0121/2022-S3

Solicita se le conceda la tutela, consiguientemente:

1. a)Se anule y deje sin efecto las Resoluciones C.E. 35/2020 y C.E. 36/2021 emitidas por la Comisión Electoral de la FBF, por conculcar el derecho al sufragio de su persona y de aquellas que conforman su plancha, para que puedan ejercer su derecho al sufragio pasivo en las elecciones para Presidente y Comité Ejecutivo de la Asociación Cruceña de Fútbol;
2. b)Se determine la existencia de responsabilidades y se proceda a la calificación de daños y perjuicios para su respectiva reparación y resarcimiento; y,
3. c)Se apliquen "Medidas cautelares al establecimiento de las responsabilidades" (sic).

El accionante a través de su representante legal, ratificó los argumentos expuestos en su memorial de interposición de esta acción tutelar, y ampliando la misma en audiencia, refirió que:

1. 1)Activó esta acción de defensa en razón a que no cuenta con otra instancia para reclamar lesión a sus derechos; y,
2. 2)Si bien la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz decidió aplicar medidas cautelares respecto a las justas eleccionarias fijadas para el "7 de febrero", y no obstante de su notificación a las partes, se continuó con el atropello -a sus derechos-, porque ya se convocó a una asamblea y se llevó adelante el referido acto eleccionario con la plancha que existía, además, se convirtió en un congreso inquisidor porque sin sustento legal, se decidió expulsar en distintos tiempos a muchos miembros de la Asociación Cruceña de Fútbol que no estaban presentes por una serie de omisiones, faltas o delitos en el ámbito deportivo, a más de haberse ya posesionado a los supuestos ganadores del acto electoral, actos que denotan que la Comisión Electoral de la FBF, transgredió todos los principios legales de dicho ente federativo, porque en primera instancia no obedecieron la decisión de la Comisión Electoral de Apelaciones que determinó la habilitación de su plancha, y posteriormente la determinación adoptada por la Sala Constitucional. Con tales argumentos solicitó "...se declare la procedencia del presente recurso, se ordene tácitamente el cumplimiento de las decisiones del tribunal de alzada es decir del tribunal de apelaciones, es decir que se llame a elecciones con la habilitación de las planchas aceptadas por el tribunal de alzada y que se haga de acuerdo a las normas, estatutos de la Federación Boliviana de Fútbol, no que se haga de forma de caprichos personales y que decida quién va ir y quien no va ir (...), tenemos reglamentos y lo que pedimos que la próxima elección se haga con las normas de la federación Boliviana de Fútbol..." (sic).

Limbert Esteban Cardozo Huarachi, Presidente; Juan Domingo Ferrufino, Vicepresidente; y, Luis Alberto Tejerina Balderrama, Vocal, todos de la Comisión Electoral de la FBF, no concurrieron a la audiencia programada, no obstante mediante informe escrito, saliente de fs. 146 a 156 vta., refirieron que:

1. i)El impetrante de tutela, carece de legitimación activa porque no tiene la condición de agraviado con la resolución emitida por la Comisión Electoral de la FBF; ya que, si bien se emitió la Resolución 35/2020, esta fue recurrida de apelación únicamente y a título personal por Pablo Salomón Jiménez, mediante memorial presentado de 29 de diciembre de 2020, lo que denota que el peticionante de tutela no presentó recurso de apelación contra la mencionada resolución, por tal motivo no existe agravio causado en su contra y menos aún por la Resolución C.E. 36/2021, pues en todo caso es Pablo Salomón Jiménez el legitimado para presentar reclamo posterior ante la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y en la propia justicia constitucional, por ser la única persona que interpuso recurso de apelación; lo que denota que el accionante, pretende activar una suerte de per saltum que no está permitido ni siquiera en la vía ordinaria, menos en sede administrativa o constitucional, ya que la acción de amparo constitucional no es una instancia adicional o supletoria;
2. ii)Concurre la causal de improcedencia prevista por el art. 53.3 del Código Procesal Constitucional (CPCo), porque el impetrante de tutela no agotó la instancia administrativa, no pudiendo alegar que otro postulante como lo es Pablo Salomón Jiménez recurrió de apelación, ya que tal posibilidad impugnatoria es personalísima, recurso al que el peticionante de tutela ni siquiera se ha adherido en su momento, quien seguramente pretenderá sostener que su plancha quedó habilitada posteriormente por la Comisión Electoral de Apelaciones, como efecto del recurso de reposición, cuando dicho mecanismo recursivo no está previsto en el Código Electoral de la FBF; es decir, es un medio de impugnación no idóneo cuyo contenido ilegal no es vinculante para la Comisión Electoral al denotar una acción de prevaricato, y pronunciado fuera del más imaginario plazo procesal, por lo que carece de valor jurídico en función a los principios de legalidad y taxatividad;
3. iii)La decisión del accionante de no presentar apelación, también implica una acción de manifestación de conformidad y voluntad de no pretender la restitución de los derechos supuestamente transgredidos, inviabilizando la posibilidad de ingresar a analizar el fondo de la acción tutelar, ya que el impetrante de tutela miente al alegar que no existe otro recurso idóneo para la protección de sus derechos;
4. iv)La FBF es una entidad privada, independiente y con normativa interna propia, que expresamente prohíbe a sus miembros impugnar el cumplimiento de resoluciones de sus órganos internos en la vía ordinaria y/o constitucional, por lo que el Estado a través de la justicia constitucional carece de competencia para interferir en actividades propias de los órganos de gobierno de la FBF en lo relativo a temas vinculados a actividad de fútbol, debiendo el peticionante de tutela recurrir a las instancias internas e internacionales a su disposición; además, si la intención del prenombrado es cuestionar dicha normativa interna que regulan los procesos electorales, previamente debió activar la acción de inconstitucionalidad concreta, porque gozan de presunción de constitucionalidad; y,
5. v)La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, debió asumir la existencia de terceros interesados que no fueron citados como son la plancha presidida por Noel Montaño Cabrera, que es el único frente habilitado, la Asociación Cruceña de Fútbol y la FBF, contrariamente la Comisión Electoral carece de legitimidad para considerarse tercero interesado por no ser susceptible de afectación en sus derechos por la vulneración erradamente denunciada. Con tales argumentos, solicitaron se deniegue la tutela solicitada, con expresa condenación de costas y reparación de daños y perjuicios.

Noel Montaño Cabrera, en audiencia a través de su abogado, ratificando los argumentos expuestos en su memorial de apersonamiento, cursante de fs. 158 a 165, refirió que:

1. a)El accionante fue notificado legalmente con las Resoluciones 35/2020 y C.E. 36/2021, pero no presentó ningún recurso jerárquico o de apelación, lo que demuestra que estaba de acuerdo con la decisión adoptada en primera instancia, extremo que conforme a la uniforme jurisprudencia constituye acto consentido, porque el único que formuló apelación -a título personal-, fue Pablo Salomón Jiménez, lo que implica que el impetrante de tutela no agotó la instancia administrativa;
2. b)El art. 110 del Reglamento de la FBF establece que, las resoluciones emanadas "administrativamente" no son susceptibles de apelación, porque de conformidad al art. 56 "del manual" deberían pasar a la vía arbitral, por lo que el peticionante de tutela al no estar sometido a procedimiento, en todo caso debió haber activado la acción de inconstitucionalidad abstracta contra el manual interno o el reglamento de la FBF; y,
3. c)El art. 122 de la CPE, establece que son nulos los actos de autoridades que usurpen funciones, en el caso concreto el manual ni el Reglamento de la FBF permiten el recurso de apelación, por lo que el Tribunal que conoció el mismo carece de competencia, ya que se debió recurrir a la jurisdicción arbitral de conformidad al art. 56 del citado reglamento. Con tales argumentos pidió se declare "improcedente" la acción de amparo constitucional, con costas.

