0121/2019-CA

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0121/2019-CA Sucre, 28 de mayo de 2019

Expediente: 28797-2019-58-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Santa Cruz

En consulta la Resolución 03/2019 de 16 de abril de 2019, cursante de fs. 633 a 643 vta., pronunciada por el Juez Disciplinario Primero de la Oficina Departamental del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz, por la que rechazó la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Jhonny Napoleón Zenteno Ayaviri, demandando la inconstitucionalidad de los arts. 30 y 49 en las frases "...dispondrá se practiquen otras diligencias que acrediten o desvirtúen la existencia de los hechos o actos denunciados..." y "...Estas diligencias investigativas, podrán ser practicadas por el Juez Disciplinario al momento de ser citado el disciplinado o la disciplinada con el auto de admisión e inicio de investigación" del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, aprobado mediante Acuerdo 020/2018 del Consejo de la Magistratura, por ser presuntamente contrarios a los arts. 8, 13, 115, 116, 117, 120.I, 180.I, 256.I y "490" de la Constitución Política del Estado (CPE).

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de la solicitud de parte

Por memorial presentado el 28 de enero de 2019, cursante de fs. 581 a 592 vta., la parte accionante refiere que, dentro del proceso disciplinario seguido en su contra por la presunta comisión de la falta inserta en el art. 188.I.2 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), debido a que habría recibido dineros o beneficios en la tramitación de un proceso a su cargo, planteó esta acción de inconstitucionalidad concreta indicando que el citado art. 49 del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, es contrario al valor dignidad previsto en el art. 8 de la Norma Suprema, puesto que al permitir que el juez disciplinario recabe prueba de cargo para la comprobación del hecho denunciado impide el desarrollo de la dignidad; así como, garantizar los derechos a la presunción de inocencia y al juez natural; asimismo, es contraria al valor igualdad porque al otorgar al juez disciplinario la facultad de recabar elementos de prueba para comprobar el hecho denunciado, pone al sujeto pasivo en un plano de desigualdad frente al denunciante debido a que hace recaer la carga de la prueba en el juez, desnaturalizando su labor de asegurar la igualdad efectiva de las partes, previsto en el art. 119.I de la CPE, además, permitiendo que el mencionado sujeto pasivo sea juzgado por un juez incapaz de otorgar garantías, concediendo privilegios al denunciante y negando el ejercicio de sus derechos al denunciado, ya que el juez al momento de resolver la denuncia, estará exento de objetividad, debido a que valora preferentemente la prueba aportada por el denunciante y por el mismo.

Agrega que, la norma impugnada es contraria a la Ley Fundamental y a las reglas del procedimiento penal que otorgan al imputado el derecho a ser juzgado por un juez imparcial, concediendo privilegios al denunciante en desmedro del denunciado, transgrediendo el derecho al debido proceso reconocido por el art. 115 de la Norma Suprema, ya que se le da al juez disciplinario la doble facultad, es decir juzgar e investigar, impidiéndole obrar con objetividad, por ende deja de ser independiente, y se priva al denunciado de su derecho a ser oído y juzgado por un juez natural e imparcial; así también, al permitir que el juez realice la labor investigativa, se desplaza el rol de tercero neutral hacia el lado del denunciante, contradiciendo el art. 13 de la CPE.

Asimismo, es contraria al art. 116 de la Norma Suprema, que proclama la presunción de inocencia, no pudiendo la carga de la prueba caer en el juzgador, sino que la misma debe recaer en el denunciante, ya que este derecho se constituye en el límite para la búsqueda de la verdad material. Por otro lado, contradice los arts. 117 y 120.I de la Ley Fundamental, porque priva al sujeto pasivo de sus derechos a ser oído, a contradecir y controlar la producción de la prueba, derecho que se encuentra en relación con el art. 180 de la misma norma constitucional, porque "...ordenar actos investigativos antes de que se cite al denunciado con la denuncia y auto de apertura de proceso disciplinario..." (sic) es contrario al principio de publicidad, porque permite que el proceso se desarrolle en secreto. También infringe el art. "490" de la CPE, porque las normas cuya constitucionalidad se cuestionan establecen facultades a favor del juez disciplinario, las mismas que son contrarias a los derechos y garantías que proclama la Constitución Política del Estado.

Por otro lado, el cuestionado art. 30 del mencionado Reglamento, atenta contra los derechos a la defensa y al debido proceso, los cuales no pueden ser desconocidos bajo ningún justificativo, ya que son la base de las normas adjetivas procesales y no pueden estar limitados por una norma de rango inferior; al respecto, el cuestionado artículo tiene íntima relación con la emisión del fallo, porque restringe la interposición de incidentes, lo que implica que la actividad procesal defectuosa no pueda ser denunciada por la vía incidental, debido a que solo permite en dicha vía el planteamiento de prescripción y cosa juzgada.

Concluyó indicando que las normas cuya inconstitucionalidad se demanda son antagónicas a la Norma Suprema, porque promueven y justifican la parcialidad del juez, la desigualdad, el juzgamiento exento de garantías, impidiendo el ejercicio de derechos y garantías fundamentales; ya que si los preceptos cuestionados no otorgaran la facultad de investigar y de recabar prueba en secreto al juez, la carga de la misma recaería en el denunciante, la cual debería ser recabada en el periodo probatorio, en igualdad de condiciones para ambas partes procesales, brindando certidumbre al momento de dictar la resolución, porque se la emitiría por un tercero imparcial.