0120/2022-S1

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la Caja Petrolera de Salud (CPS) Tarija en su contra por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Villa Montes del departamento de Tarija, dictó resolución condenatoria imponiéndole una pena de dos años de reclusión como sanción a la supuesta "CONDUCTA OMISIVA CULPOSA" desplegada por su persona dentro del proceso de contratación denominado "Adjudicación de Equipos de Oficina y Muebles, para el Área Médica y Administrativa para la Caja Petrolera de Salud Sub Zonal Villa Montes" segunda convocatoria; toda vez que, como Responsable del Proceso de Contratación de Licitación Pública (RPC) "omitió culposamente" verificar la certificación presupuestaria antes de autorizar el inicio del proceso de contratación, dado que el primer documento es del 15 de noviembre del 2012 y el segundo -que debía ser posterior- fue emitido el 14 del mismo mes y año, error emergente de un lapsus calami ya que de la revisión integral de toda la constancia escrita que hace al proceso de contratación -Certificación Presupuestaria, Certificación del Programa Operativo Anual (POA), validación del Documento Base de Contratación (DBC), aprobación del DBC y confirmación de publicación en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES)- se evidencia que todos los primeros actos del referido proceso, acontecieron el 15 de noviembre de 2012; en tal sentido, recurrió en apelación restringida dictándose el Auto de Vista 01/2019 de 2 de enero, que declaró sin lugar la impugnación planteada, motivo por el cual, interpuso recurso de casación contra dicha resolución de alzada que fue resuelta el Auto Supremo 465/2020-RRC de 17 de septiembre con motivación insuficiente y arbitrariedad en la valoración de la prueba de acuerdo a los siguientes fundamentos:

