0126/2022-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0126/2022-S1 Sucre, 25 de abril de 2022

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 39104-2021-79-AAC Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución 41/2021 de 7 de abril, cursante de fs. 88 a 92 pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Iber Carvajal Moya contra Rufo Nivardo Vásquez Mercado y Gregorio Aro Rasguido, Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1.Contenido de la demanda

A través de memoriales presentados el 1 y 10 de marzo de 2021 cursantes de fs. 45 a 50 y 53 a 54, el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Interpuso una demanda de Desalojo por avasallamiento, y para demostrar su derecho propietario presentó el Testimonio de Escritura Judicial 464/2014 registrado en Derechos Reales; sin embargo, el Juez de la causa observó el mismo y solicitó que presente títulos de propiedad conforme al proceso de saneamiento del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para acreditar el derecho de propiedad.

Mediante recurso de Reposición solicitó sea valorado el documento antes citado para acreditar el derecho propietario, que considera idóneo y que así fue reconocido en el "Auto Agroambiental S1-0058/2014" que lo estableció por válido, pero se le dijo que la escritura judicial fue anulada en la demanda de Nulidad de títulos ejecutoriales, y que en ese proceso, la Sala Primera no repuso su valor jurídico del documento de propiedad guardando silencio sobre la jurisprudencia citada, por ello, al vencimiento del plazo para cumplir lo dispuesto, declaró por no presentada su demanda, lo que implica que no se valoró ni positiva o negativamente ese documento público, ni explicaron por qué razones no es aplicable al caso dicha jurisprudencia.

Ante ello planteó recurso de Casación, cuestionando la omisión de valoración del documento que demuestra su derecho de propiedad; así como la arbitrariedad del juez de la causa al exigir la presentación de títulos ejecutoriales emitido conforme al proceso de saneamiento (que no es exigido por ley ni por la jurisprudencia), solicitando que los Magistrados expliquen las razones jurídicas del porqué ese documento no acredita el derecho propietario sobre el terreno avasallado, siendo que los Magistrados no se pronunciaron sobre estos reclamos puntuales del recurso de casación, esta omisión, fue reclamada incluso mediante complementación que fue declarada inadmisible por extemporánea (5 minutos después de vencido el plazo de 24 horas). El Juez de la causa, actuó arbitrariamente al exigir título de propiedad emitido por el INRA como condición para admitir la demanda, desconociendo la finalidad de la Ley Contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras -Ley 477 de 30 de diciembre de 2013-, omitió aplicar la jurisprudencia, y las autoridades demandadas omitieron pronunciarse sobre los temas centrales del recurso de casación, limitándose a señalar que el Juez actuó correctamente, siendo parte de la arbitrariedad que violenta sus derechos constitucionales, incumpliendo su deber de dar respuesta motivada a cada uno de los puntos del recurso de casación y corregir los errores incurridos por el Juez de la causa al declarar por no presentada la demanda, fundado en un hecho no exigido por ley como condición previa para admitir la demanda de avasallamiento.

Los hechos que motivan la presente acción de amparo constitucional son los siguientes: incorrecta y restrictiva comprensión del art. 5.I.1 de la Ley 477 porque al amparo de la norma citada señalaron que el derecho propietario para avasallamiento se debe acreditar únicamente mediante título ejecutorial emitido por el INRA eliminando el acceso a la justicia por vía del proceso de avasallamiento de predios que cuenten con Escrituras Públicas registradas en Derechos Reales. Los Magistrados demandados al aplicar la norma en sentido que el derecho propietario se debe acreditar únicamente mediante título ejecutorial del INRA, incurrieron en un entendimiento restrictivo de la misma, concluyendo que la acción de avasallamiento está reservada exclusivamente para defender propiedades saneadas por el INRA, razonamiento que elimina el acceso a la justicia de todas las personas que cuentan simplemente con escrituras públicas registradas en Derechos Reales, lo que es inaceptable, porque las normas procesales deben entenderse en el sentido menos restrictivo el derecho al acceso a la justicia y que materialice el principio pro actione; ese aspecto no se encuentra previsto expresamente en la Ley 477 que solo exige acreditar el derecho propietario.

Vulneración del derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial y efectiva porque mediante el Auto Agroambiental Plurinacional S2da 026/2020 de 12 de agosto, ratificaron la decisión de declarar por no presentada su demanda por falta de acreditación del derecho propietario mediante título emitido por el INRA, exigencia no prevista en la Ley 477, en franco desconocimiento del art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

Violación al debido proceso por desconocimiento del cuestionamiento central del recurso de casación; es decir, existió incongruencia externa porque no dieron respuesta al cuestionamiento central del recurso de casación respecto a la idoneidad del Testimonio de Escritura Pública 464/2014, pese a reconocer que el referido documento no fue anulado por ninguna resolución judicial, pero no se pronunciaron sobre su contenido indicando porqué motivos no es idóneo para acreditar su derecho propietario.

Falta de motivación porque en su respuesta al problema central del recurso de casación señalaron que no se presentó ningún documento idóneo para acreditar el derecho propietario y que la observación a la demanda por parte del Juez fue correcta, pero sin explicar por qué no sería prueba legal el Testimonio 464/2014 registrado en Derechos Reales.

