Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0121/2019-S2 Sucre, 17 de abril de 2019
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional
Expediente: 25828-2018-52-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 012/2018 de 28 de septiembre, cursante de fs. 622 a 627 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Robert Fernández Flores en representación legal de Pedro Rolando Salazar Pérez, Jorge Choque Bautista, Gualberto Santander Hernani y Demetrio Torrez Aguilar contra René Sergio Pereira Sánchez, Gerente General de la Compañía Boliviana de Energía Eléctrica Sociedad Anónima (COBEE S.A.).
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 25 de julio y 16 de agosto, ambos de 2018, cursantes de fs. 155 a 189 vta.; y, 192 a 203 vta., respectivamente, los accionantes a través de su representante legal, expresaron lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
La COBEE S.A., donde prestan sus servicios, viene incumpliendo la Conminatoria J.D.T.L.P./D.S. 0495/RAAM/ 015/2018 de 24 de enero, emitida por el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, que dispuso su reincorporación inmediata, así como la restitución de salarios de los trabajadores: Pedro Rolando Salazar Pérez, Jorge Choque Bautista, Gualberto Santander Hernani y Demetrio Torrez Aguilar, al mismo puesto que ocupaban al momento de su despido, más el pago de los salarios percibidos antes de la rebaja salarial y demás derechos sociales.
Ello debido a que la indicada Empresa, emitió los ilegales y arbitrarios Memorándums MRH-RH-VG-0049-2017 de 29 de agosto, dirigido a Pedro Rolando Salazar Pérez, por el que se le reduce el salario básico de Bs14 416.- (catorce mil cuatrocientos dieciséis bolivianos) a Bs5000.- (cinco mil bolivianos); MRH-RH-VG-0051-2017 de igual fecha, dirigido a Jorge Choque Baptista, reduciendo su salario básico de Bs11 031.- (once mil treinta y un bolivianos) a Bs2500.- (dos mil quinientos bolivianos); MRH-RH-VG-0048-2017 de la misma data, dirigido a Gualberto Santander Hernani, reduciendo su salario básico de Bs10 830.- (diez mil ochocientos treinta bolivianos) a Bs2500.-; y, MRH-RH-VG-0045-2017 de similar data, dirigido a Demetrio Torrez Aguilar, que reduce su salario de Bs10 630.- (diez mil seiscientos treinta bolivianos) a Bs2500.- condicionando a los trabajadores, que de no aceptar esa nueva escala salarial, podrían acogerse a la figura de despido indirecto o en su caso acogerse a la renta de vejez, implicando ello una jubilación impuesta.
Señalan que ésta medida fue asumida bajo la figura de una reestructuración administrativa a nivel de la Empresa, rebaja que fue ejecutada tal cual se demuestra en sus papeletas de pago, encontrándose frente a un retiro indirecto, extremo que es reconocido por el propio empleador al emitir los indicados Memorándums. Al respecto, las y , establecen que cuando se afectan las condiciones laborales, éstas necesariamente deben ser consentidas por el trabajador, por cuanto la afectación de sus ingresos, horas de descanso y disgregación del núcleo familiar, implican lesión al derecho a la estabilidad laboral, de igual forma el , se refiere a esta figura laboral.
Aducen que, si bien la Empresa cuenta con la potestad de reorganizarse para el cumplimiento de sus fines, ello no puede afectar a la remuneración salarial que perciben los trabajadores ni generar una desmejora en las condiciones laborales, pues conlleva negar la protección constitucional a la estabilidad laboral. De igual forma pretenden imponer una jubilación forzosa con el fin de provocar el despido forzoso y así apartarlos de sus fuentes de trabajo, sin considerar que la jubilación no es obligatoria y al no ser la edad un requisito fundamental para ello, no se debe discriminar a una persona privándole de su trabajo al cumplir los sesenta y cinco años de edad.
Añaden que, dicha reducción salarial fue efectuada por COBEE S.A., en aplicación del Decreto Supremo (DS) de 9 de marzo de 1937, la cual fue ejecutada desde el 1 de diciembre de 2017; pese al incumplimiento de la referida Conminatoria, la Empresa interpuso recurso de revocatoria y jerárquico, los cuales fueron rechazados, confirmando la misma mediante la Resolución Administrativa (RA) 178-18 de 13 de marzo de 2018 y la Resolución Ministerial (RM) 625/18 de 26 de junio de 2018.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
Señalaron como lesionados sus derechos al trabajo, empleo, estabilidad y continuidad laboral, a una justa remuneración, a los principios constitucionales laborales de protección a los trabajadores, como los de protección y tutela, de inoperatividad o irrenunciabilidad de los derechos laborales, de buena fe, de justicia social y de equidad, citando al efecto los arts. 46.I, 48.II, 49.III, 123 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 4 y 8 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); 8, 23, 24 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); XIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH); 6, 7 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); 6 y 7 del Protocolo de San Salvador, Convenio 158 de la OIT.
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