0120/2023-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0120/2023-S1 Sucre, 29 de marzo de 2023

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad

Expediente: 34112-2020-69-AL Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 22/2020 de 17 de junio, cursante de fs. 161 a 163, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por María Alejandra Altuzarra Bustillos en representación sin mandato de Edgar Quispe Surco contra Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; Virginia Regina Santa Cruz Silva, Jueza de Instrucción Penal Noveno de la Capital del citado departamento; y, Marco Antonio Aranibar Paniagua, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 16 de junio de 2020, cursante de fs. 5 a 6., el accionante, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito relativo a la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 22 de julio de 1988-, la Jueza de Instrucción Penal Novena de la Capital del departamento de La Paz, dispuso su detención preventiva; considerando que es un peligro para la sociedad, basado en la petición del Fiscal de Materia conforme a la SCP 0969/2017-S3 de 25 de septiembre, "...alegando que es aplicable solo para casos de 1008 en medidas cautelares..." (sic); motivo por el cual, planteó recurso de apelación y el Tribunal de Alzada no se pronunció al respecto, y en mérito a estos actos fue privado de libertad, generando un candado que no le permitió desvirtuar los riesgos procesales que fueron impuestos en su contra.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela denunció la vulneración del derecho a la libertad y al debido proceso; citando al efecto el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada y se disponga que "las autoridades accionadas emita sus pronunciamientos conforme a Ley y la Jurisprudencia constitucional, y sea en respeto al derecho a mi libertad y demás formalidades de Ley" (sic); y en audiencia de garantías, solicitó la nulidad del Auto de Vista a efectos de emitir una nueva, conforme a la jurisprudencia.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

La audiencia (virtual) se realizó el 17 de junio de 2020, según consta en acta cursante de fs. 177 a 180 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

I.2.2.Informe de las autoridades demandadas.

I.2.3. Resolución

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto constitucional de 8 de junio de 2021, cursante a fs. 186, se solicitó documentación complementaria, en cuyo mérito se dispuso la suspensión del cómputo del plazo para la emisión de la presente Sentencia, habiéndose reanudado dicho plazo, de acuerdo a decreto de 24 de marzo de 2023 cursante a fs. 302.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursa en expediente, se establece lo siguiente:

II.1.Inicio de Investigación y Aplicación de Procedimiento Inmediato para delitos flagrantes, de 1 de junio de 2020, emitido por Marco Antonio Aranibar Paniagua, Fiscal de Materia -ahora demandado-, del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Edgar Quispe Surco -ahora accionante-, y otros por la presunta comisión de los delitos de tráfico y Asociación delictuosa y confabulación, previstos en los arts. 48 y 53 de la Ley 1008; por lo que, se presentó imputación formal, solicitando aplicación de procedimiento inmediato para delitos flagrantes y la aplicación de medidas cautelares como la detención preventiva. (fs. 140 a 146)

II.2.Resolución 236/2020 de 2 de junio, emitido por Virginia Regina Santa Cruz Silva, Jueza de Instrucción Penal Novena de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandada-; en la cual señala:

"En relación al num.7) de Art. 234 del C.P.P. peligro efectivo para la sociedad debe considerarse ya que se ha sostenido en esta audiencia por los 3 imputados a través de su defensa, que este riesgo no está debidamente fundamentado que sería una simple valoración que hace el Ministerio Público y se basa en simples presunciones y que no correspondería establecerlo como riesgo procesal, debemos establecer que el hecho que se investiga en esta causa son delitos de Narcotráfico al respecto es necesario considerar el lineamiento que ha sido establecido por el Tribunal Supremo de Justicia a través de los 0A.S. 417/2003, 559/2007³, 128/2009⁵, la C.C 969/2017-S3 de 25 de septiembre de 2017 este lineamiento Constitucional y Jurisprudencial establece que la simple portación de Sustancias controladas ya constituye a la persona un peligro efectivo para la sociedad ya que atenta contra el bien jurídico protegido como es la salud pública teniendo en cuenta que las sustancia controladas van en contra dela población vulnerable de nuestra sociedad como ser niños y adolescentes en ese efecto se va a establecer si bien por parte de una de las imputadas Primitiva Cusi Sonco se ha presentado Certificado de Antecedentes Penales y Certificado de No violencia para establecer que esta ciudadana no tiene antecedentes esto es correcto pero esa documentación no viene a desvirtuar el peligro efectivo para la sociedad en virtud a que el delito que se investiga está relacionado con sustancias controladas, por lo cual este peligro si se va mantener para los 3 ciudadanos.

