0128/2019-CA

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0128/2019-CA Sucre, 10 de junio de 2019

Expediente: 29126-2019-59-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Cochabamba

En consulta la Resolución de 20 de mayo de 2019, cursante de fs. 35 a 36 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, por la que rechazó la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Santiago Machaca Quino y María Celile Enrríquez, demandando la inconstitucionalidad del art. 8 de la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, en las modificaciones introducidas al art. 321.V del Código de Procedimiento Penal (CPP), por ser supuestamente contrario a los arts. 13.III y IV, 46, 48.II, 115.II y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de la solicitud de parte

Por memorial presentado el 14 de mayo de 2019, cursante de fs. 28 a 32, los accionantes manifiestan que, dentro del proceso penal promovido por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de falsedad material, ideológica y uso de instrumento falsificado que se les sigue; dentro de las incidencias de los actos preparatorios del juicio, específicamente en el verificativo de la audiencia de "8 de abril de 2019", recusaron a las autoridades jurisdiccionales del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, por las causales previstas en el art. 316.2 y 11 del CPP, solicitando se aparten del conocimiento de la presente causa; empero, mediante Auto de 8 de igual mes y año, en contravención a sus derechos y garantías constitucionales, decidieron rechazar in limine la recusación, multando además a su abogado con la suma de Bs500.- (quinientos bolivianos); ordenando que por Secretaría de su despacho no se recepcione ningún memorial que presente, hasta no hacerse efectivo su pago; en consecuencia, limitando la participación de su abogado defensor, imponiéndole una multa irregular y ejerciendo una facultad excesiva y discrecional, contraria a los postulados de los arts. 13.III y IV, 46, 48.II, 115.II, 119 de la CPE.

A efectos de verificar si el precepto legal, es compatible con la Constitución Política del Estado -transcribe- el art. 321.V del CPP, modificado por el art. 8 de la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, que señala: "...En caso de rechazo de una recusación que hubiere sido declarada manifiestamente infundada, temeraria o abiertamente dilatoria, se interrumpirán los plazos de la prescripción de la acción penal, de la duración de la etapa preparatoria y de duración máxima del proceso, computándose nuevamente los plazos. Consecuentemente la o el Juez o Tribunal, previa advertencia en uso de su poder coercitivo y moderador, impondrá a la o el abogado una sanción pecuniaria equivalente a dos (2) salarios mínimos nacionales, monto de dinero que será depositado en la cuenta del Órgano Judicial. En caso de continuar con la actitud dilatoria, la o el Juez o Tribunal apartará a la o el abogado de la actuación del proceso en particular, designando a un defensor público o de oficio...".

Entendimiento del cual refieren es contrario a los arts. 13.III y IV, 46, 48.II, 115.II, 119 de la Ley Fundamental; toda vez que, se constituye en una limitación del ejercicio del derecho al trabajo previsto por los arts. 46 y 48.II de la Norma Suprema; ya que, en el caso concreto, su abogado ejerce el derecho al trabajo en el ejercicio de su defensa técnica, derecho ahora limitado debido a que no puede presentar memoriales ni asistirles en audiencias, por la imposición de una multa, aspecto que les sitúa en desigualdad frente a la parte acusadora.