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TCP

0135/2019-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
11 de abril de 2019SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0135/2019-S3

Proceso
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Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0135/2019-S3 Sucre, 11 de abril de 2019

SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional

Expediente: 25651-2018-52-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 07 de 14 de septiembre de 2018, cursante de fs. 338 a 345 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Shirley Verónica García Salvago contra Hugo Juan Iquise Saca, Sigfrido Soleto Gualoa, Vocales de la Sala Penal Primera y Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; Moisés Chaile Vilte y Luis Estéban Loza Quaglini, ex y actual Juez de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del mismo departamento; y, Wálter Roberto Paredes Villarroel, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memoriales presentados el 15 y 22 de agosto; y, 10 de septiembre de 2018, cursantes de fs. 102 a 114; 117 a 134; y, 148 a 150 vta., la accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 28 de junio de 2013, Juan Luis Chávez Oporto, Ricardo Becerra Coelho y Ana Karenina Núñez del Prado Salvago, presentaron una denuncia en su contra, por la supuesta comisión del delito de estafa, habiendo sido imputada formalmente por el Fiscal de Materia el 31 de agosto del mismo año, llevándose a cabo la audiencia conclusiva y de medidas cautelares recién el 4 de diciembre de 2014, actuado en el que se enteró que el tipo penal había sido ampliado de estafa a estafa con víctimas múltiples, por lo que al haber sido agravado el delito imputado no tuvo la posibilidad de asumir defensa en la indicada audiencia; actos ilegales que además no fueron informados al Juez a cargo del control jurisdiccional ya que todo acto investigativo realizado por la autoridad fiscal debe hacerse bajo el control jurisdiccional conforme a los arts. 279, 289 y 298 del Código de Procedimiento Penal (CPP), a los efectos de garantizar el derecho a la defensa en juicio, por lo que se incumplió con el debido proceso.

En base a los actos ilegales descritos, fue acusada formalmente por la comisión del tipo penal modificado, y existiendo evidente simultaneidad de la imputación con la acusación formal, en la audiencia conclusiva y de aplicación de medidas cautelares planteó incidente denunciando estos actos como defectos procesales absolutos; sin embargo, el Juez de la causa en vez de corregir procedimiento, sin otorgarle el plazo de seis meses para que pueda producir prueba dentro de la etapa preparatoria que recientemente se había iniciado con la ampliación del tipo penal, incumpliendo el art. 134 del CPP que establece un lapso de seis meses para concluir la investigación, tiempo en el cual se tiene la posibilidad de presentar pruebas que desvirtúen la imputación formal provisional del delito en uso de su derecho a la defensa, no tomó en cuenta los argumentos de su defensa y rechazó dicho incidente, lo que motivó que el 5 de diciembre de 2014 presente recurso de apelación incidental en mérito al cual la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa a Cruz dictó el Auto de Vista 49 de 16 de enero de 2018, declarándolo admisible e improcedente al considerar que fue correctamente rechazado por el Juez a quo.

Tres son los actos ilegales e indebidos cometidos por las autoridades demandadas:

  1. a)El Ministerio Público, en la audiencia de 4 de diciembre de 2014, de manera verbal amplió irregular e ilegalmente el tipo penal imputado de estafa simple a estafa con víctimas múltiples, sin informar previamente de esta modificación al Juez de instancia, incumpliendo los arts. 279, 289 y 298 del CPP; ya que el inicio de una investigación penal debe ser informado al órgano jurisdiccional, así como también en caso de ampliarse por otro delito o agravante; no es suficiente un informe verbal en audiencia, omitir el informe de inicio de investigación previo a la imputación formal significa llevar adelante una investigación clandestina e ilegal desde todo punto de vista, lo que constituye un evidente vicio de nulidad absoluto no susceptible de convalidación -art. 169 inc. 3) del CPP-, que vulnera el debido proceso además del principio de "...certeza del tipo penal..." (sic) como parte integrante del principio de legalidad protegido constitucionalmente, que establece que todo imputado tiene derecho a conocer el delito por el que está siendo procesado para poder asumir defensa correctamente; sin embargo, el Tribunal de alzada al momento de resolver el recurso de apelación incidental "...no ve esto..." (sic), y confirmó la decisión del Juez a quo de manera irracional mediante el Auto de Vista 49, alegando de manera parcializada que no es necesario informar previamente una ampliación del tipo penal e imputación, sino que es suficiente cumplir con este acto en audiencia de medidas cautelares, cuando es obligación de un Tribunal de apelación revisar de oficio vicios de nulidad que atañen al debido proceso y no consentirlos.

Además, desde el inicio de la investigación no está claro el tipo penal por el que está siendo procesada, que el tiempo en una audiencia es muy limitado para poder desvirtuar una nueva calificación dispuesta en su caso de manera discrecional por la autoridad fiscal, modificando totalmente su situación jurídico procesal con la agravación del tipo penal de tres a diez años, inclusive estuvo en peligro su libertad en el actuado procesal de 4 de diciembre de 2014, y el Tribunal de apelación en un acto arbitrario, ilógico e irracional ampara las irregularidades cometidas por el Ministerio Público y el Juez a quo, vulnerando sus derechos al debido proceso y a la defensa;

  1. b)La etapa preparatoria ha sido suprimida; puesto que al ampliarse el tipo penal, correspondía que sea prolongada por seis meses tal como determina el art. 134 del CPP, para darle la oportunidad de proponer actos investigativos; sin embargo, fue "cortada" ilegalmente y de manera discrecional por el Juez de instancia mediante el Auto Interlocutorio de 4 de diciembre de 2014, quien más bien procede a remitir actuados ante el Tribunal de Sentencia para sustanciar el juicio oral en su contra, vulnerando así su derecho a la defensa; vale decir, que de manera simultánea en el mismo acto procesal -audiencia de acusación y medidas cautelares- es acusado por el tipo penal modificado sin existir un término entre la imputación formal y la acusación. La supresión de la etapa preparatoria, constituye un vicio absoluto de nulidad no susceptible de convalidación; y,
  1. c)En el recurso de apelación incidental que presentó, el Tribunal ad quem en el Auto de Vista 49, omitió pronunciarse sobre la falta de fundamentación e incongruencia en que incurrió el Juez a quo al momento de rechazar la excepción de falta de acción por falta de legitimación activa de los denunciantes puesto que no presentaron ningún documento comercial que acredite la supuesta sociedad de hecho que alegan tener con ella, como tampoco los supuestos aportes económicos, aspectos que deben ser dilucidados en la vía civil y no la penal que es de última ratio, por lo que existe impedimento legal para proseguir con la acción penal; los incidentes de exclusión probatoria con relación a las pruebas dieciséis relativa a un balance general y veintiocho referida a una fotografía y de nulidad por actividad procesal defectuosa debido a la ampliación discrecional del tipo imputado que hizo la Fiscal de Materia a cargo de la investigación, alegando de manera parcializada en sus consideraciones quinta y sexta que no es necesario informar previamente una ampliación del tipo penal e imputación, sino que es suficiente cumplir con este acto formalmente en audiencia de medidas cautelares, lo que según los Vocales demandados garantiza el derecho a la defensa; interpretación incorrecta que transgrede el principio de favorabilidad "indubio pro reo" (sic), permitiendo que se cometan arbitrariedades; incurriendo a su vez en las mismas omisiones denunciadas, por lo que dicho Tribunal no se pronunció suficiente ni expresamente sobre todas las irregularidades alegadas en apelación.

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