Incurrieron en mala interpretación y aplicación indebida del art. 226 del Código Procesal Constitucional (CPCo) que es aplicable por supletoriedad en la materia al haber rechazado y declarado inadmisible la solicitud de complementación y enmienda al haber afirmado que el cómputo del plazo por la presentación de dicho medio se debe realizar de momento a momento, realizando una interpretación restrictiva; pero, en la norma procesal civil vigente, los plazos están fijados en días y se computan desde el día siguiente hábil -art. 90 del Código Procesal Civil (CPC)- aplicable al caso de solicitud de complementación.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos falta de congruencia y de motivación, errónea interpretación del art. 226 del CPC y al acceso a la justicia o tutela judicial efectiva; señalando al efecto los arts. 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32 128 y 129 de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela y se disponga que se deje sin efecto el Auto Agroambiental Plurinacional S2da 026/2020 de 12 de agosto y se disponga que se pronuncie una nueva Resolución.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 6 de enero de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 68 a 79 vta., y de 83 a 87, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

I.2.3. Resolución

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente:

II.1. Mediante Memorial de 16 de enero de 2020, Iber Carvajal Moya (ahora accionante) presentó ante el Juez Agroambiental de Tarabuco del departamento de Chuquisaca, Demanda de Desalojo por avasallamiento a propiedad privada de un bien que se adjudicó producto de un proceso coactivo iniciado por el Banco ECOFUTURO S.A. FFP en contra de Macedonio Lázaro Cabezas y Gregoria Puna Padilla; dicho bien adjudicado es denominado "Ex Fundo Thaq'os" registrado en Derechos Reales bajo la Partida 17447; entretanto se sustanciaba el proceso de ejecución civil, el INRA dio inicio al proceso de saneamiento a la propiedad rural en la comunidad donde se encuentran esos predios y el ex propietario ejecutó un fraude en ese proceso con la finalidad de lograr la titulación de ese predio a favor de sus parientes, y de esa manera no devolver el dinero al Banco y mantener el derecho propietario; por esos motivos interpuso la demanda de desalojo por avasallamiento para proteger su derecho a la propiedad privada, pidiendo que en sentencia se declare probada la misma, ordenando a los demandados a retirarse del predio, dirigiendo la demanda en contra de Andrés Maturano Pinto, Macedonio Lázaro Puma y Gregoria Puma Padilla de Lázaro (fs. 2 a 5).

II.3. Consta Recurso de Reposición presentado por el accionante Iber Carvajal Moya el 27 de enero de 2020, dentro la demanda de Desalojo por avasallamiento seguido contra Macedonio Lázaro Puma y otros, contra el auto (proveído) de 23 de ese mes y año, señalando entre otros, que de una breve lectura a la jurisprudencia transcrita, sin duda que el criterio expuesto en el decreto cuestionado, se contrapone flagrantemente el criterio fijado por el Tribunal de cierre que se constituye en una garantía de igualdad en aplicación de la ley y la garantía de observancia de la jurisprudencia vertical que conforman el debido proceso tutelado por el art. 115 de la CPE; pidiendo sea repuesto en su totalidad y como consecuencia se disponga la admisión de la demanda (fs. 7 a 8).

II.4. Por Auto de 29 de enero de 2019 (lo correcto es 2020) se resolvió el Recurso de Reposición planteado, confirmando y manteniendo firme el proveído impugnado de 23 de enero de 2020, señalando como fundamentos que: Conforme la SAN S1 80/2017 en su parte resolutiva, declaró PROBADA la demanda de nulidad de título ejecutorial interpuesta por Iber Carvajal Moya, así como el proceso de saneamiento del cual emergió, pero solo en relación a la parcela 036 y 059; consecuentemente, se declararon nulos los títulos SPPNAL 188996 y 189013 ambos de 15 de enero de 2010. Resultado de esa nulidad de títulos, el Juez Agroambiental de Sucre, dictó la Sentencia 05/2018 que dispuso que al haberse anulado los títulos SPPNAL 188996 y 189013, conlleva la nulidad de todos los actos de transmisión del derecho de propiedad y como conclusión afirman que las transferencias con arreglo a los títulos ejecutoriales anulados son nulas por disposición de la ley. Que corresponde aclarar que tramitado y concluido el saneamiento se anulan todos los títulos que fueron otorgados por el saneamiento y la nulidad de títulos dispuesto por la Sentencia S1 80/2017 compete solo en las parcelas 036 y 059 y dicha sentencia no restituye la vigencia de los títulos ejecutoriales anulados en el saneamiento, implicando que al haber anulado el Tribunal Agroambiental los títulos ejecutoriales en cuestión, corresponde aplicar el art. 24.I del DS 29215; asimismo, el saneamiento realizado por el INRA previo a titular los terrenos fue anulada igualmente la transferencia judicial realizada en favor de Iber Carvajal Moya, no otra cosa significa que otorgo nuevos títulos SPPNAL 188996 y 189013 correspondientes a las parcelas en cuestión, como así reconoció al haber demandado la nulidad de los títulos ejecutoriales señalados líneas arriba, puesto que en la sentencia del Tribunal Agroambiental que anula los títulos ejecutoriales, no dispone la restitución de la transferencia judicial realizada a favor del recurrente (fs. 9 a 10).