1. a)Los Magistrados ahora demandados, no obstante de identificar con claridad el agravio denunciado, vulneratorio al principio de legalidad y con ello a los principios de taxatividad, especificidad y seguridad jurídica, respecto a la conclusión arribada en la sentencia por el Tribunal a quo que sólo y únicamente se habría verificado una omisión culposa en su conducta para posteriormente el Ad quem considerar correcta y bien subsumida dicha motivación al tipo penal condenado; sin que los ahora demandados se hayan pronunciado sobre los fundamentos esbozados en el recurso de casación -primer agravio- pretendiendo burlar su obligación de emitir un fallo fundamentado con la sola mención en un párrafo, que el Tribunal de Alzada verificó que su persona tenía la calidad de servidor público y era el Responsable del Proceso de Contratación, señalando sobre el otro elemento del tipo penal "Ilegalmente omitiere un acto propio de sus funciones" superficialmente que de acuerdo a la Norma Básica del Sistema de Administración de Bienes y Servicios -Decreto Supremo (DS) 0181 de 28 de junio de 2009- no podía emitir la autorización del inicio del proceso de contratación un día antes a la certificación presupuestaria, sin tomar en cuenta, que la subsunción de determinada conducta reprochada de ilícita no se agota con la sola verificación de la calidad del sujeto activo y el verbo rector; sino que dicha labor pasa por la verificación de todos los elementos objetivos y "SUBJETIVOS" del tipo penal debatido conforme lo denunció; consecuentemente, se demuestra no solo una omisión de motivación -en cuanto a que no recibió respuesta motivada con relación a aquello que alegó como agravio- sino que además se presenta una motivación arbitraria ya que mantiene su condena por una conducta que presuntamente hubiera desplegado "CULPOSAMENTE" cuando la exigencia del tipo penal es la necesaria corroboración del dolo; máxime si las mismas autoridades jurisdiccionales demandadas reconocen la contrariedad existente entre el Auto Supremo (AS) 017/2014-RRC del 24 de marzo y el Auto de Vista 01/2019 de 2 de enero, donde el primero en su doctrina legal aplicable en un caso análogo ordena que se examine y se verifique la materialización no sólo del verbo rector sino de toda la estructura del tipo penal, empero, conscientes de las circunstancias planteadas, fundamentadas y demostradas respecto al reconocimiento expreso de la OMISIÓN CULPOSA en su conducta por parte de las autoridades inferiores -Tribunal de Sentencia y de Alzada- cuya consecuencia jurídica es la ausencia de la tipicidad, -elemento del delito- y por tanto ante su inconcurrencia no podía afirmarse la existencia de un hecho delictivo, los Magistrados demandados restringieron su análisis al sólo hecho de haber sido servidor público de la Caja Petrolera de Salud y haber fungido como RPC dentro de un proceso de contratación donde aparentemente la certificación presupuestaria fue expedida al día siguiente de la autorización del inicio del proceso de contratación -cuando ello se debía a un simple error de taipeo o lapsus calami-, cuestionamiento de fondo que gravita en torno de haber sido condenado por un delito -incumplimiento de deberes- doloso cuando se reconoció y estableció como hecho probado una omisión "culposa", por lo que al no poder ser encubierta ésta circunstancia optan por indicar "...estos argumentos hacen ver con meridiana claridad que el Auto de Vista con base a los hechos probados verificó la existencia y materialización del verbo rector en la conducta del imputado dentro de él o los hechos debatidos en juicio, es decir; realizó un enjuiciamiento jurídico del hecho, para después realizar el mismo trabajo de coincidencia para la restante estructura del tipo penal; cumpliendo a cabalidad, la doctrina legal denunciada de incumplida, por lo que no corresponde dar curso a lo señalado"; sin hacer referencia en lo absoluto a la ausencia del elemento subjetivo del delito condenado, y menos justificar la razón por la cual omiten o se abstienen de pronunciarse sobre dicho extremo, aspecto totalmente contrario al principio de legalidad, siendo inconcebible que las autoridades