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TCP

0118/2019-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
10 de abril de 2019SALA PRIMERA
Resumen del caso

Sentencia 0118/2019-S1

Proceso
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Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0118/2019-S1 Sucre, 10 de abril de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 25380-2018-51-AAC Departamento: Potosí

En revisión la Resolución 02/2018 de 28 de agosto, cursante de fs. 104 a 111, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Amalia Delgado Huallpa contra Edith Rosario Peñaranda Ávila y Oscar Azurduy Uzin, Vocales de la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1.Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 17 y 21 de agosto de 2018, cursantes de fs. 23 a 31 vta. y 41 a 43 vta., la accionante expuso lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Luego de haberse divorciado de Dulfredo Eduardo Rivas Trujillo, el 31 de marzo de 2015 interpuso ante el Juzgado Público de Familia Primero del departamento de Potosí, demanda de división y partición de bienes gananciales, proceso en el que se celebró una audiencia de conciliación el 14 de enero de 2016, en la que se acordó lo siguiente:

  1. a)El demandado -Dulfredo Eduardo Rivas Trujillo- se quedaría con la totalidad del bien inmueble ubicado en la calle "La Paz Lucas Jaimes";
  2. b)Del inmueble antes referido, el demandado cede un total de 489.92 m2 a su favor, que corresponde solo a la calle "Lucas Jaimes";
  3. c)Su persona se queda con la totalidad del bien inmueble ubicado en la calle "Saavedra";
  4. d)Ambas partes ceden a favor de su hijo Joel Eduardo Franco Rivas Delgado, el terreno con ingreso propio por la calle "Lidio Ustares" con una superficie de 245 m2, reservándose el derecho de usufructo;
  5. e)En lo relativo a pasivos deberá nombrarse a un perito a efecto de que se realice un informe de auditoría para conocer el total de lo adeudado, tomando como parámetro final de la separación que consta en obrados;
  6. f)Las partes deberán presentar rendición de cuentas de manera escrita para su consideración; y,
  7. g)En lo referente a bienes muebles se señaló audiencia para el "...27 de enero del presente año..." (sic) a horas 9:00 para realizar el inventario de acuerdo a muestrario fotográfico.

En cumplimiento al acuerdo citado en el párrafo precedente, la Jueza de la causa, de oficio nombró un perito auditor que recayó en la persona de María Luz Santa María, quien el 2 de febrero de 2017, presentó el informe de ingresos y egresos, señalando en su punto 4.1 las obligaciones a pagar, estableciendo una deuda de crédito al Banco Bisa Sociedad Anónima (S.A.) en la suma de "Bs710 811,16.- (setecientos diez mil ochocientos once con 16/100 bolivianos)" importe que incluye intereses, costas y costos.

Al 31 de agosto de 2016, su padre Alejandro Delgado Tejerina, canceló la suma de "Bs540 007,00.- (quinientos cuarenta mil siete bolivianos)" de la deuda antes señalada.

A consecuencia de la presentación del informe emitido por la perito auditora, la Jueza Pública de Familia Primera del departamento de Potosí dictó el Auto Definitivo 97/2017 de 28 de septiembre, determinando lo siguiente:

  1. 1)Su persona se queda con el inmueble cuya deuda corresponde al Banco Bisa S.A., siendo ella que deberá cancelar la deuda en su totalidad de "Bs710 811,02.- (setecientos diez mil ochocientos once con 02/100 bolivianos)", para desgravar su inmueble;
  2. 2)Tomando en cuenta que la deuda del Banco de Crédito de Bolivia S.A. corresponde a los bienes cuyo titular es Dulfredo Eduardo Rivas Trujillo, el mismo deberá hacerse cargo en su totalidad de la deuda de $us92 476.- (noventa y dos mil cuatrocientos setenta y seis dólares estadounidenses);
  3. 3)Considerando que el monto de las deudas no son del todo equivalentes, se deberá "refutar" a cargo del demandado las deudas por concepto de pago de impuestos y servicios básicos;
  4. 4)Siendo que existen ganancias por concepto de alquileres por la suma de "Bs272 348.- (doscientos setenta y dos mil trescientos cuarenta y ocho bolivianos)" que fueron cobrados por el demandado deberá ser entregado el 50% del monto indicado a su persona; y,
  5. 5)La posible repetición que pudiera existir por parte de los deudores principales del crédito del Banco Bisa S.A., al ser personas ajenas al proceso, corresponde sea tratada en la vía civil.

El 9 de octubre de 2017, Dulfredo Eduardo Rivas Trujillo presentó recurso de apelación contra el Auto Definitivo 97/2017, mismo que radicó en la Sala Familiar Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, instancia que emitió el Auto de Vista 46/2018 de 6 de marzo, disponiendo revocar el aludido Auto Definitivo, disponiendo que:

  1. i)La deuda contraída dentro de la relación matrimonial con el Banco de Crédito de Bolivia S.A., sea pagada al 50% por cada uno;
  2. ii)Con referencia a "... la deudas de impuestos Nacionales por tributos omitidos de la Alcaldía Municipal por impuestos a la propiedad y en lo referente a los alquileres del inmueble donde ha funcionado la barraca y carpintería Joel de Garmán Cruz Guerra, debe ser pagado al 50% por ambas partes, liquidables al momento de la ruptura de la relación matrimonial" (sic); y,
  3. iii)En referencia a la deuda del Banco Bisa S.A., esta no fue adquirida por los "esposos", pues solo se constituyeron en garantes; y, se tiene un documento de deuda suscrito entre Alejandro Delgado Tejerina y su persona -acreedores- y Luis Alfredo Rivero Arancibia y Ana Hurtado de Rivero -deudores-, cuyo cobro se efectuará como se tiene pactado en dicho documento, que es ajeno a la sociedad conyugal.