II.5. Mediante Auto de 12 de febrero de 2020, el Juez Agroambiental de Tarabuco del departamento de Chuquisaca, señaló que de la revisión del cuaderno procesal evidencio que el impetrante (demandante) no presentó ningún recurso contra el Auto (de 29 de enero de 2019) que confirmó el proveído impugnado de 23 de enero de 2020 aclarando que una venta realizada con antecedente de un título ejecutorial que fue anulado, ya no surte efectos jurídicos conforme dispone el Auto Agroambiental S1 55/2018. Por Tanto. Al amparo del art. 113 del CPC de aplicación por disposición del art. 78 de la Ley 1715, se dispuso tenerse por no presentada la demanda. (fs. 13).

II.6. Por memorial de 20 de febrero de 2020, Iber Carvajal Moya, presentó Recurso de Casación en el fondo dentro la demanda de Desalojo por avasallamiento seguido contra Macedonio Lázaro Puma y otros, argumentando, entre otros:

"En la resolución recurrida, el Juez incurre en una falacia citando en el AAP 55/2018-S1 para justificar su desconocimiento y apreciación errónea de los alcances de la nulidad del título ejecutorial de los demandados y sus familiares y considerar el valor probatorio del testimonio de transferencia 464/2014, sosteniendo que la jurisprudencia citada dispone que una venta derivada de un título ejecutorial anulado, no tiene valor jurídico; El Auto Agroambiental citado declaró por no presentada la demanda de nulidad de título ejecutorial demandado de nulidad que nada tiene que ver con los hechos facticos del caso que nos ocupa, lo que considera equivocado; Se observó la demanda indicando que no se ha presentado título ejecutorial conforme al actual proceso de saneamiento y se "sugirió" que ese es el único documento idóneo emitido por el INRA; por ello se pidió su pronunciamiento respecto a la valoración asignada al testimonio de transferencia judicial, que fue respondido señalando que en la SAN 80/2017 se dispuso declarar probada la demanda de título ejecutorial, así como el proceso de saneamiento del cual emergió el mismo, consiguientemente se entiende que hasta antes de la nulidad de títulos ejecutoriales dispuesta por el TAN, esos títulos tenían valor legal al haberse anulado los títulos ejecutoriales conlleva la nulidad de todos los actos de transmisión de derecho de propiedad que tenga como antecedente de dominio el título ejecutorial anulado y en conclusión el juez refiere que la transferencia realizada con arreglo de los títulos ejecutoriales anulados son nulas por disposición de la ley...", se puede advertir ha profundizado en sus apreciaciones erróneas señalando incluso que ese documento devenía de un título ejecutorial anulado por lo que carecía de valor legal, y luego sostuvo que ese testimonio debía ser revalidado o repuesto en su valor legal por el tribunal agroambiental en la sentencia que anulaba los títulos ejecutoriales de los demandados y sus parientes; lo primero que se debe señalar es que el testimonio de transferencia judicial, no deviene de los títulos anulados mediante la SA 80/2017; ahora, si el juez de la causa se refiere al anterior proceso de distribución de la tierra, ese proceso no ha sido objeto de nulidad en cuyo antecedente se pronunció la sentencia 80/2017, por ello, sus efectos jurídicos no alcanzan al documento de propiedad presentado en la causa; El juez del caso entendió que la sentencia agroambiental (SA) 080/2017 anula también la escritura judicial de transferencia contenida en el Testimonio 464/2014, error de valoración de la prueba referida al testimonio y la SA 05/2018 porque no dice que se anula la transferencia judicial, la que solo puede ser dejado sin efecto por las partes que intervienen en el caso, o por sentencia judicial por el juez agroambiental, lo que no ha ocurrido, por lo que la conclusión del juez es equivocada; Se desconoce el valor legal de un documento probatorio como es el testimonio de compra judicial, puesto que los instrumentos notariales de negocios jurídicos tienen gran importancia que pueden servir como prueba pre constituida si hay controversia judicial que perpetúan los hechos y manifestaciones de la voluntad de las partes; los efectos inmediatos acompañados de la publicidad implican un valor probatorio de declaración de derechos y obligaciones ya sea en juicio o fuera de él; Se indica que el Tribunal agroambiental al anular los títulos ejecutoriales, no ha repuesto expresamente el valor legal de la Escritura de transferencia judicial; por esa omisión, a criterio del Juez agroambiental ese documento no prueba su derecho propietario, apreciación judicial totalmente equivocada; El juez se olvidó que las Salas del Tribunal Agroambiental no tienen competencia para anular escrituras de transferencias judiciales, y menos para reponer su valor legal dentro de un proceso de nulidad de títulos ejecutoriales, los argumentos expuestos por el Juez, han sido utilizados para declarar por no presentada la demanda; Se ha incurrido en errónea comprensión del art. 5.I.1 de la ley 477, exigiendo requisitos que no se contemplan legalmente para la admisión de la demanda de desalojo por avasallamiento como resulta la presentación ineludible del título ejecutorial a nombre del demandante emitido en el actual proceso de saneamiento, el art. 5.I.1.de la Ley 477 exige acreditar el derecho propietario debidamente registrado en DDRR, pero no dice, ni señala que el único documento que acredita ese derecho idóneo para ser tutelado sea el título ejecutorial, porque el derecho propietario puede ser acreditado por todos los medios de prueba posibles; Y si debido a las características procesales del proceso de avasallamiento la ley exige acreditar el registro en DDRR, ese extremo esta cumplido; Se suprimió el derecho al acceso a la justicia ya que según el art. 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica, se consagra como derechos humanos de toda persona el derecho de acceso a la justicia y al debido proceso, entendiéndose que es la potestad , capacidad y facultad de un apersona para acudir ante la autoridad jurisdiccional competente para demandar se preserve una situación jurídica perturbada que lesiona o desconoce sus derechos e intereses para modificar esa dicha situación; Se lesiona también el derecho de petición señalando el entendimiento asumido en la SC 1068/2010-R de 23 de agosto; además, el propósito de la Ley 477 es precautelar, resguardar y proteger la propiedad privada, individual, colectiva, los bienes del Estado y los de dominio público o tierras fiscales mediante la jurisdicción agroambiental; en ese sentido esta acción puede ser interpuesta por personas privadas, individuales o colectivas, así como por el Estado en resguardo de la propiedad pública o fiscal; al tenor de la ley 439 para la admisión de la demanda, solo se debe acreditar el derecho propietario, no solo con el título ejecutorial, sino también con el Testimonio de Transferencia debidamente registrado en DDRR, Folio Real, documento de compraventa; Dada la característica especial del proceso de desalojo por avasallamiento y tramitación especial que difiere de los procesos orales como el interdicto de retener, adquirir y recobrar la posesión o los de reivindicación, etc, como lo refiere el ANA-S2-0075-2016; asimismo, no estamos frente a una anulación de títulos ejecutoriales de los demandados, sobre ello la SC 0251/2010-R de 31 de mayo que menciona la SC 0551/2005-R de 23 de mayo, precisa que su objeto es la corrección de errores de tipo sustancial o formal que contuviesen las providencias simples de modo que puedan ser separadas mediante su modificación por la intervención del mismo juez o tribunal que lo hubiere dictado, entendimiento que fue recogido por el ordenamiento jurídico a través del cual se busca corregir las posibles anomalías o irregularidades que se presentan en un proceso en base al principio de economía procesal" (sic [fs. 15 a 17 vta.]).