jurisdiccionales demandadas se remitan al Auto de Vista apelado indicando que el Tribunal de alzada realizó un enjuiciamiento del hecho, para después realizar el mismo trabajo de coincidencia en la restante estructura del tipo penal, cuando en realidad la indicada resolución apelada no contiene un análisis de toda la estructura del tipo penal -elementos objetivos y subjetivos- y menos el contraste con las partes integrantes del delito como el de tipicidad, por lo que no puede alegarse de una manera superflua, que se haya dado cumplimiento a la doctrina legal aplicable contenida en el AS 017/2014¹³, pues precisamente el punto focal del agravio es la vulneración del principio de legalidad por inobservancia de la motivación en la vertiente subjetiva del tipo penal y por condenarle por un delito doloso cuando de los hechos probados por el Tribunal a quo -bajo el principio de inmediación- se corroboró únicamente una omisión culposa, la que en definitiva debió dar lugar a una absolución, pues la tipicidad subjetiva del delito de incumplimiento de deberes, exige que la omisión sea dolosa; de tal manera, que las autoridades jurisdiccionales hoy demandadas a sabiendas de la procedencia del defecto de errónea aplicación de la ley sustantiva penal por vulnerar el principio de legalidad, debieron ordenar conforme establece la doctrina legal aplicable del AS 047/2012-RRC del 23 de marzo, que plantea una problemática procesal similar, se dicte nuevo Auto de Vista conforme reconocen su aplicación al caso en concreto (fs. 16 del AS), al contrario al no dar viabilidad al agravio expuesto, omitiendo pronunciarse sobre la vertiente subjetiva del tipo penal denunciado dejan de lado su consideración, sosteniendo únicamente que se trataría de una misma problemática procesal, verificándose una motivación no solo omisiva, sino además arbitraria por la incorrección del argumento utilizado; y,
2. b)El AS 465/2020-RRC del 17 de septiembre, contiene una motivación arbitraria; puesto que deviene de una fundamentación por remisión de las resoluciones de primera y segunda instancia -Sentencia y Auto de Vista 01/2019-; es así que, el primer pronunciamiento citado contiene una valoración arbitraria, irrazonable y omisiva de la prueba judicializada porque esta no cumple con las reglas de la lógica y la sana crítica, conforme se tiene de los fundamentos desarrollados en el recurso de casación interpuesto que demuestran que el Tribunal a quo, incurrió en los defectos de sentencia consignados en los numerales 5) y 6) del art. 370 del Código Procesal Penal (CPP), habida cuenta que, sus fundamentos y fallo no resultaban correctos ni coherentes al no contener logicidad en cuanto a la descripción de la prueba producida y la conclusión de condena, ya que de la fundamentación probatoria descriptiva y valorativa que efectúa se tiene que no existe demostración alguna que acredite o corrobore que su persona incumplió deber alguno relacionado a aquellas funciones desplegadas como RPC, ya que ambas resoluciones se limitaron a establecer como hecho probado que su persona presuntamente de manera culposa, omitió verificar la certificación presupuestaria con anterioridad a la convocatoria del proceso de contratación, sin considerar que, primero, la omisión culposa a la que se refieren y en la que concluyen simplemente no resulta punible al consignarse el delito de incumplimiento de deberes como un delito doloso y no así culposo, y segundo al omitir verificar el legajo probatorio, que el Tribunal de primera instancia describe pero omite en su valoración, ya que en la segunda publicación, si bien existió un lapsus calami -error o tropiezo involuntario e inconsciente al escribir- en cuanto a consignar en el documento de autorización de inicio de proceso de contratación como fecha 14 de noviembre de 2012 cuando correspondía al día 15 del mismo mes y año; sin embargo, tal error -que de ninguna manera puede reportarse como actividad ilícita- se explica de la revisión integral de toda la documentación que hace al proceso de contratación -certificación presupuestaria, certificación POA, validación del DBC, aprobación del DBC, y confirmación de publicación