0133/2023-S4

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia:

1. a)Se deje sin efecto la Resolución 171/2020; y,
2. b)Se ordene la emisión de una nueva, dentro de un plazo razonable, que responda los agravios denunciados en apelación, ingresando a analizar el fondo de la problemática planteada.

El solicitante de tutela, luego de reiterar en audiencia los términos de su acción de amparo constitucional, ampliándolos señaló que:

1. 1)En el caso concreto, el fondo de la decisión asumida por el de instancia, nunca fue revisada; es decir, no se analizó si la sanción disciplinaria era procedente o no; lo que se hizo fue denegar el recurso por una aparente presentación extemporánea;
2. 2)El art. 110.I del Acuerdo 20/2018, establece que el recurso de apelación se interpondrá en el plazo fatal y perentorio de cinco días hábiles, computables a partir del día de la notificación; consecuentemente, corresponde verificar si esos días hábiles se han cumplido o no para denegar adecuadamente el recurso de apelación;
3. 3)El Juzgado Disciplinario Primero de Oruro no trabajó en los días que estableció la Circular que fue objeto de la acción tutelar, Instructivo del Consejo de la Magistratura RD/CM 05/2020; en el que, se hizo constar una orden expresa; manifestando que, el personal que no este de turno debe estar en su domicilio; es decir que, en el caso el Juzgado Disciplinario estaba en su domicilio y no existía siquiera la posibilidad de entender que el recurso podía haber sido presentado en dicho despacho; tampoco había la posibilidad de presentar el memorial o recurso mediante alguna plataforma de atención al público como un buzón judicial; y lógicamente la posibilidad de presentar recursos ante el Notario de Fe Pública o en el domicilio particular del secretario, desapareció con la "formulación de la Ley 025";
4. 4)La presentación del recurso se realizó el primer día hábil que volvió a trabajar el Juzgado Disciplinario Primero de Oruro; inclusive se lo hizo dentro del plazo de los cinco días hábiles, descontando los días 10 al 14 y del 24 al 28 de agosto de 2020, cuando no se encontraba de turno; por ello, no corresponde debatir sobre el tema del cómputo de los plazos, más aún cuando se atravesaba un periodo de cuarentena sanitaria;
5. 5)La jurisprudencia constitucional establece un principio certero, traducido en la siguiente frase: al impedido por justa causa, no le corre plazo ni le depara perjuicio; y en el caso concreto, quien interrumpió el plazo fue el Consejo de la Magistratura, a través de su instancia administrativa, que determinó ese quiebre en el cómputo de los plazos;
6. 6)Se le vulneró su derecho a la impugnación, vinculado al principio de seguridad jurídica por ser una resolución que no cumplió con todas las formalidades que generen verdad material y no ha resuelto el fondo de lo cuestionado.

Marvin Arsenio Molina Casanova, entonces Presidente del Consejo de la Magistratura, mediante informe escrito presentado el 2 de marzo de 2022, cursante a fs. 36 y vta.; señaló que:

1. i)La Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura, emitió Resolución 171/2020, que resolvió confirmar la RA Disciplinaria de primera instancia 10/2020, que declaró probada la denuncia por la falta disciplinaria prevista en el art. 187.14 de la LOJ, e impuso la sanción de suspensión del ejercicio de sus funciones por un mes sin goce de haberes; y,
2. ii)Aclara que asumió el cargo el 29 de julio de 2021, en ese entendido no fue relator y/o suscribiente de la resolución de segunda instancia, objeto de la acción de amparo constitucional; circunscribiéndose su participación al pronunciamiento del Auto de 5 de noviembre de 2021, que resolvió la solicitud de aclaración solicitada por el accionante, limitándose a declarar no ha lugar a la solicitud de aclaración efectuada; por lo que, no entró al fondo de la decisión asumida por los Consejeros de la Magistratura, Mirtha Meneses y Omar Michel Durán.

