0134/2021-S1

1. 1.-El Auto de Vista 231/2020 al no valorar la garantía unilateral sobre la base de la SCP 185/2019-S3 generó una incongruencia omisiva externa y por tanto una motivación arbitraria al no dar aplicación al art. 203 de la Constitución Política del Estado (CPE).

1. 2.-El Auto de Vista cuestionado al no valorar la garantía unilateral en base a la SCP 185/2019-S3 generó una falta de valoración razonable de la prueba que resulta un elemento del debido proceso.

1. 3.-El Auto de Vista 231/2020 al referir que cada imputado tiene una identificación del modo, tiempo y lugar diferente, genera una incongruencia interna e incongruencia aditiva externa, toda vez que se demostró con la resolución 200/2019 que fueron cautelados bajo los mismos argumentos de probabilidad de autoría y riesgos procesales de obstaculización del imputado Antonio José Iván Costas Sitic, Edgar Gonzales López y Adela María Eugenia Choque Quispe, razón por la que consideró la existencia de una motivación arbitraria.

1. 4.-El Auto de Vista 231/2020 al no valorar las garantías unilaterales emitidas sobre la base de la SCP 185/2019-S3 fueron dirigidas al personal sub alterno del Tribunal Supremo Electoral, ex Vocales del mismo Tribunal de referencia, miembros de empresas contratadas, genera una incongruencia omisiva externa y por tanto una motivación arbitraria.

1. 5.-El Auto de Vista cuestionado, al dar valor a una circular por encima de la norma positiva prevista en el art. 239.2 del CPP., generó una lesión directa al derecho a la garantía constitucional a la libertad, entendiendo que existe suspensión de plazos cuando en los hechos la restricción al derecho a la libertad nunca ha cesado.

1. 6.-El acto impugnado Auto de Vista 231/2020, incurrió en una motivación arbitraria al no corregir el error del juez a quo, en sentido que en ninguna audiencia de cesación a la detención preventiva "contraviniendo lo dispuesto por el art. 239.2 mantuvo la detención preventiva por encima de los mandatos legales y constitucionales vinculados a la libertad" (sic).

Solicitó se conceda la tutela impetrada y se disponga:

1. i)Dejar sin efecto el Auto de Vista 231/2020 de 22 de julio y se emita nueva resolución en el plazo de veinticuatro horas que concuerde con lo previsto en el art. 239.2 del CPP, en proporción con las líneas previstas en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 185/2019-S3; 234/2019-S3;100/2013-R; y,
2. ii)Se multe con la suma de Bs100 000.- (Cien mil Bolivianos) al Vocal demandado.

Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe de 25 de julio de 2020, cursante de fs. 41 a 42, manifestó lo siguiente:

1. a)Los agravios de la resolución apelada gravitan fundamentalmente en que hubieran planteado su petitorio sobre la base del art. 239. 1 y 2 del CPP; toda vez que se encontraría detenida mediante Resolución 200/2019 desde el 13 de noviembre de 2019, así como también hace constar que como al co procesado se le concedió la cesación a la detención preventiva, debería también otorgársele la cesación a su detención preventiva más aun cuando presentó garantías unilaterales para desvirtuar dicho riesgo procesal;
2. b)El juez cautelar decidió que las garantías y nuevos elementos aportados a fin de enervar el riesgo procesal, no fueron suficientes además que los nuevos elementos ya fueron presentados con anterioridad en otras audiencias ya definidas;
3. c)El criterio asumido por el juez inferior, no resulta arbitrario y como tribunal de apelación se ve impedido de revalorizar la prueba aportada;
4. d)En relación al transcurso de los seis meses de detención preventiva, el juez a quo, consideró circulares emanados por el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz respecto a la suspensión de plazos,; por lo que, resulta atendible en razón de la pandemia a fin de preservar la salud y vida de los sujetos procesales, porque legalmente no resulta correcto que prosiga una investigación sin control jurisdiccional "y cuando los plazos están suspendidos, por ello los querellantes hicieron mención al Auto de Vista 207/2020 de 10 de junio de 2020" (sic), emanada por la Sala Penal Segunda, con referencia a que los plazos se encuentran suspendidos tomando en cuenta el último párrafo del art. 130 del CPP.; y,
5. e)La Sala no ha evidenciado agravios de la resolución apelada, además considera que se emitió una resolución de manera taxativa sobre todos los puntos apelados.

El Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 10/2020 de 25 de julio, cursante de fs. 44 a 47 y vta., concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo únicamente se dicte un nuevo Auto de Vista de manera fundamentada, motivada y congruente, en atención a lo solicitado en la audiencia de apelación de 22 de julio de 2020, siendo excusable lo demás; sobre la base de los siguientes fundamentos:

