0125/2022-S3

Marco Antonio Cossio Viorel, Fiscal Departamental de La Paz, mediante informe escrito, cursante de fs. 62 a 66 vta., refirió que:

1. a)La Resolución FDLP/MACV/R 331/2020, que revocó el rechazo -emitida en el caso LPZ1414705-, está conforme con las exigencias del debido proceso en su vertiente del non bis idem;
2. b)En relación al primer caso -LPZ1412931-, si bien hay identidad de sujeto; empero, no es el mismo hecho fáctico; por cuanto, en este segundo se tiene que la -ahora accionante- aprovechándose de sus funciones, usó indebidamente sus influencias en beneficio propio y en detrimento del patrimonio del paciente, quien es de escasos recursos; por lo cual se inició en su contra el proceso por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, y de extorsión, siendo que la impetrante de tutela pretendió quitarle el bien inmueble a la esposa del paciente si no le devolvía el dinero otorgado en calidad de préstamo;
3. c)Mientras, en el primer caso, se tiene como hecho de investigación que la peticionante de tutela como Trabajadora Social del Hospital de Clínicas de la ciudad de La Paz, otorgó un préstamo a Ana del Carmen Chambi Hinojosa con el 5% de interés, quién además era objeto de amenazas y extorsión, iniciándose investigación por la presunta comisión de los delitos de usura y extorsión;
4. d)No se transgredió la prohibición del doble juzgamiento, ya que los hechos descritos precedentemente son diferentes; y,
5. e)Por lo expuesto, se deniegue la tutela, por cuanto la cuestionada Resolución no lesionó derechos y/o garantías constitucionales.

Lily Tricia Marín Miranda, Jefa; Lidia Paz Cuaricona y Susy Marysol Calderón Marín, todas de la Unidad de Asesoría Jurídica del Servicio Departamental de Salud (SEDES) de La Paz, mediante escrito, cursante de fs. 111 a 114, indicaron que:

1. 1)El 6 de octubre de 2014, el entonces Director Técnico del SEDES presentó denuncia contra la accionante por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y extorsión, emitiéndose la Resolución de Rechazo BRFC/CP/MMC-R 007/2016 de 27 de junio, refiriendo que no se tenía elementos de convicción para fundar una imputación formal;
2. 2)Objetado el rechazo, se dictó la Resolución FDLP/EJBS/R 1396/2017 de 4 de agosto, revocando la indicada Resolución de Rechazo, ordenando continuar con las investigaciones y realizar las actuaciones necesarias para el esclarecimiento del caso;
3. 3)Se tiene también Resolución de Rechazo CORP. 186-2018 de 4 de abril, que se fundamentó en el transcurso del tiempo racional y suficiente; sin embargo, también refirió que la denunciada no fue notificada con la denuncia, así como tampoco cursa declaración informativa; producto de la objeción planteada a dicho rechazo, se emitió la Resolución FDLP/EJBS/R 1387/2018 de 3 de octubre, se revocó la citada Resolución CORP. 186/2018, disponiéndose continuar con las investigaciones y realizar las actuaciones necesarias para el esclarecimiento del hecho;
4. 4)Resolución 483-A/2019 de 7 de agosto, emitido por el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, que declaró fundado el incidente de actividad procesal defectuosa promovido por la defensa técnica de la imputada -ahora impetrante de tutela-, disponiendo dejar sin efecto la Resolución de Imputación Formal 25/2019 de 12 de marzo de "2018";
5. 5)También, por Resolución FDLP/MACV/R 331/2020, se revocó la Resolución de Rechazo RES.RECH. 002/2020 de 9 de enero; y,
6. 6)La causa está en etapa preliminar y de los actuados se tiene que la peticionante de tutela tiene una actitud evasiva y renuente para someterse al proceso, realizando actos dilatorios que provocaron la extensión del mismo.

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 023/2021 de 28 de enero, cursante de fs. 150 a 154, denegó la tutela solicitada, sobre la base de los siguientes fundamentos:

1. i)La accionante no refiere a una sanción que se hubiere asumido sino al procesamiento del cual está siendo objeto en el marco del nuevo caso en su contra signado como LPZ1414705;
2. ii)La Resolución FDLP/MACV/R 331/2020, emitida por el Fiscal Departamental ahora accionado, no asumió una decisión de fondo respecto de la situación de la impetrante de tutela, pues de su contenido se tiene que se cuestionó el incumplimiento de actos de investigación, que no fueron materializadas conforme a Resoluciones fiscales anteriores y lo único que generó es la recomendación a la Fiscal de Materia de "...acoger todo los actos de investigación recomendadas mediante Resolución Fiscal No. 1396/2017 de fecha 4 de agosto de 2010, teniéndose en consecuencia, que a partir de la toma de una decisión de fondo respecto a la denuncia instaurada contra la accionante, esta Sala Constitucional no advierte que la autoridad fiscal hubiese generado la vulneración de la garantía del non bis in idem" (sic);
3. iii)De los antecedentes, advierten que los hechos que generaron la investigación del caso LPZ1412931, independientemente de tener el mismo sujeto activo -Dirección del Hospital de Clínicas o la Dirección Técnica del SEDES-, la denuncia fue presentada por la presunta comisión de los delitos de usura y extorsión;
4. iv)La segunda denuncia presentada únicamente por el Director Técnico del SEDES, si bien efectúa un extracto de antecedentes de la primera, a tiempo de individualizar los delitos identificó otra serie de aspectos vinculados al uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y extorsión, precisando por qué razones o cuál sería el mérito fáctico para concluir que la accionante se hubo subsumido a esos delitos;
5. v)Teniéndose que el objeto fáctico por el cual se apertura el caso LPZ1414705 en relación al caso LPZ1412931, es completamente diferente, no se advierte que se esté sometiendo a la impetrante de tutela a un procesamiento por similares hechos que ya hubiesen sido dilucidados a partir del rechazo de la denuncia -Resolución 67/2015-; y,
6. vi)Incluso del resultado del proceso administrativo interno instaurado contra la peticionante de tutela, se entiende que el objeto "factual", en cuanto al mérito de hechos por los que se aperturó el caso LPZ1414705, es completamente diferente al resuelto anteriormente, no transgrediéndose la prohibición del doble juzgamiento.

La accionante presentó memorial de 29 de enero de 2021 (fs. 165 a 166), solicitando aclaración y complementación, en cuyo mérito la mencionada Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz emitió Resolución de 1 de febrero de igual año, disponiendo sin lugar a lo peticionado; sin embargo, aclaró que:

1. a)Efectuó un lectura in extenso de las denuncias presentadas el 26 de septiembre y 6 de noviembre de 2014, sumado al hecho de haber evidenciado que la Resolución FDLP/MACV/R 331/2020, no asumió una decisión de fondo sobre la situación de la impetrante de tutela; y,
2. b)No le compete a la jurisdicción constitucional determinar si el delito de extorsión en ambos casos tienen la misma base fáctica o si son dos hechos diferentes para dar lugar a dos delitos de extorsión diferentes en ambos casos, concluyéndose que "...si bien ambas denuncias de inicio hacen referencia a similares hechos, la segunda denuncia presentada por el 'Director Técnico del SEDES La Paz', postulo una ampliación de hechos sobre la presunta comisión de los delitos de Uso Indebido de Influencias, Incumplimiento de Deberes y Extorsión, mismos que entiende esta jurisdicción serán objeto de análisis por autoridad competente" (sic).