Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0127/2026-S3 Sucre, 9 de marzo de 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional
Expediente: 55662-2023-112-AAC Departamento: Tarija
En revisión la Resolución 41/2023 de 15 de mayo, cursante de fs. 79 a 83 y vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Teodora Callisaya Vela y Lidia Chipana Callisaya contra Mario Herbas Ibáñez, Comandante del Regimiento de Infantería 20 (RI-20) Teniente Coronel Padilla "Tcnl. Padilla" del departamento de Tarija.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 4 de mayo de 2023, cursante de fs. 41 a 50 y vta., las accionantes manifiestan que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Desde hace más de diez años, han regentado junto a su familia, el quiosco -cantina en la jerga militar- del RI-20 de Padilla, bajo autorización de los comandantes de ese recinto militar, desarrollándose durante este periodo, la actividad consistente en el expendio de alimentos y bebidas no alcohólicas, sin contratiempos; con el fin de optimizar la atención y garantizar la higiene, se invirtió Bs35 000.- (treinta y cinco mil bolivianos), en mejoras y ampliaciones del puesto, cumpliendo puntualmente con el pago de un alquiler mensual, de Bs1 500.- (un mil quinientos bolivianos).
No obstante, en los últimos meses, Mario Herbas Ibáñez, Comandante del RI-20 "Tcnl. Padilla" -ahora demandado-, adoptó una actitud hostil hacia su persona, luego de haber autorizado que su esposa comercializara productos dentro del cuartel; este conflicto surgió particularmente los días sábados -durante la asistencia de los premilitares-, debido a que la clientela prefería acudir de manera voluntaria a su cantina, situación ajena a su responsabilidad, que aparentemente generó malestar en la autoridad militar.
Posteriormente, el 10 de septiembre de 2022, aprovechando su ausencia por una enfermedad de base que le aquejaba, el demandado sorprendió a su hija Lidia Chipana Callisaya -accionante-, haciéndole suscribir un contrato de arrendamiento con varias irregularidades; dicho documento carece de reconocimiento de firmas y rúbricas, y fue suscrito por una autoridad carente de facultades para realizar tales actos administrativos; además de, contener condiciones lesivas y establecer un canon de alquiler desproporcionado de Bs2 000.- (dos mil bolivianos), fijando un plazo de vigencia irreal que ignora las inversiones realizadas en la mejora de la infraestructura, evidenciando que dicho instrumento fue elaborado para facilitar su desalojo unilateral y arbitrario.
El 20 de enero de 2023, sin que medie proceso administrativo o judicial previo, se emitió una nota de servicio conminando al desalojo del quiosco; posteriormente, el 27 del mismo mes y año, se notificó una segunda conminatoria de entrega del bien inmueble, amparándose en normativa de viviendas funcionales del Ejército; finalmente, el 3 de febrero del referido año, se efectuó otra notificación para que en el plazo de siete días calendario, realice la entrega del ambiente asignado.
En respuesta, el 15 de febrero de 2023, Lidia Chipana Callisaya -accionante- presentó un memorial ante el Comandante, cuestionando su competencia para ordenar un desalojo sin orden judicial y advirtiendo sobre el uso de vías de hecho. En dicha misiva, solicitó el cese de actos ilegales, el respeto a su derecho al trabajo y la emisión de facturas por concepto de alquileres; ante el silencio administrativo, interpuso una acción de amparo constitucional y, solo tras la concesión de la tutela, el referido codemandando respondió, aunque sin justificar legalmente su facultad para ejecutar un desalojo unilateral mediante el uso de personal militar del Batallón, quienes como subordinados acataron órdenes para inicialmente desalojarlos y posteriormente no permitir que se acerquen a dichas instalaciones.
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