Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0128/2019-RCA Sucre, 7 de mayo de 2019
Expediente: 28532-2019-58-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución de 29 de marzo de 2019, cursante de fs. 275 a 277, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Casta Emma de la Riva Vda. de Vargas contra Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizu, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
Por memoriales presentados el 15 y 23 de marzo de 2019, cursantes de fs. 242 a 257; y, 271, respectivamente, la accionante manifestó que interpuso contra José Wilfredo, María del Rosario, Yolanda Montalvo Torrico y Lilia Carrafa de Pinto demanda de proceso ordinario de fraude procesal, que fue declarada probada en cuanto a la declaración de fraude procesal mediante Sentencia que en apelación fue confirmada por Auto de Vista de 2 de junio de 2014, ante ello la codemandada interpuso recurso de casación que fue resuelto por , que de manera anómala, parcializada y con argumentos inconsistentes, resolvió a favor de Lilia Carrafa Méndez de Pinto casando el Auto recurrido, declarando improbada en todas sus partes la demanda principal. Situación por la que presentó acción de amparo constitucional que fue denegada por el Tribunal de garantías, Resolución que fue confirmada por la ; sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional, al advertir la importancia de la prueba presentada para adoptar una decisión acorde a derecho, expidió el , dando lugar a la aclaración y enmienda, disponiendo que el Tribunal Supremo de Justicia se pronuncie respecto a la pertinencia y oportunidad de consideración de la prueba presentada el 11 de febrero de 2015, referida a la sentencia que declaró probada la demanda de falsedad de documento.
Al efecto, los Magistrados ahora demandados emitieron el , fallo apartado de la norma y de los parámetros que debe observar una resolución judicial en cuanto a motivación, fundamentación y congruencia, específicamente en lo relativo al mandato del , puesto que la consideración de la prueba respecto de la cual debían pronunciarse no se referiría al documento de 1963, sino a la Sentencia que declaró probada la demanda de falsedad de documento por el que condena penalmente a Wilfredo Montalvo Torrico; imprecisión e incongruencia que desconoce la verdad material que se desprende de los antecedentes del proceso y específicamente de la prueba presentada con memorial de 11 de febrero de 2015, persistiendo por ello la vulneración de sus derechos. I.2. Derechos supuestamente vulnerados
El accionante estima lesionados sus derechos a la tutela judicial efectiva, a la defensa, al debido proceso en su vertiente falta de fundamentación, motivación y congruencia; inobservancia de los principios de respeto a los derechos que sustentan la potestad de impartir justicia, a la jurisdicción ordinaria, a la eficacia e igualdad de las partes ante el Juez, verdad material y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, citando al efecto los arts. 115, 119, 178.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
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