II.7. Consta Auto Agroambiental S2da 026/2020 de 12 de agosto, emitido por la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental que declaró INFUNDADO el recurso de casación en el fondo interpuesto por Iber Carvajal Moya contra el Auto de 12 de febrero de 2020, pronunciada por el Juez Agroambiental de Tarabuco, argumentando:

Por todo lo expuesto, se evidencia que en el recurso de casación, éste Tribunal no encuentra fundamento que descalifique el Auto de 12 de febrero de 2020 pronunciado por el Juez Agroambiental de Tarabuco, al no encontrar violacion y/o vulneración de las normas sustantivas y/o adjetivas, correspondiendo en consecuencia, aplicar lo previsto por el art. 220.II del Código Procesal Civil, aplicable a la materia por disposición supletoria del art 78 de la Ley 1715, modificada por Ley 3545" (sic [fs. 28 a 31]).

II.8. Por memorial de 3 de septiembre de 2020 Iber Carvajal Moya, solicitó ante los Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, Complementación de Fundamentos y Motivación de Valoración Probatoria, alegando que:

"1) Se advierte la omisión de señalamiento de fundamentos para ratificar el criterio de que las únicas propiedades agrarias sujetas a protección mediante las acciones de desalojo por avasallamiento son aquellos predios que cuentan con título ejecutorial emitido conforme al actual proceso de saneamiento o los que tienen antecedente agrario; no se fundamentó, absolutamente nada sobre este aspecto esencial del recurso de casación que ha cuestionado puntualmente como errónea aquella apreciación del Juez de la causa frente a la exigencia de la ley de avasallamiento que pide nada más acreditar el derecho de propiedad registrado en derechos reales sin mencionar el antecedente dominial del predio fundado en título ejecutorial emitido según el proceso de saneamiento; 2)Se cuestionó una mala valoración del testimonio de venta judicial registrado en DDRR como prueba documental para acreditar el derecho de propiedad y su oponibilidad frente a terceros; sobre este punto, no existe en el auto agroambiental motivaciones que sustenten las razones para desconocer el valor del documento público con el valor de prueba plena respecto a su contenido, por lo que pide se motive sus razonamientos dejando claramente establecido si los predios que no cuentan con título ejecutorial emitido en el actual proceso de saneamiento no cuenten con título ejecutorial con antecedente en expediente agrario, no son objeto de protección de ese derecho de propiedad; y, 3) Al resolver el presente caso, han omitido la aplicación de la jurisprudencia agroambiental que reconoce como prueba idónea al documento de compraventa para acreditar el derecho de propiedad y su utilización en las acciones de avasallamiento a predios no saneados por el INRA. Este punto debe ser complementado a efectos de entender el derecho a la igualdad en la aplicación de la Ley y la vinculación horizontal de sus propias resoluciones" (sic [fs. 33 y vta.]).

