0121/2022-S1

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia:

1. a)Se disponga dejar sin efecto el 0AS 168/2021-RRC de 12 de abril, dictado por "...los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca..." (sic) -lo correcto es por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia-; y,
2. b)Se restablezcan sus derechos constitucionales con la emisión de un nuevo Auto de Vista a ser pronunciado por la Sala Penal Segunda del referido Tribunal Departamental, considerando los fundamentos fácticos y legales esgrimidos y tutelados por la presente acción constitucional.

El impetrante de tutela en audiencia, a través de su abogado, ratificó íntegramente los términos del memorial de su acción de amparo constitucional, y ampliando el mismo en audiencia señaló que:

1. 1)El Auto de Vista apelado en casación solo citó jurisprudencia nacional, jurisprudencia y doctrina internacional, observando que se debió fundamentar sobre las conclusiones arribadas en base a prueba indiciaria, no explicó cómo se llegó a la conclusión de que el señor Juan Carlos Vélez Terán cometió el delito acusado, es así que en congruencia con lo impugnado, el Tribunal ad quem resolvió sobre dicho defecto, sin embargo, de forma impropia los Magistrados ahora demandados, analizaron la fundamentación brindada respecto a la valoración probatoria efectuada de la prueba indiciaria, calificándola como normativa no reconocida ni jurisprudencialmente;
2. 2)En el informe presentado por las autoridades jurisdiccionales denunciadas, indican que no se consignó de manera íntegra el Auto Supremo observado, lo cual es falso, puesto que la parte que corresponde se anotó de forma íntegra y luego se resumió, resaltándose "...Que se ha exigido un requisito no previsto en la jurisprudencia para estructurar la fundamentación de la Sentencia en lo que a valoración de prueba indiciaria opta..."(sic), ya que la doctrina legal presentada en el recurso de casación, de manera genérica indica que la fundamentación debe ser fáctica, descriptiva e intelectiva, sin considerar que sea prueba indirecta o directa, este elemento del debido proceso tiene que ser desarrollado de forma similar y por su característica con mayor exhaustividad, de donde resulta que la afirmación emitida por los ahora demandados "...no es legal ni normativamente exigible, menos imprescindible de una fundamentación con características particulares respecto a la prueba indiciaria..." (sic), principalmente si dicha limitación no se encuentra establecida en el art. 124 del CPP;
3. 3)Asimismo, se indica en el ya mencionado informe, que nuestra legislación no exige que la valoración probatoria se efectúe bajo nuevos parámetros como los "hechos base" y "hechos consecuencia"; al respecto, el razonamiento identifica a la prueba que acredita un hecho base y por eso se afirma que la persona cometió el delito, hecho consecuencia; entonces al señalar que no hay en la legislación aquello, es realmente preocupante, siendo aquello contradictorio con los precedentes vinculantes, lo cual de un análisis de los Autos Supremos señalados se verificará que tal enunciado no responde a la verdad; y,
4. 4)Respecto a la subsidiariedad por haberse emitido un nuevo Auto de Vista que fue objeto de recurso de casación, estas actuaciones no alterarán el Auto Supremo denunciado, generador de semejante violación del derecho al debido proceso por su carácter de precedente obligatorio, emergiendo la interrogante de cuál sería el mecanismo de defensa frente a la señalada resolución, de donde resulta que no concurre la subsidiariedad en el presente caso, ni tampoco se presenta la causal de improcedencia establecida en el art. 53.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo); "...en relación al acto consentido libre y expresamente, hay un argumento que dice, han presentado el amparo en abril de 2021, se ha dictado el Auto Supremo, sin embargo, lo que no se dice cuando nos han notificado a todas las partes, no fue en abril, ha sido en noviembre o diciembre y lo que sucede es que el Amparo Constitucional se ha presentado el 04 de febrero y la casación se presentó el 22 de febrero." (sic), de manera que se presentó la acción de amparo constitucional antes de presentar la referida impugnación, especialmente si se considera que de no modificarse el Auto Supremo denunciado, éste se constituiría en un precedente vinculante que establece que en nuestro país no existe la prueba indiciaria, y que no se debe fundamentar respecto a ella.

María Cristina Díaz Sosa y Edwin Aguayo Arando, Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe escrito cursante de fs. 260 a 261 vta., manifestaron que:

