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TCP

0132/2026-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
19 de febrero de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 0132/2026-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0132/2026-S1 Sucre, 19 de febrero de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad

Expediente: 79199-2025-159-AL Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución 12/2025 de 5 de noviembre, cursante de fs. 39 a 45 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por NN en representación sin mandato de AA; PP en representación sin mandato de BB; y, OO en representación sin mandato de CC contra Helen Sánchez Quiñonez, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La parte accionante, por memorial presentado el 5 de noviembre de 2025, cursante de fs. 14 a 23 vta., manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra AA, BB y CC -parte accionante-, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el art. 312 del Código Penal (CP), la Fiscal de Materia emitió requerimiento de imputación formal, solicitando a la Jueza ahora accionada fijar fecha y hora para celebrar la audiencia de consideración de medidas cautelares, siendo programada para el 24 de octubre de 2025, para las 10:30 horas; por lo que, NN fue notificada el 20 de igual mes y año a las 8:52 horas, poniendo en conocimiento dicho acto procesal a su abogado Freddy Eduardo Balderrama Torrez, quien tendría programado con anterioridad otra audiencia para la misma fecha y hora, debido a ello, mediante memorial de 21 del indicado mes y año solicitó a la Jueza hoy accionada, considere suspender la señalada audiencia por tratarse de un impedimento material que no le permitiría asistir a la mencionada audiencia, mereciendo como respuesta, un decreto que indicó que previamente a considerar dicha petición, acredite el vínculo filial entre el menor de edad AA y su progenitora, ante ello, por memorial presentado el 23 del mencionado mes y año, acompaño prueba acreditando el vínculo filial entre AA y su progenitora que la estaba representando; siendo, respondido a través del Auto de 23 de octubre de 2025, donde se tuvo por apersonada a NN en calidad de progenitora del menor de edad AA y providenciando el memorial de 21 de ese mes y año dispuso que se considere en audiencia, si fuere necesario.

En ese entendido, el 24 de octubre de 2025 a las 10:30 horas se instaló la audiencia de consideración de medidas cautelares de acuerdo al art. 288 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014-; ya que, el Ministerio Público solicitó las medidas cautelares de someterse al cuidado de una persona de comprobada responsabilidad que no tenga antecedes penales y de abstenerse de comunicarse con determinadas personas, oportunidad en la que la Jueza ahora accionada directamente consultó a la abogada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA), Rosangela Cartagena si estaba de acuerdo en defender al "imputado" AA, recibiendo en respuesta que, el nombrado tenía su abogado de confianza; ante ello, la Jueza hoy accionada le conminó a que se constituya como su abogada sin consultar con su progenitora que estaba presente en dicha audiencia, ni considerar su memorial de solicitud de suspensión de audiencia por impedimento material, con lo que vulneró su derecho al debido proceso en su elemento a la defensa y al derecho a ser oído.

Actuado procesal en el que, el Fiscal de Materia modificó su solicitud de aplicación de medidas cautelares por el requerimiento conclusivo de terminación anticipada del proceso, indicando que la parte accionante, así como sus progenitores y abogados aceptaban la responsabilidad, renunciaban expresamente al juicio oral, público y contradictorio y aceptaban la medida socio educativa de restricción de libertad, bajo el régimen domiciliario por el tiempo de dos años, situación que en ningún momento se les explicó, menos a sus progenitores, como tampoco cuáles serían las consecuencias, simplemente la Jueza ahora accionada, nos indicó si estamos de acuerdo con ese acto "...nosotros le miramos a la abogada de la DNA que actuaba como defensa de mi hijo (...) y me dijo que era lo mejor para mi hijo, que así me ahorraba tiempo y dinero..." (sic); es decir, que no les explicó las consecuencias de lo que estaba aceptando.

No comprendía el por qué se estaba llevando acabo la audiencia de consideración de medidas cautelares si su abogado solicitó la suspensión de la misma; y, por qué la abogada de la DNA actuaba como su abogada si dicha defensoría era la parte denunciante; empero, al mismo tiempo se constituían como defensa, cuando no le consultaron si quería que su abogado sea remplazado, lo único que decía la Jueza hoy accionada fue que guarden silencio y que no opinemos, siendo así que su hijo AA fue condenado por un delito que no cometió; además, supuestamente hubiesen renunciado hacer uso del recurso de apelación, ejecutoriándose de manera inmediata la Sentencia 75/25 de 24 de octubre de 2025.

En relación a los menores de edad BB y CC no se les permitió conocer el procedimiento de la conclusión anticipada del proceso; ya que, el abogado que habrían contratado no tenía el conocimiento necesario en materia penal y niñez y adolescencia, lo que les dejó en indefensión frente a la parte denunciante que si contaba con abogado defensor y el Ministerio Público; es decir, que no realizaron una defensa eficaz e idónea velando por el interés superior de dichos menores de edad.

