Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0119/2026-RCA Sucre, 27 de marzo de 2026
Expediente: 82534-2026-166-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: La Paz
En revisión la Resolución de 16 de enero de 2026, cursante a fs. 94 y vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Marcela Vargas Quenallata contra Orlando Tito Correa, Juez Disciplinario Tercero del departamento de La Paz; y, Fausto Rubén Rodríguez Viorel, Encargado de Recursos Humanos (RR.HH.) del Consejo de la Magistratura del Distrito de Potosí.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
Por memoriales presentados el 16 de diciembre de 2025, cursantes de fs. 72 a 86, la peticionante manifestó que fue designada como Secretaria de la Sala Constitucional Primera del departamento de Potosí, mediante Memorándum 0115/2019 de 26 de febrero, cuyo periodo de funciones "cumplió el 7 de junio de 2023" (sic). En la gestión 2022, la Unidad de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura del distrito de Potosí, le inició el proceso disciplinario por la presunta adecuación de su conducta a los arts. 187.12 y 188.I.13 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-; una vez sustanciado el proceso se emitió la Resolución Definitiva de Primera Instancia 053/2024 de 3 de julio, que declaró probada la demanda en su contra, disponiendo la sanción destitución del cargo; contra dicha Resolución, interpuso recurso de apelación que fue resuelto a través de la Resolución TSI-AP 638-A/2024 de 4 de septiembre, que determinó mantener incólume la Resolución Definitiva de Primera Instancia 053/2024; asimismo, el Juez ahora demandado por Auto de 20 de octubre de 2025, declaró la firmeza de la señalada Resolución con conocimiento de partes.
Agregó que el proceso disciplinario fue iniciado cuando se encontraba en funciones como Secretaria de Sala Constitucional Primera del departamento de Potosí, cuyo periodo de funciones culminó el 7 de junio de 2023, habiendo sido designada nuevamente en el mismo cargo a través de Memorando RRHH - CM267/2023 de 26 de junio, en virtud a la Convocatoria Pública Nacional 21/2023 de 12 de marzo, funciones que debía desempeñar hasta junio de 2027, en vista de la evaluación y desempeño realizado por el Consejo de la Magistratura en el mes de agosto de "la presente gestión".
Ahora bien, tomando en cuenta que de acuerdo al art. 20 del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, el Encargado de RR.HH. del Distrito dependiente del Consejo de la Magistratura, es el responsable de ejecutar la sanción disciplinaria impuesta, por memorial presentado el "29 de octubre" dio a conocer el precedente constitucional en vigor, con el objeto de que se realice la ejecución del fallo, en observancia estricta a la línea jurisprudencial emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que ha desarrollado las modalidades de ejecución de la sanción disciplinaria prevista por el art. 20 del Reglamento para Procesos Disciplinarios, ante el vació existente en relación a la ejecución de sanciones disciplinarias en caso de ruptura laboral y nueva designación; es decir, que el fallo únicamente podría ser ejecutado para efectos de registro, tomando en cuenta que el 7 de junio de 2023, se produjo la ruptura laboral por cumplimiento de periodo de funciones y que fue designada en el mismo cargo después de casi un mes en virtud a otra convocatoria; sin embargo, ante la inobservancia de la línea jurisprudencial vigente emitida, se vulneró sus derechos y garantías constitucionales, pues mediante memorial de "12 de noviembre" solicitó al Juez Disciplinario Tercero del departamento de La Paz, se pronuncie si la ejecución de la sanción disciplinaria debió ser ejecutada en el cargo de Secretaria de Sala Constitucional Primera del departamento de Potosí, designada mediante Memorando RRHH-CM 267/2023, o si la sanción debió ser ejecutada únicamente para efectos de registro, tomando en cuenta los antecedentes descritos; no obstante, dicho Juez a través de decreto de 13 de noviembre de 2025, indicó que el Encargado de RR.HH. debe ejecutar la sanción disciplinaria de acuerdo al art. 20.I del Reglamento para Procesos Disciplinarios convalidando el ilegal Memorando CM.RRHH-/DISC/ 030/2025 de destitución, manteniendo con ello subsistente la vulneración a sus derechos y garantías constitucionales.
I.2. Derecho, garantía y principio supuestamente vulnerados
La accionante considera vulnerados sus derechos al debido proceso, a ejercer la función pública, al trabajo, a la tutela judicial efectiva y al principio de legalidad; sin citar norma constitucional alguna.
I.3. Petitorio
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