II.9. Por Auto de 14 de septiembre de 2020 los Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental declararon inadmisible la solicitud de complementación al Auto Agroambiental Plurinacional S2 026/2020 planteada por Iber Carvajal Moya, argumentando que:

"De la revisión del expediente 2897/RCN/2020 su notificación con el Auto Agroambiental S2 026/2020 fue el 2 de septiembre de 2020 a horas 12:02 p.m.; asimismo, consta el memorial de solicitud de complementación, presentado el 03 de septiembre de 2020 a horas 13:49 pm; habiendo presentado fuera de plazo conforme a lo establecido en el parágrafo III del art. III del art. 226 del código Procesal Civil, aplicable a la materia por el régimen de supletoriedad establecido por el art. 78 de la Ley 1715" (sic [fs. 35 y vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso

En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables1, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa.

En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011.R de 26 de septiembre, el cual expresó que:

"el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que el juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia" (el resaltado nos corresponde).

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos (Corte IDH), en el Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") vs. Venezuela2, refirió que:

"77. La Corte ha señalado que la motivación 'es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión'. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.

78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las 'debidas garantías' incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso" (las negrillas son adicionadas).

Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:

"(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad..."

En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, y reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación.

Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador.

En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts. 115.II y 117.I de la CPE, art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos humanos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.

III.2. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso

El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema.

Bajo esa comprensión, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se constituye en un medio para asegurar en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados, no agotan el contenido del debido proceso, puesto que en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando3.

En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto4; empero, esta idea general no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible concluir que la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones:

i. La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes.

ii. La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión5. III.3. De la interpretación de la legalidad ordinaria

Al respecto, la SCP 0049/2020-S1 de 13 de julio, en el marco de la progresividad para el acceso a la justicia constitucional en cuanto a la invocación de tutela respecto a la errónea interpretación de la legalidad ordinaria, fundamentó la aplicación de la línea jurisprudencial más favorable al justiciable, partiendo de la base prevista por el art. 196.I de la CPE6, en la parte en la que se establece que el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene como uno de sus fines precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales, indicando que existe un mandato constitucional para maximizar el acceso a la justicia constitucional y para ello se debe aplicar la interpretación que favorezca la procedencia de las acciones de tutela, cumpliendo así la disposición de los arts. 13 y 256 de la CPE, los cuales a la vez exigen que ante varias interpretaciones o normas jurídicas aplicables a un caso concreto, se debe elegir la más favorable al derecho o garantía constitucional. En ese orden, explicó que -entre otros- se cuenta con los métodos de interpretación histórico, gramatical y teleológico.

Sobre esa base, y retomando el art. 196.I de la CPE, explicó que el Tribunal Constitucional Plurinacional se constituye en el supremo guardián y máximo intérprete de la Constitución, al tener la potestad exclusiva de ejercer el control de constitucionalidad, en cuya misión está la protección efectiva e idónea de los derechos fundamentales de las personas7, es decir, resguarda la supremacía de la Constitución frente al ordenamiento jurídico ordinario, en esa lógica es congruente afirmar que es atribución del Tribunal Constitucional Plurinacional interpretar la Constitución, y de la jurisdicción ordinaria, interpretar el resto del ordenamiento jurídico o lo que es lo mismo, la legalidad infra constitucional u ordinaria, sin perder de vista que la interpretación ejercida por la jurisdicción ordinaria debe darse en el marco de la Constitución Política del Estado, ya que dicha interpretación es susceptible de una revisión constitucional, a través de las diferentes acciones de tutela, según los derechos denunciados de vulnerados.

No obstante teniendo ello claro, la SCP 0049/2020-S1 aludida, recogió el devenir de la jurisprudencia constitucional en torno a ese tema y a las condiciones previstas para ingresar a su revisión; en ese marco, identificó el entendimiento contenido en la SC 1846/2004-R de 30 de noviembre8, cuyo razonamiento fue ratificado por la SC 1917/2004-R de 13 de diciembre9, concluyendo que la interpretación de la legislación infra constitucional corresponde a la jurisdicción común y a la jurisdicción constitucional le compete revisar dicha interpretación, a efectos de verificar si se vulneró algún derecho fundamental, entendiendo de ello que se aplicó un entendimiento amplio para realizar dicha verificación de la interpretación de la legalidad ordinaria, es decir, sin la exigencia del cumplimiento de requisito alguno por parte de los justiciables al fin buscado por ellos; sin embargo, luego se identificó que a partir de la SC 0718/2005-R de 28 de junio10, cambió la línea jurisprudencial a una restrictiva, ya que exigió una carga argumentativa imponiendo el deber de exponer de manera clara y precisa los principios o criterios interpretativos no cumplidos o desconocidos por los jueces o tribunales ordinarios en la interpretación realizada y consiguiente aplicación de la norma interpretada, concluyendo que no era suficiente la simple relación de hechos o la sola enumeración de las normas legales supuestamente infringidas para que la jurisdicción constitucional pueda realizar la labor de verificación requerida por el afectado; así, en esa misma línea y estableciendo mayores requisitos aun la SC 0085/2006-R de 25 de enero11.