I.1.2. Derechos, garantías y principio supuestamente vulnerados

La parte accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su elemento a la defensa, a ser oído, a la igualdad procesal, a la impugnación y a la libertad de locomoción; citando al efecto los arts. 22, 23 y 115.II y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se anule obrados hasta el vicio más antiguo; es decir, se reinstale la audiencia de aplicación de medidas cautelares.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 6 de noviembre de 2025, según consta en el acta cursante de fs. 37 a 38 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo manifestaron que:

  1. a)La abogada de la DNA, no podía constituirse como abogado de los "imputados" y asumir su defensa; ya que, como DNA se constituía en parte querellante, no puede hacer una duplicada de funciones aspecto que se contrapone a lo previsto y sancionado por los arts. 38 y 42.4 de la Ley del Ejercicio de la Abogacía (LEA) -Ley 387 de 9 de julio de 2013-;
  2. b)La Sentencia 75/25, que fue ejecutoriada en el mismo acto procesal, debido a que supuestamente hubiesen renunciado al recurso de impugnar, cuando no les preguntaron si querían renunciar a dicho recurso, y si sus abogados manifestaron lo contrario fue sin su autorización; y, b) No tuvieron conocimiento del proceso judicial, "situación que fue aprovechada por un abogado falta de ética y por la abogada de la DNA" (sic); siendo por ello, víctimas de un proceso ilegal, donde no se respetó las reglas mínimas del debido proceso.
I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Helen Sánchez Quiñonez, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante informe presentado el 6 de noviembre de 2025, cursante de fs. 33 a 36 vta., manifestó que:

  1. 1)El Tribunal o Juez de garantías está impedido de revisar o sustituir a la jurisdicción común; por cuanto, la interpretación de la legalidad ordinaria es realizada por la jurisdicción y competencia por los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria, en razón a que la acción de libertad no se constituye en una instancia procesal más de revisión de las resoluciones;
  2. 2)La parte accionante reclamó el derecho al debido proceso en su elemento a la defensa, igualdad procesal, impugnación y libertad de locomoción, señalando que fueron mal asesorados por los abogados, que no les explicaron la finalidad y las consecuencias de la terminación anticipada del proceso; por lo que, la parte accionante en conflicto con la ley serían ilegalmente perseguidos por un delito que los nombrados no hubiesen cometido; empero, omiten explicar a partir de que acciones su autoridad hubiese incurrido en tales defectos; asimismo, no explican de qué forma se les estaría vulnerando sus derechos o por qué las actuaciones determinadas por la autoridad jurisdiccional se apartaría de los marcos legales de la sana crítica y equidad previsible para decidir, las autoridades jurisdiccionales emiten sus resoluciones conforme a las normativas legales vigentes, que en materia de niñez y adolescencia siempre debe de prevalecer el interés superior de toda niña, niño y adolescente;
  3. 3)No es evidente lo aseverado por la parte accionante, no fundamentó de qué forma se les estaría vulnerando sus derechos al debido proceso en sus elementos a la defensa, igualdad procesal, impugnación y libertad de locomoción;
  4. 4)NN en representación de su hijo menor de edad AA estuvo asesorada por la abogada de la DNA de "Molle", conforme establecen los arts. 161 inc. e), 185 y 188 del CNNA, el nombrado menor de edad no se encontraba en total indefensión como pretende hacer notar, como toda autoridad judicial en la administración de justicia se rigen a los principios establecidos en la Constitución Política del Estado, Ley del Órgano Judicial, Código de Ética y el Código Niña, Niño y Adolescente que por sobre todo establecen el interés superior con el que deben gozar toda niña, niño y adolescente sujeto de protección sin distinción alguna, motivo por el cual no vio por conveniente dilatar la prosecución del proceso; más aún, cuando NN en representación de su hijo menor de edad AA emitió su consentimiento verbal en audiencia de consideración de medidas cautelares de que la abogada de la DNA la represente, la misma progenitora fue quien decidió que continúe con dicha audiencia y los otros menores de edad BB y CC se encontraban con sus abogados;
  5. 5)No se les vulneró el derecho al debido proceso en su elemento a la defensa; más aún, desde el principio fue guiada y asesorada por una abogada como es la representante de la DNA, de la misma manera los otros dos menores de edad BB y CC estuvieron asesorados por un abogado particular, que les explicaba de forma constante el desarrollo de la citada audiencia; por lo que, no pueden indicar que estuvieron mal asesoradas o que les habría pedido que guarden silencio; ya que, el objetivo de las audiencias presenciales no solo es escuchar a todos los sujetos procesales y cual postura manejan, sino también el comportamiento físico que los mismos pueden emitir en la misma, dando mayor seguridad a la suscrita de que la decisión que se vaya a tomar este de acuerdo a la sana critica, experiencia y conforme a derecho;
  6. 6)En cuanto a la igualdad procesal e impugnación, la parte accionante en conflicto estuvieron en igualdad de partes y asesorados por abogados quienes a momento de la verificación de partes se identificaron con sus respectivos credenciales, sobre la impugnación estuvieron asesorados por sus abogados patrocinantes quienes consultaron a sus patrocinados el derecho de recurrir en algún recurso;
  7. 7)Los argumentos reclamados en la acción de libertad carecen de total fundamentación limitándose la parte accionante a realizar apreciaciones personales y subjetivas que incluso no guardan relación con los antecedentes del proceso penal;
  8. 8)Con relación a la libertad de locomoción, no señalaron de qué forma se estaría vulnerando el citado derecho; siendo que, la parte accionante en conflicto con la ley en audiencia de consideración de medidas cautelares reconocieron de forma voluntaria y en presencia de sus progenitores los actos ilícitos cometidos en contra de la víctima, incluso manifestando que estarían arrepentidos de haber realizado dichos actos en contra de su compañero de colegio, se les explicó cual la finalidad del requerimiento conclusivo al que habrían arribado sus progenitores con sus abogados y la Fiscal de Materia; así como, el asentimiento del padre de la víctima, la parte accionante aceptaron la culpa y al haberse sometido a la terminación anticipada del proceso los jueces en materia de Niñez y Adolescencia por el acuerdo de partes deben aplicar una atenuante en la medida socioeducativa a ser impuesta conforme previene el art. 40.3 del CP y art. 322 del CNNA;
  9. 9)En la Sentencia 72/25 se dispuso la continuación de estudios escolares a modalidad distancia o virtual según le convenga a la Unidad Educativa, con el fin de no vulnerar su derecho a la educación;
  10. 10)La parte accionante no fundamentó de qué forma se les estaría vulnerando sus derechos o cual fue la medida socioeducativa que debió ser aplicada, se limitaron a citar normativa, doctrina y Sentencias Constitucionales Plurinacionales, confundieron los institutos jurídicos de una acción de libertad con otros tipos de recursos como si el Tribunal de garantías fuera una instancia revisora de actuaciones jurisdiccionales; y,
  11. 11)Sus actuaciones se enmarcan a lo determinado en el Código Niña, Niño y Adolescente al ser una Ley especial y la determinación que pronunció fue asumida en estricta observancia de la jurisprudencia y preceptos legales resguardando el interés superior de la víctima así como de la parte accionante sentenciada. Por lo que, solicitó se deniegue la tutela solicitada.
I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimoprimero de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 12/2025 de 5 de noviembre, cursante de fs. 39 a 45 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos:

