Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0133/2019-S4 Sucre, 17 de abril de 2019
SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional
Expediente: 25467-2018-51-AAC Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución 04/2018 de 31 de agosto, cursante de fs. 274 a 280, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por María del Carmen Avilés Peñaranda, Mauricio Bernal Hurtado, Cristhian Alberto Gutiérrez Martínez y Katherine Silvia Garnica Rivas en representación legal de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) contra Carlos Alberto Egüez Añez y Ricardo Torres Echalar, Magistrados de la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 17 de julio de 2018, cursante de fs. 166 a 178 vta., la parte accionante refirió los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Desde el 8 de febrero de 2013 hasta el 11 de abril de 2014, Carla Victoria Echazú Corminales, fungió como Gerente Administrativa Financiera de la COMIBOL, cargo de confianza y de libre nombramiento, clasificado dentro de la categoría ejecutiva, por ser de dependencia directa de la Presidencia Ejecutiva de la institución, al haber sido nombrada directamente por el entonces Presidente Ejecutivo, Edgar Pinto Landaeta; sin embargo, debido a la presunta comisión de hechos de corrupción, que dieron lugar a la intervención de COMIBOL por parte de los Ministerios de Metalurgia y Transparencia y Lucha Contra la Corrupción; se produjo el cambio en la Presidencia Ejecutiva de COMIBOL, que fue asumida por Marcelino Quispe López, nueva autoridad que dispuso la desvinculación de todo el plantel ejecutivo, entre los que figuraba la prenombrada Gerente Administrativa Financiera, para quien, se emitió el Memorándum de agradecimiento de servicios PE-373/2014-A de 11 de abril, con el reconocimiento de todos sus beneficios sociales.
Ante la desvinculación producida, la afectada instauró una demanda laboral contra COMIBOL, por reincorporación sujeta a salarios devengados y otros, ante el Juzgado de Trabajo y Seguridad Social Séptimo del departamento de La Paz; instancia que pronunció la Sentencia 44/2016 de 1 de abril, que declaró improbada la demanda y dispuso el archivo de obrados, determinación que fue impugnada por la demandante -ahora tercera interesada- a través de un recurso de apelación, resuelto por Auto de Vista 081/2017 S.S.A. II de 3 de julio, que confirmó el fallo de primera instancia.
Contra la Resolución del Tribunal de alzada, la precitada formuló recurso de casación en el fondo, reiterando íntegramente los argumentos expuestos en el recurso de apelación, el cual fue resuelto por los Magistrados ahora demandados, mediante el , que casó el Auto de Vista impugnado y dispuso la inmediata reincorporación de la demandante a su fuente de trabajo, más el pago de sueldos devengados desde el momento de su retiro injustificado.
Agregó que, el Auto Supremo impugnado, omitió exponer todos los antecedentes del proceso, pues los únicos actos procesales que consideró, valoró, cotejó y dio como válidos, fueron la Sentencia, el Auto de Vista y los motivos contenidos en el recurso de casación, excluyendo la contestación presentada por COMIBOL, pese a que en dicho actuado procesal habían expuesto en forma sistemática y suficiente las razones por las cuales, dicho recurso impugnatorio debió ser rechazado in límine, al no haberse ajustado a lo previsto por el art. 271 del Código de Procesal Civil (CPC); con la agravante de que, dicho fallo se circunscribió a reproducir los argumentos expuestos en el recurso de casación, incurriendo en una nula fundamentación jurídica e intelectiva que no le permitió conocer cuál fue el valor que otorgó a los fundamentos expuestos en el memorial de contestación al citado recurso por parte de COMIBOL ni cuáles fueron las razones por las cuales, las observaciones realizadas por su parte a la casación interpuesta, hubieran resultado deficientes; así como tampoco, cual fue la causa por la que se decidió considerar únicamente las piezas producidas por la parte demandante y cuáles fueron las citas legales, jurisprudenciales, doctrinales y racionales, en las que se basaron las autoridades demandadas, para determinar la exclusión de su memorial de contestación, presentado el 20 de septiembre de 2017; omisiones, que vulneraron el debido proceso en su componente, fundamentación y motivación de las resoluciones, así como impidieron la realización material del derecho a la defensa, a ser escuchado y a obtener una respuesta oportuna a lo peticionado en su contestación al recurso de casación, demostrando un interés manifiesto de escuchar y resolver únicamente a lo solicitado y argumentado por la parte entonces demandante.
Al margen de lo indicado, a petición de la ahora tercera interesada, el Auto Supremo impugnado ingresó al análisis de fondo de la controversia al momento de casar el Auto de Vista 081/2017, realizando un nuevo análisis probatorio del Memorándum PE-373/2014 de 11 de abril, de destitución de funciones siendo el único que se tomó en cuenta y sobre el cual el Tribunal de casación formó juicio de valor, concluyendo equivocadamente que Carla Victoria Echazú Corminales, fue despedida de manera intempestiva, soslayando considerar y valorar el documento idóneo con el cual sí se la desvinculó y que consistió en el Memorándum PE-373/2014-A, de agradecimiento de servicios, documento este último que al haber sido obviado por el Tribunal de casación, evidenció la lesión del debido proceso en cuanto a la valoración de la prueba.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
La parte accionante consideró que fueron lesionados sus derechos al debido proceso, en sus elementos, fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones, a la igualdad procesal de las partes, el derecho a la defensa, a la petición y a la valoración de la prueba, sin citar ningún artículo de la Constitución Política del Estado.
I.1.3. Petitorio
Solicitaron se les conceda la tutela y en consecuencia, se deje sin efecto el , disponiendo que las autoridades demandadas emitan una nueva resolución.
I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías
Celebrada la audiencia pública el 11 de octubre de 2018, según consta en el acta cursante de fs. 258 a 273, presente los representantes legales de la entidad accionante y el representante de la Procuraduría General del Estado y ausente de los magistrados demandados y la tercera interesada, se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación de la acción
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