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TCP

0130/2026-CA

Tribunal Constitucional Plurinacional
31 de marzo de 2026
Resumen del caso

Auto 0130/2026-CA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0130/2026-CA Sucre, 31 de marzo de 2026

Expediente: 82733-2026-166-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Santa Cruz

En consulta la Resolución 618/2026 de 12 de marzo, cursante de fs. 49 a 52, pronunciada por Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, por la que rechazó la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Luis Alberto Rojas Cruz, Concejal del Gobierno Autónomo Municipal de Fernández Alonso de referido departamento, por la Agrupación Alianza Solidaria Popular (ASIP), demandando la inconstitucionalidad del art. 58.I inc. b) de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) -Ley 1096 de 1 de septiembre de 2018-; y, el art. 11.III del Reglamento de Procedimiento para la Cancelación de Personalidad Jurídica y Gradación de Sanciones, aprobado por Resolución TSE-RSP-ADM 0132/2022 de 30 de marzo, modificada por la Resolución TSE-RSP-ADM 0253/2022 de 30 de junio, por ser presuntamente contrarios a los arts. 26, 115.II, 119.I, 123 y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de la solicitud de parte

Mediante memorial presentado el 11 de marzo de 2026, ante la Sala Plena del TED de Santa Cruz (fs. 1 a 12), el accionante interpuso esta acción de inconstitucionalidad concreta, señalando la existencia de una denuncia de cancelación de personalidad jurídica de ASIP, presentada por Peter Erlwein Beckhauser, cuya resolución habiendo sido apelada, se encontraría pendiente de resolución.

Refiere que el art. 58.I inc. b) de la Ley 1096, resulta contrario al derecho, a la participación política establecido en el art. 26 de la Norma Suprema, así como al ejercicio de la función pública, el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad y seguridad jurídica establecidos en los art. 115.II y 178.I del mismo texto constitucional, al no existir una norma específica o taxativa que contemple la posibilidad de cancelación en casos en los que se haya alcanzado más del 3% de los votos válidos en al menos un municipio, máxime cuando como resultado de dicha votación se consiguió la elección de autoridades -tales como asambleístas, alcaldes, concejalas y concejales-.

Respecto al art. 11.III del Reglamento de Procedimiento de Cancelación de Personalidad Jurídica y Gradación de Sanciones, que establece la inmediata aplicación de la sanción de cancelación de personalidad jurídica a la organización política, que encontrare incursa en las causales del art. 58 incs. a), b) y c) de la Ley 1096, la misma presume que, un informe técnico sustituye a la garantía del debido proceso en su elemento derecho a la defensa, previsto en el art. 115.II de la CPE.

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