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TCP

0128/2019-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
17 de abril de 2019SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Voto Disidente 0128/2019-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

}VOTO DISIDENTE DE LA Sucre, 17 de abril de 2019

SALA SEGUNDA Magistrada Disidente: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional

Expediente: 25390-2018-51-AAC Departamento: Santa Cruz Partes: Juan José Lima Magne y Rodolfo Daniel Galdo Asbún en representación legal de la Empresa de Servicios de Maquinaria Pesada Gutiérrez -SERGUT- Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) contra Virginia Regina Santa Cruz Silva, Jueza de Instrucción Penal Novena de la Capital del departamento de La Paz y Omar Alcides Mejillones, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA DE LA DISIDENCIA

La suscrita Magistrada expresa su disidencia con lo resuelto en la , que revocó la Resolución 06/2018 de 29 de agosto, pronunciada por la Jueza Pública Mixta de Familia e Instrucción Penal Primera de La Guardia del departamento de Santa Cruz -constituida en Jueza de garantías- y en consecuencia, denegó la tutela impetrada sin ingresar al fondo de la problemática planteada; siendo que en el caso de autos, correspondía pronunciarse sobre el acto lesivo denunciado en esta acción de tutela, dada la evidente lesión de los derechos a la defensa y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación del accionante, por parte de la autoridad judicial demandada.

En todo caso, considera que debió: CONFIRMAR dicha Resolución Constitucional; y en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, con relación a la Jueza demandada por vulnerar los derechos a la defensa y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación y DENEGAR respecto al Fiscal de Materia codemandado; así como, con referencia al derecho a la propiedad; conforme a los siguientes fundamentos y términos dispositivos:

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA

El accionante alega la vulneración de sus derechos a la propiedad, a la defensa y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación;en razón a que la autoridad judicial demandada rechazó sin ningún fundamento su solicitud de dejar sin efecto la orden de allanamiento; por lo que, solicita se conceda la tutela y se deje sin efecto el proveído de 17 de agosto de 2018 y el requerimiento fiscal de solicitud de allanamiento de 10 de igual mes y año.

En consecuencia, correspondía que la ,verifique si tales extremos eran evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; debiendo desarrollar los siguientes temas:

  1. a)El debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia;
  2. b)Sobre el derecho a la defensa; y,
  3. c)Análisis del caso concreto.

II.1. El debido proceso en sus elementos fundamentación, y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia

El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la 1; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la 2, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.

En el Fundamento Jurídico III.3 de la , se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como son:

  1. a)Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales,
  2. b)Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes,
  3. c)Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto,
  4. d)Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales,
  5. e)Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada,
  6. f)Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la 3, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.

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Tribunal Constitucional Plurinacional17 de abril de 20190128/2019-S2Fuente oficial