-identificando dos requisitos al efecto- remarcó que la posibilidad del análisis de la interpretación que los jueces y tribunales ordinarios realizaron solo se circunscribe a aquellos casos en los que se impugna dicha labor en el recurso constitucional, siempre y cuando expliquen la razón por la que se considera insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, así como también exigió que se explique sobre la identificación de las reglas omitidas al momento de arribar a dicha interpretación, precisando los derechos constitucionales afectados en ese marco de interpretación considerado deficiente por el afectado, y a que debía establecerse el nexo de causalidad entre la cuestionada interpretación y dichos derechos, concluyendo dicho razonamiento constitucional que solo así la denuncia planteada tendría relevancia constitucional.

Asimismo, la mencionada SCP 0049/2020-S1 continuó analizando el citado entendimiento restrictivo y advirtió que el mismo se convirtió en línea jurisprudencial, ya que fue ratificada por la jurisprudencia constitucional posterior, de lo que se entiende que hubo una consolidación restrictiva del alcance y la posibilidad de la revisión de la interpretación de la legalidad ordinaria.

A partir de allí, las SSCC 1038/2011-R de 22 de junio, 1718/2011-R de 7 de noviembre, entre otras, mismas que fueron confirmadas por la SCP 0039/2012 de 26 de marzo, reiterada en la SCP 0878/2014 de 12 de mayo, 0340/2016-S2 de 8 de abril, asumieron que quien pretenda que este Tribunal realice la interpretación de la legalidad ordinaria debía cumplir los siguientes tres requisitos:

En contraste a dicho razonamiento restrictivo, este Tribunal pasó a dictar la SCP 0410/2013 de 27 de marzo12, que retomó la primera línea considerada en este análisis, consistente en la asumida en la SC 1846/2004-R de 30 de noviembre, con la inquietud de no dejar de lado el deber primordial de garantizar el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, entendiendo de ello que lo que motivó esa reconducción de línea fue que los requisitos promovidos por la jurisprudencia constitucional restrictiva interrumpía dicha garantía, enfocándose en lo formal por sobre lo sustancial. A ese efecto, la SCP 0410/2013 de 27 de marzo explicó que, si bien esa carga argumentativa exigida a través del cumplimiento de los requisitos identificados supra guiaban el análisis de la interpretación cuestionada, empero arribó al razonamiento de que los citados requisitos no podían ser considerados insoslayables, provocando así un quiebre en dicha línea restrictiva, ya que pudo advertir la esencia de la finalidad de la jurisdicción constitucional a la hora de recibir el mandato de garantizar los derechos fundamentales, entendiendo que ese mandato solo era posible si no se condicionaba la revisión de la labor interpretativa denunciada de vulneradora de derechos al cumplimiento de dichos requisitos, pues de ese modo se estarían convirtiendo en una forma de dejar pasar un acto inconstitucional solo por aspectos formales, cuando el relato de los hechos realizado por el impetrante de tutela puede ser suficiente para poder evaluar la labor interpretativa cuestionada por éste; al respecto, la indicada SCP 0049/2020-S1 advirtió que dicho razonamiento fue asumido uniformemente por posteriores Sentencias Constitucionales Plurinacionales13.

De la revisión de la evolución de la línea jurisprudencial se advirtió claramente cómo se fue aplicando un razonamiento restrictivo y luego uno amplio en cuanto a la interpretación de la legalidad se refiere y en ese contexto, esta Magistratura, en atención a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.214 de la aludida SCP 0049/2020-S1, en cuanto a la aplicación del estándar más alto, ante la existencia de dos líneas jurisprudenciales contradictorias entre sí, consideró que al haberse incorporado un conjunto de derechos y garantías constitucionales en favor de las personas, que constituye al Estado Plurinacional de Bolivia en un Estado garantista, lo cual emerge también del ya citado art. 196 de la CPE, que prevé la misión de precautelar la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, es un mandato constitucional el ajustar los razonamientos aplicados en la resolución de los casos presentados, al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales (arts. 13.I y 256.I de la CPE).

En ese mérito, ante la existencia de entendimientos contradictorios entre sí, se constituye en un deber el aplicar aquellos que sean más favorables y menos restrictivos para el acceso a la justicia constitucional en cuanto a su invocación de tutela, vía acciones de defensa; por ello, dada la exigencia de carga argumentativa, por un lado, traducida en requisitos para activar la vía constitucional cuando se den vulneraciones en la actividad interpretativa de la legalidad ordinaria y por otro lado, advertida otro razonamiento que no se somete a dicha exigencia, esta Magistratura acoge el criterio más favorable y garantista, es decir, el asumido por la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que se constituye en el estándar más alto de acuerdo a lo desplegado en el Fundamento Jurídico III.115 de la tantas veces mencionada SCP 0049/2020-S1, que explicó la fuerza vinculante de aquel precedente constitucional que contenga el estándar jurisprudencial más alto.

Consiguientemente, dicha Sentencia Constitucional Plurinacional, fundamentó el cambio de razonamiento basado en todas las consideraciones realizadas precedentemente, en los siguientes términos:

Bajo esa comprensión, lo precedentemente descrito, se constituye en un cambio de razonamiento para la suscrita Magistrada, que a partir de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se adhiere a la reflexión constitucional desarrollada en la mencionada SCP 0410/2013, por considerar que, esta desarrolla entendimientos más progresivos para el acceso a la justicia constitucional cuando se denuncia vulneraciones de derechos y garantías fundamentales en la interpretación de la legalidad ordinaria realizada por los jueces o Tribunales ordinarios; es así que la referida jurisprudencia constitucional, en el afán de hacer más accesible la justicia constitucional en relación a estas denuncias, suprimió los requisitos de carga argumentativa exigidos por otras líneas antes vigentes para la interpretación de la legalidad ordinaria. .

