Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0124/2026-CA Sucre, 1 de abril de 2026
Expediente: 82730-2026-166-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Santa Cruz
En consulta la Resolución 620/2026 de 12 de marzo, cursante de fs. 48 a 51, pronunciada por la Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, por la que rechazó la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Wilmer Lafuente Turpo, Candidato al Concejo Municipal de Fernández Alonso de la organización política Alianza Solidaria Popular (ASIP) demandando la inconstitucionalidad de los arts. 58.I inc. b) de la Ley de Organizaciones Políticas -Ley 1096 de 1 de septiembre de 2018- y 11.III del Reglamento de Procedimiento para la Cancelación de Personalidad Jurídica y Gradación de Sanciones, aprobado por Resolución TSE-RSP-ADM 0132/2022 de 30 de marzo, modificado por la Resolución TSE-RSP-ADM 0253/2022 de 30 de junio, por ser presuntamente contrarios a los arts. 26.I y II, 115.II, 119.I, 123 y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de la solicitud de parte
Por memorial presentado el 11 de marzo de 2026, cursante de fs. 1 a 12, el accionante manifestó que el art. 58.I inc. b) de la Ley 1096, establece que "No haber obtenido al menos el tres por ciento (3%) del total de votos válidos en la última elección a la que concurrieron"; y, el art. 11.III del Reglamento de Procedimiento para la Cancelación de Personalidad Jurídica y Gradación de Sanciones, aprobado por el Tribunal Supremo Electoral por Resolución TSE-RSP-ADM 0132/2022, modificado por Resolución TSE-RSP-ADM 0253/2022- señaló que "Para las causales previstas en los incisos a), b) y c) del parágrafo I del artículo 58 de la Ley 1096 que son de aplicación directa por su carácter inobjetable, la Sala Plena del Tribunal Electoral competente dispondrá mediante resolución expresa la cancelación de la personalidad jurídica con base a los informes técnicos que acrediten el hecho generador y dará aplicación al artículo 62 de la Ley 1096 por la instancia técnica pertinente" (sic), las dos normas refutadas de inconstitucionalidad, son contrarias a los arts. 58.I de la Ley 1096 y 26 de la CPE, derecho de participación política y al ejercicio de la función pública y al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad y de seguridad jurídica; por lo que, una norma es ambigua o imprecisa, previstos y desarrollados en los art. 115.II, 123, 178.I de la Norma Suprema -respectivamente el derecho a la defensa, irretroactividad de la ley, al debido proceso en su vertiente de seguridad jurídica-; y, el bloque de constitucionalidad -arts. 8 y 23 de la CADH-.
La organización política ASIP obtuvo el 3% de votación en ocho municipios de Santa Cruz, en las elecciones subnacionales de 7 de marzo de 2021, incluyendo la elección de un alcalde, un asambleísta departamental y varias concejalas y concejales. La norma que se pretende aplicar en ese caso contienen vacíos normativos, no aclara si la sanción de cancelación de personalidad jurídica se aplica cuando se obtuvieron porcentajes iguales o mayores al 3% en uno o más municipios, al tratarse de elecciones departamentales y municipales, más aún si como resultado de ello, se consagra el principio de soberanía y representación popular y las autoridades electas por el voto del pueblo no se les puede desconocer su derecho al ejercicio de mando.
Sobre el art. 11.III del Reglamento de Procedimiento para la Cancelación de Personalidad Jurídica y Gradación de Sanciones, aprobado por Resolución TSE-RSP-ADM 0132/2022, modificado por Resolución TSE-RSP-ADM 0253/2022, dispone la aplicación directa de la sanción de la cancelación de personalidad jurídica de la ASIP, la denuncia se hubiese iniciado de oficio; lo cual, no es comprensible y menos razonable, sin que exista previsión legal expresa emitida por la Asamblea Legislativa Plurinacional, realizado el test de comparación constitucional entre la norma infringida, para las causales prevista en el art. 58.I incs. a), b) y c) de la Ley 1096, son de aplicación directa por su carácter inobjetable, el resultado se aplicaría de manera directa, cual si los informes técnicos fuesen infalibles o inobjetables, siendo el error la base esencial del sistema impugnatorio en general, la resolución de restrictiva de derechos, fue aprobado tres años y medio después de la norma que regulo las elecciones Subnacionales de 2021 y se aplicó a un hecho ocurrido el 7 de marzo de 2021; es decir, con un año de retroactividad, colocando a ASIP en total incertidumbre sobre la norma legal aplicable.
I.2. Respuesta a la acción
No consta decreto de traslado de la presente acción normativa, ni respuesta a la misma.
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