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TCP

0123/2026-CA

Tribunal Constitucional Plurinacional
Resumen del caso

Auto 0123/2026-CA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0123/2026-CA Sucre, 31 marzo de 2026

Expediente: 82732-2026-166-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Santa Cruz

En consulta la Resolución 617/2026 de 12 de marzo, cursante de fs. 49 a 52, pronunciada por la Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, por la que rechazó promover la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Jaime Fernández Chávez, Concejal del municipio de Fernández Alonso por la Alianza Solidaria Popular (ASIP), demandando la inconstitucionalidad del art. 58.I inc. b) de la Ley de Organizaciones Políticas -Ley 1096 de 1 de septiembre de 2018-; y, 11.III del Reglamento de Procedimiento para la Cancelación de Personalidad Jurídica y Gradación de Sanciones, aprobado por Resolución TSE-RSP-ADM 0132/2022 de 30 de marzo y modificada por Resolución TSE-RSP-ADM 0253/2022 de 30 de junio, por ser presuntamente contrarios a los arts. 26, 115, 116.I, 117.I, 119.I, 123, 178.I y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de la solicitud de parte

Por memorial presentado el 11 de marzo de 2026, cursante de fs. 1 a 12, el accionante interpuso acción de control normativo, señalando que el ciudadano Peter Erlwein Beckhauser presentó denuncia de cancelación de personalidad jurídica de la ASIP, la cual se encontraría pendiente de resolución en grado de apelación.

Refiere que el art. 58.II inc. b) de la Ley 1096 es contrario al art. 26 de la CPE, relativo al derecho a la participación política y al ejercicio de la función pública, así como al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad y seguridad jurídica, previstos en los arts. 115.II y 178.I de la misma Norma Suprema. Ello, debido a que dicha disposición no contendría una regulación específica ni taxativa respecto a la posibilidad de cancelación de personalidad jurídica en casos en los que la organización política hubiera obtenido más del 3% de votos válidos en al menos un municipio, máxime cuando, como resultado de dicha votación, se hubiera logrado la elección de autoridades como asambleístas, alcaldes, concejalas y concejales.

Asimismo, respecto al art. 11.III del Reglamento de Procedimiento de Cancelación de Personalidad Jurídica y Gradación de Sanciones, que dispone la aplicación inmediata de la sanción de cancelación de personalidad jurídica a las organizaciones políticas que incurran en las causales previstas en el art. 58 incisos a), b) y c) de la Ley 1096, el accionante sostiene que dicha previsión presume que un informe técnico puede sustituir la garantía del debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, reconocido en el art. 115.II de la CPE.

I.2. Respuesta a la acción

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