Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0129/2026-S3 Sucre, 9 de marzo de 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional
Expediente: 57244-2023-115-AAC Departamento: Tarija
En revisión la Resolución 47/2023 de 26 de julio, cursante de fs. 221 a 230 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Brenda Isolda Gómez Bravo contra Leónidas Milton Barón Hidalgo, Director General Ejecutivo y miembro del Tribunal de Apelaciones de la Dirección del Notariado Plurinacional (DIRNOPLU).
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 11 de julio de 2023, cursante de fs. 177 a 187; la accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
A denuncia de Rossio Lima Gutiérrez, se instauró en su contra, proceso sumario disciplinario en calidad de Notaria de Fe Pública, por la supuesta falta disciplinaria grave contenida en los arts. 18 inc. b), 20 inc. k) y 105 inc. f) de la Ley del Notariado Plurinacional (LNP) -Ley 483 de 25 de enero de 2014-, denuncia que fue resuelta por el Sumariante Departamental de Tarija, Cochabamba y Chuquisaca, a través de la Resolución Sumaria de Primera Instancia 002/2023 de 3 de febrero; por la cual, se declaró improbada la excepción de exclusión o eximente de responsabilidad; improbada la comisión de la falta disciplinaria establecida en el art. 105 inc. o) de la LNP; y, probada la comisión de la falta disciplinaria relacionada con el art. 105 -faltas graves-; incs. f) incumplimiento de los deberes y prohibiciones establecidas en la Ley 483; en relación al art. 20 -prohibiciones-, inc. k) protocolizar escrituras u otros documentos notariales con fecha distinta a la conclusión del documento; 105 inc. f) en conexión con el art. 1 inc. "g)", inc. b) cumplir sus funciones con profesionalidad, ética, transparencia, responsabilidad, eficacia, asesoramiento, imparcialidad y neutralidad, todos de la Ley del Notariado Plurinacional, disponiendo la sanción de multa de tres salarios mínimos nacionales, previstos en el art. 107 de la Ley 483.
Apelada la referida determinación, se invocó en esa impugnación como primer y quinto punto de apelación, que se acomodó de manera forzada su actuación notarial a la falta, cuando la prohibición no hace referencia al tipo de documento autorizado que es una certificación de firmas y rúbricas y no una escritura pública como erróneamente se afirmó en la resolución sumarial de primera instancia; asimismo, se aclaró la diferencia de ambos documentos, advirtiendo que la certificación de firmas y rúbricas es un documento notarial en el que solo se certifica las firmas de un documento privado cuando conste su autenticidad conforme el art. 65 de la Ley 483; en ese sentido, en ese documento únicamente se puede hacer constar un solo lugar y una sola fecha, que es la fecha de llenado de formulario; es decir, con la primera comparecencia, no existiendo ninguna opción en el indicado formulario para hacer constar fechas o lugares diferentes de la toma de firmas, al tratarse de un formulario pre establecido; igualmente advirtió que el formulario de certificación de firmas sería único a nivel nacional y no proporciona ninguna opción para consignar otra fecha, menos indicar otro lugar de toma de firmas; por lo que, no existe opción de incorporar distintas fechas o lugares en el formulario de certificación de firmas.
En ese sentido manifestó que lo señalado por el Sumariante, respecto a que correspondía indicar el momento de cada una de las tomas de firmas, resultaba un exabrupto al no existir posibilidad material en el formulario referido de consignar lo advertido en la resolución sumarial y que sirvió de fundamento para subsumir su conducta a la falta disciplinaria que derivó en su sanción; situación que fue acreditada de la sola verificación del formulario de certificación de firmas presentado como prueba, en el que claramente se advierte que no cuenta con espacio para describir dos o más lugares diferentes para la nota de firmas y espacios para colocar el día y hora individual de cada firmante.
Igualmente manifiesta que en la apelación formulada se indicó la arbitrariedad de los fundamentos expuestos por el Sumariante, relacionada a que las certificaciones de firmas deban contar con una conclusión en la que se debe hacer constar la fecha en la que concluye el proceso de firmas amparándose en el art. 56 inc. g) de la Ley 483 de la Sección i) que corresponde a las escrituras públicas; por lo que, no concerniría a un documento protocolar y que se encuentra normado en la sección v del art. 65 de la referida Ley, que manda únicamente a que la notaria o el notario certifique firmas de documentos privados cuando le conste su autenticidad, quedando copia de la certificación y del documento en el archivo de la Notaría; sin embargo, la autoridad ahora demandada en la Resolución Final Disciplinaria de Segunda Instancia 029/2023 de 31 de marzo, a tiempo de resolver el primer y quinto punto de apelación, de manera sorprendente confirmaron, consintieron y dieron por bien hecho lo resuelto por el sumariante, bajo el argumento que en su calidad de Notaria de Fe Pública, realizó el Reconocimiento de Firma 1083/2022 de 22 de abril, que fue firmado el mismo día por Belén Dayana Polo Cortez, mientras Bittzen Quispe, firmó el 23 de abril, en el Centro Penitenciario Morros Blancos de Tarija, y en la Declaración Voluntaria 117/2020, se habría consignado como el lugar y la fecha de comparecencia, su oficina de Notaria de Fe Pública el 21 de abril de 2022, siendo incorrecta la misma al no haberse dado la conclusión del acto notarial, incumpliéndose con la unidad del acto conforme el art. 61 del Decreto Supremo (DS) 2189 de 19 de noviembre de 2014 y el art. 56 inc. g) de la Ley 483, no se realizó ninguna nota marginal que aclare donde fue la última firma, que en realidad se dio en el referido centro penitenciario el 23 de abril de 2022, aclaración que necesariamente debía hacerse a través de ese mecanismo, considerando que el reconocimiento de firmas es un documento protocolar conforme la Ley del Notariado Plurinacional, y si bien se realizó el testimonio 0821/2022 de 25 de mayo, de aclaración a la certificación de firmas y rúbricas en la que se tiene una nota marginal, la misma habría sido extemporánea, puesto que antes de la misma el referido reconocimiento de firmas ya ingresó al tráfico jurídico, evidenciando falta de profesionalidad y responsabilidad en el desempeño de sus funciones; en ese sentido se evidencia que el demandado, desconoció el principio de tipicidad, que implica la adecuación de la conducta a los presupuestos que la Ley describe como falta o delito, más aún si en el ejercicio de la potestad punitiva del Estado, no se puede sancionar una conducta que no esté descrita como falta o que no encuadre exactamente a su marco descriptivo, estando prohibida la analogía en el proceso penal y administrativo sancionador; puesto que la falta grave por la cual se le sancionó es la prevista en el art. 105 inc. f) -incumplimiento de los deberes y prohibiciones establecidos en la presente ley- en relación al art. 20 -prohibiciones- inc. k) "protocolizar escrituras u otros documentos notariales con fecha distinta a la conclusión del documento", en conexión con el art. 1 inc. g) -deberes- inc. b) -cumplir sus funciones con profesionalidad, ética, transparencia, responsabilidad, eficiencia, asesoramiento, imparcialidad y neutralidad- todos de la Ley del Notariado Plurinacional.
