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TCP

0117/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
6 de marzo de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0117/2026-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0117/2026-S3 Sucre, 6 de marzo de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional

Expedientes: 50579-2022-102-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 143 de 21 de septiembre de 2022, cursante de fs. 179 vta. a 183, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Wilson Guzmán Montaño contra Elva Terceros Cuellar y María Teresa Garrón Yucra, Magistradas de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 7 de septiembre de 2022, cursante de fs. 97 a 107, el accionante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En su calidad de propietario del predio Campo Verde XIX, se le inició un proceso de saneamiento por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) conforme a la Resolución Administrativa (RA) DDSC 01/2003 de 3 de febrero, que el 2014 por observaciones en el procedimiento, fue anulado; disponiéndose además, modificar la referida Resolución excluyendo del polígono 18 la superficie de 331.3073 ha (trescientas treinta y un hectáreas con tres mil setenta y tres metros cuadrados), correspondiente a su predio.

Posteriormente, mediante RA Determinativa de Área y de Inicio RES-ADM-RA-SS 212/2015 de 3 de junio y complementada con la RA 424/2015 de 9 de septiembre, dispuso el relevamiento de información de campo que concluyó con la Resolución Final de Saneamiento RA-SS 1479/2017 de 5 de diciembre, que resolvió declarar la ilegalidad de su posesión en el predio Campo Verde XIX, calificándolo como pequeña propiedad con actividad agrícola, con la superficie de 31.3236 ha (treinta y un hectáreas con tres mil doscientos treinta y seis metros cuadrados), y declaró tierra fiscal 349.2346 ha (trescientos cuarenta y nueve hectáreas con dos mil trescientos cuarenta y seis metros cuadrados), incluyendo superficies colindantes sin la debida individualización.

Contra dicha determinación, interpuso demanda contenciosa administrativa, que culminó con la emisión de la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1ª 04/2022 de 3 de marzo, por el que se declaró improbada la demanda, determinando mantener firme y subsistente la Resolución impugnada, a su criterio con evidentes contradicciones y falta de valoración probatoria, conforme a los siguientes puntos:

  1. a)Presentó el documento privado de 28 de febrero de 2003 y el testimonio del trámite agrario de consolidación de tierras, que nació a la vida del derecho mediante Sentencia de 18 de agosto de 1989, con el que acreditó la subadquisición, debiendo el INRA valorarlo como proceso en trámite y no simple poseedor; además que, con esa documental quedaba demostrado que la existencia del predio Campo Verde XIX era anterior a la vigencia de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria -Ley 1715 de 18 de octubre de 1996-; es decir, desde la Sentencia de 18 de agosto de 1989, emitido por el "Juez Agrario del Ex SNRA" y no así desde el 2003 como erróneamente lo afirma el INRA y el Tribunal Agroambiental ;
  2. b)Tanto en el proceso anulado de 2003 como en el nuevo proceso de 2015, demostró que el predio Campo Verde XIX, cumplió con lo establecido en el art. 165 de la Constitución Política del Estado (CPE), que indica que en caso de pequeña propiedad debe verificarse la residencia o la existencia de actividad agrícola; por tanto, existió mala aplicación de la norma agraria, que transgrede el debido proceso;
  3. c)Se omitió considerar que el INRA incurrió en una valoración defectuosa del predio Campo Verde XIX, al desconocer su naturaleza de pequeña propiedad con actividad agrícola; bajo esta condición, por su naturaleza resultaba inaplicable los medios complementarios de análisis multitemporal, conforme señalan la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2 063/2021 de 19 de noviembre, 082/2021 de 6 de diciembre de 2021, 025/2020 de 11 de agosto;
  4. d)Por otro lado, existe una evidente falta de fundamentación, ya que la autoridad basó su decisión en la RA DDSC-UDAJ 29/2016 de 24 de octubre, que únicamente disponía rechazar la reposición del proceso Campo Verde, por la ausencia de un número de expediente; ya que, contrariamente en sus consideraciones señala que cursan registros de este antecedente agrario; asimismo, señaló que el resguardo y orden de los archivos es responsabilidad exclusiva del INRA y no puede ser trasladada al administrado; finalmente, manifestó que se incurrió en una motivación arbitraria, al inobservar la , omitiendo valorar pruebas de cargo esenciales y aplicando normatividad impertinente para el régimen de pequeña propiedad, lo que genera una decisión incoherente y lesiva al debido proceso; y,
  5. e)Se incurrió en una motivación arbitraria; toda vez que, -en línea con el precedente establecido en la referida Sentencia Constitucional Plurinacional- la autoridad omitió valorar pruebas esenciales y aplicó erróneamente la normativa agraria. Al tratarse de una pequeña propiedad, resulta improcedente el uso de medios probatorios impertinentes que inobservan la realidad del predio y las pruebas ya aportadas, generando una resolución incoherente que vulnera el debido proceso y la seguridad jurídica.
I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

Denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, a la propiedad privada agraria, al trabajo y a los principios de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, función social, citando al efecto los arts. 56, 115.II, 186, 393, 394.II, 397.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia:

  1. 1)Se declare nula y sin efecto la SAP 04/2022 de 3 de marzo, emitida por la Sala Primera del Tribunal Agroambiental; y,
  2. 2)Se ordene emitir una nueva resolución conforme a derecho, observando al debido proceso legal.

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