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TCP

0134/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
9 de marzo de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0134/2026-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0134/2026-S3 Sucre, 9 de marzo de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional

Expediente: 63102-2024-127-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 60/2024 de 27 de marzo, cursante de fs. 193 vta. a 196 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Geimberg Justiniano Ortiz en representación de LENDER INVESTMENTS Sociedad Anónima (S.A.) contra José Manuel Gutiérrez Velásquez ex Vocal; Gladys Alba Franco y Ever Álvarez Orellana Vocales actuales, todos de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 15 y 29 de febrero de 2024, cursantes de fs. 109 a 115; y, 133 y vta., el accionante señaló lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

La sociedad LENDER INVESTMENTS S.A., es propietaria legítima de un inmueble ubicado en el Municipio de Porongo -Lotes 13 y 14 de la Urbanización Colinas del Urubó-, inscrito en Derechos Reales (DD.RR.) bajo las Matrículas 7.01.1.02.0000378 y 7.01.1.06.0029635 en la ciudad de Santa Cruz; el 14 de diciembre de 2010, suscribió un Contrato de Tolerado a favor de Alberto Rodrigo Gutiérrez Fleig; dicho acuerdo permitía el uso gratuito del inmueble por un plazo de ciento sesenta meses, estableciéndose expresamente la inexistencia de reconducción automática; en virtud de ello, el beneficiario habitó el bien junto a su cónyuge, Betty Vanesa Bravo Ortiz.

No obstante, el 22 de marzo de 2023, a raíz de un proceso por violencia familiar iniciado por Betty Vanesa Bravo Ortiz, contra su esposo, dispusieron medidas de protección que restringieron el ingreso de este último al domicilio otorgado en tolerancia. Ante el vencimiento del plazo contractual, la sociedad propietaria solicitó formalmente la desocupación y entrega del inmueble mediante cartas notariadas de 25 de abril y 2 de mayo de 2023; sin embargo, la denunciante referida se mantuvo en el inmueble contra la voluntad de la propietaria, alegando la vigencia de su vínculo matrimonial y una supuesta posesión de más de diez años.

Esta situación motivó la interposición de una querella penal por la presunta comisión del delito de despojo. Pese a los antecedentes expuestos, el Juez Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz, mediante Auto el 23 de junio del mismo año desestimó la querella bajo una fundamentación deficiente limitándose a señalar la facultad judicial de admitir o rechazar causas. Dicha autoridad omitió valorar las pruebas de propiedad, cuestionó la naturaleza del inmueble objeto del litigio y desconoció la validez del Contrato de Tolerado por carecer de reconocimiento de firmas, vulnerando el principio de verdad material y el acceso a la justicia.

Contra dicha determinación, interpuso recurso de apelación incidental, la cual fue resuelta por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz por Auto de Vista de 23 de agosto de 2023, esta resolución lejos de reparar las vulneraciones denunciadas, confirmó la desestimación de la querella mediante un pronunciamiento ultra petita, realizando valoraciones de fondo que no correspondían a la etapa de admisión, pues calificaron el derecho propietario de LENDER INVESTMENTS S.A. como una "maniobra jurídica" y argumentaron subjetivamente que, al no existir una sentencia de divorcio o división de bienes entre la denunciada y su exesposo, no se podrían considerar actos de despojo.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba; al acceso a la justicia o tutela judicial efectiva; a un juez imparcial; y, a los principios de seguridad jurídica y de verdad material, citando al efecto los arts. 115 y 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

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