Mirtha Gaby Meneses Gómez, Decana del Consejo de la Magistratura, mediante informe escrito presentado el 2 de marzo de 2022, cursante a fs. 35 y vta.; señaló que:

1. a)La Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura, emitió la Resolución 171/2020, que resolvió confirmar la RA Displinaria de primera instancia 10/2020,y rechazar por extemporáneo el recurso de apelación del accionante; declarando para él la ejecutoria de la RA Disciplinaria 10/2020, que declaró probada la denuncia en su contra e impuso la sanción de suspensión de un mes sin goce de haberes; y,
2. b)Aclaró que asumió el cargo de Consejera y miembro de la Sala Disciplinaria desde el 16 de agosto de 2021; razón por la cual no fue relatora y/o suscribiente de la Resolución 171/2020, objeto de la presente acción de defensa; limitándose a resolver la solicitud de aclaración de 5 de noviembre de 2021, presentada por el solicitante de tutela, y a dicha petición se resolvió declarar no ha lugar, por considerar que estaba vinculada a la revisión o modificación de la decisión de fondo asumida en la Resolución de segunda Instancia.

Silvia Patricia Guerra Revollo de Pereyra y Esequiel Rocha Callejas, en representación legal de Omar Michel Durán, mediante memorial de 2 de marzo de 2022, cursante de fs. 37 a 46, informaron que:

1. 1)De antecedentes se advierte que dentro de la denuncia formulada por Jhonny Hernando Siles Yucra, contra el ahora impetrante de tutela, por la presunta falta grave prevista en el art. 187.14 de la LOJ; el Juez Disciplinario Primero del Oruro, estableció que el demandado era pasible a responsabilidad disciplinaria; determinación que fue impugnada vía recurso de apelación y resuelta mediante Resolución 171/2021, que rechazó analizar el fondo del recurso, por haber sido presentado en forma extemporánea, habiendo formulado el 9 de agosto de 2021, aclarando sobre el motivo por el cual no se tomaron en cuenta la suspensión de los plazos procesales, obteniendo como resultado en forma tardía la resolución complementaria de 5 de noviembre del mismo año, que sin fundamento rechazo la aclaración impetrada por Auto de 2 de febrero de 2022, llegándose a ejecutoriar la resolución sancionatoria desde el 11 de febrero;
2. 2)La Resolución 171/2020, rechazó analizar el fondo del recurso de apelación, por haber sido presentado de forma extemporánea, desconociendo que fue presentada dentro del plazo fatal y perentorio de 5 días, conforme a lo señalado en el art. 204.I de la LOJ, concordante con los arts. 14.I y 110.I del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, aprobado por Acuerdo 20/2018, cuyo cómputo comienza a partir de la notificación con la sentencia disciplinaria y concluye el último día hábil del quinto día a la misma hora; es decir, de momento a momento;
3. 3)De los antecedentes se advierte que el accionante planteó el recurso de apelación contra la Resolución 171/2020, fuera del plazo legalmente establecido; circunstancia que hace inviable la tutela demandada;
4. 4)En el caso presente se notificó al accionante, con la RA Disciplinaria de primera instancia 10/2020, el 19 del mismo mes y año; y planteó su recurso de apelación el 31 de agosto de 2020; es decir, fuera del plazo fatal y perentorio de cinco días;
5. 5)El argumento utilizado, que el Consejo de la Magistratura había emitido el Instructivo RD/CM 05/2020, estableciendo turnos de los Jueces Disciplinarios del departamento de Oruro, como efecto de la pandemia por el COVID-19, no implica la suspensión de los plazos procesales, como erróneamente pretende el accionante; consecuentemente, el plazo para interponer el recurso de apelación se computa de momento a momento, conforme a lo establecido por el art. 204.I de la LOJ, concordante con el art. 14.I del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental;
6. 6)Al haber presentado el recurso de apelación fuera de plazo, imposibilitó al Tribunal de Segunda Instancia a pronunciarse sobre el fondo de los argumentos planteados en el memorial de apelación; en consecuencia, adquirió firmeza la RA Disciplinaria de primera instancia 10/2020, conforme a lo dispuesto en el art. 117.I del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, por lo que no se vulneró derecho alguno, como alega el accionante; por el contrario, el rechazo de su recurso de apelación se debe a su descuido y negligencia en el uso de los recursos en materia disciplinaria; correspondiendo denegar la tutela solicitada. Y, en audiencia de acción de amparo constitucional, continuaron señalando que:
7. i)Los plazos establecidos en el Acuerdo 20/2018, son de cumplimiento perentorio y cualquier desfase de ésos puede darse como inviabilidad de algún recurso; y tienen como propósito el evitar que dentro de un proceso se puede impugnar eternamente algún aspecto;
8. ii)No existe algo material que demuestre que durante los turnos de los Juzgados Disciplinarios, fuesen tomados como días inhábiles y no pudieren ser computados como días hábiles;
9. iii)En ningún momento fue vulnerado el derecho a la impugnación del solicitante de tutela, ya que éste presentó incluso su recurso de aclaración y apelación; y si bien no se lo consideró, fue por su presentación de manera extemporánea.

