0134/2022-S1

A pesar de haber cumplido todos los requisitos legales, la Alcaldesa demandada no quiere otorgarles la licencia de funcionamiento para que opere la Estación de Servicio "La Perla del Valle" S.A.; razón por la cual, el 23 de julio de 2020, solicitaron mediante nota se les extienda la indicada licencia; sin embargo, en lugar de dar curso a lo requerido, la parte demandada envió dicho requerimiento a la Agencia Nacional de Hidrocarburos; entidad que les remitió dos documentos por los cuales se les habría dado una respuesta positiva, cuales fueron:

1. a)La autorización para que la Estación de Servicio, preste servicios de gas natural vehicular; y,
2. b)La licencia de Operaciones respectiva.

La parte impetrante de tutela en audiencia se ratificó íntegramente en los términos de su memorial de acción de tutela, añadiendo en respuesta a la defensa asumida por la parte demandada que:

1. 1)Con relación a plantear un recurso de revocatoria, ello no es posible, dado que la autoridad edil, es la máxima autoridad del municipio, y sus determinaciones ya no cuentan con recurso ulterior, además que no existe instancia superior que pueda resolver;
2. 2)Fue el 17 de noviembre de 2020 que recibió la respuesta de parte de la Alcaldesa, es desde esa fecha que se lesionaron sus derechos;
3. 3)La tercera interesada, refirió que solo los días martes se perjudicaría a los comerciantes y no así el resto de la semana;
4. 4)Como solicitantes de tutela y empresa, cumplieron a cabalidad con los requisitos exigidos, entonces, porqué deberían de ir a conciliar con los comerciantes minoristas que serían la causa para que la estación de servicio no pueda optar a la licencia de funcionamiento; y,
5. 5)La Alcaldesa es máxima autoridad y con la vigencia de la Ley 482 -Ley de Gobiernos Autónomos Municipales- hubo división de poderes entre el Concejo Municipal y el Ejecutivo; es decir, que cada uno de ellos tiene sus funciones y atribuciones, no siendo ya necesario de recurrir en revocatorio por la misma razón que la Alcaldesa es la máxima autoridad del municipio, siendo que en vigencia de la Ley 2028 existía esa posibilidad, pero ya no a la fecha; es decir, son determinaciones que no cuentan con recurso ulterior.

Clary Mabel Montaño Terceros, Alcaldesa, Marcela Nancy Ricaldez Martínez, Directora de Ingresos Municipales, Víctor Sotomayor Guzmán, Responsable de la Unidad de Medio Ambiente y Aseo Urbano, todos del GAM de Punata del departamento de Cochabamba a través de sus abogados, mediante Memorial de 3 de diciembre de 2020, cursante de fs. 145 a 150, manifestaron lo que a continuación se detalla:

1. i)La presente acción de defensa fue presentada sin haberse logrado legitimación y ni haberse observado el principio de subsidiariedad;
2. ii)La acción de amparo constitucional podrá ser interpuesta siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos; en el presente caso, la parte solicitante de tutela no recurrió a las instancias previas, pues no se planteó recurso alguno conforme la Ley de Procedimiento Administrativo, "iniciado proceso contencioso administrativo apersonado ante el Concejo Municipal de Punata, al Viceministerio de Autonomías o al Ministerio del Trabajo en su caso"; por lo que se entiende que no se hubieran agotado las instancias correspondientes;
3. iii)El poder otorgado a los accionantes resultaría insuficiente, pues de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, las personas jurídicas deben acreditar el acta de constitución de la sociedad, nómina de socios, inscripción al Registro de Comercio, su personería y reglamentos; y,
4. iv)La Estación de Servicio "La Perla del Valle" S.A. es una sociedad de capitales dedicada a realizar actividades y operaciones comerciales con fines de lucro y no al trabajo propiamente dicho, como para alegar que se vulneró tal derecho.

Por otro lado, en audiencia de la presente acción de defensa, sostuvieron que:

1. a)Los impetrantes de tutela tenían la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002- para impugnar la supuesta decisión que les afectó, no habiendo presentado recurso de revocatoria o jerárquico e inclusive la interpretación del silencio administrativo;
2. b)En el supuesto caso que se hubiera lesionado el derecho a la petición, bien pudieron acudir al Concejo Municipal como la instancia fiscalizadora y deliberante; también pudieron recurrir al Ministerio de Autonomías; y, si se consideraba afectado el derecho al trabajo, pudieron también denunciar ante el Ministerio del Trabajo;
3. c)No fueron simples individuos quienes interpusieron la presente acción, sino una empresa comercial, misma que debió encontrarse registrada en el Registro de Comercio, respecto a la designación y cesación de sus administradores con resolución expresa en el poder conferido; y,
4. d)Tampoco se acreditó el interés legítimo debidamente registrado en FUNDEMPRESA.