En ese marco, reiterando el contenido esencial del razonamiento precedentemente citado, se tiene a bien concluir que la ausencia de carga argumentativa a la hora de denunciarse una errónea interpretación de la legalidad ordinaria -la cual incluye la administrativa-, no importa un óbice para ingresar al fondo de dicha denuncia, es decir, que el Tribunal Constitucional Plurinacional ingresará a revisar la interpretación aludida en base a la denuncia constitucional, realizada a través de las acciones de tutela, y resultado de dicho análisis revisará la interpretación considerada vulneradora de derechos por el impetrante de tutela y como resultado de esa revisión se concederá o denegará la tutela solicitada.

III.4. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional.

Sobre esta línea jurisprudencial esta Magistratura relatora, efectuó un cambio de razonamiento a partir de la SCP 0307/2020-S1 de 12 de agosto, sustentado en el apego a la fuerza vinculante del precedente jurisprudencial con estándar más alto, entendido este como aquella interpretación a través de la cual este Tribunal Constitucional Plurinacional resolvió un problema jurídico de forma más progresiva, que permita efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad, cuya identificación se la realiza a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, y una vez detectada es obligación del juzgador vincularse al estándar más alto; bajo esa comprensión y razonamientos que además están contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, bajo ese entendido la SCP 0307/2020-S1 iniciando ese análisis integral de la línea jurisprudencial respecto a la valoración de la prueba en sede constitucional, comenzó citando a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0092/2018-S1, 0343/2018-S1, 0526/2018-S1, 0615/2018-S1, 0640/2018-S1 y 1021/2019-S1, en las cuales esta Magistratura relatora fue asumiendo una línea de carácter restrictivo16, por cuanto si bien se establecía, que de manera excepcional la jurisdicción constitucional podía revisar la labor probatoria desarrollada en las distintas jurisdicciones ordinarias; empero, condicionaba su apertura a exigencias que los justiciables debían cumplir, teniendo así a la SC 0965/2006-R de 2 de octubre que señala:

"....qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas..."

....en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final..." (el resaltado nos pertenece).

Exigencias que al no ser cumplidas de manera expresa, generaba que esta vía constitucional se vea impedida de realizar esa revisión excepcional de la labor valorativa efectuada por los jueces o tribunales ordinarios, derivando en la denegación de la tutela y por ende se vea restringido el real acceso a la justicia constitucional; así, la citada SCP 0307/2020⁴-S117 reflexionó que tales condicionamientos no guardaban armonía con los principios y valores consagrados en la Constitución Política del Estado y que en atención precisamente al mandato constitucional conferido en el art. 196 de la Ley Fundamental, por el cual este Tribunal Constitucional Plurinacional tiene la misión de velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercer el control de constitucionalidad en resguardo y protección de los derechos y garantías fundamentales -los cuales gozan de igual jerarquía-, así como de los principios y valores; teniendo entre otros, al principio de progresividad, que identificó una segunda línea jurisprudencial que contiene una interpretación más amplia y favorable de los derechos que garantiza el ejercicio legítimo de los mismos, que en este caso tiene que ver con el debido proceso en su elemento de valoración de la prueba.

Así, establecidos tanto los supuestos de procedencia de revisión de valoración, como los presupuestos para efectuar la revisión de la misma, la citada SCP 0297/2018-S2 continuando con ese análisis dinámico, señaló que esa línea jurisprudencial fue modulada por la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que eliminó el requisito de la carga argumentativa, que se exigía para el análisis de fondo de la problemática en cuanto a la valoración de la prueba, señalando que:

Posteriormente, la SCP 0410/2013 de 27 de marzo19 moduló la línea jurisprudencial de referencia y eliminó el requisito de la carga argumentativa que la jurisprudencia exigía para el análisis de fondo de la problemática en esta temática, señalando que las reglas impuestas a la parte accionante referidas a:

"...explicar de modo sistemático y metódico la irrazonabilidad, inequidad, omisión arbitraria, o valoración equivocada de la prueba (...) constituyen instrumentos argumentativos, no causales de denegatoria de la acción de amparo constitucional...".

Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia:

"...se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente" (negrillas agregadas).

Bajo tales razonamientos y luego de un análisis e interpretación de los entendimientos contenidos en dichos fallos que fueron generando línea jurisprudencial en cuanto a la valoración de la prueba en sede constitucional, la tantas veces reiterada sentencia constitucional concluyó que la revisión de la labor valorativa efectuada por la jurisdicción ordinaria se efectuará bajo los siguientes criterios:

2.1) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad;

2.2) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y,

2.3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación.

Criterios que fueron acogidos por esta relatoría en la ya mencionada SCP 0307/2020⁴-S120, considerando que la SCP 0297/2018-S2 constituye en el estándar más alto, al haber también asumido un entendimiento más favorable como el contenido en la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que al eliminar la carga argumentativa como exigencia para que esta jurisdicción efectué la revisión excepcional de la labor valorativa realizada por los jueces y tribunales ordinarios, posibilitó a este Tribunal garantizar un efectivo acceso a la justicia constitucional en resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales; razones por las cuales, esta Magistratura relatora determinó ajustar sus razonamientos al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales consagrados en los arts. 13.I y 256.I de la CPE.