Luz Verónica Moya Cayoja, Vocal de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del departamento de Oruro, con el uso de la palabra, en audiencia de acción de amparo constitucional, manifestó que:

1. a)La Resolución emitida por las autoridades demandadas, no contiene fundamento ni motivación; y resulta evidente la existencia del Instructivo que cursa en el cuaderno constitucional, que fue emitido por el Consejo de la Magistratura, llevando sello y firmas de Omar Fulguera Gonzales quien en su oportunidad fue Encargado Distrital del Consejo de la Magistratura y Sandy Rodríguez Aguilar, que fue Encargada de Recursos Humanos (RR.HH.), dependiente del Consejo de la Magistratura del distrito de Oruro; en el que, establecieron que los plazos procesales habían sido suspendidos y que éstos corrían a partir de los turnos que se habían establecido;
2. b)Dentro de esos turnos; se establece que, el accionante presentó su recurso de apelación, en término y plazo oportuno, conforme señala el Reglamento de Control de Personal; y,
3. c)Por los antecedentes referidos, y ante la vulneración del art. 180 de la CPE, al no haberle permitido al accionante, obtener una respuesta a su recurso de apelación, pidió se conceda la tutela en su totalidad, anulando la resolución motivo de la acción tutelar.

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por Resolución 18/2022 de 7 de marzo, cursante de fs. 91 a 95 vta., concedió la tutela solicitada, anulando la Resolución 171/2020, y el Auto de 5 de noviembre de 2021, ambos emitidos por el Tribunal Disciplinario de Segunda Instancia del Consejo de la Magistratura; disponiendo que los miembros de dicho tribunal emitan nueva resolución considerando en el fondo los fundamentos de los recursos de apelación planteados; ello bajo los siguientes fundamentos:

1. 1)En el caso concreto, los miembros de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura, a tiempo de emitir la Resolución 171/2020, y realizar concretamente un análisis en el Considerando IV, respecto de la apelación formulada por el accionante contra la RA Disciplinaria 10/2020, pronunciada por la Jueza Disciplinaria Primera de Oruro, y rechazar la misma por su extemporánea presentación; actuaron de manera muy formalista, porque solo se limitaron a realizar una serie de citas legales y jurisprudenciales; sin considerar que, la Representación Distrital del Consejo de la Magistratura de Oruro, por Instructivo RD/CM 05/2020, determinó un plan de trabajo y turnos de las distintas reparticiones administrativas, estando incluidos los Juzgados Disciplinarios Primero y Segundo; estableciendo que el Juzgado Disciplinario Primero tenía que estar en funciones los días 3 al 7 y desde el 17 al 21 de agosto; disponiendo además de forma textual que en relación a los plazos procesales, sin perjuicio de la naturaleza de cada caso, se computarán los mismos, sólo los días y horas hábiles de cada juzgado que se encuentre abierto y con atención al público, es decir los juzgados de turno;
2. 2)Lo que significa que se hacía imposible que se pueda presentar el recurso de apelación en la fecha y hora en la que concluían los cinco días, que en caso era el 26 de agosto de 2020, porque el Juzgado Disciplinario Primero de Oruro no se encontraba en funciones, lo que ameritó a que se presente el recurso de apelación el 31 de agosto de 2020; que ciertamente es el día hábil en que entró en funciones el referido Juzgado Disciplinario; resultando el argumento esgrimido en la Resolución 171/2020, excesivamente formalista y pone por encima de la eficacia sustancial del derecho a la impugnación; a cuestiones formales que, no tienen trascendencia ni relevancia; dado que, las autoridades demandadas, por medio de su representante distrital, determinó el funcionamiento de los Juzgados Disciplinarios, entre otros, en dicho distrito judicial; y,
3. 3)Por lo expuesto, evidenció la lesión alegada por el accionante, en la negativa de considerar la impugnación planteada, rechazándola por un criterio excesivamente formalista.