Eliana Vallejos Flores, Presidenta de la Asociación de Comerciantes Minoristas Mixto 25 de mayo, mediante intervención en audiencia de la presente acción de tutela, en su defensa sostuvo lo que sigue:

1. 1)La Estación de Servicio "La Perla del Valle" S.A. es una empresa a la que no se puede lesionar su derecho laboral mientras que la Asociación de Comerciantes, trabajan sin fines de lucro; y,
2. 2)La Estación de Servicio se encuentra funcionando pese a que no cuenta con la respectiva licencia, poniendo en riesgo a los comerciantes que se encuentran expuestos a los tóxicos que emana el gas.

El Juez Público Mixto Civil y Comercial de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Punata del departamento de Cochabamba, a través de la Resolución 05/2020 de 3 de diciembre, cursante de fs. 163 a 172, denegó la tutela solicitada; fallo que se basó en los siguientes fundamentos:

1. i)La acción de amparo constitucional no puede operar si existe otras rutas procesales idóneas para atacar una lesión o amenaza;
2. ii)Una vez puesto en conocimiento de la parte impetrante de tutela, el informe de 16 de noviembre de 2021 emitido por la Unidad y Dirección de Medio Ambiente a través de la Nota de 17 de igual mes y año expedida por la autoridad municipal ahora demandada, según la ley 2341, las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs), era impugnable por medio del recurso de revocatoria, pues este recurso procede contra toda clase de resoluciones de carácter definitivo o actos administrativos que tengan carácter equivalente; en el presente caso, el acto que lesionó derechos fue el hecho de haberse desestimado cualquier autorización pues la instancia máxima departamental es la que autorizó el funcionamiento de la Estación de Servicio, determinación que bien pudo ser objeto de impugnación para que las autoridades demandadas tengan la posibilidad de pronunciarse; y,
3. iii)No se agotó la vía administrativa de reclamo.

II.7. Mediante Comunicación Interna Cite: U.M.A.A.U. 124 de 16 de noviembre de 2020, elaborado por Víctor Sotomayor Guzmán, Responsable de Medio Ambiente del GAM de Punata, dio respuesta al requerimiento realizado por la Alcaldesa de ese municipio en relación a la solicitud de los ahora impetrantes de tutela, alegando los siguientes puntos:

1. a)Que la Estación de Servicio "La Perla del Valle" S.A. tiene una autorización de categoría tres, autorizada por el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba; y,
2. b)Que a través del Decreto Supremo (DS) 3549 de 2 de mayo de 2018, se modificaron y complementaron disposiciones del Reglamento de Prevención y Control Ambiental aprobado por los Decretos Supremos 24176 y 28592, dado que la referida norma legal, quitó la potestad a los Gobiernos Municipales Autónomos de revisar fichas ambientales y otros documentos ambientales; además que la única facultada para dar todas estas autorizaciones Ambientales, es el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, a través de la Secretaría de la Madre Tierra y la Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente y que cualquier problema ambiental suceda es de absoluta responsabilidad de la instancia departamental, quedando exenta la entidad municipal de cualquier autorización ya que la instancia máxima departamental es la que autorizó el funcionamiento de la estación de servicio de gas "La Perla del Valle" S.A., y no así la Alcaldía Municipal de Punata (fs. 116 a 117).

En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas:

1. 1)Sobre el derecho de petición; y,
2. 2)Sobre el valor de los informes legales y el derecho de petición; y,
3. 3)Análisis del caso concreto.

En ese sentido, se abordarán las siguientes temáticas relativas al derecho de petición:

1. a)Contenido esencial;
2. b)Requisitos de procedencia;
3. c)Legitimación activa;
4. d)Legitimación pasiva; y,
5. e)Plazo para emitir respuesta.

La SC 218/01-R de 20 de marzo de 20011 establece que el núcleo esencial del derecho de petición, constituye el derecho a obtener una respuesta pronta y oportuna en la que se resuelva la petición en sí misma; en ese sentido, la jurisprudencia constitucional, fue desarrollando características que debe contener la respuesta:

1. 1)Pronta y oportuna2; dentro los plazos establecidos por ley o dentro de un plazo razonable como lo determina la jurisprudencia constitucional;
2. 2)Formal3; que la respuesta sea escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos que la parte interesada pueda realizar reclamos o utilizar los medios recursivos establecidos por ley;
3. 3)Material4, porque debe resolver el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición y no evadirlo; de donde se entiende que la autoridad a quien se presenta la petición, debe atenderla, tramitándola y resolviendo de forma positiva o negativa a los intereses del solicitante; y,
4. 4)Argumentada5; vale decir, motivada y fundamentada, que cubra las pretensiones del solicitante, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición sobre la base de sustentos fácticos y jurídicos.

...a fin de que se otorgue la tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos:

1. i)la formulación de una solicitud expresa en forma escrita;
2. ii)que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente;
3. iii)que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable; y,
4. iv)se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión.

Sin embargo, la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, modulando el entendimiento de la SC 0310/2004-R, a efectos de la tutela del derecho de petición, en el Fundamento Jurídico III.3, exigió únicamente los siguientes requisitos: "...a) La existencia de una petición oral o escrita;

1. b)La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y,
2. c)La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición"; sin embargo, con relación a este último requisito se aclara que: