0131/2022-S1

Ejerciendo su derecho a recurrir, el 21 de agosto de 2019, formuló recurso de apelación contra la merituada Sentencia, en la que se identificaron errores y omisiones insalvables, además de denunciar una serie de nulidades procesales y sustantivas, la falta de motivación respecto a cada uno de los requisitos de procedencia para el mejor derecho de propiedad y la acción reivindicatoria, que son:

1. a)Los títulos y su inscripción en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.);
2. b)La individualización de los lotes debe tratarse del mismo bien, es decir, lo reclamado por los contendientes; y,
3. c)La ocupación y sobreposición total o parcial, mismos que tenían que ser analizados y controlados por el Tribunal de alzada.

Planteado el recurso de casación en la forma y en el fondo, contra el referido Auto de Vista S.C.C. II 22/"2019" -lo correcto es 2020-, en la forma refirió una serie de vicios de nulidad, denunciando la vulneración de la congruencia interna y externa, como elementos del debido proceso -art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE)-; asimismo, la lesión de los arts. 145.I y II, 213.II.3 y 218.I del Código Procesal Civil (CPC) por parte del Tribunal de alzada, señalando que la Sentencia no fundamentó ni motivó respecto a cada uno de los requisitos o presupuestos para la procedencia, establecida por la doctrina prevista en los 0Autos Supremos 1066/2016 y 89/2012⁷, entre otros, para el instituto del mejor derecho propietario y reivindicación, que exigen para su procedencia:

1. 1)El derecho de propiedad o título inscrito en la Oficina de DD.RR., que hace a la publicidad y prioridad de la inscripción;
2. 2)La individualización o singularidad del bien objeto del litigio; y,
3. 3)La ocupación o sobreposición total o parcial de los lotes en conflicto; asimismo, observó expresamente que al emitir la Sentencia, se omitió valorar el folio real de Santiago Aramayo, el certificado de tradición, el pago de impuestos, el informe de georreferenciación de los terrenos y el muestrario fotográfico. Y, los Vocales que conocieron el caso en segunda instancia arbitrariamente indican que se sobreentiende su concurrencia y que sería "insustancial", inobservando el Auto Supremo 89/2012⁷, cuando era crucial su análisis, porque los demandados premeditadamente no presentaron el plano, documento técnico que es la base para circunscribir y corroborar el objeto material litigioso en disputa.

En casación de fondo acusó cinco motivos:

1. i)La vulneración del art. 1289 del CC sobre el valor de las pruebas documentales, en relación al art. 149.I y II del CPC, vinculado a la indivisibilidad de las pruebas, que dio lugar a su vez a la lesión de los arts. 1453.I, 1455.I y 1545 del CC, por el error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas de cargo;
2. ii)Transgresión del art. 1289 del CC, 149.I y II del CPC, 324 del Decreto Supremo (DS) 29215 de 2 de agosto de 2007 -Reglamento de la Ley de Reforma Agraria-; por ende, se consumó la vulneración de los arts. 1453.I, 1455.I y 1545 del Código Civil (CC);
3. iii)Lesión de los arts. 1289 del CC; y, 149.I y II del CPC;
4. iv)Conculcación de los arts. 1289 del CC y 149.I y II del CPC, indivisibilidad de la prueba documental; y,
5. v)Transgresión del principio de verdad material, previsto en el art. 180 de la CPE; finalmente refiere que en cada uno de estos cinco motivos planteó varias cuestiones puntuales para que sean controladas, analizadas y resueltas por el Tribunal casacional.

1. a)El primer acto arbitrario que vulnera el derecho a la fundamentación y motivación, está contenido en el tercer párrafo del Considerando IV del citado Auto Supremo, acápite de los Fundamentos de la Resolución, que concluyó que el fallo de segundo grado se encuentra debidamente fundamentado, sin efectuar una fundamentación y motivación razonable y lógica;

1. b)El segundo acto arbitrario se encuentra en la segunda parte del tercer párrafo del Considerando IV del indicado Auto Supremo "'En cuanto al recurso de casación en la forma'" (sic), donde los Magistrados demandados intentaron explicar sobre el primer presupuesto y no así en cuanto al segundo y tercero, para el mejor derecho de propiedad, concluyendo sin fundamentación, motivación, lógica razonable y determinativa genérica, que la Resolución de segundo grado se encuentra debidamente fundamentada;

