Volver a sentencias
TCP

0124/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
9 de marzo de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0124/2026-S3

Proceso
—

Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0124/2026-S3 Sucre, 9 de marzo de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional

Expediente: 52744-2023-106-AAC Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución 05/2023 de 10 de enero, cursante de fs. 307 a 309 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jaime Eduardo Tapia Cortez contra Marco Antonio Goitia Brún, Presidente; Napoleón Reynoso Estrada, Felicidad Betty Torres Córdova, Oscar Crispín Ferrel Baldivieso, Eduardo Arteaga Ribera y Marisol España Barrios, Vocales, todos del Tribunal Nacional de Honor del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (CONALAB).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 29 de noviembre y 6 de diciembre de 2022, cursantes a fs. 1, 126 a 136 vta.; y, 148 a 149, el accionante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

A denuncia de Gustavo Villegas Yáñez, se abrió una causa procesal debido a la supuesta comisión de faltas en el ejercicio de la profesión, por incumplimiento de la iguala que firmó con el denunciante; empero, al haber transcurrido dos años desde su suscripción, éste aseguró que no habría recibido información alguna del caso; sin embargo, refirió que hubiese entregado como pago la suma de $us1 000.- (mil dólares estadounidenses) y que no se hubieran cumplido los compromisos ni se dio información sobre las actuaciones realizadas de su parte.

Por efecto de dicha denuncia, el Tribunal de Honor del Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca (ICACH), emitió la Resolución Sumaria de Primera Instancia TDCH 02/2021 de 26 de marzo, declarando probada la misma, por demostrarse la conculcación de los arts. 40 núm. 4, 5 y 6 y 41 núm. 7, ambos de la Ley 387 -Ley del Ejercicio de la Abogacía de 9 de julio de 2013-, sancionándole con la multa de un salario mínimo nacional por infracción leve y la suspensión temporal del ejercicio profesional por seis meses por infracción grave.

Ante dicha resolución, presentó recurso de apelación expresando como agravios la defectuosa y errónea aplicación del art. 40 núm. 4, 5 y 6 de la precitada normativa, al dictarla sin elementos respaldatorios o que pueda subsumirse a la supuesta falta, remitiéndose simplemente a la denuncia, presumiendo su culpabilidad, sin directrices argumentativas, sin evidencias, sin prueba; no obstante que, en esa instancia recursiva se explicó que, quien tiene la obligación de probar es quien denuncia, aspecto que no se pronunció en la resolución, probándose únicamente la relación de contratación con la iguala, usando también como elemento probatorio a la denuncia con una falsa petición que solo sirve como acto procesal. En la apelación solicitó finalmente, que el Tribunal verifique de qué manera se incurrió en las infracciones endilgadas.

Otro motivo apelado, fue la falta de fundamentación en la resolución sumarial al vulnerarse la garantía del debido proceso, solicitando la verificación de las conclusiones de dicha resolución para ver si estaba probada y jurídicamente fundamentada, al no tener suficiente asidero para comprenderla debido a su falta de fundamentación y motivación al hacer mención genérica de los actuados del proceso, sin otorgar valor alguno a los mismos.

Por otra parte, en un tercer motivo de apelación, refirió sobre la defectuosa aplicación del art. 41.5 de la misma ley, por ausencia probatoria vinculada al caso, al no existir elementos constitutivos de cada numeral dentro de la mencionada Resolución Sumarial; asimismo, se habría omitido la fundamentación y motivación del por qué incurriría en la conducta prevista en el art. 41.7 de ésta norma, relativo al supuesto hecho de retener o no hacer entrega de bienes o documentos que recibió en virtud de la gestión encomendada, cuando no establece un solo elemento básico ni probatorio en relación a las infracciones.

Como último motivo de apelación, arguyó la falta de valoración probatoria e ilegal presunción de culpabilidad, pues la nota de igual profesional, testimonio de poder, nota de conciliación y denuncia presentada, son pruebas impertinentes para poder fallar en el fondo y establecer la concurrencia de los elementos configuradores de los numerales del art. 41 de la Ley 387, extremos que vulneraron las reglas de la sana crítica, colocando al denunciado como el que debe probar su inocencia en los cargos, presumiendo así su culpabilidad en discordancia con la Constitución Política del Estado (CPE), cuando las supuestas infracciones debieron ser acreditadas debidamente, pues quien denuncia debe probar la veracidad de su pretensión.

De ello es que, el Tribunal Nacional de Honor del CONALAB, emitió la Resolución de 18 de mayo de 2022, que es objeto de la presente acción tutelar, en la que se confirmó totalmente la Resolución de 26 de marzo de 2021 emitida por el ICACH, sin tomar en cuenta los cuatro agravios presentados de su parte en la apelación, al no responder ninguno de ellos, ni haciendo mención al recurso presentado y menos abordar lo reclamado de la resolución apelada, siendo ese mecanismo de defensa el que abrió competencia a dicho Tribunal de Honor de conformidad al art. 35 in fine de la Ley 387.

Lo previamente detallado comprueba que la señalada Resolución vulneró su derecho al debido proceso en su componente de legalidad; ya que, al haberse apelado con cuatro agravios plenamente identificados, dicho tribunal no dio respuesta a ninguno de éstos, sustrayéndose del análisis respecto a la apelación presentada y dictando una resolución con una simple trascripción defectuosa sin el análisis del recurso presentado.

La violación al debido proceso en su vertiente de fundamentación también es reclamada; toda vez que, la resolución de alzada omitió dar respuesta específica y fundamentada de los agravios expresados en la apelación planteada, limitándose a confirmar la decisión inferior que, no obstante, de haberse presentado el señalado recurso, éste fue desconocido, vulnerando de esa manera su derecho a impugnar, puesto que no se la mencionó ni consideró en la Resolución de 18 de mayo de 2022.

Mostrando 18 de 90 parrafos.

Lee el fallo completo con Pixi Lector

Estás viendo aproximadamente el primer 20% del fallo. Activa Pixi Lector para acceder al texto íntegro y al PDF original completo.

Bs. 20/mesPixi Lector

  • Texto íntegro de las sentencias del TCP y TSJ
  • PDF oficial de cada resolución, listo para descargar
  • Citas listas para usar en tus escritos

¿Necesitas también el asistente IA? Compara todos los planes

Tribunal Constitucional Plurinacional9 de marzo de 20260124/2026-S3Fuente oficial