En relación a Edgar Quispe Surco, se tiene que el Ministerio Público refiere que no tiene domicilio, ni actividad es decir no ha cuestionado la familia, a través de la defensa de Edgar Quispe Surco se ha señalado que este ciudadano tiene un arraigo natural y social toda vez que el es chofer, trabaja, tiene una familia, tiene 3 menores de edad bajo su cuidado y que de acuerdo al informe del SEGIP este riesgo no ha sido el más adecuado en la fundamentación del Ministerio público, sin embargo a través de la documentación que se nos ha presentado el día de hoy se nos presenta 3 cédulas de identidad de 3 menores de edad la que evidentemente Edgar Quispe Surco aparece como progenitor los 3 son menores de edad conforme las fotocopias, también se ha presentado Certificados de nacimiento de los 3 menores 1 en original y 2 en fotocopias simples en los cuales Edgar Quispe Surco es progenitor de estos menores estableciendo de esta manera que el imputado tiene una familia esto también en respeto del Art. 62 de la C.P.E.

En cuanto al tema del domicilio no ha sido cuestionado por el Ministerio Público razón por la cual la suscrita ve innecesario hacer la consideración respectiva.

En cuanto al tema de la actividad que si ha sido cuestionado a través de su defensa se ha presentado una autorización de orden de viaje en la cual refiere las Autoridades sindicales, Central Agrario, Sectores sociales de la población de Santiago de Machaca Sallacucho le autoriza la Orden de viaje a Edgar Quispe Surco con licencia de conducir para abastecimiento de insumos, traslados, abarrotes, verduras, frutas y por ende autorizan viajes hacia la ciudad de La Paz hacia el cantón de Santiago de Machaca Sallacucho y traslado de productos tubérculos y cereales, identificando el camión color rojo Tipo Cóndor Nissan placa 1481-KHI industria japonés modelo 1992, esta documentación ha sido presentada el día de hoy y ha sido expedita en fecha 28 de abril de 2020, de acurdo al informe de SEGIP que también se ha hecho mención por la Autoridad Fiscal se ha hecho mención que el tendría la ocupación de estudiante y con la documentación que se ha presentado el día de hoy, no se adjunta la licencia de conducir pues los actos que se han realizado no demuestran esta actividad razón por el cual el tema de la actividad lícita para este ciudadano no va concurrir como el único riesgo que se va a mantener de acuerdo al num1 del art.234 y por ende el num.2 del mismo artículo (sic [fs. 196 a 200]).

II.3.Auto de Vista 204/2020 de 10 de junio, emitido por Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandado-; cuya disposición contiene antecedentes; descripción de la resolución apelada; fundamentos de hecho, derecho y jurisprudenciales, y en el punto 6.1., se establece que: "III. FUNDAMENTOS DE HECHO, DERECHO Y JURISPRUDENCIALES:

(...)

4to. - Qué se debe tomar en cuenta que tanto la imputada Primitiva Cusi Sonco y Edgar Quispe Surco como primer agravio manifiestan que la autoridad jurisdiccional no habría establecido fehacientemente lo previsto por el Art. 233 num. 1) del CPP, en cuanto a su supuesta participación en el hecho que se investiga no existiendo fundamento sobre el mismo.

4.1.- Al respecto este Juez de Alzada ha revisado minuciosamente la resolución y evidencia específicamente en la fundamentación sobre la posible autoría y la autoridad A quo manifiesta fundamentalmente que (...)

4.2. - Con relación a Edgar Quispe Surco, incluso conforme también ha manifestado la defensa se establecería que el evidentemente era el que conducía el vehículo, pero el conducía ese vehículo para abastecer insumos, abarrotes, verduras, futas que lógicamente habría sido contratado por las autoridades sindicales Central Agraria, Sectores Sociales de la población de Santiago de Machaca. Entonces el solamente podría como su actividad transportar esta mercadería o estos abastecimientos alimenticios, no pudiendo el llevar otros extremos, consecuentemente, el en su vehículo conforme establece la imputación y lo fundamentado por la autoridad jurisdiccional, estaban dos bolsas de yute forrados con varios paquetes con cinta masquin donde estaba la sustancia controlada, entonces el lógico que él también tenía conocimiento del traslado de esa sustancia controlada, porque él para empezar, tenía autorización para transportar alimentos, entonces existe un grado de participación.