1. c)El tercer acto arbitrario se encuentra en el cuarto párrafo y ss. del Considerando IV del mencionado Auto Supremo, donde con evidente intención de evadir su responsabilidad de pronunciarse sobre varios temas cruciales reclamados a través del recurso de casación en la forma, como es la omisión de pronunciamiento del Auto de Vista S.C.C. II 22/"2019" -lo correcto es 2020- respecto a la nulidad de obrados en la que incurrió la Jueza de grado, en la emisión de la Sentencia 105/2019, a causa de falta de fundamentación y motivación sobre cada uno de los requisitos referidos a los institutos de reconocimiento de mejor derecho, reivindicación y acción negatoria y respecto a las pruebas documentales de cargo no valoradas; los Magistrados ahora demandados refirieron que dicha problemática será abordada durante el análisis de fondo; sin embargo, se niegan a analizar los vicios de nulidad acusados en casación en la forma;

1. d)El cuarto acto arbitrario radica en el quinto párrafo del Considerando IV, puesto que los Magistrados demandados hicieron prevalecer el ritualismo extremo en el que se niegan a ingresar al análisis de fondo de las cuestiones planteadas en casación en la forma, para el mejor derecho y reivindicación por yerro y deficiencia del recurso que no pueden ser suplidos por el Tribunal; es decir, no ingresaron a analizar vicios de nulidad; y,

1. e)El quinto acto arbitrario que lesiona el derecho a la fundamentación y motivación se encuentra a lo largo del Considerando IV del Auto Supremo 282/2020⁴, ya que no existe una fundamentación y motivación coherente de los tres requisitos para el mejor derecho propietario y reivindicación, exigidos por la jurisprudencia de la misma Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, conteniendo un análisis incompleto, tripartito y escalonado. Manifiesta que el Auto Supremo cuestionado, vulneró el principio de congruencia y pertinencia en la forma como en el fondo, lesionando el debido proceso, con los siguientes actos:

1. 1)El primer acto arbitrario de transgresión a la CONGRUENCIA EXTERNA se encuentra vinculado a la pertinencia como elemento configurador del debido proceso, denunciado en casación en relación a la unidad de la prueba. Dicha vulneración se encuentra en el segundo y tercer párrafo del Considerando IV del Auto Supremo 282/2020⁴, en el acápite subtitulado "'En cuanto al recurso de casación en la forma'" (sic), en el que los Magistrados ahora demandados se limitaron a emitir conclusiones genéricas en sentido que la Resolución de segundo grado se encuentra "debidamente fundamentada" y que se habría realizado un "análisis integral";

1. 2)El segundo acto arbitrario vulneratorio de la CONGRUENCIA EXTERNA se encuentra en los párrafos séptimo al decimonoveno del Considerando IV del indicado Auto Supremo, al no pronunciarse de manera pertinente sobre todos los motivos y cuestiones planteados en el recurso de casación de fondo, concretamente sobre la vulneración del art. 1289 del CC, y 149.I y II del CPC, que dio lugar a la lesión de los arts. 1453.I, 1455.I y 1545 del CC;

1. 3)El tercer acto que lesiona la CONGRUENCIA INTERNA, se encuentra en lo referido por los Magistrados demandados en el párrafo cuarto del Considerando IV del mencionado Auto Supremo, en cuanto a la casación en la forma, respecto a la valoración de la prueba, en sentido que se analizarán esas cuestiones a momento de resolver el recurso de casación en el fondo; sin embargo, no lo hicieron, por lo que existe incongruencia interna; y,

1. 4)El cuarto acto vulneratorio del principio de CONGRUENCIA INTERNA se encuentra en el tercer párrafo del Considerando IV del referido Auto Supremo, cuando los Magistrados demandados trataron la casación en la forma, negándose a ingresar al fondo de la problemática planteada, ya que señalaron "'...la nulidad pretendida por el demandante-recurrente, no puede ser declarada al estar limitada por determinados principios conforme se tiene dicho en el apartado II.3 de la presente resolución...'" (sic); sin precisar a qué principios se referían; sin embargo, en el párrafo sexto del mismo acápite, de forma incoherente concluyen no ser evidentes las infracciones acusadas en el recurso de casación en la forma, como si hubieran ingresado al análisis de fondo; es decir, omitieron una conclusión.

El accionante solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga:

1. i)Dejar sin efecto el Auto Supremo 282/2020 de 15 de julio;
2. ii)Ordenar a los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia ahora demandados que emitan un nuevo Auto Supremo, debidamente fundamentado, motivado y congruente, conforme a la Constitución Política del Estado y las normas del bloque de constitucionalidad, resolviendo cada una de las cuestiones planteadas del recurso de casación en la forma y en el fondo formulado por su parte. Tomando en cuenta la realidad cultural en el presente caso, dada su condición de indígena; y,
3. iii)La reparación integral de daños y perjuicios ocasionados.

La parte accionante, por intermedio de su abogado, en audiencia ratificó el contenido íntegro del memorial de la acción de amparo constitucional, y ampliándolo refirió que:

1. a)El problema jurídico constitucional a resolverse consiste en determinar si los Magistrados ahora demandados, a tiempo de emitir el Auto Supremo 282/2020⁴, lesionaron el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, en las vertientes invocadas;
2. b)Las referidas autoridades resolvieron el citado Auto Supremo, con un fundamento genérico, sin realizar la suficiente fundamentación y motivación de hecho y de derecho, de cada una de aquellas cuestiones que se llevaron al recurso de casación; y,
3. c)Aclara que en ningún momento a través de esta acción de defensa acusaron interpretación de la legalidad ordinaria, por lo tanto no admiten el informe en el que las autoridades demandadas indican que se deben cumplir ciertos requisitos, se está acusando la transgresión del debido proceso en su vertiente de motivación, fundamentación y congruencia, identificando los actos vulneratorios.

Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizu, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe presentado el 19 de marzo de 2021, cursante de fs. 356 a 364, manifestaron en sus partes salientes que:

1. 1)Es necesario referirse a la "'Interpretación de la Legalidad Ordinaria'" (sic), en ese sentido, la labor de interpretar las disposiciones legales le corresponde exclusivamente a la jurisdicción ordinaria y/o administrativa. Así, la acción de amparo no puede ser entendida como una instancia más del proceso jurisdiccional o administrativo; al efecto señala que las SSCC 0718/2005-R de 28 de junio y 0085/2006-R de 25 de enero, y la SCP 2142/2013 de 21 de noviembre, refieren que la jurisdicción constitucional sólo puede analizar la interpretación efectuada por los jueces y tribunales ordinarios cuando se impugna tal labor como irrazonable, es necesario que el recurrente en su recurso a tiempo de cuestionar la interpretación de la legalidad ordinaria: 1.i) Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el Judicial o administrativo; y, 1.ii) Precise los derechos y garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la interpretación impugnada; dado que sólo de esta manera la problemática planteada por el recurrente, tendrá relevancia constitucional, aspectos éstos que no fueron cumplidos por el ahora accionante, quien pretende la revisión del Auto Supremo 282/2020⁴ pronunciado, que resuelve el recurso de casación interpuesto por el ahora accionante contra el Auto de Vista S.C.C. II 22/"2019" -lo correcto es 2020-, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca en el proceso de mejor derecho propietario, acción negatoria y reivindicación;
2. 2)De manera enfática niegan y consideran un exceso las aseveraciones del accionante, que refiere que hubieran realizados actos arbitrarios, vertido criterios formalistas y restrictivos de los derechos, sin efectuar una adecuada compulsa de los antecedentes y los fundamentos que develan la verdad material frente a la aparente; extremo que no debe ser permitido por el Tribunal de garantías, debiendo tomarse en cuenta que en tan abusiva afirmación, en ningún momento expresa cuáles son esos actos de los que los acusa, y menos manifiesta puntualmente qué derechos fueron suprimidos con la resolución del recurso de casación que no le fue favorable. En suma, no se cumplen los requisitos exigidos para la procedencia de la presente acción tutelar con el sólo enunciado genérico que le fueron transgredidos sus derechos fundamentales con el Auto Supremo 282/2020⁴, acusado de incongruente o carente de motivación y fundamentación; puesto que, quien intenta una acción tutelar como la presente, debe necesariamente indicar con precisión cómo o de qué manera se transgredió determinado derecho protegido por la Constitución Política del Estado, tal insuficiencia debió motivar su rechazo;
3. 3)El accionante en el memorial de subsanación señaló que el Auto Supremo 282/2020⁴ vulneró el debido proceso en sus elementos de motivación, congruencia, pertinencia y razonabilidad vinculado a la verdad material, dando a entender que se lesionaron los derechos consagrados en los arts. 115.II y 180.I de la CPE, pues -a criterio suyo- existió falta de motivación respecto al segundo y tercer requisito que establece la jurisprudencia civil del Tribunal Supremo de Justicia para la procedencia del instituto jurídico de mejor derecho de propiedad y reivindicación, en este punto aclaran al solicitante de tutela que los requisitos de la acción reivindicatoria se encuentran establecidos en el art. 1453 del CC y no así en la jurisprudencia del mencionado Tribunal, cosa diferente es que interpretando esta disposición legal dicho Tribunal hubiera sentado jurisprudencia, un error más de concepto y criterio legal en el que incurre el impetrante de tutela;
4. 4)El accionante falseando la verdad afirma que en el Considerando IV del Auto Supremo 282/2020⁴, en el que consta los fundamentos de esta resolución, sin hacer una fundamentación razonable y lógica de los motivos de casación en la forma, hubieran emitido una conclusión determinativa genérica, empezando la resolución con la conclusión, con total ausencia de motivación y coherencia interna, pretendiendo hacer ver al Tribunal de garantías un gravísimo yerro; al efecto, efectuaron una transcripción inextensa de la resolución, en lo que se refiere al recurso de casación en la forma, argumentando que no son evidentes las infracciones acusadas en este punto, en sentido que la Resolución no empieza con la conclusión;
5. 5)La transcripción realizada desvirtúa igualmente la aseveración del solicitante de tutela respecto a que no se habría efectuado explicación y motivación para afirmar que el Tribunal ad quem, dio por bien hecho el análisis realizado por la Jueza de primer grado en relación al origen y validez de los títulos de las partes que integran los títulos, sobre el particular, se hizo hincapié que el derecho propietario de Santiago Lora Bleichner, Pedro Yamil Jalil Jiménez y Reyna María Alvarado -demandados dentro del proceso ordinario seguido por el ahora accionante-, existe en mérito a que estos derechos fueron salvados en una Sentencia Agraria Nacional, a diferencia del título del ahora impetrante de tutela, que fue extinguido a emergencia de un proceso de reversión de tierras;
6. 6)Señalan también que en ese acápite el examen del a quo se basó en toda la documentación presentada por las partes, en el análisis de los antecedentes dominiales de cada uno de los títulos de propiedad del demandante y de los demandados, y no sólo en la primacía registral;
7. 7)El hecho que el recurrente no fue favorecido con una nulidad de obrados pretendida, no significa que la resolución sea carente de fundamento, debiendo entenderse que bajo la nueva visión de la administración de justicia, conforme se tiene establecido en la doctrina legal para el presente caso, la nulidad de obrados constituye una excepción y es de última ratio, conforme estableció el Auto Supremo 78/2014 de 17 de marzo, en sentido que: "'el espíritu del art. 16 y 17 de la Ley 025 del Órgano Judicial concibe el proceso no como un fin en sí mismo, sino como el medio a través del cual se otorga la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva' ; en consecuencia, la nulidad pretendida por el demandante-recurrente, no puede ser declarada al estar limitada por determinados principios conforme se tiene dicho en el punto III.3 de la presente resolución" (sic), lo anterior permite afirmar que el Auto Supremo que declaró infundado el recurso de casación intentado por el accionante no es contrario a la línea jurisprudencial de la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, como afirma el precitado;
8. 8)En cuanto a que se hubiera omitido hacer el contraste, fundamentación motivada y la verificación de los reclamos del accionante, se dio respuesta de manera fundada y motivada a cada uno de los puntos reclamados en el recurso de casación en la forma y en el fondo, de acuerdo a la jurisprudencia establecida en la SC 1365/2005-R de 31 de octubre y en la SCP 1588/2011-R de 11 de octubre;
9. 9)Como tercer "acto arbitrario" no consentido, el peticionante de tutela aduce que no se dio respuesta a su denuncia de falta de valoración de la prueba o "'inexistencia de valoración de toda la prueba presentada en el proceso'" (sic) como planteó en su reclamo, tal afirmación resulta falsa y mal intencionada; ya que se manifestó a momento de resolver la casación en la forma (ignorada por el recurrente), que aquel reclamo constituía una observación de fondo y no de forma; por lo que, su consideración y respuesta fue diferida para el momento de resolver el recurso de casación en el fondo, y concretamente se resolvió este punto cuando se dice: "(...) Básicamente este recurso se encuentra centrado en el hecho que el recurrente acusó que el Tribunal de Alzada, vulneró el art. 1289 del Código Civil, al haber incurrido en error de hecho y de derecho por no haber valorado las pruebas de cargo, es más acusó que estas fueron cambiadas por la juez a quo" (sic), realizándose en segunda instancia por parte del Tribunal de alzada un análisis incompleto y parcializado respecto al origen del derecho propietario; a continuación se realizó el análisis respectivo de los puntos primero al cuarto, resultando que el reclamo de la falta de valoración de la prueba fue debidamente resuelto y respondido; sin embargo, el que no le hubiera sido favorable al recurrente no amerita la procedencia de la presente acción de amparo constitucional;
10. 10)Es falsa la afirmación del peticionante de tutela, que refiere "No existe pronunciamiento en los numerales primero, segundo, tercero y cuarto y omiten pronunciarse sobre la valoración de la prueba vinculada al error de hecho y de derecho" (sic), todos los reclamos que se hacen en la acción tutelar se encuentran plenamente respondidos y evaluados de manera fundamentada en el Auto Supremo emitido en casación, precisamente en los puntos primero al cuarto que los trascriben; y,
11. 11)En síntesis, refieren que el ahora accionante, pretendía se le reconozca el derecho propietario sobre el inmueble objeto de la litis, basado en el Título Ejecutorial 142707 de 26 de marzo de 1962, obtenido por su padre, de quien se declaró heredero, título que dejó de tener vida y efecto jurídico al haber sufrido un trámite agrario de reversión de tierras por abandono, seguido por Daniel Cors Martínez, quien cede el inmueble a título de compraventa a los demandados en proceso ordinario, trámite agrario que concluyó con la Sentencia Agraria Nacional que declaró el abandono de tierras y su reversión al Estado, Sentencia confirmada por la Resolución Ministerial (RM) 8/1978 de 3 de abril. Posteriormente, el mismo Daniel Cors Martínez inició proceso de dotación sobre las mismas tierras, que le es deferido a su favor, obteniendo el Título Ejecutorial Serie C-10617. Más adelante, efectivamente el ahora accionante, inició proceso agrario de nulidad de Título Ejecutorial con relación al obtenido por Daniel Cors Martínez, concluyendo con la Sentencia Agraria Nacional S1/0032/2011 de 14 de julio, que declaró probada la demanda y anuló el Título Ejecutorial de Daniel Cors Martínez; empero, salvó el derecho de terceros legalmente adquiridos y es precisamente esa salvedad la que legitima el derecho propietario de los demandados reconvencionistas en el proceso ordinario; por lo que, no se les puede negar el derecho adquirido legítimamente de Daniel Cors Martínez, así hubiera sido declarado nulo su Título Ejecutorial, permaneciendo incólumes las ventas efectuadas por éste a terceros, según determinación de la Sentencia Agraria Nacional anotada.

