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TCP

0124/2019-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
17 de abril de 2019SALA PRIMERA
Resumen del caso

Sentencia 0124/2019-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0124/2019-S1 Sucre, 17 de abril de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional

Expediente: 25592-2018-52-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 283/2018 de 6 de septiembre, cursante a fs. 580 y vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Primitivo Poca Díaz en representación legal de Antenor Lugo Montero contra Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo General a.i. y José Alonso Mendoza Cuevas, Subdirector de Recursos Jerárquicos, ambos de la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 23 de julio de 2018, cursante de fs. 159 a 164 vta., el accionante a través de su representante legal, manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 14 de agosto de 2017, el ómnibus de la Asociación de Transporte Libre Flota "Trans Narváez" que cumplía el servicio público de transporte interdepartamental de pasajeros con ruta La Paz-Tarija, al llegar a la tranca de Pajchani fue interceptado por miembros de la Unidad de Control Aduanero (UCA), quienes en perjuicio de los pasajeros y del medio de transporte retuvieron el vehículo desde horas 10:30 a 17:00, revisando los bultos y encomiendas existentes en el mismo y que pertenecían a los usuarios de transporte los cuales tenían sus respectivas notas de embarque, guías, facturas originales y copias de las Declaraciones Únicas de Importaciones (DUIs); por lo que, ante este hecho se extendió el Acta de Comiso 002871 de igual fecha y que no fue objeto de comiso; sin embargo, posteriormente se marcó con una "x" en la casilla que afirmaba lo contrario, constituyendo ello el primer acto administrativo en base al cual se vulneró su derecho al debido proceso; por tal razón, estaría viciado de nulidad con defectos absolutos y que no fue valorado por la autoridad demandada. Por otra parte, refirió que no le dejaron ingresar al vehículo, a fin de sacar la lista de pasajeros para presentarla como descargo, habiendo sido privado de acceder a estos documentos y a sus objetos personales.

Transcurridos cuatro meses de estos hechos, recién le hicieron conocer la Resolución Sancionatoria TARTI-RC-0926/2017 de 28 de noviembre, inobservando la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-, que establece, que la misma debió ser emitida dentro de los veinte días desde el primer acto.

Habiendo interpuesto "...el Recurso Alzada contra la Resolución ARIT-CBA/RA 0118/2018 de 23 de marzo..." (sic), la sanción es confirmada atribuyendo a su persona una multa como tercero responsable; sin embargo, aclara que su persona como transportista inocente es una cuarta persona, trasuntándose con ello la vulneración de sus derechos; toda vez que, el motorizado se constituye en su instrumento de trabajo y que no es patrimonio de la Asociación de Transporte Libre Flota "Trans Narváez". De la emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1451/2018 de 19 de junio, se evidencia la parcialización con la parte contraria, pues no valoraron los antecedentes, habiéndose devuelto a los pasajeros varios bultos con sus respectivas facturas, pero extrañamente su persona como transportista fue sancionado con una multa.

Los elementos probatorios como son las guías de encomiendas, facturas originales, orden de salida y la lista de pasajeros nunca fueron valorados, no se consideró que no existió la participación del transportista que no está obligado a fiscalizar la documentación, no pudiendo ser responsable de actos de terceras personas, por lo que el comiso del vehículo y la imposición de la multa es injusta, pues el transportista solo cumplió con su trabajo, no habiéndose tampoco valorado que el medio de transporte es propiedad privada y no es patrimonio de la Asociación de Transporte Libre Flota "Trans Narváez" que recibió las encomiendas.

Asimismo, la autoridad jerárquica no valoró que la Aduana tomó placas fotográficas al interior del vehículo sin la intervención de una autoridad imparcial, donde los pasajeros tenían cosas frágiles y cuya mercadería pertenecía a Natalia Laime Mendoza y "Diana Yucra", mismas -es decir las fotografías- que fueron utilizadas en su contra.

Así, su derecho de petición fue vulnerado porque lo referido a la irregular emisión del Acta de Comiso nunca fue respondido por las autoridades demandadas; con relación al derecho al trabajo el mismo fue lesionado justamente porque sus solicitudes de devolución de vehículo no fueron resueltas mediante la Resolución Sancionatoria que no valoró los descargos presentados, perjudicándolo al privarle de su principal instrumento de trabajo consistente en el ómnibus que fue indebidamente retenido por la Aduana Interior de Tarija de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB).

Por otra parte, manifiesta que la ANB vulneró su derecho a la seguridad jurídica, ante la errónea valoración del Acta de Comiso que es viciada de nulidad por lo anteriormente referido, lesionando su derecho a la propiedad privada; toda vez que, ello implica la privación o limitación arbitraria e ilegal de la propiedad derivando en la afectación directa al contenido esencial de dicho derecho.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante legal considera lesionados sus derechos a la petición, a la propiedad privada, al trabajo, y al debido proceso, así como la inobservancia de los principios de seguridad jurídica, legalidad, igualdad y verdad material, citando al efecto los arts. 24, 46.II, 56.I y II y 115.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 21.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 17.1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

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