1. i)En relación a la primera situación reclamada respecto a que el aludido AS 168/2021-RRC, que a decir del impetrante de tutela contiene una fundamentación arbitraria; se evidencia que sin ningún reparo transcribe una pequeña parte del Auto Supremo, de manera incompleta, a sabiendas que se analizará la referida resolución como un todo y no a medias, tratando de inmiscuir a la justicia ordinaria con la constitucional, cuando la respuesta, fundamentación y argumentos que se efectuaron en el Auto Supremo del caso, fue claro y preciso, sin que se haya vulnerado en lo absoluto ningún derecho de las partes;
2. ii)Sobre el segundo punto de impugnación, el peticionante de tutela reclama que se lesionó el debido proceso por falta de fundamentación con respecto a los precedentes contradictorios; falacia que se desvirtúa por dos razones: ii.a) Que ese aspecto solamente se menciona en el acápite quinto de los derechos vulnerados de la acción de amparo constitucional, sin embargo este punto no se desarrolló en ninguna otra parte del memorial de la acción tutelar, es decir, no se fundamenta ni se realiza ningún alegato al respecto; y, ii.b) El citado Auto Supremo, dentro del numeral cuarto con relación al análisis legal del caso concreto, luego de examinar los motivos del recurso de casación, declara fundado únicamente este agravio respecto al cual se desarrolló la labor nomofiláctica del Tribunal Supremo de Justicia, en cuanto a los precedentes contradictorios alegados por la parte recurrente de casación, se analiza tanto los precedentes como el Auto de Vista objetado, dejando en claro que su sustento es precisamente la labor de contraste con los Autos Supremos que contienen doctrina legal aplicable, y por ese motivo es que se resuelve como se lo hizo, con toda la fundamentación y sustento del caso, debiendo tenerse presente que para que se cumpla la exigencia de la debida motivación, no se requiere que la misma sea ampulosa, sino que se explique las razones de su decisorio, de manera clara y concreta; máxime si en materia de resolución de Autos Supremos se debe considerar que el trabajo intelectivo se circunscribe a la contrastación de los precedentes citados con el Auto de Vista impugnado; y,
3. iii)El referido AS 168/2021-RRC que se impugna mediante la presente acción constitucional, dejó sin efecto el aludido Auto de Vista 249/2020, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, cuya consecuencia jurídica es que en este momento se encuentre tramitando procesalmente la emisión de un nuevo Auto de Vista, lo que significa que existe una resolución pendiente en la justicia ordinaria que puede decidir respecto a los derechos reclamados, de modo tal que los derechos que alega como vulnerados la parte accionante, tiene latente la posibilidad de ser no sólo reclamados, sino analizados y protegidos por estar pendientes de una resolución de la justicia ordinaria, lo cual también abre la viabilidad de demandar cualquier derecho ante este Tribunal de apelación ordinario.

La Sala Constitucional Segunda del departamento de Chuquisaca, a través de la Resolución 021/2022-SCII de 3 de marzo, cursante de fs. 298 a 301 vta., denegó la tutela solicitada bajo los siguientes fundamentos:

1. a)Respecto a encontrarse pendiente la emisión de un nuevo Auto de Vista, esta carece de idoneidad para modificar o dejar sin efecto lo dispuesto en el Auto Supremo ahora denunciado;
2. b)Con relación a lo alegado por los terceros interesados, en sentido de que si el impetrante de tutela consideraba que el referido AS 168/2021-RRC, lesionaba sus derechos constitucionales por indebida fundamentación y motivación arbitraria, debió activar la acción tutelar sin esperar la emisión del nuevo Auto de Vista, lo contrario implicaba conformarse con lo dispuesto en el Auto Supremo ahora cuestionado y someterse a los resultados del nuevo Auto de Vista, incurriendo en actos consentidos al activar esta acción tutelar después de conocer el contenido desfavorable del citado Auto de Vista 29/2022; sobre el particular, se debe señalar que de acuerdo a los antecedentes, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia mediante el referido AS 168/2021-RRC, -que fue notificado al ahora demandante de tutela el 11 de noviembre de 2021- dispuso declarar "...Fundado en parte..."(sic), el recurso de casación interpuesto por Félix Lora Velásquez y María Lourdes Lacunza Gutiérrez de Lora, en consecuencia, dejó sin efecto el precitado Auto de Vista 249/2020, determinando que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, sin espera de turno, dicte un nuevo fallo conforme a la doctrina legal y razonamientos establecidos; respecto a lo cual, de acuerdo a los elementos aportados, la referida Sala Penal Segunda dio cumplimiento a lo dispuesto por el antedicho Auto Supremo, emitiendo el respectivo Auto de Vista 29/2022 de 27 de enero, que declaró "Admisible" el recurso de apelación de Juan Carlos Vélez Terán y en el fondo "Improcedente" los cinco motivos planteados, "manteniéndose incólume la Sentencia confutada, determinación que fue notificada al ahora accionante el 30 de ese mismo mes y en ese sentido el 31 de idéntico mes y año, solicitó complementación y enmienda." (sic), contexto en "...que después de la emisión y conocimiento del Auto del Vista y haber solicitado su complementación; el 7 de febrero de la presente gestión 2022..." (sic), activó la presente acción de amparo constitucional contra el aludido AS 168/2021-RRC, denotando que en conocimiento de lo dispuesto, dejó transcurrir el tiempo y esperó el cumplimiento de lo determinado en el citado Auto Supremo, y si bien es evidente que se encontraba dentro del plazo de inmediatez de los seis meses para presentar la acción de amparo constitucional, no es menos cierto que su actitud pasiva implica incurrir en indeterminación y ambivalencia, al haber dejado de denunciar las presuntas lesiones a sus derechos, sometiéndose a los resultados del nuevo Auto de Vista, lo cual evidencia que hizo entender su conformidad y falta de trascendencia de lo que ahora considera una lesión a sus derechos fundamentales; puesto que si se consideraba afectado en sus derechos, debió actuar con la debida diligencia, y en ese marco, en conocimiento de lo dispuesto en el Auto Supremo confutado, pudo efectivamente activar la acción de amparo constitucional e inclusive solicitar una medida cautelar para que se deje en suspenso el cumplimiento de esa determinación; empero, contrariamente a ello decidió esperar a conocer el resultado de ese nuevo Auto de Vista que debía ser emitido por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; en consecuencia, el aguardar que se concrete los efectos del Auto Supremo ahora cuestionado -quizá en la esperanza de que el resultado pueda favorecerlo-, implicó un sometimiento a esa determinación.