Santiago Lora Bleichner, Pedro Yamil Jalil Jiménez y Reina María Alvarado, presentes en audiencia, a través de su abogado, manifestaron que:

1. a)De la lectura de la Sentencia se tiene la declaración del perito, en sentido que se hizo una inspección a los terrenos y se identificó que se trata de los mismos predios, por lo cual no hay vulneración como refiere el recurrente; el otro proceso aludido por el ahora impetrante de tutela es un proceso sin peritos, iniciado por otras personas, esas pruebas fueron rechazadas por el Tribunal de apelación mediante Auto de 14 de enero de 2020; por lo que, no pueden ser consideradas;
2. b)En cuanto a que el Auto Supremo impugnado no se hubiera referido a los requisitos de la jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto a la reivindicación o mejor derecho propietario establecido en el art. 1453 del CC, existe un requisito fundamental, el ser propietario y dentro del proceso civil se evidenció que esas tierras fueron revertidas a favor del Estado, todos los elementos subsiguientes no cuentan, así lo establecen los arts. 1453 y 1455 del CC, y durante el desarrollo del proceso ello fue demostrado; y,
3. c)Respecto a la nulidad de obrados, simplemente se planteó la nulidad por la nulidad, en ningún momento se formuló nulidad de obrados por "tal o cual" acto procesal, simplemente se mencionó la demanda como una nulidad de obrados, es más, es contradictoria e incongruente la pretensión planteada, no se mencionó que normas se habrían vulnerado, cómo debió haberse entendido, o interpretándose de una forma cómo sería el resultado, no existe ese elemento; es más, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013², que fueron moduladas por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, señalan que no puede otorgarse la tutela por el simple hecho que no exista a criterio del accionante una fundamentación debida, por el contrario, tanto en la emisión de la Sentencia, como del Auto de Vista y del Auto Supremo, se obró a cabalidad de acuerdo con el procedimiento civil, se analizó toda la prueba aportada, se realizó un análisis conjunto de la misma y se llegó a la conclusión de quien tiene derecho propietario y de quien no lo tiene.

