Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0133/2026-S1 Sucre, 19 de febrero de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 79299-2025-159-AL Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución 0005/2025 de 20 de noviembre, cursante de fs. 313 a 324, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por NN en representación de la menor de edad AA contra Belinda Romero Ferrufino, Fiscal de Materia; Esteban Castro Chipana, Director de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia y la Unidad de Defensorías y Riesgos Sociales del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; y, Karen Flores Azurduy, Encargada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
La parte accionante, por memorial presentado el 19 de noviembre de 2025, cursante de fs. 176 a 197 vta., manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Su matrimonio fue disuelto mediante Sentencia de Divorcio 266/2018 de 15 de octubre; por lo que, se le otorgó inicialmente la guarda a la madre de la menor de edad AA, quien en ese momento contaba con casi dos años de edad.
Desde ese momento, cumplió de manera estricta, responsable y sostenida con todas las obligaciones impuestas, ofreciendo incluso de forma voluntaria una asistencia familiar de Bs2 000.- (dos mil bolivianos) mensuales, monto que fue cancelado puntual e ininterrumpidamente. Asimismo, ejerció activamente el régimen amplio de visitas establecido judicialmente, compartiendo con la menos de edad AA, fines de semana, vacaciones, celebraciones de navidad y viajes al interior y exterior del país, contando siempre con los permisos firmados por la madre.
Desde la emisión de la referida sentencia y hasta finales de 2023, mantuvo una presencia constante y activa en la vida de la -menor de edad AA-, no limitándose al cumplimiento económico, sino participando en su formación académica, emocional, recreativa y familiar. Durante la pandemia, asumió un rol aún más comprometido, brindando estabilidad, vivienda adecuada y cobertura total de gastos cuando fue necesario. El 10 de diciembre de 2023, se trasladó a la ciudad de Sucre, para asistir a una presentación de ballet de la -menor de edad AA- y realizar trámites de permisos de viaje y renovación de pasaporte. Concluidos dichos trámites, el 11 de igual mes y año, viajó con la citada menor de edad, a la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, donde permaneció bajo su cuidado continuo. Posteriormente, el 15 de diciembre de 2023, la madre se trasladó a la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, indicando que evaluaba establecerse laboralmente en dicha ciudad. El 13 de febrero de 2024, la menor de edad AA, manifestó de manera espontánea y voluntaria su decisión de quedarse a vivir con su persona, expresándole a su madre mediante llamada telefónica. Ante ello, la nombrada aceptó dicha decisión sin objeción ni condicionamiento alguno y procedió a entregar sus pertenencias personales. Desde esa fecha, asumió de manera continua, estable y exclusiva la responsabilidad integral sobre el cuidado, manutención, salud, educación y bienestar cotidiano de la citada menor de edad, sin recibir apoyo económico por parte de la progenitora. En todo momento facilitó el contacto entre madre e hija, permitiendo visitas y comunicación sin restricción alguna. Durante las gestiones 2024 y 2025, la menor de edad AA, residió de manera permanente en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, bajo su cuidado, asistiendo regularmente a su Unidad Educativa, participando en actividades deportivas, culturales y religiosas, como fútbol, ballet y catequesis. Las certificaciones emitidas por el establecimiento educativo acreditan su excelente desempeño académico, asistencia regular, adecuada presentación personal y estabilidad emocional; así como, el cumplimiento puntual de las obligaciones económicas por parte del accionante. No obstante lo anterior, el 5 de noviembre de 2025, el personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) del Gobierno Autonómo Municipal de La Paz, acompañado por funcionarios policiales y la madre de la menor de edad AA, se apersonaron a la Unidad Educativa y procedieron a retirarla en plena gestión escolar, delante de sus compañeros y profesores, en cumplimiento de un Requerimiento Fiscal de 31 de octubre de citado año, que instruía coordinar un supuesto "rescate" por presunta violencia psicológica. Sin embargo, un informe psicológico oficial elaborado en el mismo caso concluyó expresamente que no existía ningún tipo de violencia física ni psicológica ejercida por su persona y que citada la menor de edad, vivía adecuadamente bajo su cuidado, recomendando precautelar su estabilidad emocional. Sumado a ello, dejó constancia que no fue notificado formalmente con ninguna medida judicial ni resolución que dispusiera el apartamiento de la menor de edad AA, tampoco se le permitió acceder al cuaderno de investigaciones pese a sus reiteradas solicitudes. Existen además contradicciones entre las instituciones intervinientes; ya que, en la ciudad de Sucre, se certificó que no se realizó ningún operativo de recepción o rescate de la menor de edad, desconociéndose oficialmente su paradero.