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, una vez concluida la intervención de las partes, anunció la falta de consenso de sus miembros respecto a la forma de resolución del caso concreto, por tal razón convocó a Vocal dirimidor y fijó nueva audiencia para el 18 de febrero de 2021; acto en el que se emitió la Resolución 07/2021 cursante de fs. 185 vta. a 193 vta., mediante la cual se denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos:

1. 1)El impetrante de tutela pretende se tutele su derecho al sufragio, cuestionando en ese propósito las Resoluciones "35" y "36"; sin embargo, de la revisión de la Resolución "35" se establece que no está referida al derecho al sufragio sino, al hecho de ser elegible y a la participación política en condición de elegir, en ese contexto se debe tomar en cuenta la jurisprudencia constitucional contenida en la 0SC 0064/2004 de 8 de julio, la cual estableció que el derecho al sufragio -reclamado como lesionado por el peticionante de tutela-, se ejerce a través del voto; sin embargo, en el presente caso, la resolución cuestionada trata de la habilitación de candidatos más de no una limitación del voto a cierto grupo deportivo, entendimiento que encuentra similitud con el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Yatama vs. Nicaragua, donde se determinó que, si bien los derechos a ser elegido y a votar están íntimamente ligados; empero, no son lo mismo, consecuentemente, el accionante debió reclamar la lesión de su derecho a ser elegido y no así al sufragio;
2. 2)El derecho reclamado por el impetrante de tutela no puede ser tutelado, porque las Resoluciones cuestionadas resuelven una cuestión referida a la postulación; es decir, el derecho a ser electo dentro del gremio deportivo y no así relativo al ejercicio del voto, pudiendo enfatizarse además que evidentemente la Resolución "0002/2011" ya determinó revocar la Resolución "35" y por lo mismo corresponde a la jurisdicción deportiva determinar el efecto de esa Resolución, pero existen actos posteriores como la Resolución "36" que aparentemente ya está vinculada a una medida de hecho, entonces el peticionante de tutela también tenía la posibilidad de actuar en ese marco conforme la jurisprudencia constitucional; en relación a la discusión de que si el prenombrado tenía o no la legitimación para participar, se debe considerar que formaba parte de la plancha inhabilitada;
3. 3)No se puede anular la Resolución "35" porque ya fue objeto de consideración y resolución por las instancias superiores de la FBF a través de la Resolución CEA/002/2021, mediante la que se dispuso su revocatoria; en relación a la Resolución C.E. 36/2021, que en su parte resolutiva "sobrecarta" la Resolución "02", es una cuestión que tampoco puede ser resuelta mediante esta acción tutelar, porque el accionante reclama la lesión del derecho al sufragio y no a la participación en calidad de elegible que es la temática analizada en la aludida resolución;
4. 4)Si bien el impetrante de tutela pudo ejercer sus derechos políticos formando parte de la plancha encabezada por Pablo Salomón Jiménez, su derecho a ser elegido debe ejercitarlo bajo las directrices establecidas por la FIFA como órgano rector, consagradas en sus respectivos estatutos y mecanismos de resolución de conflictos que buscan que el reconocimiento y resolución de todas las disputas deportivas en el plano futbolístico sean reconocidas y resueltas por los órganos que sus estatutos establecen, como la mediación y el arbitraje; y,
5. 5)La lista encabezada por Pablo Salomón Jiménez, se sujeta a la jurisdicción deportiva interna, por lo que corresponde a los Tribunales deportivos establecer cuál será el efecto de "ésta" resolución "...y que en los argumentos analizados se identifica también que la Federación Boliviana de Futbol a través de la Resolución N° 02/2021 resuelve revocar la Resolución N° 35..." (sic); por consiguiente, tocará a la instancia pertinente dentro de esa vía ya sea en apelación o arbitraje pronunciarse sobre el particular, máxime si la pretensión del peticionante de tutela está limitada al ejercicio pleno del derecho a la participación política y no así del derecho al sufragio como erróneamente señala el prenombrado. Éste fallo fue suscrito por Carla Alejandra Arancibia Morato, Vocal de la Sala Constitucional Primera -Vocal dirimidora-, y Alain Núñez Rojas, Vocal de la Sala Constitucional Cuarta, siendo de voto disidente Jimmy Fernando López Rojas, Vocal de la mencionada Sala Constitucional todos de referido Tribunal Departamental de Justicia.