La Sala Constitucional Primera del departamento de Chuquisaca, a través de la Resolución 47/2021 de 7 de abril, cursante de fs. 392 a 399 vta., denegó la tutela solicitada; con base en los siguientes fundamentos:

1. 1)Crisólogo Aramayo Ramírez planteó acción ordinaria civil con varias pretensiones alternadas, es decir: 1.i) Mejor derecho propietario; 1.ii) Acción negatoria; y, 1.iii) Acción reivindicatoria;
2. 2)Para considerar la acción negatoria y la reivindicatoria debe acreditarse previamente la calidad de titular del inmueble o el mejor derecho propietario del actor inscrito en la Oficina de DD.RR., y que éste fuera hábil; es decir, sustentado en un título válido;
3. 3)El ahora accionante pretende que la autoridad judicial, efectuando un análisis de los títulos, disponga la preeminencia del suyo con relación a los ahora terceros interesados. La demanda de mejor derecho propietario se encuentra regulada en el art. 1545 del CC, que señala: "(PREFERENCIA ENTRE ADQUIRENTES DE UN MISMO INMUEBLE). Si por actos distintos ha transmitido el propietario los mismos bienes inmuebles a diferentes personas, la propiedad pertenece al adquirente que haya inscrito primero su título";
4. 4)Es evidente que la jurisprudencia existente sobre este instituto jurídico estableció el cumplimiento de ciertos presupuestos para su procedencia; empero, la Jueza de instancia sometió a examen los dos títulos, tanto del ahora accionante como el de los terceros interesados, señalando que el primero citado, pretende justificar su demanda en base a un registro en la Oficina de DD.RR.; empero, el Título Ejecutorial 142707, que sustentaba ese registro, fue dejado sin efecto en un trámite agrario de reversión de tierras por abandono, decisión confirmada por la RM 8/1978, situación por la cual consideró que no correspondía declarar probada la demanda;
5. 5)En cambio el título propietario de los demandados reconvencionistas -ahora terceros interesados- fue dejado también sin efecto, mediante Sentencia Agroambiental Plurinacional 32/2011, anulando el título ejecutorial de Daniel Cors Martínez; empero, la diferencia es que se salvó los derechos de los terceros legalmente adquiridos, situación por la cual se determinó declarar probada la demanda reconvencional de cancelación de registro en la Oficina de DD.RR. respecto a la titularidad de dominio del impetrante de tutela Crisólogo Aramayo Ramírez;
6. 6)Por este motivo, ya no es necesario hacer referencia a los demás elementos o requisitos de la acción de mejor derecho propietario y otros, pues habiendo quedado sin efecto el título del accionante, como emergencia de la reversión de tierras, ya es intrascendente analizar los otros presupuestos de las acciones interpuestas;
7. 7)Puntualiza que por más que se disponga la emisión de una nueva resolución en casación de manera fundamentada, motivada, congruente o con mayores argumentos, el resultado de la decisión no será modificado debido a lo expresado supra, que es precisamente la ineficacia jurídica del título del peticionante de tutela, que fue dejado sin efecto por el trámite de reversión de tierras, situación que hace evidente la carencia de relevancia constitucional en el caso concreto, como se explicó abundantemente en el Considerando segundo de la presente Resolución;
8. 8)En razón de ello, se desestimó la demanda principal, y se confirmó en alzada la decisión apelada, motivo por el cual los Magistrados ahora demandados determinaron también declarar infundado el recurso de casación;
9. 9)Respecto a que no estuviera identificado el inmueble con precisión por los ahora terceros interesados, cabe señalar que resulta contradictorio dicho entendimiento, pues la naturaleza jurídica de la demanda de mejor derecho propietario es precisamente reconocer en otra persona la titularidad sobre el mismo inmueble y que la autoridad judicial señale la preferencia del título registrado y su cualidad, de lo contrario no se entendería cómo es que se procedió a demandar a los terceros interesados si acaso consideraban que éstos tenían su inmueble en otro lugar. En relación a este punto, la Sala Constitucional Primera señala que la Sentencia emitida en el caso de autos hace referencia al informe pericial, que fue aprobado en audiencia complementaria y que cuenta con todo el valor legal asignado por el art. 202 del CPC, y que corrobora la prueba documental presentada por la parte actora, en el entendido de que los terrenos objeto de la litis y que pertenecen a los ahora terceros interesados, son los mismos que fueron dotados a Santiago Aramayo, sobre los cuales el demandante no tiene derecho real;
10. 10)Respecto a la invalidez procesal, los mencionados terceros interesados hacen referencia a que deben considerarse los principios de las nulidades procesales, porque no todo alejamiento de las formas procesales conlleva a su nulidad, sino solamente aquellas que cumplen dichos principios, como el de trascendencia, relevancia, etc., siendo precisamente la razón de la decisión de esta acción constitucional respecto a la no existencia de relevancia constitucional para estimar favorablemente la pretensión; y,
11. 11)En cuanto a la tutela judicial efectiva, se ha otorgado la posibilidad al accionante de interponer las demandas, recursos y los mecanismos judiciales en estrados judiciales para fines de resolver el problema jurídico que refiere; empero, el hecho que no se haya declarado favorable a sus intereses no significa que se hubiera lesionado esta garantía.

