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TCP

0129/2026-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
19 de febrero de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 0129/2026-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0129/2026-S1 Sucre, 19 de febrero de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional

Expediente: 79009-2025-159-AAC Departamento: Pando

En revisión la Resolución 118/2025 de 13 de noviembre, cursante de fs. 54 a 57 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por María Vanessa Ramallo Endara contra José Luis Méndez Chaurara, Director General Ejecutivo de la Zona Franca Comercial e Industrial (ZOFRA) de Cobija del departamento de Pando.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante por memorial presentado el 5 de noviembre de 2025, cursante de fs. 36 a 41, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Trabajó en ZOFRA de Cobija del departamento de Pando desde el 19 de enero de 2021 hasta la gestión 2025, lo cual comprobó con los aportes realizados a la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) ahora -Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo-, cumpliendo sus funciones siempre en el marco del respeto, la eficiencia y eficacia.

En ese contexto, el 15 de diciembre de 2021, nació su hijo AA; por lo que, ante las dificultades económicas que viene atravesando, solicitó al Director ahora accionado realice el pago en efectivo de los subsidios de asignaciones familiares mediante las siguientes Notas presentadas:

  1. a)El 21 de diciembre de 2021, de subsidio prenatal;
  2. b)El 10 de febrero de 2022, el beneficio de lactancia y natalidad; y,
  3. c)"La Nota de fecha 15/10/2025 Reiterando la solicitud de asignaciones familiares"(sic); refiriendo que dicho pago sea en efectivo -dinero-; puesto que, la otorgación en especie se haría a destiempo. En consecuencia, su empleador tenía conocimiento del nacimiento de su hijo AA; empero, las referidas Notas no fueron tomadas en cuenta, por la autoridad hoy accionada el accionado atentando directamente contra los derechos de su hijo de dos años de edad.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, a la seguridad social y de los niños a percibir las asignaciones familiares; citando al efecto los arts. 45.I.III, 48.I y 60 de la Constitución Política del Estado (CPE). I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga que se realice el pago retroactivo en dinero de las asignaciones familiares correspondientes:

  1. 1)Al subsidios prenatal de cinco meses -junio, julio, agosto, octubre y noviembre de 2021 siendo Bs10 000.- (diez mil bolivianos);
  2. 2)A la natalidad de diciembre de 2021 siendo Bs2 000.- (dos mil bolivianos); y,
  3. 3)Lactancia de doce meses, de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022 siendo Bs24 000.- (veinticuatro mil bolivianos), haciendo un total de Bs36 000.- (treinta y seis mil bolivianos), sea en el plazo de diez días; puesto que, se trata de atención y protección especial de un menor de edad.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 13 de noviembre de 2025, según consta en el acta cursante de fs. 51 a 53, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que:

  1. i)Trabajó en la entidad ahora accionada en las gestiones 2021 y 2022, lo cual se comprueba con los aportes realizados a la Administradora de AFP o a la Gestora Pública de la Seguridad Social a Largo Plazo, dentro de esa relación laboral -el 15 de diciembre de 2021-, nació su hijo AA acreditando con Certificado de Nacimiento, Certificado de Nacido Vivo, cédula de identidad y fotocopia de carnet de discapacidad emitido por el Ministerio de Salud y Deportes;
  2. ii)Mediante varias notas solicitó a la referida entidad el pago de subsidios de lactancia, sin recibir respuesta alguna; siendo una omisión indebida -en la entrega oportuna de los subsidios- en favor de su hijo menor de edad, lo cual vulneró sus derechos a la salud y a las asignaciones familiares, en cuanto a los subsidios prenatal, natalidad y lactancia, dichas asignaciones familiares no fueron "pagadas" en su oportunidad; es decir, durante la gestación, el nacimiento y lactancia, de igual forma, se vulneró los derechos vinculados con la vida y a la salud; motivo por el cual, interpuso la presente acción de amparo constitucional;
  3. iii)El Decreto Supremo (DS) 3546 de 1 de mayo del 2018, establece como obligación del empleador la prestación de asignaciones familiares, correspondientes a los subsidios prenatal, natalidad y lactancia tanto en el sector público como privado, beneficios que no fueron cancelados pese a que solicitó en reiteradas oportunidades a la indicada entidad, conforme a la Resolución Ministerial (RM) 1676 del 22 de noviembre de 2011, con relación a los pagos retroactivos y la compensación de los mismos; vi) Si bien el Director hoy accionado, presentó su informe mediante memorial, el mismo sólo refiere a "meras maneras" de cumplimiento de formalidad; es decir, respecto al tema de subsidiariedad e inmediatez que la accionante debía cumplir; empero, la amplia jurisprudencia, determinó que esa situación debe gestionarse de manera flexible; ya que, se necesita proteger a ese grupo vulnerable, con relación a los derechos de los niños, en razón al principio del interés superior de los niños y más aún, cuando se tiene conocimiento de que el menor de edad, de referencia sufre de una discapacidad, lo que se comprueba con la fotocopia simple del carnet de discapacidad; y, v) Al respecto existe una flexibilidad en cuanto a los principios de subsidiariedad e inmediatez; asimismo, nos habla de congruencia; empero, no se entiende realmente cuál es el objeto de su petición; toda vez que, los hechos están claros, no existió el pago de las asignaciones familiares tampoco, se demostró a través de un documentado el pago de las mismas o alguna certificación que avale de que esos derechos hubiesen sido precautelados por la citada entidad.
I.2.2. Informe de la autoridad accionada

José Luis Méndez Chaurara, Director General Ejecutivo de la Zona Franca Comercial e Industrial (ZOFRA) de Cobija del departamento de Pando, mediante informe presentado el 13 de noviembre de 2025, cursante de fs. 46 a 49 vta., manifestó que:

  1. a)A decir de la accionante los supuestos actos u omisiones que restringen o suprimen derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado, ocurrieron hasta el 15 de octubre de 2025 -Reiteración- por no cancelarse lo reclamado de pagos de subsidios de natalidad y lactancia de su hijo, nacido el 15 de diciembre de 2021, sin embargo las pretensiones de la nombrada no son admisibles por lo siguiente:
  2. 1)La accionante presentó la acción de amparo constitucional fuera del plazo de seis meses de los hechos, que supuestamente hubiesen vulnerado sus derechos y garantías constitucionales;
  3. 2)Asimismo, no agotó la "acción judicial que corresponde" constituyéndose como causal de improcedencia- ante la inobservancia del principio de subsidiariedad desarrollado en la ; y,
  4. 3)No existe congruencia entre "... los hechos expuestos, el petitorio y sujeto pasivo que supuestamente vulnero un derecho constitucional" (sic), conforme estableció la ; y,
  5. b)El DS 25933 de 10 de octubre de 2000, modificado por el DS 4017 de 21 de agosto de 2019, indica que: '"Setenta y cinco por ciento (75%) para ZAFROCOBIJA, distribuido: i. el treinta por ciento (30%) para Programas y proyectos de pre inversión e inversión. ii. cuarenta y cinco por ciento (45%), destinado a gastos operativos y de funcionamiento de ZOFRACOBIJA.'" (sic), en ese orden la entidad ahora accionada no puede exceder el gasto para las operaciones y funcionamiento del 45%, tal como lo requiere la acción de amparo constitucional, generando así responsabilidad para la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE).
I.2.3. Resolución

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