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TCP

0121/2026-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
19 de febrero de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 0121/2026-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0121/2026-S1 Sucre, 19 de febrero de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional

Expediente: 58912-2023-118-AAC Departamento: Tarija

En revisión la Resolución 71/2023 de 5 de octubre, cursante de fs. 215 a 220 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rossio Lima Gutiérrez contra Henry Lucas Ara Pérez y Nora Herminia Mamani Cabrera, ex y actual Contralor, Clara María Hiza Zuñiga de Franco, Gerente Departamental a.i.; Ingrid Nelva Morales Arenas, Gerente de Auditoría de la Gerencia Departamental, ambas del departamento de Tarija; y, Sandra Quiroga Solano, Sub Contralora de Gobiernos Departamentales, todos de la Contraloría General del Estado (CGE).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1.1. Contenido de la demanda

La accionante, por memorial presentado el 22 de septiembre de 2023, cursante de fs. 4 a 33, manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho.

I.1.2. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso de auditoría especial sobre la ejecución del proyecto de "Construcción Complejo Deportivo Palos Blancos" en las gestiones 2012 al 2020, a cargo de la Sub Gobernación de O' Connor del departamento de Tarija, se la implicó en su calidad de Asesora Legal del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, por presuntamente asesorar incorrectamente en la emisión de la Resolución Administrativa (RA) 502/2014 de 25 de diciembre, sin considerar en dicha evaluación el marco jurídico institucional que estableció un cambio de las atribuciones de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) y las entidades descentralizadas, cuya competencia de asesoramiento corresponde a la Dirección Jurídica que asesora directamente a la MAE y no así su persona, sin que primero se haya determinado responsabilidad para la Unidad.

Posteriormente, hizo notar que el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija desde el 20 de agosto de 2015, recibió la integralidad del trámite del proceso de contratación por excepción del proyecto señalado, recayendo en ella la responsabilidad de su contratación conjuntamente la Dirección Jurídica y, a pesar que se le requirió complementar la resolución administrativa que aprueba el proceso de contratación, se incurrió en demora y desidia de parte de sus unidades organizacionales, provocando la anulación de la RA 502/2014, la cual además no contaba con cronograma, cuya anulación respondió a temas políticos, con el fin de evitar que pueda concluirse dicha obra, así como se pretendió culpar de la demora a la Sub Gobernación y a las autoridades de la provincia O' Connor del citado departamento, siendo paradójico que el fundamento por el cual se anuló la citada determinación administrativa sea el transcurso del tiempo; asimismo, se cuestionó que en el "Informe ET/EP25/J21-R1" se concluya que el error causado por la suscrita derive en la anulación de la mencionada Resolución Administrativa, cuando el "Informe Legal 160/2016" emitido por la "Dirección Jurídica" precisó que dicho retraso corresponde a la demora en el plazo, lo que constituye una contradicción. También cuestionó que en las gestiones 2017 y 2018 se atravesaron problemas de carácter técnico provocados por el referido Gobierno Autónomo Departamental, al crear diferentes instancias de revisión y actualización sin observar ninguna premura, motivo por el cual, no es permisible que se le exijan celeridad a las acciones que realizó el 2015.

A pesar de poner en conocimiento esas aclaraciones y denuncias ante las autoridades de la CGE adjuntando los descargos y la prueba correspondientes, con base en los Informes: "Preliminar de Auditoría ET/EP25/J21-R1" y "Complementario ET/EP25/J21 C1 de 3 de diciembre de 2022, le notificaron con el Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-038/2022, consolidando indicios de responsabilidad civil solidaria por Bs11 475 385,10.- (once millones, cuatrocientos setenta y cinco mil, trescientos ochenta y cinco 10/100 bolivianos), pretendiendo responsabilizarla desde su inicio por actos efectuados fuera del término en el que fue servidora pública, ya que ingresó el 20 de julio de 2015; por lo que, no es posible advertir con precisión los elementos configuradores de la presunta responsabilidad, careciendo de explicación sobre las razones fácticas, técnicas y jurídicas, esgrimiendo argumentos contradictorios e insuficientes sobre el nexo causal.

Contra dicha determinación, activó petición de reconsideración y/o corrección y recurso de revocatoria, siendo rechazado el primero y desestimada la revocatoria mediante la Resolución CGE/ 21/2023 de 22 de marzo, manteniendo los defectos en el tratamiento con ausencia de respaldo normativo y explicación pertinente.

I.1.3. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

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