en el SICOES- denotan que todos los primeros actos del proceso de contratación acontecieron el 15 de noviembre de 2012 conforme cursa en la prueba judicializada; en este entendido, si se hubiese efectuado la valoración integral de toda la prueba judicializada que debió traducirse en la debida motivación o fundamentación, se hubiera advertido que el documento de confirmación de publicación en el SICOES establece como fecha de publicación el 15 de noviembre de 2012 a horas 20:02, luego de que se emitiera la certificación presupuestaria con la misma fecha a horas 13:53 constatándose que no se emitió la convocatoria sin contar con la certificación presupuestaria, sino que hubo un error de transcripción o lapsus calami en la fecha de la autorización, situación de ninguna manera puede considerarse como un acto ilegal de omisión, y conforme lo apreciado no generó ningún daño institucional, pues ni siquiera se trataba de una adjudicación directa, sino de una convocatoria pública, aspecto que fue resuelto por el Tribunal de alzada bajo un fundamento incongruente y omisivo, considerando que cuando efectúa el razonamiento de este agravio incumple con su obligación de absolver todos y cada uno de los cuestionamientos como es el de pronunciarse acerca de los aspectos relacionados al lapsus calami o error de taipeo, limitándose a transcribir y citar la sentencia, de manera genérica, para afirmar que la misma es correcta sin explicar porque, y menos aún sin absolver la concreta observación realizada y denunciada; máxime si precisamente la primera convocatoria fue anulada por falta de certificación presupuestaria, por lo que resultaría ilógico pensar o asumir que habiendo anulado tal proceso, se incurra en el mismo defecto, aconteciendo un defecto de taipeo, no existiendo ninguna otra prueba contraria que demuestra ilícito alguno, ni aún los dos únicos testigos llevados por el Ministerio Público que pudieron efectuar algún otro tipo de afirmación como para poder corroborar una hipótesis contraria, lo que denota valoración defectuosa de la prueba por parte del Tribunal a quo y una labor deficiente de control de logicidad por parte del Tribunal de Alzada al no haber analizado ninguna de las ilegalidades y contradicciones fundadas en el recurso de apelación restringida, que tampoco fue verificada por las autoridades demandadas, quienes bajo el mismo lineamiento, pretenden sostener que la fundamentación y valoración probatoria fue acorde a la sana crítica cuando debieron crear su propia opinión y convicción a raíz del contraste de los fundamentos que forman parte del recurso de casación con las resoluciones denunciadas de arbitrarias -Auto de Vista y Sentencia- circunstancia que no se observa ya que por el contrario se remiten a sostener los argumentos del Ad quem sin construir sus propia argumentación y fundamentación, puesto que si se hubiera efectuado un cotejo adecuado, se hubieran percatado de la motivación omisiva en la que se incurrió, al no haber atendido el reclamo de la falta de valoración integral de la prueba judicializada que le restó fundamentación probatoria a la sentencia, principalmente porque se limitaron a cotejar de manera particular la autorización de inicio de proceso de contratación de 14 de noviembre de 2012 y la certificación presupuestaria de 15 de noviembre de 2012 que a simple vista daría como consecuencia lógica que la autorización del inicio del proceso de contratación fue dispuesta un día antes de la verificación de la certificación presupuestaria sin haberse efectuado una valoración integral de todos los elementos probatorios que en caso de realizarse, se hubiera constatado que la fecha de la autorización del inicio del proceso de contratación responde única y exclusivamente a un lapsus calami o a un error de taipeo dado que la certificación presupuestaria, certificación del POA, validación del DBC, aprobación del DBC y confirmación de publicación del SICOES se encuentran con fecha 15 de noviembre de 2012 y específicamente la documental consistente en la confirmación de publicación del SICOES es efectuada en horas de la noche y la certificación presupuestaria es emitida a horas 13:53.

