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TCP

0118/2026-O

Tribunal Constitucional Plurinacional
7 de abril de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Auto 0118/2026-O

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0118/2026-O Sucre, 7 de abril de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional

Expediente: 62763-2024-126-AAC Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución 006/2026 de 9 de enero, cursante de fs. 256 a 258 vta., que resolvió la queja por incumplimiento de la , pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Patricia Barrera Bellido contra Juan José Fernández Murillo, Director Técnico del Servicio Departamental de Salud (SEDES) Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la queja por incumplimiento

Por memorial presentado el 22 de diciembre de 2025, cursante de fs. 246 a 250, la accionante -ahora activante de queja- denunció el incumplimiento de la , manifestando lo siguiente:

El 10 de diciembre de 2025 fue notificada con la referida Sentencia Constitucional Plurinacional, que dispuso el cumplimiento inmediato de la restitución laboral; por lo que, posteriormente solicitó al Servicio Departamental de Salud (SEDES) de Chuquisaca su reincorporación al cargo en el plazo de cuarenta y ocho horas; empero, la parte accionada comunicó la existencia de un hecho sobreviniente consistente en un Proceso Administrativo Interno que concluyó con la destitución de la trabajadora por falta gravísima, decisión que fue confirmada y ejecutoriada en febrero de 2025, alegando que dicha circunstancia imposibilitaba la restitución ordenada.

Asimismo, señaló que la estableció que, en su condición de funcionaria de carrera, gozaba del derecho a la estabilidad e inamovilidad laboral, disponiendo su restitución al cargo al evidenciarse que la transferencia fue ilegal y contraria a los principios del ius variandi y de legalidad; en ese sentido, sostuvo que el argumento expuesto por el SEDES carecía de validez; toda vez que, el proceso administrativo fue posterior a los hechos que motivaron la acción de amparo constitucional y respondió a una persecución laboral sistemática iniciada tras la denegatoria inicial de tutela.

Añadió que existieron medidas de protección emitidas por la autoridad laboral y el Ministerio Público que fueron incumplidas, así como actos consistentes en la restricción del registro biométrico y la sustitución de funciones, circunstancias que imposibilitaron el ejercicio normal de su trabajo; afirmó también, que los procesos administrativos fueron utilizados de manera artificiosa para forzar su despido, vulnerando derechos fundamentales como la estabilidad laboral, el debido proceso y la tutela judicial efectiva.

Finalmente, sostuvo que el supuesto hecho sobreviniente no podía justificar el incumplimiento del fallo constitucional, por cuanto fue provocado por la propia entidad demandada; asimismo, invocó el principio de temporalidad, indicando que la Sentencia Constitucional Plurinacional resolvió una situación anterior a los procesos administrativos; por lo que, estos no podían desvirtuar sus efectos, destacando que las sentencias constitucionales eran de cumplimiento obligatorio, inmediato y vinculante, y que su inobservancia generaba responsabilidades civiles y penales.

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