1. a)La vulneración de los arts. 1289 del CC (valor de la prueba documental pública) y 149.I y II del CPC (indivisibilidad de la prueba documental), así como la consumación de una lesión a los arts. 1453.I, 1455.I y 1545 del CC, error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba de CARGO, que demuestra que su padre fue dotado en el exfundo Sancho con la parcela 14, con una superficie de 18,0000 has, mediante Resolución Suprema (RS) 110056 y con la emisión del Título Ejecutorial 142707, inscrito en la Oficina de DD.RR. el 22 de enero de 1962, cuya ubicación y forma coincide desde la dotación con la descripción técnica del Título;

1. b)Transgresión de los arts. 1289 del CC; 149.I y II del CPC (indivisibilidad de la prueba documental); y 324 del DS 29215, consumándose la vulneración de los arts. 1453.I, 1455.I y 1545 del CC; al no haberse valorado en sentencia la Resolución 32/2011, el Título Ejecutorial de Santiago Aramayo y al haberse referido en apelación que el Título Ejecutorial fue declarado nulo, sin precisar prueba que acredite aquello;

1. c)Lesión de los arts. 1289 del CC; 149.I y II del CPC (indivisibilidad de la prueba documental); se consumó la transgresión de los arts. 1453.I, 1455.I y 1545 del CC (error de hecho y de derecho en apreciación de la prueba de descargo de proceso de reversión de tierras);en lo relativo a que su título ejecutorial estuviera extinguido y destruido, la conclusión a la que llega la Jueza deviene de la prueba que cursa de "fs. 117 al 157" (sic) en la que el demandante es Daniel Cors Martínez y el demandado es el Dirigente Sindical de la Zona, sentencia que bajo ningún argumento le puede afectar a su padre, Santiago Aramayo, mucho menos a su madre o a sus personas, dado que no fueron parte de ese proceso de reversión y no fueron notificados con la sentencia;

1. d)Vulneración de los arts. 1289 del CC (prueba pública); y, 149.I y II del CPC (indivisibilidad de la prueba documental), se consumó la lesión de los arts. 1453.I, 1455.I y 1545 (error de hecho y error de derecho en apreciación de la prueba de descargo de los documentos de parte demandada). Los Testimonios cursantes de "fs. 176 al 190" (sic), indican que el supuesto derecho de propiedad de los demandados proviene de su causante Daniel Cors Martínez, cuyo título fue declarado nulo en proceso de nulidad de título ejecutorial, si bien salva derechos de terceros, es para precautelar los derechos y la acción procesal de los subadquirientes del prenombrado, a fin de hacer valer en otro proceso; y,

1. e)Conculcación del principio de verdad material previsto en el art. 180 de la CPE, debido a que la prueba de "...fs. 234 de obrados, 351 al 357..." (sic), da cuenta que los demandados nunca precisaron con exactitud, la ubicación de su hipotético derecho propietario (fs. 262 a 269 vta.). II.6. Previa respuesta por la parte demandada al recurso de casación (fs. 280 a 282); Juan Carlos Berrios Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia -ahora autoridades demandadas- emitieron el Auto Supremo 282/2020 de 15 de julio, por el cual declararon infundado el recurso de casación, planteado por el accionante contra el Auto de Vista SCC.II-22/2019 de 27 de enero, con la respuesta y fundamento de su contenido a los cuestionamientos del recurso (fs. 303 a 310 vta.).