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga:

1. 1)La nulidad del Auto Supremo 465/2020-RRC del 17 de septiembre; y,
2. 2)Se emita nuevo Auto Supremo dejando sin efecto el Auto de Vista 1/2019 de 2 de enero.

Edwin Aguayo Arando y María Cristina Díaz Sosa, Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, presentaron informe escrito, cursante de fs. 186 a 189 vta., y en el desarrollo de la audiencia, manifestaron lo siguiente:

1. i)El AS 465/2020-RRC de 17 de septiembre, luego de identificar el agravio presentado por el ahora accionante, así como el motivo a examinarse, afirmó que resultó pertinente acudir a los argumentos del Auto de Vista a efectos de verificar si incurrió en la denuncia de que la Sentencia no hubiera generado la conculcación directa en la correcta aplicación de la ley sustantiva en relación a la subsunción de los hechos probados al derecho aplicable o juicio de tipicidad con la concurrencia de los elementos objetivos del tipo penal del art. 154 del Código Penal (CP), reconociéndose además que su comisión fuese culposa, siendo condenado por un ilícito que exige la conformación subjetiva del dolo, afectándose los principios de taxatividad, especificidad, legalidad y seguridad jurídica, el defecto fue reiterado nuevamente por el Tribunal de alzada, que se limitó a transcribir la Sentencia, sin efectuar la labor de verificar el juicio de subsunción, cuando se solicitó la valoración de la citada norma que regula la contratación de bienes y servicios con los elementos del tipo penal, al haber realizado una simple interpretación literal del art. 154 del CP en relación al art. 13 quater del referido código; al respecto, dicha afirmación, no resulta evidente siendo que en el recurso de apelación interpuesto por el ahora accionante, no consta en el contenido de su recurso dicha aseveración, toda vez que, al momento de denunciar la existencia de la inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva prevista en el art. 370 inc. 1) del CPP, en primer lugar hace referencia al Auto Supremo 17/2014-RRC de 24 de marzo, posteriormente al art. 115.I de la CPE para después realiza un análisis de la Sentencia con relación a la aplicación del art. 154 del CP, a efecto de sustentar que el hecho no se subsume al tipo penal condenado al no existir dolo en su actuar, sino culpa, aspecto concordante con lo dispuesto por el art. 178 del CPE; por lo analizado, resulta evidente que el solicitante de tutela en ningún momento solicitó la valoración del DS 0181; sin embargo, el Auto de Vista con base a la normativa reclamada y a efectos de explicar el razonamiento lógico para sustentar la comisión del hecho, recoge fragmentos de la Sentencia, en la que se hizo referencia a la señalada norma reglamentaria con la finalidad de explicar el incumplimiento de la misma, que generó uno de los elementos del tipo penal previsto en el art. 154 del CP siendo que esta disposición legal revela que el imputado en su calidad de servidor público no podía emitir autorización alguna para realizar el proceso de contratación, sin previa certificación presupuestaria, lo cual sin duda genera la debida fundamentación sobre la norma ya señalada;
2. ii)Con relación a que el Auto de Vista al momento de analizar los elementos objetivos del tipo penal del art. 154 del CP, sobre el cual se hubiera reconocido que su comisión fuese culposa, siendo condenado por un ilícito que exige la conformación subjetiva del dolo, afectándose los principios de taxatividad, especificidad, legalidad y seguridad jurídica, defecto que no fue corregido por el Tribunal de alzada, que se limitó a transcribir la Sentencia, sin efectuar la labor de verificar el juicio de subsunción sobre los elementos del tipo penal, al haber realizado una simple interpretación literal del art. 154 del CP en relación al art. 13 quater del CP; al respecto, el Tribunal de alzada de manera concreta asevera haber verificado que el imputado contaba con la calidad de servidor público y que era Responsable del Proceso de Contratación; respecto del otro elemento, es decir "ilegalmente omitiere un acto propio de sus funciones", de manera expresa el Auto de Vista señala que la Sentencia estableció que de acuerdo al Decreto Supremo 0181 el RPC no podía emitir autorización para el inicio del proceso de contratación sin previa certificación presupuestaria, incumpliendo dicha normativa y un día antes de la fecha de emisión de la certificación presupuestaria emite la autorización del inicio del proceso de contratación; este aspecto es explicado señalando que el 15 de noviembre de 2012 se emitió la certificación presupuestaria y el 14 del mismo mes y año la autorización de inicio del proceso, estos argumentos, hacen ver con meridiana claridad que el Auto de Vista con base a los hechos probados verificó la existencia y materialización del verbo rector en la conducta del imputado o los hechos debatidos en juicio, es decir, realizó un enjuiciamiento jurídico del hecho, para después realizar el mismo trabajo de coincidencia para la restante estructura del tipo penal; cumpliendo a cabalidad, la doctrina legal denunciada de inobservada, sin que corresponda dar curso a lo señalado;