Manifiesta que de acuerdo a la normativa señalada, queda absolutamente evidenciado y demostrado que el juicio de subsunción o de tipicidad efectuado por el sumariante y convalidado en alzada fue erróneo; puesto que, su conducta o acción respecto al documento de reconocimiento de firmas, no se acomoda a la descripción hipotética de la falta disciplinaria inmersa en el art. 105 inc. f), en relación al art. 20 inc. k) -de la Ley del Notariado Plurinacional-, al no haber incumplido con la prohibición referente a protocolizar escrituras u otros documentos notariales con fecha distinta a la conclusión del documento, debido a que nunca protocolizó el documento, puesto que respecto al mismo que además se constituye en un documento privado, únicamente certificó la firma y rubricas, siendo dos acciones totalmente diferentes; puesto que, de acuerdo a toda la normativa señalada, la certificación y la protocolización tienen procedimientos específicos y diferentes; por lo que, en el caso concreto la certificación se realizó únicamente mediante el llenado del formulario de firmas y rúbricas "1123301", no habiéndose labrado en absoluto el acta de protocolización del documento privado; en consecuencia, nunca se protocolizó el mismo; por lo tanto, el verbo rector de la prohibición inmersa en el art. 20 inc. k) se encuentra ausente en su acción, en ese entendido la misma es atípica, al no existir protocolo o acta de protocolización del documento señalado en el cual se haya incorporado una supuesta fecha distinta de conclusión del acto.
En cuanto a la conclusión del acto, nuevamente se evidencia una errada aplicación de la norma a momento de efectuar el juicio de subsunción o tipicidad, puesto que para encuadrar su conducta a la falta disciplinaria, se alegó que inobservó la unidad del acto de incorporar en el documento una fecha distinta a la de su conclusión, sin considerar que el art. 64 del Reglamento de la Ley del Notariado Plurinacional que hace referencia a la Unidad del Acto, es aplicable únicamente para el proceso de perfeccionamiento de una escritura pública; asimismo, la referida resolución ahora cuestionada de ilegal para confirmar lo resuelto por el sumariante respecto al juicio de subsunción, trajo a colación el art. 56 inc. g) de la Ley 483, que versa sobre la conclusión de una escritura pública, precepto que no tiene nada que ver con un documento privado reconocido; siendo por todo ello su conducta, atípica ante el incumplimiento de la prohibición inmersa en el art. 20 inc. k) de la LNP, al no haberse probado la existencia de acta o protocolo del documento de reconocimiento de firmas, en tal medida tampoco ha podido existir una protocolización de una fecha distinta a la conclusión del documento, puesto que solamente, como ya se dijo, solo éxito una certificación de firmas y rúbricas que es totalmente diferente y que no puede equipararse o pretenderse adecuar, puesto que no se pude sancionar una conducta que no esté descrita como falta o delito o que no se encuadre exactamente a su marco descriptivo, más aún si se encuentra prohibida la analogía en el proceso penal o administrativo sancionados.
Finalmente, en relación a la supuesta falta grave cometida por su persona, vinculada al art. 105 inc. f), respecto al art. 18 inc. b), -cumplir sus funciones con profesionalidad, ética, transparencia, responsabilidad, eficacia, asesoramiento, imparcialidad y neutralidad-, el sumariante afirmó que la señalada falta disciplinaria habría sido probada, indicando que no obró con profesionalidad y responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, por supuestamente incumplir con la Ley del Notariado Plurinacional y su reglamento, al no señalar con precisión el lugar del acto notarial relativo al documento privado de reconocimiento de firmas; al respecto se debe considerar que el documento en cuestión era un documento privado del cual se hizo una certificación de firmas y rúbricas, procediéndose al llenado del formulario correspondiente, el cual no permite consignar distintos lugares y fechas, además el caso se trata de una situación singular, debido a que una de las partes sí firmó en la Notaría y la otra en el Centro Penitenciario Morros Blancos de Tarija, al estar privado de libertad, situación que sin duda alguna hace que existan dos fechas y lugares que igualmente son verdaderos y si bien es cierto que se consignó en el formulario la fecha de la primera firma y no de la última, ello no implica una falta de profesionalismo o responsabilidad, más aún si se tomó en cuenta que no es un reconocimiento habitual, no existe normado un procedimiento especifico, además de no haberse incumplido alguna disipación normativa.
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