Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0132/2026-S3 Sucre, 9 de marzo de 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional
Expediente: 59716-2023-120-AAC Departamento: Beni
En revisión la Resolución 087/2023 de 1 de noviembre, cursante de fs. 1387 a 1395 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jorge Calderón Zuleta y Antonio Armando Encinas Orozco, en representación legal de la Empresa Distribuidora de Gas Sucre Sociedad Anónima Mixta (EMDIGAS SAM) contra José Antonio Revilla Martínez y Esteban Miranda Terán, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 28 de septiembre y 5 de octubre de 2023, cursantes de fs. 26 a 40 y 1144 a 1151 vta. respectivamente, la parte accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso contencioso administrativo, instaurado por EMDIGAS SAM contra el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, impugnando la Resolución Ministerial (RM) RJH 023/2021 de 21 de abril -emitida en procedimiento administrativo de determinación de obligaciones al finalizar un contrato administrativo con YPFB, seguido por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) contra EMDIGAS SAM-, las autoridades ahora demandadas emitieron la Sentencia 121 de 27 de junio de 2022, declarando improbada la demanda interpuesta.
La indicada resolución resulta carente de fundamentación, motivación y congruencia, debido a que, ninguno de los argumentos expuestos en el memorial de demanda contenciosa administrativa fueron resueltos, conforme a las reglas antes descritas, habiéndose incurrido incluso en un lapsus calamis, al haber insertado elementos de hecho y de derecho que nada tenían que ver con la demanda planteada, como se aprecia del penúltimo párrafo de la indicada sentencia, en la que se incluyen consideraciones de otro caso, referido a una multa y cobro de la Aduana Nacional, que no tiene relación con su causa; lo que también ocurrió al referir la indicada Sentencia 121, al precisar en el párrafo anterior al por tanto, hechos y fundamentos jurídicos que de ninguna manera se relacionan al caso, como la aplicación del Código Tributario Boliviano o resoluciones de alzada de la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).
Si bien la señalada sentencia realizó un análisis por separado de algunos de los fundamentos de su demanda, al referirse a: La interpretación errónea, forzada, inapropiada e ilegal del art. 10 de la RM 03/93; y, creación del Fondo de Redes para empresas distribuidoras por el Decreto Supremo (DS) 27612 de 5 de julio de 2004, y la posterior emisión de la Ley 3058 de 17 de mayo de 2005, el DS 28291 de 11 de agosto de 2005 y su aplicación retroactiva; así como, la no impugnación del Auto de 14 de noviembre de 2003, con relación al Fondo de Redes creado por el DS 27612, más la obligación de los depósitos al mismo para las empresas distribuidoras y la existencia de aprobación de la estructura tarifaria por silencio administrativo; empero, lo resuelto al respecto carece de fundamento jurídico alguno, de manera que resulta arbitrario.
De otro lado, la indicada sentencia no se pronunció sobre la ausencia de consideración y valoración de la prueba; así como, del precedente establecido en la "Sentencia 417/2017", dictada en un proceso sancionatorio seguido contra EMDIGAS, en la que ya se resolvió que los Decretos Supremos 27612 y 28291 no pueden ser aplicados de forma retroactiva, pese a que dicho argumento era el más importante de la demanda y fue desarrollado a lo largo del procedimiento administrativo y el proceso contencioso administrativo. Prueba que tampoco fue valorada por los hoy demandados en amparo, y por la cual se demuestra que EMDIGAS SAM no le debe a YPFB por concepto de Fondo de Redes.
La Sentencia 121, tampoco resolvió conforme al debido proceso los demás argumentos de la demanda contenciosa administrativa; es decir, con una fundamentación razonada sobre los hechos y el derecho, lo cual no puede suplirse con meras conclusiones, defectos que se encuentran presentes al analizarse las siguientes cuestiones: La interpretación y errónea aplicación del art. 10 de la RM 03/93; la falta de efecto regulatorio del Auto de 14 de noviembre de 2003, al haber sido emitido en un proceso administrativo; sobre el cual, la señalada sentencia solo se limitó a reiterar lo señalado en la RM 023/2021; el Fondo de Redes creado por DS 27612 y la obligación de los depósitos al mimo para las empresas distribuidoras ; y, la aplicación retroactiva del DS 28291; sobre los cuales, la Sentencia 121 consideró que repetir lo que la resolución demandada manifestó al respecto, era suficiente.
En cuanto al silencio administrativo reclamado, por el cual se asumió dar por aprobado su estructura de precios ante la ausencia de respuesta del ente regulador en el plazo fijado en el contrato, la indicada sentencia solo concluyó que dicho argumento carecía de sustento para formar convicción, además de señalar lo regulado sobre el punto por la Ley de Procedimiento Administrativo; empero, sin referirse a la regulación de dicha figura en el contrato suscrito.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
Denunció la lesión al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, valoración integral de la prueba y aplicación objetiva de la ley, citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se determine dejar sin efecto la Sentencia 121 de 27 de junio de 2022.
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