde por los resultados emergentes del desempeño de sus funciones, en consecuencia tiene responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil o penal, por lo que imponer sanciones en la vía penal y administrativa obedece a la protección de diferentes bienes jurídicos;
9. ix)La causal invocada para sustentar la recusación planteada, fue erróneamente interpretada por la accionante, puesto que el proceso penal no puede interpretarse como un mismo litigio al del procedimiento administrativo;
10. x)Tampoco se demostró que la MAE recusada hubiese adelantado algún tipo de criterio, pretendiendo inducir en error "...pues, considera como un hecho análogo e indefectible por lo que la MAE de la UMMIPRE PROMAN debió excusarse..." (sic), por el hecho de haberse declarado legal un primer incidente de recusación de la autoridad sumariante invocada en la causal "8" referida a haber manifestado un criterio sobre la injusticia o justicia del litigio, antes de asumir conocimiento del mismo, en tanto que el segundo invoca como causal el numeral "6" referido a la existencia de un litigio pendiente entre la autoridad y alguna de las partes siempre que no se hubiese promovido la inhabilitación al juzgador; y,
11. xi)Debe denegarse la tutela con relación a los derechos al trabajo y estabilidad laboral por no existir argumento que permita entrever su vulneración.

César Grover Quispe Orellana, Gerente General de la UMMIPRE PROMAN del GAM de Cochabamba, por informe escrito cursante de fs. 252 a 253 vta., solicitó se "...rechace la acción planteada..." (sic), manifestando que:

1. a)La impetrante de tutela planteó recusación contra la MAE de la UMMIPRE PROMAN invocando el art. 347.6 del CPC, rechazándola en mérito al Informe INF. M.A.E.-P.A.I.S. "01/2020" de 8 de diciembre de 2020, y tomando en cuenta que fue designado Gerente General de dicha entidad de conformidad con el art. 26.9 de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales (LGAM) -Ley 482 de 9 de enero de 2014-, y en cumplimiento al art. 31 del Estatuto Orgánico de la UMMIPRE PROMAN que determina que su designación obedece a un Decreto Edil emitido por el Alcalde Municipal;
2. b)Evidentemente existe un proceso penal contra la peticionante de tutela, al cual se apersonó como Gerente General representando a la entidad y cumpliendo sus responsabilidades según el referido Estatuto Orgánico, y no así a título personal;
3. c)El autor Juan Alberto Martínez Bravo, señala que el art. 5 de la LPA dispone que los órganos administrativos tienen competencia para conocer y resolver un asunto administrativo cuando emane, derive y resulte de la Constitución Política del Estado, las leyes y las disposiciones reglamentarias, no pudiendo renunciarse a la competencia atribuida, siendo sustituida, delegada o avocada según lo previsto por dicha Ley; asimismo, señala que una característica de la competencia administrativa es la irrenunciabilidad, siendo su ejercicio obligatorio; en mérito, a lo señalado es que se apersonó al proceso penal, por cuanto no existiría un litigio pendiente con la accionante;
4. d)Los procesos penal y administrativo se llevan por diferentes vías, la primera iniciada por Jaime Rafael Mendieta Vargas, Responsable de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la UMMIPRE PROMAN por la presunta comisión de delitos, y la vía administrativa aperturada por la autoridad sumariante a objeto de determinar la responsabilidad administrativa emergente de la contravención del ordenamiento jurídico administrativo y normas que regulan la conducta del servidor público; y,
5. e)Conforme señala la SCP 0910/2016-S1 de 18 de octubre, no existe causal de recusación por litispendencia en su contra, debido a que "...no existe un litigio pendiente, en el que se tramita el mismo de la misma materia..." (sic).

Decisión asumida bajo los siguientes fundamentos:

