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TCP

0122/2019-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
17 de abril de 2019SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Voto Disidente 0122/2019-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

VOTO DISIDENTE DE LA Sucre, 17 de abril de 2019

SALA SEGUNDA Magistrada Disidente: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional

Expediente: 25089-2018-51-AAC Departamento: Tarija Partes: Wálter Américo Romero Rivera, Carlos Tomás Murillo Maldonado, María del Carmen Estrada Sagredo de Nieves, José Luis Cuevas Segovia, Roque Fernández Valeriano, Pacífico Guzmán Ortiz, Wálter Guido Mendoza Ruiz, Eddy Urbano Aldana Gutiérrez, Franz Williams Sagredo Vaca, José Luis Guerra Valda, Víctor Hugo Nieves Estrada, Sergio Raúl Fernández Paz, Abdon Flores Quispe, Raúl Paniagua Colque, Reino Martín Ávila Ruiz, Saúl Ramiro Bello Condori, Pablo César Burgos Miranda, Víctor Hugo Aramayo Rodríguez, Misael Mamani Tejerina, Miguel Ángel Erazo Ruiz, Antonio Rojas Baldiviezo, Basilio Mamani López, Fidel Yucra Quispe, Oscar Canaviri Rodríguez, María del Carmen Martínez Burgos, Modesto Román Lozada Nogales, Rafael Fernández Alemán, Humberto Ronal Ortega Turca, Luis Anastacio Rueda Avilés, Raúl Virginio Mogro Díaz, Edgar Jaime Ortiz Rodríguez, David Castillo Rivero, Remberto Vásquez Arce, Juan Amador Mealla, Donato Cruz Ruiz, Wildo Marcial Donaire Tórrez, Jaime Ruiz Cuevas, Juan Carlos Barrios Tolaba, Eriberto Edwin Castillo Farfán, César Rueda Aramayo y Edgar Nilo Aramayo Fernández contra Eddy Mamani Jancko, Williams Angles Riveros, Gonzalo Vidaurre Paniagua, Fermín Tejerina Hullampa, Wilson Espinoza Claure y Rolando Freddy Soto Costas, Presidente, Directores del Directorio y Gerente General, respectivamente, de Industrias Agrícolas de Bermejo Sociedad Anónima (IABSA).

I. ANTECEDENTES RELEVANTES DE LA DISIDENCIA

La suscrita Magistrada, si bien está de acuerdo con la mayor parte de los términos dispositivos de la que confirma la Resolución 06/2018 de 30 de julio, pronunciada por el Juez de garantías; y en consecuencia: concede en parte la tutela, determinando la reincorporación de los accionantes a su fuente laboral; dejando sin efecto los Autos de Apertura de procesos internos de despidos de 11 de junio de 2018; y, disponiendo el pago de sueldos devengados únicamente a favor de Jaime Ruiz Cuevas por su condición de progenitor de una persona con discapacidad; y, deniega con relación a la ilegalidad del Reglamento de IABSA y a la cancelación de los sueldos devengados del resto de los impetrantes de tutela trabajadores.

Sin embargo, manifiesto que debió CONFIRMAR en parte la tutela impetrada; pues no estoy de acuerdo con la cancelación de los sueldos devengados únicamente a favor del trabajador que tiene a cargo un hijo con discapacidad; en todo caso considero, que dicha Resolución Constitucional, debió hacer extensible el pago de sus salarios devengados y demás beneficios sociales que la ley establece a todos los accionantes; conforme a los siguientes razonamientos y términos dispositivos:

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA

Los accionantes alegan que los demandados -Gerente General y Directores del Directorio de IABSA, vulneraron sus derechos al trabajo, al salario y a la estabilidad laboral, así como los principios de seguridad jurídica y legalidad, por cuanto:

  1. a)Incumplieron con el compromiso voluntario de reincorporarles a sus fuentes laborales, que consta en el acta de compromiso de 28 de junio de 2018 así como con la Conminatoria 018/2018 de 8 de junio, que ordenó su reincorporación laboral, puesto que, no les permitieron el ingreso a sus fuentes laborales;
  2. b)Se dispuso la constitución de una Comisión Mixta de Despidos con base a un Reglamento ilegal que fue dejado sin efecto por Resolución Ministerial (RM) 728-15 de 6 de octubre de 2015;
  3. c)Se dictó Auto de Apertura de procedimiento interno de despido contra varios de ellos, por abandono injustificado de sus labores, invocando los arts. 16 inc. e) de la Ley General del Trabajo (LGT) y 9 inc. d) de su Decreto Reglamentario, sin considerar que su inconcurrencia al trabajo, respondía a la huelga realizada en defensa de sus derechos, la misma que fue declarada legal por la Jefatura Regional del Trabajo Bermejo; y,
  4. d)En el caso del accionante Jaime Ruiz Cuevas, no se consideró su inamovilidad laboral, por ser padre de un menor con discapacidad; por lo que, solicita:
  5. d.1)La inmediata reincorporación a su fuente laboral, dejando sin efecto los Autos de apertura de la Comisión Mixta de Despido, al ser nulos; y,
  6. d.2)El pago de sus sueldos devengados, así como de los derechos laborales que correspondan.

En consecuencia, correspondía en revisión, que la verifique si tales extremos eran evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto debió analizar los siguientes temas:

  1. i)Presentación directa de la acción de amparo constitucional ante incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral y el estándar jurisprudencial más alto;
  2. ii)Sobre la protección a las personas con discapacidad en situación de dependencia: Garantía de inamovilidad del trabajador; y,
  3. iii)Análisis del caso concreto.

II.1. Presentación directa de la acción de amparo constitucional ante incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral y el estándar jurisprudencial más alto

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en numerosas oportunidades se pronunció sobre el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación dispuesta por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, señalando que en estos casos procede directamente la acción de amparo constitucional. Así, las y 1, establecen que debe hacerse abstracción del principio de subsidiariedad en aquellos casos en los que una trabajadora o trabajador demande la reincorporación a su fuente laboral ante un despido sin causa legal justificada, con el único requisito previo de recurrir a las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo denunciando este hecho, a objeto que estas entidades, una vez establecido el retiro injustificado, conminen al empleador la reincorporación inmediata, en los términos previstos por el DS 0495 de 1 de mayo de 2010; y ante su incumplimiento, se hace viable la tutela constitucional a través de la acción de amparo constitucional; este entendimiento se sustenta en la aplicación de los principios del derecho laboral, vinculados con la problemática jurídica suscitada.

El anterior razonamiento fue modulado en la 2, indicando que para el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación a través de la acción de amparo constitucional, exige como presupuesto adicional, que ésta se encuentre debidamente fundamentada y motivada.

Más adelante, la 3, modula el entendimiento inicial contenido en las referidas y , estableciendo que a efectos de conceder la tutela, debe efectuarse una valoración completa e integral de los hechos y datos del proceso, de las circunstancias y los supuestos derechos vulnerados, haciendo prevalecer la verdad material sobre la formal; señalando expresamente que: "...la sola conminatoria de reincorporación del trabajador a su fuente laboral por parte de las Jefaturas Departamentales de Trabajo, no provoca que, este Tribunal deba conceder la tutela y ordenar su cumplimiento, en su caso, se hará una valoración completa e integral de los hechos y datos del proceso, de las circunstancias y de los supuestos derechos vulnerados".

Finalmente, a través de la 4, el Tribunal Constitucional Plurinacional, modula el entendimiento contenido en la y reconduce la línea jurisprudencial a la ; en ese sentido, se establece que la conminatoria es de cumplimiento inmediato, por lo que su inobservancia habilita la actuación pronta de esta jurisdicción constitucional, al menos que en la tramitación del proceso administrativo se evidencien violaciones del debido proceso.

No obstante a las modulaciones referidas, las , , , entre otras, posteriores a las emitidas el 2012, continuaron aplicando el entendimiento establecido en las y , que conceden la tutela provisional, sin exigir requisitos adicionales vinculados a la fundamentación de la conminatoria o el análisis integral del caso.

Ahora bien, en los casos que este Tribunal concedió la tutela ante incumplimiento de conminatorias de reincorporación, también se pronunciaba sobre los sueldos devengados y otros beneficios sociales establecidos por ley, por entender que forman parte de la reparación que debe brindar la justicia constitucional ante la lesión de los derechos fundamentales. En ese sentido, por ejemplo, la aprueba la Resolución del Tribunal de garantías que concedió la tutela y dispuso la cancelación de los sueldos devengados y demás beneficios sociales. De manera expresa, la , entre otras, luego de conceder la acción de amparo constitucional, dispone la cancelación de sueldos devengados.

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