Finalmente, en el marco de todo lo descrito, la SCP 0307/2020-S1 que se describe, concluyó que esta instancia constitucional se encuentra habilitada para efectuar la revisión de la actividad probatoria de otras jurisdicciones sin necesidad de exigir el cumplimiento de presupuestos como:

III.5. Tutela judicial efectiva como garantía jurisdiccional

Al respecto el art. 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica señala: "toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecidas con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter".

El nuevo modelo constitucional progresivo y garantista, también consagra en su catálogo de derechos fundamentales, el derecho de acceso efectivo a la justicia cuando en el art. 115.I de la CPE señala que: "Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos", para ese cometido la Norma Fundamental estableció los principios rectores en los que se debe fundamentar la jurisdicción ordinaria señalando en el art. 180.I que: "La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez"; por lo que, son estos preceptos constitucionales que exigen a los jueces y tribunales aplicar y observar el valor eficacia de la función jurisdiccional, por el que se pueda concebir una noción moderna de tutela judicial efectiva de los derechos y al que los actuales juzgadores deben comprometerse de manera irrenunciable.

En ese marco, el máximo guardián e intérprete de la Constitución Política del Estado como es el Tribunal Constitucional, interpretando el contenido y alcance del derecho a la tutela judicial efectiva, en la SC 1388/2010-R de 21 de septiembre,21 señaló:

"La tutela judicial efectiva comprende la posibilidad de activar o iniciar ante los órganos jurisdiccionales un proceso, en el que obtenga una sentencia fundamentada que declare el derecho de cada una de las partes conforme corresponda en justicia, además implica la posibilidad de poder interponer los recursos que la ley establezca y la eventualidad de obtener el cumplimiento efectivo de la sentencia, con el objeto de garantizar el restablecimiento de una situación jurídica vulnerada, evitando la indefensión, involucrando el acceso a los tribunales; la efectividad de las decisiones judiciales; y el ejercicio del recurso previsto en la ley" (las negrillas son nuestras).

Este entendimiento fue reiterado entre otras por la SC 0492/2011-R de 25 de abril22, SC 1967/2011-R de 28 de noviembre, SCP 0861/2012 de 20 de agosto, SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, en esta última refiriéndose al derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, señaló que:

Siguiendo la normativa y el lineamiento jurisprudencial descrito precedentemente, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0015/2018-S1 de 1 de marzo, citando entre otras la SCP 0404/2013-L de 28 de mayo, establece que:

De lo señalado y descrito en forma precedente se establece que la tutela judicial efectiva implica la posibilidad de activar o iniciar ante los órganos jurisdiccionales un proceso, en el que obtenga una sentencia fundamentada que declare el derecho de cada una de las partes conforme corresponda en justicia, además involucra la posibilidad de poder interponer los recursos que la ley establezca y la eventualidad de obtener el cumplimiento efectivo de la sentencia, con el objeto de garantizar el restablecimiento de una situación jurídica vulnerada, evitando la indefensión, involucrando el acceso a los tribunales; la efectividad de las decisiones judiciales; y el ejercicio del recurso previsto en la ley.

III.6. De la aplicación supletoria del Código Procesal Civil en procesos agrarios

El principio de supletoriedad es un instrumento normativo que permite superar un vacío normativo, sobre todo si conforme se tiene en la jurisdicción agroambiental no se cuenta con figuras como el recurso de reposición, aplicándose en el caso el art. 78 (Régimen de Supletoriedad), que establece que los actos procesales y procedimientos no regulados por la presente Ley, en lo aplicable, se regirán por las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.

Sobre el tema de supletoriedad la jurisprudencia constitucional establecida en la SCP 0858/2014 de 8 de mayo, señala que:

"...la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, en su art. 78 establece: 'Los actos procesales y procedimientos no regulados por la presente Ley, en lo aplicable, se regirán por las disposiciones del Código de Procedimiento Civil'. La norma de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria citada precedentemente, determina que los actos procesales que no han sido regulados por dicha ley, deben regirse por las disposiciones del Código de Procedimiento Civil. Al respecto, cabe referir que la mencionada Ley, no establece una regulación respecto a la ejecución de sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada, en consecuencia, por el régimen de supletoriedad establecido en el art. 78 de dicha Ley corresponde la aplicación de los art. 514 y 517 del CPC, respecto a la ejecución de sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada".

En ese marco considerando que el art. 78 de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA) modificado por Ley 3545 de 28 de noviembre de 2006, refiere la aplicación supletoria del Código de Procedimiento Civil, el mismo que al encontrase abrogado, por el principio de supletoriedad, se hace aplicable a los procesos agrarios las normas previstas en el Código Procesal Civil -Ley 439 de 19 de noviembre de 2013-.

III.7. De la normativa aplicable (Código Procesal Civil, Ley 439 de 19 de noviembre de 2013) PLAZOS PROCESALES ARTÍCULO 89. (CARÁCTER).