4.3. -Ambas partes manifiestan que no está correctamente establecido la participación por el hecho de tráfico de sustancias controladas. Al respecto, es importante aclarar que en la etapa investigativa lo que se investiga son hechos y no tipos penales y es este caso son hechos de sustancias controladas, consecuentemente, existe un grado de participación, uno el conductor que estaba trasladando las sustancias controladas porque el solo podía trasladar alimentos (...) Consecuentemente, en el presente caso la autoridad jurisdiccional habría cumplido a cabalidad lo previsto por el Art. 233 num.1) del CPP.

(...)

4.5. -Con relación al Art. 234 num. 7) del CPP, que es peligro para la sociedad en este caso la parte apelante manifiesta que la autoridad jurisdiccional no ha cumplido con los lineamientos jurisprudenciales que han señalado en varias sentencias constitucionales, en sentido que el peligro para la sociedad inclusive, solamente se tiene que mostrar la no existencia de antecedentes, es decir, que la parte apelante en este caso se está basando en lineamientos jurisprudenciales para poder establecer que la autoridad A quo no ha hecho una correcta valoración sobre este peligro procesal. Al respecto es importante tomar en cuenta la Ley Nº 1173 en sus Disposiciones Transitorias Décimo Tercera que ha dado lugar a la vigencia del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario e audiencia virtual, en materia penal; esto significa que esta normativa se debe aplicar porqué es por mandato de la Ley Nº 1173 (...) En el presente caso, la parte apelante solamente se ha limitado a señalar lineamientos jurisprudenciales y no ha presentado a este Tribunal de alada en físico, si bien estamos en una audiencia virtual pero tranquilamente podría haberse presentado por el sistema informático, consecuentemente, aquí no se habría demostrado el agravio, toda vez que esta norma legal es lógica a efectos de que el Juez pueda establecer si esta jurisprudencia constitucional es análoga para poder aplicar o no, por lo que no existe reitero agravio.

(...)

6.1. - Que, con relación al art. 234 num.7) del CPP, de la misma forma la parte imputada ha alegado que la autoridad jurisdiccional no ha aplicado las diferentes sentencias constitucionales. Sin embargo, no basta señalar las sentencias constitucionales para que la autoridad jurisdiccional tome en cuenta sino que ese lineamiento jurisprudencial si se quiere que se tome en cuenta, debe ser necesariamente presentado en físico conforme establece el art. 29 del Reglamento N° 12/2019, a efectos de que el Tribunal o la autoridad jurisdiccional tenga conocimiento objetivo de ese lineamiento jurisprudencial, a efectos de ver si existe analogía o no para la aplicación en este caso. Si bien estamos en audiencias virtuales pero ese aspecto se puede cumplir enviando la documentación mediante el sistema informático que admite esta clase de actos procesales, consecuentemente, ese riesgo procesal no estaría desvirtuado. 7mo. -Que, los tres imputados (...) y Edgar Quispe Surco manifiestan que no está debidamente fundamentado el Art. 235 num. 2) del CPP. Al respecto dicha normativa legal establece específicamente que este riesgo procesal es persistente por la influencia que se podría realizar a los testigos, víctimas, peritos; en el presente caso la autoridad jurisdiccional de manera clara indica: '...en libertad podrían influir también sobre el Tte. Alan Jhonny Zapana Tarqui oficial encargado de las investigaciones...'. Al respecto se establece que es evidente y razonable este riesgo procesal porque no nos debemos olvidar que en los casos de Ley 1008, incluso es admisible las denuncias confidenciales y peor aún que cuando una denuncia confidencial que el fondo ha sido verdad, es lógico que el Ministerio Público así como la autoridad jurisdiccional deba proteger el no influenciamiento negativo a los que denunciaron y también al que esta investigando; entonces lo único que corresponde en este caso ya que la autoridad jurisdiccional ya ha dado el lineamiento, es que el Ministerio Público establezca las correspondientes declaraciones de los vecinos, que ellos tienen conocimiento que se habrían denunciado y lógicamente del investigador (Tte. Alan Jhonny Zapana Tarqui), siendo ese el riesgo procesal por el que fundan este elemento previsto en el Art. 235 num.2) del CPP, lógicamente realizado el mismo quedaría desvirtuado este riego, porque es en el que se ha fundado tanto el Ministerio Público como la autoridad jurisdiccional. ([sic] fs. 147 a 151)

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del Código de Procedimiento Penal

Inicialmente, corresponde señalar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación.