1. 1)Del informe de la autoridad demandada hace referencia a que la Sala no ha evidenciado agravios de la resolución apelada, además que se ha pronunciado en forma taxativa sobre todos los puntos apelados; por tal motivo debería haber acompañado el auto de vista la parte accionante a fin de evidenciar los extremos denunciados; sin embargo, no obstante a su legal notificación, el Vocal demandado tampoco remitió el Auto de Vista cuestionado, ni otros elementos de juicio y convicción a fin de desvirtuar lo denunciado en la presente acción de defensa, pese que la audiencia de 22 de julio de 2020 su llevó a cabo de manera virtual, limitándose a presentar sola y únicamente un informe vía Whatsap a Secretaría del juzgado, informe que se considera insuficiente para desvirtuar lo denunciado en la presente acción de defensa;
2. 2)Hizo mención a la SCP 0389/2018-S2 de 24 de julio que en sus fundamentos jurídicos III.2. respecto a la presunción de veracidad de lo denunciado que "...en las acciones de defensa, la autoridad o persona demandada, tiene también el derecho a la defensa, en virtud del cual presentará la prueba que considere pertinente para desvirtuar la comisión del supuesto acto ilegal denunciado en la acción de libertad; pero además tratándose de acciones de libertad, la presencia, informe y presentación de prueba se constituye en un deber procesal, que tiene la finalidad de otorgar a los jueces y tribunales de garantías, así como al propio Tribunal Constitucional Plurinacional, bases ciertas para emitir una resolución justa, bajo el principio de verdad material" (sic). Así la SCP 0087/2012 de 19 de abril, sostuvo que: "...la parte demandada se encuentra impelida por su propio interés en presentar prueba para la desestimación de la acción de libertad cuya negligencia puede incluso dar lugar a responsabilidad constitucional, más aún cuando la acción este dirigida contra un servidor público en cuyo caso ya no se trata de una carga procesal sino un deber procesal emergente del art. 235.2 de la CPE, que establece que las y los servidores públicos deben cumplir con sus responsabilidades de acuerdo con los principios de la función pública" (sic).

1. 1)La imputada María Eugenia Choque Quispe a través de su defensa técnica a apelado la Resolución Nº 93/2020 de fecha 6 de julio de 2020, pronunciado por el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer 2º de la ciudad de La Paz, manifestando que se ha solicitado la cesación a la detención preventiva, en base al Art. 239 numerales 1) y 2) de la Ley Nº 1173 y también se ha considerado la Resolución Nº 200/2019 de fecha 13 de noviembre de 2019, en el que se ha dispuesto la detención la detención preventiva de la imputada, de igual manera el Auto de Vista Nº 479/2019 de fecha 23 de noviembre de 2019, respecto a que solamente está latente el Art. 234 Num.2) del Código de Procedimiento Penal, peligro de obstaculización.

1. 2)De igual manera, el 15 de enero de 2020, el coimputado Antonio Costas, se ha beneficiado con la cesación a la detención, que está involucrado dentro del presente caso de autos y considerando la Sentencia Constitucional Nº 785/2019-S3 que se ha otorgado garantías unilaterales, asimismo, la Resolución Nº 09/2020, que ha tomado en cuenta la Sentencia Constitucional Nº185/2019-S3.

1. 3)Otro punto de su fundamentación también analiza, que se toma en cuenta la Resolución 200/2019, sobre el tiempo de la detención preventiva, que fue dispuesto para seis meses y está detenida desde el 13 de noviembre de 2019, por lo que al 13 de mayo ya se habría cumplido los seis meses y la suspensión de plazos solo es para actos procesales, sin afectar un derecho como es la libertad, solicitando que al haberse vencido dicho plazo se corrija el razonamiento del Juez a quo y se conceda la cesación a la detención preventiva, invocando a la SCP 0234/2019-S3.

1. 8)Expuestos los fundamentos de las partes se establece que en relación a las garantías que ha planteado la imputada María Eugenia Choque para desvirtuar el art. 235 núm. 2) del Código de Procedimiento Penal, debe analizarse contrastando con la Resolución apelada que en audiencia llevada a cabo ante Juez a quo, indica que se ha evidenciado que la defensa haya podido presentar prueba idónea pertinente y útil a objeto de desvirtuar este riesgo procesal, en relación a las garantías, que se ha fundado en la presente causa y que ha hecho referencia específica a que se desvirtúe el mismo con la presentación de la declaración de todos los partícipes en el presente hecho y no así con la sola presentación de un acta de garantías, que tampoco sería a todas partes en la presente causa, por ende no se ha desvirtuado este riesgo.

1. 9)Respecto al tiempo de duración, de que estaría detenido más de 6 meses, tomando en cuenta que esta desde el 13 de noviembre de 2019 y el 13 de mayo de 2000, ya habría fenecido por plazo de los 6 meses, sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Departamental de Justicia, ha dispuesto la suspensión de plazos y esta suspensión de plazos involucran a los Jueces Cautelares, y los Jueces Cautelares son los controladores de los fiscales en los actos investigativos y si el Juez Cautelar está impedido de controlar un acto "inergativo" (sic) por mandato de las circulares del Tribunal Supremo Electoral y del Tribunal Departamental Electoral, el Fiscal también está impedido de proseguir las investigaciones sin control jurisdiccional, lo contrario conlleva a un defecto absoluto que no es convalidable y se ha dispuesto la suspensión de los plazos, es para tomar en cuenta derechos fundamentales de las partes, del Juez, personal subalterno, del Fiscal y de los demás sujetos procesales querellantes, del imputado y los abogados, y de proseguir con las investigaciones en una etapa como de la que se ha diseñado para que se dicte estas circulares, se ponía en serio riesgo la salud de todos estos sujetos procesales y la salud está íntimamente ligada al derecho a la vida, en consecuencia es correcto el razonamiento, de que las circulares han dispuesto la suspensión de plazos, para todos los actos procesales, que involucra al órgano Jurisdiccional y obviamente al Ministerio Público, en sus actos investigativos, por lo que no se evidencia agravio" (fs. 29 al 32).