1. 1)De los antecedentes se verifica que la impetrante de tutela se encuentra procesada en la vía administrativa ante la autoridad sumariante de la UMMIPRE PROMAN en su condición de servidora pública de dicha entidad, iniciándose la causa por Auto de 20 de octubre de 2020, interponiendo la prenombrada recusación contra la autoridad sumariante por constituirse en la abogada que patrocina la acción penal seguida en su contra por los mismos hechos, siendo declarada legal la misma, posteriormente se emitió Resolución Sumarial 01/2020, imponiéndole la sanción de destitución; ante lo cual la nombrada presentó recurso de revocatoria, dictándose el Auto de 25 de noviembre del mismo año, ratificando la Resolución sumarial, motivando el planteamiento del recurso jerárquico y a la vez interpuso de incidente de recusación contra la MAE de la UMMIPRE PROMAN alegando que el mismo se habría constituido en parte víctima y proponiendo pruebas en su condición de Gerente General de la referida Unidad Municipal, remitidos los antecedentes ante dicha autoridad radicó el proceso por Auto de 7 de diciembre de 2020, estando reiterada la recusación y solicitud de pronunciamiento, se dispuso la remisión del incidente ante el Presidente del Directorio que a su vez, saneando procedimiento señaló que la autoridad competente para resolver sería el Alcalde Municipal, por lo que remitió los antecedentes ante la referida autoridad edil; al efecto, se solicitó informe legal al Secretario Municipal de Asuntos Jurídicos del GAM de Cochabamba, a objeto de dilucidar si la MAE del GAM tiene competencia para resolver la recusación y cuál sería el procedimiento, emitiéndose en consecuencia el Informe D.L.C.F. 233/20, en cuyo punto III se identifica las normas jurídicas aplicables, en tanto que en el punto IV se remite al análisis del caso sobre la recusación interpuesta por la peticionante de tutela, citando el DS 26237 que modifica el DS 23318, así como la Resolución Ministerial (RM) 726 de 5 de agosto de 2014, determinando que corresponde al máximo ejecutivo que ejerce tuición pronunciarse resolviendo la recusación, y en su apartado V. de conclusiones y recomendaciones determinó que la MAE del GAM de Cochabamba, declare la ilegalidad de la recusación formulada por la hoy accionante, procediendo conforme dispone el art. 26 del DS 26237 y sea según señala el art. 30 de la Ley Municipal de Ordenamiento Jurídico y Procedimiento Legislativo -Ley Municipal 0026/2014 de 9 de abril-;
2. 2)Si bien el citado Informe legal establece la normativa que apertura la competencia del máximo ejecutivo no contiene fundamento legal a objeto de establecer la ilegalidad de la recusación, informe que además se emitió el 23 de diciembre de 2020, y en la misma fecha la impetrante de tutela presentó memorial señalando apersonarse y acompañar fotocopias legalizadas que fueron propuestas a tiempo de formular la recusación, solicitando se consideren, escrito remitido al Alcalde suplente ahora accionado mediante nota de 28 del citado mes y año, devolviéndose la documentación a efecto de arrimarse a los antecedentes;
3. 3)Se tiene también la Resolución Ejecutiva 289/2020, la cual se remite a los actuados puestos a su conocimiento desde el Informe Decreto Municipal (DM) 106/2020 de 28 de agosto, al Informe D.L.C.F. 233/20, en su Considerando I, glosa los actuados del proceso disciplinario, la recusación planteada contra la MAE de la UMMIPRE PROMAN, el informe de dicha autoridad sobre el particular, los argumentos de las partes, los actuados realizados por la citada MAE dentro del proceso penal, y refiriéndose al Informe D.L.C.F. 233/20; en su Considerando II, transcribe los arts. 29 de la Ley LACG; 347.6 del CPC; 21, 25 y 26 del DS 26237; 125 del Reglamento Interno de Personal del GAM de Cochabamba; 5 de la LGAM; RM 726, y art. 9 de su anexo; Decreto Municipal 018/2014 de 27 de agosto sobre la creación de la entidad descentralizada, que en su art. 25 establece la composición del Directorio de la UMMIPRE PROMAN, el Estatuto Orgánico de dicha entidad, Ley Municipal 026/2014 en su art. 30, señalando al final en su último párrafo que el Alcalde suplente ahora accionado, en ejercicio de las atribuciones contenidas según la normativa precitada, resuelve declarar la ilegalidad de la recusación planteada por la peticionante de tutela contra César Grover Quispe Orellana, Gerente General y MAE de la UMMIPRE PROMAN, determinando consecuentemente la improcedencia de la misma conforme el art. 1 del DS 26237 que modifica el art. 26 del DS 23318-A, sea en atención al Informe legal D.L.C.F. 233/20; "En el Art. 2..." (sic) determina que el Gerente General de la UMMIPRE PROMAN es responsable del cumplimiento de la Resolución Ejecutiva; y en su art. 3, la autoridad deslinda responsabilidad señalando que son responsables quienes emitieron los informes recomendando la emisión del citado fallo, conforme al art. 38 de la Ley LACG;
4. 4)Del precitado contenido de la Resolución Ejecutiva 289/2020 se evidencia la falta de motivación y fundamentación al no explicar las razones por las que asumen la decisión careciendo de un análisis técnico, jurídico, doctrinal y normativo, remitiéndose únicamente a lo manifestado en el Informe D.L.C.F. 233/20 que solo transcribe la pretensión de las partes y la normativa que considera debe aplicarse, efectuando una relación de normas que habilitan a la MAE para resolver la recusación, sin contar con una fundamentación jurídica, doctrinal y con enfoque constitucional vinculada con el debido proceso en su vertiente al juez natural, imparcial e independiente;
5. 5)La recusación no resulta un formalismo jurídico, sino emerge de la necesidad que todo justiciable sea sometido ante una autoridad imparcial e independiente, que tome una decisión al margen de intereses personales o institucionales, entendimiento vinculado con el art. 8.1 de la CADH, por lo que el juez natural no solo está vinculado a la autoridad jurisdiccional o administrativa, sino también a la independencia e imparcialidad, circunstancia que no fue considerada en el Informe D.L.C.F. 233/20 que fue transcrito en la Resolución Ejecutiva 289/2020 como si se tratara del argumento principal incumpliendo el lineamiento jurisprudencial de la SCP "...0838/2018-S1 de 12 de diciembre..." (sic), referida a la motivación y fundamentación; asimismo, se omitió considerar los elementos probatorios propuestos por la accionante, ya que ante la falta de remisión de los actuados propuestos por negligencia de los funcionarios de la entidad, la prenombrada los acompañó mediante memorial de 23 de diciembre de 2020, sin ser oportunamente glosados para su consideración, circunstancia que no es justificativo para que la autoridad no revise los actuados procesales tanto de la vía administrativa como la penal formulados contra la impetrante de tutela que justamente sustentan la recusación planteada; y,
6. 6)De lo expresado, se advierte la vulneración del debido proceso en su triple dimensión por la falta de fundamentación, motivación y valoración probatoria, puesto que no basta la transcripción de actuados procesales y cita de normas, sino debe contener los supuestos fácticos, un análisis jurídico, valoración de la prueba reflejadas en la decisión de fondo que resuelve la problemática puesta a conocimiento de la MAE del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, aspectos omitidos por la autoridad accionada al momento de pronunciar la Resolución Ejecutiva 289/2020.