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TCPJurisprudencia precedencial reiteradora

0124/2013-L

Tribunal Constitucional Plurinacional
20 de marzo de 2013SALA LIQUIDADORA TRANSITORIA

Ratio decidendi

Concede la acción de amparo constitucional por vulneración al derecho a la debida fundamentación y…

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Resumen del caso

Ficha Jurisprudencial: SCP 0124/2013-L

Concede la acción de amparo constitucional por vulneración al derecho a la debida fundamentación y motivación por cuanto la Jueza accionada no expuso con claridad las razones por las que emitió la Resolución de ampliación de la etapa preparatoria.

Proceso
Jurisprudencia precedencial reiteradora

Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Sintesis de la ratio decidendi

Concede la acción de amparo constitucional por vulneración al derecho a la debida fundamentación y motivación por cuanto la Jueza accionada no expuso con claridad las razones por las que emitió la Resolución de ampliación de la etapa preparatoria.

Extracto de la ratio decidendi

FJ. III.6. "... Asimismo, debe tenerse presente que la jurisprudencia constitucional sostiene que el derecho al debido proceso, entre sus presupuestos exige la debida fundamentación que toda Resolución debe contener, vale decir que, las autoridades que dicten resoluciones además de exponer con claridad los hechos, a efectos de sustentar su determinación, deben realizar la fundamentación legal y efectuar la cita normativa que respalde la parte dispositiva de la misma, teniendo en cuenta que cuando la autoridad jurisdiccional, prescinde de la motivación de una Resolución, no sólo suprime parte estructural de la misma, además conforme la jurisprudencia constitucional sostiene: “se pronuncia una decisión de hecho y no de derecho”, al no tener el sustento legal necesario, vulnerando el debido proceso, que permite que las partes conozcan los motivos por los cuales la autoridad arribó a tal determinación y cuáles las normas que la sustentan, extremo que fue inobservado por la demandada que dictó el Auto Interlocutorio de 9 de marzo de 2011, en el que se advierte la mención al art. 279 del CPP referido al control jurisdiccional, limitándose a efectuar una enunciación de las circunstancias acaecidas y señalar -de forma simple y llana- la existencia de un acto investigativo pendiente de realización, sin efectuar una justificación razonada, jurídicamente aceptable y sin considerar que la fundamentación consiste en justificar la decisión adoptada, proporcionando al efecto una argumentación convincente, basada en la legalidad y racionalidad justificada, y sin señalar como se manifestó en líneas precedentes, cita legal alguna que sustente su determinación, aspectos que al haber sido inadvertidos por la autoridad demandada, denotan lesión al debido proceso, aducido por el accionante."

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0124/2013-L Sucre, 20 de marzo de 2013

SALA LIQUIDADORA TRANSITORIA Magistrado Relator: Dr. Macario Lahor Cortez Chávez Acción de amparo constitucional

Expediente: 2011-23645-48-AAC Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución 20/2012 de 24 de enero, cursante de fs. 169 a 172, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Adolfo Dávila Rivas contra Ximena Lucía Mendizábal Hurtado, Jueza Tercera de Instrucción en lo Penal del departamento de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 25 de abril de 2011, cursante de fs. 112 a 120, el accionante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 15 de mayo de 2010, la Fiscal de Materia presentó ante la autoridad demandada el informe de inicio de investigaciones en su contra, debido a que en un accidente automovilístico -por embarrancamiento- su esposa perdió la vida; culminada la etapa preliminar, el 25 de junio del mismo año, la Fiscal presentó imputación formal en su contra por la supuesta comisión del delito de homicidio en accidente de tránsito, notificándose con la misma el 21 de julio del referido año.

En audiencia de 27 de enero de 2011, solicitó a la Jueza demandada tener en cuenta que habían transcurrido más de seis meses de duración de la etapa preparatoria y que de conformidad al art. 134 del Código de Procedimiento Penal (CPP), conmine al Fiscal para que emita el requerimiento conclusivo, mereciendo el decreto por el cual la Autoridad dispuso conceder al Ministerio Público el término de los diez días para que realice los actuados legales pertinentes, ante dicho decreto opuso recurso de reposición; sin embargo, la Jueza mantuvo incólume el decreto emitido. Posteriormente, la parte querellante solicitó a la Jueza demandada la ampliación de la etapa preparatoria argumentando la falta de realización de una pericia, adhiriéndose al pedido del Fiscal de Materia; ante las mismas, la Jueza de la causa mediante proveído de 26 de febrero del citado año, determinó conminar al Fiscal de Distrito, para que en el plazo de cinco días, se pronuncie en una de las formas previstas por el art. 323 del CPP, dicho decreto fue objeto de reposición por parte del Fiscal y de la parte querellante, ante lo cual, la Jueza -sin disponer el traslado correspondiente- emitió el Auto Interlocutorio de 9 de marzo del mencionado año y repuso el decreto antes mencionado, dejando sin efecto la conminatoria al Fiscal de Distrito, ampliando el plazo para la etapa preparatoria en cuarenta y cinco días más.

La autoridad ahora demandada, no tuvo en cuenta que la querellante, interpuso el recurso de reposición fuera de plazo, sin embargo, de forma ilegal éste se tramitó y fue concedido; empero, el mismo carece de fundamentación al no estar sustentado en una norma procedimental que permita dicha ampliación de plazo, en la etapa preparatoria, por más de seis meses y no haber considerado que el art. 134 del Código Penal (CP) es aplicable a quienes se encuentran involucrados en delitos comunes, no vinculados a organizaciones criminales.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante, considera lesionados sus derechos al debido proceso en sus componentes motivación y fundamentación y a ser juzgado en plazo razonable, citando al efecto los arts. 115.II, y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada, disponiendo la nulidad del Auto Interlocutorio de 9 de marzo de 2011 “y demás actuaciones hasta fs. 53 y vta., manteniendo el Decreto de 27 de enero de 2011…” (sic).

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Descriptores

Confirmadora
Tribunal Constitucional Plurinacional20 de marzo de 20130124/2013-LFuente oficial