En tal sentido, la fundamentación se refiere a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa. Por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador.

Efectuada las precisiones que anteceden, e ingresando a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones en las cuales se apliquen medidas cautelares, por las autoridades jurisdiccionales en el ámbito penal, incumbe remitirnos a la amplia jurisprudencia constitucional emitida por esta instancia celadora de la supremacía constitucional; en ese sentido, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, en su Fundamento Jurídico III.2, efectuó el siguiente desarrollo jurisprudencial, precisando que:

"Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar. Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva" (el resaltado es ilustrativo).

Asimismo, la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en su Fundamento Jurídico III.1.7, bajo el epígrafe "Sobre la exigencia de la decisión judicial sea fundamentada"1, estableció que la motivación implica conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez o autoridad judicial de tomar una determinada decisión, aspecto que es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla.

Prosiguiendo con la revisión de la jurisprudencia constitucional, respecto a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones, se tiene a las razones de la SC 0759/2010-R de 2 de agosto, que en su Fundamento Jurídico III.3 epigrafiado como "La motivación de las resoluciones como obligación del juez", acudiendo al art. 124 del CPP, señaló que toda resolución debe ser debidamente fundamentada, exponiendo los hechos y normas legales aplicables; añadiendo además que:

"...cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión" (el resaltado es añadido).

Por su parte, respecto a que la motivación no debe ser ampulosa, la citada jurisprudencia constitucional, extrayendo las razones de la SC 1356/2005-R de 31 de octubre, precisó que:

"...cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas" (el resaltado es nuestro).

De igual forma, la SC 0033/2012 de 16 de marzo, mediante su Fundamento Jurídico III.3, denominado "De la fundamentación de las resoluciones que determinen la detención preventiva", refirió básicamente que la detención preventiva como medida cautelar personal, puede ser dispuesta cuando existan los elementos referidos al "fumus boni iuris" y el "periculum in mora", previstos en el art. 233 del CPP, decisión que debe ser dispuesta mediante una resolución debidamente fundamentada conforme prevé el art. 236 del mismo cuerpo adjetivo penal; además, dicha jurisprudencia, apoyándose en las razones desarrolladas por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, refirió que:

"En este sentido la jurisprudencia constitucional ha señalado en su SC 0089/2010-R- de 4 de mayo, 'En los casos en que un Tribunal de apelación decida revocar las medidas sustitutivas y a la par disponer la aplicación de la detención preventiva de un imputado, está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medias sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los art 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones se puede disponer la detención preventiva'" (el resaltado es ilustrativo).

Con relación a la fundamentación y motivación de las resoluciones al aplicar el art. 398 del CPP2, la jurisprudencia de esta instancia constitucional, a través de la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en su Fundamento Jurídico III.3, titulado "El alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP y la exigencia de motivación en las resoluciones que disponen la detención preventiva", señaló inicialmente que de acuerdo al referido precepto legal del art. 398 del CPP, los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expuestos en apelación; empero, precisó que al tratarse de la aplicación de medidas cautelares el tratamiento difiere, señalando que:

"Sin embargo, tratándose de la aplicación de medidas cautelares, dicha normativa no debe ser entendida en su literalidad sino interpretada en forma integral y sistemática, por lo que también cabe referirse a lo establecido en el art. 233 del CPP, modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, cuando señala que: 'Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad'" (negrillas adicionadas).

En ese marco, dicha Sentencia Constitucional Plurinacional, haciendo referencia al antes art. 236.3 -ahora- art. 236.4 del CPP3, agregó que:

En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP" (el resaltado es ilustrativo).

Jurisprudencia constitucional, que fue reiterada entre otras por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales: 0303/2013 de 13 de marzo de 2013, 0329/2016-S2 de 8 abril de 2016; y, 1158/2017-S2 15 de noviembre de 2017.

Finalmente, siguiendo dichos razonamientos, la SCP 0723/2018-S2 de 31 de octubre, respecto de la aplicación del art. 398 del CPP, señaló que: