Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0123/2019-S1 Sucre, 17 de abril de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional
Expediente: 25578-2018-52-AAC Departamento: Beni
En revisión la Resolución 03/2018 de 10 de septiembre, cursante de fs. 155 a 157, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mabel Annette Simón Pereira contra Juan Carlos Candia Saavedra y Emiliano Carlos Sandoval Castellón, Vocales de las Salas Penal y Social y Administrativa, respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; Edgar Esteban Menacho Rojas y Jorge Limpias Parada, actual y ex Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer Primero del mismo departamento.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 13 de julio, 1 y 7 de agosto todos de 2018, cursantes de fs. 30 a 33 vta., 37 y 45 a 48 vta., la accionante, manifestó que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Carlos Iván Salvatierra Melgar y otros, por la presunta comisión de los delitos de falsedad material falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, iniciado como consecuencia de una denuncia interpuesta el 26 de abril de 2010; en mérito al Testimonio de Poder 690/2013 otorgado a su favor por Luis Assad Simón Tobías, participó de la investigación penal en calidad de víctima, razón por la que presentó querella por memorial de 17 de marzo de 2014, la cual fue admitida por el Fiscal de Materia a cargo de la investigación; de manera posterior, Kahtrin Kholer Kreidstein, en su calidad de imputada, interpuso objeción a dicha querella, que fue resuelta el 13 de marzo de 2017 por el ex Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de Beni -hoy codemandado-, siendo declarada probada, bajo el ilegal razonamiento de que su poderconferente no tendría legitimidad ni personería para constituirse en víctima y querellante, al no ser la persona directamente ofendida por la presunta comisión de los delitos denunciados, entendimiento al que arribó efectuando la interpretación del art. 76 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
Ante tal determinación, interpuso recurso de apelación incidental que fue resuelto mediante Auto de Vista 05/2018 de 9 de febrero, por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, -ahora demandados-, que de forma ilegal determinaron la improcedencia de dicho recurso, "...omitiendo de forma dolosa pronunciarse respecto al fondo de la apelación incidental promovida por mi persona..." (sic).
Puntualiza que conforme el art. 291 del CPP, la objeción a la querella solo es procedente ante la inexistencia de los requisitos de admisibilidad contenidos en el art. 290 del mismo Código; y, por la insuficiencia de la personería del querellante; en tal sentido, la querella presentada por su persona sí se enmarcaba dentro de dichos parámetros normativos; y, respecto a la personería de su mandante esta no fue observada en ningún momento por la parte objetante ni por el Ministerio Público, así se tiene del proveído fiscal de 19 de marzo de 2014; sin embargo, -tal cual se tiene referido- el ex Juez codemandado declaró probada la objeción a la querella formulada y los Vocales demandados, omitieron de forma dolosa considerar los argumentos de la apelación incidental formulada, sin valorar en absoluto la instancia procesal en la que se encontraba la causa penal, olvidando la correcta interpretación y objetiva aplicación del art. 76 del mencionado cuerpo legal, por cuanto mal podían dichas autoridades judiciales determinar qué personas serían las directamente ofendidas por los delitos, si el hecho delictivo aún no fue comprobado, involucrando que esta errónea interpretación de la norma procesal penal derive en que no realicen una evaluación integral de las circunstancias existentes dentro del proceso de investigación penal.
I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados
La accionante, alega como vulnerados sus derechos a la tutela judicial efectiva; y, al debido proceso (también invocado como garantía) en su elemento de congruencia; y, al principio de verdad material, citando al efecto los arts. 13, 14.III y IV, 115.1 y 2, 115; 180; y, 410 de la Constitución Política del Estado (CPE)
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