  1. i)Para corroborar lo argumentado por la parte accionante y la Jueza ahora accionada, se verificó el cuaderno de control jurisdiccional remitido por la citada Jueza signado con Número de Registro Judicial (NUREJ) 30509458, en el cual se tiene los actuados procesales que dieron origen a la presentación de la acción de libertad;
  2. ii)Del mencionado cuaderno se advierte una denuncia interpuesta por Liz Cintia Rivero, abogada de la DNA de la "Sub Alcaldía Tunari-Epi norte", contra la parte accionante en ese sentido se inició dicho proceso ante la Jueza hoy accionada, adjuntando documentación; asimismo, se advierte imputación formal de 15 de octubre de 2025, en contra de la parte accionante en mérito a ello se emitió el Auto de 17 de igual mes y año, por el cual se señaló audiencia de consideración de medidas cautelares para el 24 del indicado mes y año, para las 10:30 horas, de manera presencial, se tiene memorial presentado el 21 de dicho mes y año, mediante el cual NN en representación de su hijo menor de edad AA, se apersonó y dio a conocer que su abogado de confianza tenia fijado una audiencia con antelación para esa misma fecha y hora, que fue respondido por el decreto de 23 del mismo mes y año, con ese memorial fue atendida la solicitud de suspensión de la audiencia cautelar;
  3. iii)Se tiene memorial presentado por PP y OO en representación de sus hijos menor de edad BB y CC, que solicitaron una valoración psicológica en la Cámara Gessell de la supuesta víctima y la parte accionante, igualmente se tenía memorial de 23 del referido mes y año, por el cual, NN en representación de su hijo menor de edad AA, dio cumplimiento con el decreto de 23 de octubre de 2025, siendo atendido por la Jueza ahora accionada por decreto de la misma fecha que señaló '"Se tiene por apersonada a Noemi Rosana Fernández Olio de García en calidad de progenitora del adolescente (...), con quien se deberá de entender ulteriores alteraciones. Por otro lado, providenciando el memorial de fecha 21 del mismo mes y año, a considerarse en audiencia si fuera necesario, debiendo a esta parte observar el procedimiento conforme a la ley 025"' (sic); por lo que, fue cierto y evidente todo lo alegado por la parte accionante;
  4. iv)Se tiene acta de resolución del desistimiento de DD, acta de compromiso de garantías, acuerdo de terminación anticipada suscrito por la parte accionante conjuntamente sus progenitoras, el Fiscal de Materia, la abogada de la DNA que patrocino a AA, el cual fue consultado a su progenitora quien señalo "que está bien que la abogada de la Defensoría sea su abogada, ya que los otros chicos tienen sus abogados" (sic), abogado de la DNA y otro abogado patrocinador y acta de resolución de terminación temprana, entre lo más relevante se tiene la verificación de las partes estarían presentes, la parte accionante cada uno acompañado con sus progenitoras, BB y CC acompañado por su abogado, AA acompañado por la abogada de la DNA, asimismo, la DNA en representación de la víctima y la representante de la DNA como "parte neutral", quien indicó que velando por el interés superior de los menores de edad no hizo observación alguna; ya que, se pretendió que el menor de edad AA no este sin defensa técnica, tomando en cuenta que el procedimiento en materia de niñez es especial debió continuar la abogada de la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente (DEMUNA) como defensa del menor de edad AA;
  5. v)Se tiene transcrito el desarrollo de audiencia de consideración de medidas cautelares del cual se puede advertir que el Fiscal de Materia modificó su requerimiento conclusivo por terminación anticipada del proceso; por cuanto, la parte accionante asumieron su responsabilidad en la comisión del delito por el que se les acusaba, en ese sentido se emitió la Sentencia 72/25, que se determinó en los nombrados son autores del delito de abuso sexual y en consecuencia se aplicó la medida socioeducativa restricción de libertad bajo régimen domiciliario, por el tiempo de veinticuatro meses, medida que sería cumplido en sus domicilios particulares y bajo supervisión de sus progenitores;
  6. vi)De la revisión del cuaderno de control jurisdiccional del proceso penal que dos de los menores de edad infractores BB y CC fueron patrocinados y defendidos por su abogado particular, quien con anterioridad ya hubiese presentado memorial solicitando valoración psicológica en Cámara Gessell, en ese mismo sentido se tiene el acuerdo de terminación anticipada del proceso en el cual de igual forma suscribe dicho profesional; por lo que, no se advierte que se les hubiera vulnerado el derecho al debido proceso en su elemento al derecho a la defensa, debido a que ese profesional ya en una anterior oportunidad les asistió a la parte accionante;
  7. vii)Con respecto a la defensa del menor de edad AA, siendo evidente que fue asumido por la abogada de la DNA; sin embargo, no fue arbitraria; ya que, en el mismo acto se consultó a la progenitora si estaba de acuerdo que la citada abogada asuma la defensa de su hijo, teniéndose transcrito en el "acta" y se tendría el consentimiento expreso de la misma, en mérito a ello se desarrolló la audiencia de consideración de medidas cautelares y se emitió la Sentencia 72/25; por lo que, no ha sido vulnerados en su derecho al debido proceso en su elemento a la defensa;
  8. viii)Además, la abogada de la DNA quien asumió la defensa de AA, no fue quien interpuso la denuncia que derivó en imputación formal en contra de la parte accionante, el art. 185 del CNNA establece que la DNA es la instancia dependiente de los Gobiernos Autónomos Municipales que prestan servicios públicos de defensa psicosocio-juridicos gratuitos para garantizar los derechos de la niña, niño y adolescente en ese mismo sentido el art. 188 del citado Código establece que es una atribución de la DNA apersonarse de oficio, intervenir en defensa de los menores de edad ante las instancias judiciales en cualquier estado de la causa sin necesidad de mandato expreso y el art. 228 del CNNA; y,
  9. ix)Lo alegado en la acción de libertad de que no se hubiese consultado o asesorado con relación al instituto jurídico de terminación anticipada del proceso, resulta no ser cierto, el cual fue comprobado por documento acompañado en el cuaderno de control jurisdiccional del proceso penal, así se evidencia en el acta de resolución de terminación anticipada del proceso y la Sentencia 72/25 en su considerando IV, tampoco se lesiono el derecho a la impugnación; ya que, fueron consultados a la parte accionante y a sus abogados defensores, y los mismo señalaron no hacer uso de dicho recurso.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Asimismo, mediante acuerdo jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

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Tribunal Constitucional Plurinacional19 de febrero de 20260132/2026-S1Fuente oficial