3. iii)Sobre la denuncia de falta de pronunciamiento en alzada sobre los defectos previstos en el art. 370. 5. 6 y 10 del CPP, así como la falta de valoración probatoria integral, concurriendo una falta de motivación y fundamentación, tanto en Sentencia como en Auto de Vista, se evidencia que con relación a estos motivos, el Tribunal de alzada señala que, no es cierto lo manifestado, siendo que existe la carga argumentativa en cuanto a la valoración de la prueba realizada por el Tribunal de Sentencia al incluir aspectos que determinan la aplicación de la lógica, la experiencia y la psicología mediante la valoración integral de toda la prueba asignado y de cada una de ellas para llegar a la conclusión de que Pablo Palacios Suárez es autor del delito de incumplimiento de deberes, previsto y sancionado por el art. 154 del CP, porque en calidad de servidor público de la Caja Petrolera de Salud Sub Zonal Villa Montes, sobre el caso concreto tenía la obligación administrativa de verificar el cumplimiento de los requisitos formales antes de emitir la autorización del proceso de contratación segunda publicación de 14 de noviembre de 2012; y al haber omitido dicha responsabilidad incurrió en la comisión de dicho ilícito, realizando la invocación del AS 248/2012-RRC de 10 de octubre, a efectos de sustentar la afirmación realizada;
4. iv)En el punto III.5. del Auto de Vista, se explica sobre la defectuosa valoración de la prueba denunciada prevista en el art. 370.6 del CPP, ya que la certificación presupuestaria es del 15 de noviembre de 2012 mientras que la autorización del inicio del proceso de contratación data del 14 de noviembre de 2012, que es firmada por Pablo Palacios Suárez y que esta documental y otras que conforman la MP-3, confirman en parte la teoría del incumplimiento realizado por parte del RPC, al haber emitido una día antes de la certificación presupuestaria que data de 15 de noviembre de 2012, infiriendo que la valoración de la prueba realizada por el Tribunal de Sentencia es clara, lógica y se apega a la psicología y experiencia en el entendimiento que las situaciones fácticas que surgen de la valoración de la prueba realizada por el inferior, nacen en parte de la experiencia, como fuente del conocimiento humano, que no puede ser desconocida; aclarando que la primera convocatoria fue anulada por falta de certificación presupuestaria y esta afirmación no traería confusión, debido a que el Tribunal de Sentencia al momento de realizar la valoración de la prueba, no resultando evidente en consecuencia las afirmaciones realizadas en este motivo; y,
5. v)Finalmente, se precisó sobre el motivo relativo a que el Tribunal de Sentencia hubiera incurrido en el defecto comprendido en el art. 370 inc. 10) del CPP, al no cumplir con los arts. 359 y 360 de la norma ya referida; la Sala de apelación establece que de cada una de las conclusiones realizadas en la Sentencia, contendrían el respaldo probatorio correspondiente, a través de los procedimientos lógicos; en tal sentido, se verificaría que no se vulneró la regla de la lógica, porque se hubiera explicado de forma clara y motivada el por qué el Tribunal arribó a considerar como demostrados los hechos que se tienen como probados; además que explica de manera clara todo el análisis probatorio, que fue suficiente la carga argumentativa para llegar a la conclusión de que Pablo Palacios Suárez es autor del delito de incumplimiento de deberes, previsto y sancionado por el art. 154 del CP, porque en calidad de servidor público de la Caja Petrolera de Salud Sub Zonal Villa Montes, sobre el caso concreto tenía la obligación administrativa de verificar el cumplimiento de los requisitos formales antes de emitir la autorización del proceso de contratación segunda publicación de 14 de noviembre de 2012; y al haber omitido dicha responsabilidad hizo que se incurriera en la comisión de dicho ilícito; aspecto que es fundamentado por el Auto de Vista al señalar que la Sentencia estableció que de acuerdo al DS 0181, el RPC no podía emitir autorización para realizar proceso de contratación, sin previa certificación presupuestaria, incumpliendo dicha normativa, concluyéndose con base a los aspectos abordados que el Auto de Vista impugnado realizó una explicación sobre los elementos probatorios que sustentaron la decisión del Tribunal de Sentencia, a los fines de que su decisión contenga el debido sustento para declarar culpable al imputado.