La menor de edad AA, fue retirada de su Unidad Educativa sin sus pertenencias personales, interrumpiendo sus exámenes finales, actividades académicas relevantes y compromisos religiosos previamente programados, afectando de manera abrupta su estabilidad escolar, social y emocional.
De esa manera, la actuación del Ministerio Publico y de la DNA del Gobierno Autonómo Municipal de La Paz, fue arbitraria, desproporcionada y carente de transparencia, vulnerando derechos fundamentales tanto de la menor de edad AA, como los suyos, al separarla abruptamente de su entorno estable y seguro, sin que exista evidencia de violencia en su contra.
Finalmente, aclaró que jamás ejerció violencia ni retuvo a la menor de edad AA contra su voluntad, y que su actuación siempre estuvo orientada a garantizar su protección integral, estabilidad y desarrollo armónico, conforme al principio del interés superior de la menor de edad.
I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados
La parte accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad personal y de locomoción, al debido proceso, a la educación, a la integridad, a la familia y a la dignidad; así como, al principio de proporcionalidad; citando al efecto los arts. 21, 23, 59, 60, 62, 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga que: se declare la nulidad total del Requerimiento Fiscal de 31 de octubre de 2025, se ordene la restitución inmediata de la menor de edad AA, con la finalidad de que pueda recuperar el año escolar y quede a su guarda y custodia, con la supervisión de la DNA, hasta que la autoridad jurisdiccional competente resuelva la situación legal con el debido proceso ya que la madre por voluntad propia le dejó bajo su cuidado sin asumir ninguna responsabilidad económica; y, se aplique el pago de daños y perjuicios, costas y costos.
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
Celebrada la audiencia virtual el 20 de noviembre de 2025, según consta en el acta cursante de fs. 284 a 312 vta., se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
La parte accionante en audiencia, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que:
- a)El retiro de la menor de edad AA fue ilegal; ya que, el Requerimiento Fiscal de 31 de octubre de 2025, no cumplió con los estándares establecidos por la jurisprudencia constitucional;
- b)La DNA del Gobierno Autonómo Municipal de La Paz, actuó de manera irresponsable al retirar a la la menor de edad AA, de su Unidad educativa sin cumplir las formalidades legales, sin acta de entrega y sin informar adecuadamente a la parte accionante, quien ejercía tutela de hecho;
- c)La presente acción de libertad procede, debido a que existe afectación a la integridad psicológica de la menor de edad AA y vulneración al derecho debido proceso;
- d)No hubo un informe psicológico ni social previo que demostre un peligro real o inminente que justificara separarla de su padre;
- e)La menor de edad AA vivía con su persona en ciudad de Nuestra Señora de La Paz, desde diciembre de 2023, donde tenía estabilidad emocional, buen rendimiento escolar y actividades formativas;
- f)En cambio en la ciudad de Sucre, sufría bullying, según chats y escritos personales, y que un informe psicológico realizado el día de su retiro indicó que no presentaba signos de violencia;
- g)Las DNA del Gobierno Autonómo Municipal de La Paz y del Gobierno Autonómo Municipal de Sucre, no coordinaron adecuadamente, no brindaron información clara sobre el paradero de la menor de edad AA, y que la Fiscal de Materia le negó acceso al cuaderno de investigación; además existen inconsistencias en las medidas de protección emitidas y falta de valoración multidisciplinaria;
- h)La menor de edad AA, fue apartada sin cumplir el requisito constitucional de demostrar daño inminente y actual, como exige la jurisprudencia y no se priorizó el interés superior de la menor de edad AA, afectando su educación, estabilidad emocional, actividades religiosas y comunicación con su persona; y,
- i)Finalmente, solicitó la restitución inmediata de la menor de edad AA, con su persona sin pedir la guarda definitiva, en resguardo de su interés superior, denunciando que la actuación estatal fue desproporcionada, irregular y contraria a la normativa constitucional.
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