Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0127/2019-CA Sucre, 10 de junio de 2019
Expediente: 29136-2019-59-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: La Paz
En consulta la Resolución TEDLP 086/2019 S.C. de 23 de mayo, cursante de fs. 77 a 79, pronunciada por la Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental de La Paz, por la que rechazó la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad concreta formulada por Franklin Marcelo Valdéz Alarcón demandando la inconstitucionalidad del art. 61 del Reglamento Interno Personal del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), por ser presuntamente contrario a los arts. 115.II y 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de la solicitud de parte
Por memorial presentado el 23 de mayo de 2019, cursante de fs. 71 a 76 vta., el accionante refiere que dentro del sumario informativo seguido por el Tribunal Electoral Departamental de La Paz en su contra, fue citado con la Resolución Auto TEDLP-, de inicio de sumario administrativo por supuestas faltas cometidas por su persona cuando era Vocal del referido Tribunal, proceso seguido por la Autoridad Sumariante del Tribunal Electoral Departamental de La Paz quien llegó a dictar la Resolución de Sumario Administrativo TEDLP-JS 001/2019 de 22 de abril, la cual impugnó pero fue ratificada mediante la Resolución de Recurso de Revocatoria 001/2019 de 10 de mayo, por lo cual interpuso recurso jerárquico, el cual fue remitido por el Juez Sumariante del Tribunal Electoral Departamental de La Paz, recurso que a la fecha estaría pendiente de resolverse.
Señala que, interpone la acción de inconstitucionalidad concreta contra el art. 61.II del Reglamento Interno de Personal del OEP, que determina: "Los servidores públicos con dependencia laboral del Órgano Electoral Plurinacional, sin distinción de jerarquía y calidad, asumen plena responsabilidad por sus acciones y omisiones de conformidad a lo establecido por la Ley 1178 y sus disposiciones reglamentarias debiendo en consecuencia responder ante la autoridad o instancia correspondiente por el desempeño de sus funciones, deberes, atribuciones y los resultados del mismo".
Refiere que, es atribución del Tribunal Supremo Electoral procesar a los Vocales tanto de ese Tribunal como de los Tribunales Departamentales Electorales, pero que el Juez sumariante del Tribunal Electoral Departamental de La Paz apoyado en el artículo impugnado dictó las diferentes Resoluciones, por lo que las mismas fueron dictadas sin competencia y con invasión privativa del Tribunal Supremo Electoral. Lo que correspondía era que el Reglamento Interno del Personal del OEP previera que la autoridad competente para iniciar sumario administrativo a los ex vocales tanto nacionales como departamentales, es el Tribunal Supremo Electoral, pero al no estar normado de esa manera se atentó contra el derecho al juez natural de los ex vocales departamentales electorales, siendo juzgado por la autoridad sumariante departamental, a pesar de no ser la autoridad llamada por ley para procesarlo en calidad de ex vocal y parte de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del Tribunal Electoral Departamental de La Paz, adecuando su actuar el señalado sumariante al art. 122 de la CPE en cuanto a la nulidad de los actos de personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emana de la ley.
Por lo cual cuestiona el art. 61 del Reglamento Interno de Personal del Órgano Electoral Plurinacional dictado por el Tribunal Supremo Electoral que prevé que los servidores públicos con dependencia laboral del Órgano Electoral Plurinacional sin distinción de jerarquía y calidad, mismo que se encontraría vinculado a la violación del derecho al Juez natural la garantía del debido proceso, así como la competencia privativa del Tribunal Supremo Electoral de procesar a Vocales nacionales y departamentales, norma que es objetivamente contraria a la Ley del Órgano Electoral Plurinacional -Ley 018 de 16 de junio de 2010- y Ley del Régimen Electoral -Ley 026 de 30 de igual mes y año-, por lo que se trataría de una norma inconstitucional, pues estaría yendo contra dos leyes expresas, los Decretos Supremos (DDSS) 23318-A de 3 de noviembre de 1992 y 26237 de 29 de junio de 2001 y el Reglamento del Tribunal Supremo Electoral.
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