El Auto de Vista 46/2018 es el que vulnera sus derechos al debido proceso, al acceso a la justicia; "a la seguridad jurídica, verdad material y legalidad" porque en el mismo los Vocales ahora demandados:

  1. a)Interpretaron de forma errada la norma en su contenido general y específico y no compulsaron de forma adecuada la prueba cursante en el proceso, pues en el Tercer Considerando señalaron que las partes nunca obtuvieron préstamo alguno del Banco Bisa S.A., sino los que lo adquirieron el crédito fueron Luis Alfredo Rivero Arancibia y Ana Hurtado de Rivero, quienes constituyeron en garantía dos lotes de terreno de su persona y Dulfredo Eduardo Rivas Trujillo; y, como la aludida entidad bancaria inició la acción de recuperación, su padre Alejandro Delgado Tejerina se subrogó la deuda, pagando la misma al indicado Banco, en ese entendido, la deuda quedó en cero; y, como efecto de ello, el 1 de septiembre de 2016, el subrogante y su persona (sin la participación del demandado Dulfredo Eduardo Rivas Trujillo) procedieron a suscribir con los deudores principales un documento con reconocimiento de firmas y rúbricas, por lo que, se constituyen en acreedores y Alfredo Luis Rivero Arancibia y Ana Hurtado de Rivero como deudores, consecuentemente, pactan cobrar en cuotas con intereses la suma pagada por el primero de los acreedores, por lo que, al no ser una obligación asumida como deuda por los esposos, es una ajena a la misma.

Con ese razonamiento los Vocales ahora demandados incurrieron en error al señalar que no serían deudores del Banco Bisa S.A. puesto que, si no tuvieran esa calidad no se hubiera iniciado el proceso ejecutivo en su contra, olvidándose que en un contrato los garantes -más aun siendo hipotecarios-, adquieren las mismas obligaciones que un deudor principal, tal cual prevé el art. 433 del Código Civil (CC); además, la mancomunidad de la deuda no se adquirió fuera del matrimonio sino en su vigencia, por ello de conformidad a lo establecido por el art. 194.d del Código de las Familias y del Proceso Familiar -Ley 603 de 24 de noviembre de 2014- es una deuda totalmente ganancial y debe ser pagada a prorrata tanto por su persona y Dulfredo Eduardo Rivas Trujillo ante el incumplimiento de los deudores principales.

  1. b)Realizaron una inadecuada compulsa de la prueba que cursa en el dossier, por cuanto, le obligan directamente hacerse cargo de una parte de una deuda ganancial, cuando en el Tercer Considerando del Auto de Vista 46/2018 se manifestó que la deuda de préstamo de dinero por el monto de Bs15 453,40.- (quince mil cuatrocientos cincuenta y tres con 40/100 bolivianos) fue asumido unilateralmente por su persona el 12 de enero de 2016 (sin la participación del demandado Dulfredo Eduardo Rivas Trujillo), después de haberse pronunciado la Sentencia 80/2014 de 3 de octubre en el proceso de divorcio; sin embargo, olvidan que la deuda ganancial del Banco de Crédito de Bolivia S.A. fue precisamente cancelada con ese dinero, extremo acreditado por el documento de "fs. 386".
  1. c)Hicieron una revisión a la ligera de todo, por cuanto, si se revisa el Auto Definitivo 97/2017 emitida por la Jueza a quo, la misma en su numeral 4 textualmente refirió: "...Finalmente tomando en cuenta que existen ganancias por concepto de alquileres por la suma de Bs. 272,387 (doscientos setenta y dos mil trescientos ochenta y siete), que fueron cobrados por el demandado deberá ser entregado en el 50% del monto indicado a la Sra. Amalia Delgado por el demandado" (sic). Aspecto que fue soslayado en el Auto de Vista 46/2018, debido a que en su parte resolutiva solo se tomó en cuenta dos numerales, "la 1 y 2", olvidándose de este punto que es sumamente trascendental e importante para sus intereses, toda vez que, Dulfredo Eduardo Rivas Trujillo únicamente se benefició con el monto cobrado de los alquileres y por ello es correcto que se repita a su favor en el 50% del monto percibido.

De todo lo señalado y advertido, el Auto de Vista 46/2018 contiene una serie de imprecisiones, contradicciones, abusos; y, en consecuencia una posición judicial direccionada a favor de Dulfredo Eduardo Rivas Trujillo, por cuanto, no se ha incluido las exigencias mínimas de una motivación coherente con los datos del proceso.

I.1.2.Derechos supuestamente vulnerados

La accionante denuncia como lesionados sus derechos al debido proceso en su elemento motivación, al acceso a la justicia, a la "seguridad jurídica, verdad material y legalidad", citando al efecto los arts. 115.II, 178.I, 180.I y 225 de la Constitución Política del Estado (CPE).

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