Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0128/2026-S1 Sucre, 19 de febrero de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad
Expediente: 78961-2025-158-AL Departamento: Pando
En revisión la Resolución de 7 de noviembre de 2025, cursante de fs. 25 a 27, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Edwin Romero Portillo en representación sin mandato del menor de edad AA contra Delfín Humberto Betancourt Chinchilla, Milena Hurtado Apinaye y Antonio Fagalde Revilla, Vocales de la Sala Civil, Social, Familiar, de la Niñez y Adolescencia, Contencioso y Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 6 de noviembre de 2025, cursante a fs. 6 y vta., manifestó que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Los Vocales ahora accionados confirmaron ilegalmente su detención preventiva determinada mediante "resolución de noviembre de 2025" (sic), basándose en argumentos formales sobre falta de expresión de agravios, presuntos riesgos procesales no demostrados objetivamente y criterios que violan estándares constitucionales y convencionales.
De esa manera, incurrieron en formalismo excesivo al rechazar los agravios por falta de citas normativas específicas, ignorando que el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el derecho a la impugnación efectiva, debiéndose considerar que los agravios fueron expuestos sustancialmente, en cuanto al interés superior del niño, la presunción de inocencia y proporcionalidad; habiéndose eludido el análisis de fondo sobre la no acreditación objetiva de riesgos de fuga y obstaculización, la existencia de arraigo familiar y escolar demostrados.
En ese sentido, la detención preventiva en su contra es arbitraria; por cuanto, carece de motivación idónea sobre los riesgos procesales; ya que, el argumento de falta de domicilio estable no constituye por si solo riesgo de fuga, habiendo presentado certificado de su barrio y de estudios que demuestran arraigo.
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