La Sala Constitucional Segunda del departamento de Tarija, mediante Resolución 13/2021 de 10 de marzo, cursante de fs. 196 a 205, concedió la tutela solicitada y en consecuencia dejó sin efecto el Auto Supremo 465/2020-RRC de 17 de septiembre y ordenó que las ahora autoridades accionadas pronuncien nueva resolución bajo los siguientes fundamentos:

1. a)En el Recurso de Casación interpuesto por el ahora impetrante de tutela Pablo Palacios Suárez se reclama -de forma similar que en la presente acción tutelar- la subsunción inmotivada y arbitraria del hecho acusado con la estructura del tipo penal de incumplimiento de deberes en relación al art. 13 quater del CP, labor interpretativa que si bien corresponde a la justicia ordinaria debe estar circunscrita a la instancia de control constitucional de derechos sustanciales y garantías; y,
2. b)La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte CIDH) sobre el principio de legalidad refirió dentro de la Sentencia de 30 de mayo de 1999 en el caso Castillo Petruzzi y Otros vs. Perú lo siguiente: "La corte entiende que en la elaboración de los tipos penales, es preciso utilizar términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas punibles, dándole pleno sentido al principio de legalidad penal. Este implica una clara definición de la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales. La ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas, y abre al campo de arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con penas que afecten severamente bienes fundamentales, como la vida o la libertad. Normas como las aplicadas en el caso que nos ocupa, que no delimitan estrictamente las conductas delictuosas, son violatorias del principio de legalidad establecido en el art. 9 de la Convención Americana"; así también respecto a las previsiones en los delitos culposos en la Sentencia de 23 de noviembre del 2012 en el caso Mohamed vs. Argentina indicó: "La corte ha enfatizado que corresponde al juez penal, en el momento de la aplicación de la ley penal, atenerse estrictamente a lo dispuesto por esta y observar la mayor rigurosidad en el adecuamiento de la conducta de la persona incriminada al tipo penal, de forma tal que no incurra en la penalización de actos no punibles en el ordenamiento jurídico. El tribunal considera preciso agregar que, tratándose de delitos culposos cuya ilicitud es menor comparada a la de los delitos dolosos y cuyos sus elementos típicos están definidos de forma genérica, se requiere que el juez o Tribunal observe el principio de legalidad de forma rigurosa al verificar la efectiva existencia de la conducta típica y determinar la responsabilidad penal..., La corte hace notar que tratándose de un delito culposo, cuyo tipo penal es abierto y requiere ser completado por el juzgador al realizar el análisis de la tipicidad, lo relevante es que la sentencia se individualice con el correspondiente deber de cuidado infringido con la conducta activa (imprudencia) u omisiva (negligencia) del imputado y que ello fuera determinante para que se produjera el resultado lesivo del bien jurídico tutelado"; asimismo, el art. 13 quater del CP establece que cuando la ley no conmina expresamente con pena el delito culposo, sólo es punible el delito doloso; es decir, siguiendo la teoría finalista, todos los delitos que no prevean el tipo penal culposo, se sobreentenderá que el elemento subjetivo del tipo penal es doloso; por lo que teniendo en cuenta este fundamento respecto al tipo penal previsto en el art. 154 del CP por el cual fue sancionado en sentencia por "omisión culposa" y que fue reclamado en apelación restringida por inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva prevista en el art. 370.1 del CPP que luego fue objeto de reiteración en el recurso casación, no fue considerado por los Magistrados hoy demandados en cumplimiento a los principios de legalidad y taxatividad que exigen que los tipos penales deben ser considerados y analizados de modo estricto de manera tal que las conductas punibles se ciñan a lo descrito en el tipo penal, que en el presente caso se advierte que el delito de incumplimiento de deberes es de carácter doloso no culposo, advirtiéndose la ausencia de motivación que impide que en el caso, el sindicado comprenda si lo resuelto se encuentra dentro los parámetros legales antes entendidos respecto a las sindicaciones del tipo penal, limitándose únicamente a referirse y ratificarse el Auto de Vista apelado que también en su oportunidad no consideró dichos extremos, pues para que esta conducta sea considerada como tal bajo lo descrito en el propio código sustantivo penal debe primar el dolo, a menos que sea descrito como culposo, ausencia que deviene en una incongruencia omisiva al no haberse pronunciado las autoridades recurridas al emitir el Auto Supremo con respecto a los arts. 13 quater con relación al 154 del CP cuyo resultado fue la lesión del derecho al debido proceso en sus vertientes de motivación y fundamentación los cuales al lesionar derechos y garantías llegan a constituirse también como defectos absolutos.

El impetrante de tutela, considera lesionado su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación vinculados a los principios de legalidad y seguridad jurídica, toda vez, que los Magistrados demandados emitieron el Auto Supremo 465/2020-RRC de 17 de septiembre, sin haber resuelto el fondo del problema jurídico planteado, referido a que se lo condenó por el delito de incumplimiento de deberes por "omisión culposa" cuando este tipo penal exige el dolo como requisito imprescindible para afirmar el citado delito conforme lo establece el art. 13 quater del CP, tampoco se pronunciaron sobre la ausencia de valoración integral de todos los elementos probatorios por parte del Tribunal a quo y la labor deficiente de control de logicidad del Ad quem que no constató que el hecho acusado responde única y exclusivamente a un lapsus calami o error de taipeo. Por lo que solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se ordene:

1. 1)La nulidad del Auto Supremo 465/2020-RRC del 17 de septiembre; y,
2. 2)Se emita nuevo Auto Supremo dejando sin efecto el Auto de Vista 1/2019 de 2 de enero.

En consecuencia, con carácter previo, corresponde verificar en revisión, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes fundamentos jurídicos:

1. i)La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; y,
2. ii)El derecho a recurrir y el sistema de recursos en el derecho procesal penal boliviano, especial mención al recurso de casación; y
3. iii)Análisis del caso concreto.

1. a)Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales,
2. b)Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes,
3. c)Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto,
4. d)Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales,
5. e)Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada,
6. f)Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre4 se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre5 la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son:

1. 1)El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad;
2. 2)Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia;
3. 3)Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos;
4. 4)Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y,
5. 5)La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero²-6.

Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013², señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión:

1. i)Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten;
2. ii)Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso;
3. iii)Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y,
4. iv)Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio7, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio8, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre9, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo10 señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.