Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0127/2026-CA Sucre, 1 de abril de 2026
Expediente: 82729-2026-166-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Santa Cruz
En consulta la Resolución 616/2026 de 12 de marzo, cursante de fs. 47 a 50, pronunciada por la Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, por la que rechazó promover la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Francisca Acuña Carvajal, Candidata al Consejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Fernández Alonso de la Alianza Solidaria Popular (ASIP) demandando la inconstitucionalidad de los arts. 58.I inc. b) de la Ley de Organizaciones Políticas -Ley 1096 de 1 de septiembre de 2018-; 11.III del Reglamento de Procedimiento para la Cancelación de Personalidad Jurídica y Gradación de Sanciones, aprobado por Resolución TSE-RSP-ADM 0132/2022 de 30 de marzo, modificado por Resolución TSE-RSP-ADM 0253/2022 de 30 de junio, por ser presuntamente contrarios a los arts. 26, 115.II, 119.I, 123 y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de la solicitud de parte
Por memorial presentado el 11 de marzo de 2026, cursante de fs. 1 a 12, la accionante manifestó que el art. 58.I inc. b) de la Ley 1096, establece como causal para la cancelación de la personalidad jurídica de las organizaciones políticas el "No haber obtenido al menos el tres por ciento (3%) del total de votos válidos en la última elección a la que concurrieron..." (sic). Asimismo, el art. 11.III del Reglamento de Procedimiento para la Cancelación de Personalidad Jurídica y Gradación de Sanciones, aprobado por Resolución TSE-RSP-ADM 0132/2022 de 30 de marzo y modificado por Resolución TSE-RSP-ADM 0253/2022 de 30 de junio, dispone que: "Para las causales previstas en los incisos a), b) y c) del parágrafo I del artículo 58 de la Ley 1096, que son de aplicación directa por su carácter inobjetable, la Sala Plena del Tribunal Electoral competente dispondrá mediante resolución expresa la cancelación de la personalidad jurídica con base a los informes técnicos que acrediten el hecho generador y dará aplicación al artículo 62 de la Ley 1096 por la instancia técnica pertinente". Ambas disposiciones son contrarias al derecho a la participación política y al ejercicio de la función pública, reconocidos en el art. 26 de la CPE, así como al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, al derecho a la defensa previsto en el art. 115.II de la Ley Fundamental, al principio de irretroactividad de la ley consagrado en el art. 123 de la Norma Suprema y al debido proceso en su vertiente de seguridad jurídica reconocido por el art. 178.I de la misma, además de vulnerar el bloque de constitucionalidad y los arts. 8 y 23 de la CADH. La ASIP obtuvo al menos el 3% de la votación en ocho municipios del departamento de Santa Cruz, durante las elecciones subnacionales de 7 de marzo de 2021, logrando además la elección de un alcalde, un asambleísta departamental y varias concejalas y concejales. En ese contexto, la norma cuya aplicación se pretende contiene vacíos normativos; pues, no aclara si la sanción de cancelación de personalidad jurídica procede cuando la organización política hubiera obtenido porcentajes iguales o superiores al 3% en uno o más municipios, tratándose de elecciones departamentales y municipales. Añadió que una interpretación contraria desconocería el principio de soberanía popular y representación democrática, afectando el ejercicio del mandato conferido por el voto ciudadano a las autoridades electas.
Sobre al art. 11.III del Reglamento de Procedimiento para la Cancelación de Personalidad Jurídica y Gradación de Sanciones, dispone la aplicación directa de la sanción de cancelación de personalidad jurídica de la ASIP, aun cuando la denuncia hubiera sido iniciada de oficio; lo cual, no es comprensible y menos razonable al no existir una previsión legal expresa emitida por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Realizado el test de comparación de constitucionalidad entre la norma infringida para las causales previstas en el art. 58.I incs. a), b) y c) de la Ley 1096, serían de aplicación directa por su supuesto carácter inobjetable, como si los informes técnicos que las sustentan fueran infalibles o no admitieran contradicción, desconociendo que la posibilidad de error constituye uno de los fundamentos esenciales del sistema impugnatorio. Finalmente, la referida disposición reglamentaria, de carácter restrictivo de derechos, fue aprobada con posterioridad a las elecciones subnacionales de 2021 y pretende aplicarse a hechos ocurridos el 7 de marzo de 2021; es decir, con un año de irretroactividad, generando incertidumbre sobre la normativa aplicable.
I.2. Respuesta a la acción
No consta decreto de traslado de la presente acción normativa, ni respuesta a la misma.
I.3. Resolución de la Autoridad Administrativa consultante
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