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TCP

0121/2026-CA

Tribunal Constitucional Plurinacional
31 de marzo de 2026
Resumen del caso

Auto 0121/2026-CA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0121/2026-CA Sucre, 31 de marzo de 2026

Expediente: 82731-2026-166-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Santa Cruz

En consulta la Resolución 613/2026 de 12 de marzo, cursante de fs. 47 a 50, pronunciada por la Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, por la que rechazó la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Inocencio Cruz Castro, candidato a Alcalde del municipio de Fernández Alonso del departamento de Santa Cruz, por Alianza Solidaria Popular (ASIP), demandando la inconstitucionalidad de los arts. 58.I inc. b) de la Ley de Organizaciones Políticas -Ley 1096 de 1 de septiembre de 2018-, y 11.III del Reglamento de Procedimiento de Cancelación de Personalidad Jurídica y Gradación de Sanciones, aprobado por Resolución TSE-RSP-ADM 0132/2022 de 30 de marzo y modificado por Resolución TSE-RSP-ADM 0253/2022 de 30 de junio, por ser presuntamente contraria a los arts. 26, 115, 116.I, 117.I, 119.I, 123, 178.I y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de la solicitud de parte

Por memorial presentado el 11 de marzo de 2026, cursante de fs. 1 a 12, Inocencio Cruz Castro, en su condición de candidato a alcalde del municipio de Fernández Alonso del Departamento de Santa Cruz, por la ASIP, dentro del proceso administrativo de cancelación de personalidad jurídica, planteó acción de inconstitucionalidad concreta en el marco del recurso de apelación, solicitando que la misma sea promovida por la Sala Plena del TED de Santa Cruz, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.

Señaló, que el ciudadano Peter Erlwein Beckhauser inició un proceso de cancelación de la personalidad jurídica de la ASIP; el cual, no había concluido a la fecha de interposición de esta acción, encontrándose pendiente de resolución en grado de apelación ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Asimismo, el referido ciudadano interpuso una acción de cumplimiento, sin haber agotado previamente la vía administrativa establecida en el Reglamento de Procedimiento para la Cancelación de Personalidad Jurídica y Gradación de Sanciones, aprobado por Resolución TSE-RSP-ADM 0132/2022 y modificado por Resolución TSE-RSP-ADM 0253/2022, sin acreditar legitimación activa conforme al art. "65.1" de la CPE, dejando la definición del caso a consideración de la Sala Plena. Manifestó que, al no haber concluido el proceso administrativo ni existir una decisión definitiva, la acción se presentó en la oportunidad procesal correspondiente; añadió que, conforme al art. 13.I del referido Reglamento, aún se encontraba prevista la posibilidad de interponer recurso de apelación. Además, la ASIP se encontraba cumpliendo las actividades previstas en el calendario electoral de las elecciones subnacionales del 22 de marzo de 2026, desarrollando campaña electoral y difundiendo sus propuestas.

En cuanto a las normas impugnadas, interpuso acción de inconstitucionalidad concreta contra el art. 58.I inc. b) de la Ley 1096, en la parte que exige no haber obtenido al menos el 3% del total de votos válidos en la última elección en la que concurrieron; así como contra el art. 11.III del Reglamento de Procedimiento para la Cancelación de Personalidad Jurídica y Gradación de Sanciones, que establece la aplicación directa e inobjetable de dicha causal mediante resolución basada en informes técnicos. Sostuvo que ambas disposiciones vulneran los arts. 26, 115, 116, 117.I, 119.II, 123, 178.I y 180.II CPE; 8 y 23 de la CADH; y, 14 del PIDCP.

Respecto a la primera norma impugnada, sostuvo que su aplicación resultaba determinante en el proceso y que presentaba ambigüedad, al no precisar su alcance en el contexto de elecciones subnacionales ni contemplar supuestos en los que una agrupación ciudadana obtuviera porcentajes iguales o superiores al 3% en uno o varios municipios, pero no a nivel departamental. Es así que, la ASIP obtuvo más del 3% de votación en ocho municipios del departamento de Santa Cruz, en las elecciones subnacionales del 7 de marzo de 2021, logrando representación política efectiva, mediante la elección de alcaldes, concejales y asambleístas departamentales; en ese sentido, indicó que la aplicación de la norma desconocía dicha representación, vulnerando el principio de soberanía popular y el pluralismo político.

La norma impugnada vulneraria el principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad, al no ser clara ni precisa, generando incertidumbre jurídica y permitiendo interpretaciones arbitrarias, afectando la seguridad jurídica, la predictibilidad y la confianza legítima. De la misma forma, la aplicación de la norma implicaría una sanción desproporcionada, pese a que la organización política obtuvo representación efectiva, incluso superando el 3% en varios municipios y alcanzando porcentajes promedio superiores.

Señaló también la vulneración del debido proceso, en sus vertientes del derecho a la defensa y la seguridad jurídica, destacando que la aplicación de normas ambiguas o retroactivas genera inseguridad jurídica y afecta dichas garantías. Añadió que la cancelación de la personalidad jurídica implicaría desconocer la voluntad del electorado, afectando la democracia representativa y el pluralismo político, conforme a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

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