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TCP

0131/2026-O

Tribunal Constitucional Plurinacional
21 de mayo de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Auto 0131/2026-O

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0131/2026-O Sucre, 21 de mayo de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional

Expediente: 51292-2022-103-AAC Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución 31/2025 de 19 de junio, cursante de fs. 222 a 224; que resuelve la queja por incumplimiento de la , dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Maribel Blanca Arévalo Crespo contra Marco Antonio Ugarte Cuba, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos; Daniel Gonzalo Hurtado Erazo, Responsable de Odontología Coordinación de Salud Red I Sucre; Alex Rivera Villanueva, Coordinador de Salud Red I Sucre; y, Nelly Yucra Peñaranda, Responsable de Recursos Humanos Coordinación de Salud Red I Sucre, todos del Servicio Departamental de Salud (SEDES) Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la queja por incumplimiento

Mediante memorial presentado el 17 de junio de 2025, cursante de fs. 216 a 217 vta., Maribel Blanca Arévalo Crespo -accionante-, interpuso una segunda queja por incumplimiento de la , manifestando lo siguiente.

Mediante Resolución 23/2025 de 9 de mayo, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró ha lugar una anterior queja por incumplimiento, ordenando su restitución al Centro de Salud Integral "Juana Azurduy de Padilla". No obstante, en cumplimiento alternativo a lo resuelto por este Tribunal en la , prestó su anuencia para ser trasladada al Instituto Psicopedagógico "San Juan de Dios" para cumplir funciones como odontóloga según consta en Memorándum 467/2025 de 2 de junio.

Al intentar asumir sus nuevas funciones, su jefe inmediato le informó de la inexistencia de un espacio físico disponible, motivo por el cual indicando que dicha situación tendría que solucionarse con el Director del SEDES-Chuquisaca, solicitano se la ubique en un consultorio y se le entreguen los instrumentos de trabajo para que pueda desempeñar sus funciones, hecho que no ocurrió; puesto que, el coaccionado Mario Antonio Ugarte Cuba, Jefe de Recursos Humanos del SEDES Chuquisaca, mediante Memorándum 514/2025, notificado el 10 de junio de 2025, le comunicó que con su mismo ítem, debía desempeñar funciones en el cargo de Responsable de Epidemiología Hospitalaria del Instituto Psicopedagógico San Juan de Dios, vulnerando de esta manera sus derechos fundamentales a la estabilidad e inamovilidad laboral, al modificar arbitrariamente sus funciones técnicas.

Este hecho temerario y abusivo, constituye un nuevo incumplimiento del art. 60 del Estatuto del Trabajador en Salud, Decreto Supremo (DS) 28909 de 6 de noviembre de 2006, el cual supedita las transferencias a cargos similares al consenso previo con el trabajador; sin embargo, la autoridad administrativa en cuestión dispuso su traslado a un puesto completamente ajeno al de odontóloga sin obtener su consentimiento, vulnerando lo dispuesto en la , que ordenó taxativamente mantenerla en su cargo, garantizando su inamovilidad y el cese de actos de hostigamiento.

Al respecto, la jurisprudencia ( y ) ratifica que cualquier rotación laboral requiere la anuencia del trabajador, presupuesto que en el caso de autos fue omitido.

I.1.1. Petitorio

Solicita se declare ha lugar la queja por incumplimiento de la , y en consecuencia:

  1. a)Se deje sin efecto el Memorándum 514/2025 de 9 de junio, debiendo mantenerla en el cargo de odontóloga de planta que ejercía en el Centro de Salud del Mercado Central, -ahora Centro de Salud Integral Juana Azurduy de Padilla-; y,
  2. b)Se imponga una sanción pecuniaria progresiva en múltiplos de Bs200.- (doscientos bolivianos), por día de mora en el cumplimiento a Juan José Fernández Murillo, Director del SEDES del Chuquisaca, a favor de la accionante por ser la directa perjudicada por el incumplimiento; y,
  3. c)La adopción de medidas conforme a las facultades previstas en el art. 40.I y II del Código Procesal Constitucional (CPCo) ante la evidente falta de voluntad en el cumplimiento del fallo constitucional.

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