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia, y a la tutela judicial efectiva; por cuanto, los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia ahora demandados, a tiempo de emitir el Auto Supremo 282/2020 de 15 de julio, incurrieron en los siguientes actos arbitrarios:

1. 1)El primer acto arbitrario está en el tercer párrafo del Considerando IV del citado Auto Supremo, en el acápite de los Fundamentos de la Resolución, sin realizar una adecuada fundamentación, y motivación razonable y lógica de los motivos de casación en la forma, cuando concluye que el fallo de segundo grado se encuentra debidamente fundamentado;
2. 2)El segundo acto arbitrario se encuentra en la segunda parte del tercer párrafo del Considerando IV del indicado Auto Supremo en cuanto al recurso de casación en la forma, sobre los presupuestos de procedencia para el mejor derecho de propiedad y para la reivindicación;
3. 3)El tercer acto arbitrario se encuentra en el cuarto párrafo y ss. del Considerando IV del mencionado Auto Supremo, donde se evadió la responsabilidad de referirse a varios temas cruciales reclamados a través del recurso de casación en la forma, como es la omisión de pronunciarse sobre la nulidad de obrados en la que incurrió la Jueza de grado, en la emisión de la Sentencia 105/2019 de 7 de agosto, a causa de falta de fundamentación y motivación sobre cada uno de los requisitos referidos a los institutos de reconocimiento de mejor derecho propietario, reivindicación y acción negatoria, y respecto a las pruebas documentales de cargo no valoradas;
4. 4)El cuarto acto arbitrario radica en el quinto párrafo del Considerando IV, puesto que los Magistrados ahora demandados, hicieron prevalecer el ritualismo extremo en el que se niegan a ingresar al análisis de fondo de las cuestiones planteadas en casación en la forma; y,
5. 5)El quinto acto arbitrario se refiere a la presunta lesión del derecho a la fundamentación y motivación, que se encuentra a lo largo del Considerando IV del Auto Supremo 282/2020⁴; ya que no existe una fundamentación y motivación coherente de los tres requisitos para el mejor derecho propietario y reivindicación, exigidos por la jurisprudencia de la misma Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, conteniendo un análisis incompleto, tripartito y escalonado. Señala igualmente que: El primer acto arbitrario de transgresión a la congruencia externa vinculado a la pertinencia como elemento configurador del debido proceso en relación a la unidad de la prueba se encuentran en el segundo y tercer párrafo del Considerando IV del indicado Auto Supremo, en el acápite referido a la casación en la forma; el segundo acto arbitrario que lesiona la congruencia externa se encuentra del párrafo séptimo al decimonoveno del Considerando IV del indicado Auto Supremo; como tercer acto arbitrario que lesiona la congruencia interna, se encuentra en lo referido por los Magistrados demandados en el párrafo cuarto del Considerando IV del mencionado Auto Supremo, en cuanto a la casación en la forma, respecto a la valoración de la prueba; y, el cuarto acto vulneratorio del principio de congruencia interna radica en el tercer párrafo del Considerando IV del referido Auto Supremo, cuando los Magistrados demandados tratan la casación en la forma, sin precisar a qué principios se refieren. Por tal motivo solicitó:
6. i)Dejar sin efecto el Auto Supremo 282/2020⁴;
7. ii)Ordenar a los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia ahora demandados que emitan un nuevo Auto Supremo, debidamente fundamentado, motivado y congruente, conforme a la Constitución Política del Estado y a las normas del Bloque de Constitucionalidad, resolviendo cada una de las cuestiones planteadas del recurso de casación en la forma y en el fondo, formulado por su parte. Tomando en cuenta la realidad cultural en el presente caso, dada su condición de indígena, desechando criterios formalistas, restrictivos, extremadamente legalistas y se apliquen las Reglas de Brasilia; y,
8. iii)Se disponga la reparación integral de daños y perjuicios ocasionados.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas:

1. a)La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso;
2. b)El derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva; y,
3. c)Análisis del caso concreto.

1. a)Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales,
2. b)Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes,
3. c)Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto,
4. d)Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales,
5. e)Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada,
6. f)Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre4 se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre5 la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son:

1. 1)El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad;
2. 2)Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia;
3. 3)Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos;
4. 4)Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y,
5. 5)La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero²-6.

Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013², señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión:

1. i)Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten;
2. ii)Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso;
3. iii)Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y,
4. iv)Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio7, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio8, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre9, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo10 señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.

1. 1)El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de dicho derecho tanto por el Estado como por los particulares;
2. 2)Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y
3. 3)Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se reestablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho.