Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0135/2025-RCA Sucre, 27 de noviembre de 2025
Expediente: 73090-2025-147-APP Acción de protección de privacidad Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución 004/2025 de 15 de abril, cursante a fs. 158 y vta., pronunciada dentro de la acción de protección de privacidad interpuesta por Rocío Peñaranda Gamarra contra Neyza Fátima Campos Alfaro y Nelson Grover Villarroel Cardona.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
Por memoriales presentados el 1 y 14 de abril de 2024, cursantes de fs. 108 a 117; y, 151 a 157; la accionante manifiesta que en el ejercicio de su profesión como abogada con más de veinticinco años de experiencia, patrocinó muchos casos, entre ellos a Sandra Cárdenas Medina en un proceso contra Nelson Grover Villarroel Cardona -ahora demandado-, así también a Duxtan Fernando Maldonado Antezana en diversos procesos contra Primo Choque Ventura y Neyza Fátima Campos Alfaro -ahora demandada-, ese asesoramiento dio lugar a que los hoy demandados, en venganza hacia su persona, a través de videos en la red social Tik Tok, haciendo de periodista de su cuenta personal en la página "Bolivia Libre" denominándose "Víctimas de la Injusticia", profierieron una serie de calumnias e injurias en su contra, en fechas 10 de agosto, 26 de septiembre, 8 y 14 de octubre, 22 de noviembre, 20 de diciembre todos de 2024; y, 20, 22 y 28 de febrero; y, 1, 2 y 6 de marzo de 2025.
Además de lo anterior, de manera pública en la esquina del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, se dieron a la tarea de colocar carteles con inscripciones calumniosas, mostrando un banner con su fotografía conseguida de manera clandestina de su cuenta de Facebook, en algunos de los textos señalan: "ROCIO PEÑARANDA CORRUPCTA-ABOGADA CORRUPTA" (sic), además protagonizan una serie de ofensas, argumentos peyorativos, calumnias, injurias y difamaciones contra autoridades departamentales, vocales, jueces, fiscales y abogados, generando de esa manera no sólo un escenario vergonzoso en plena vía pública, sino también que crean una cuenta falsa -se entiende, en redes sociales- para insultar y mencionar una serie de hechos, involucrando incluso a su familia, refiriéndose a ella de la siguiente manera: "CHICAS CHIC? O CONSORCIO DE JUECES, FISCALES, ABOGADOS, EX FISCALES LIDERADOS POR LA EX PRIMERA DAMA DE COCHABAMBA!!! Que es las Chicas Chic? Grupo de las que son miembros mujeres que gozan de algún poder o alguna injerencia en sistema de justicia o la Alcaldía de Cochabamba, dedicadas a manipular la justicia conforme sus intereses o sus propias ambiciones, reuniones que llevan a cabo, con unas copas de whiskey $$$ con muchos ceros..." (sic). Estas publicaciones son reiteradas y circulan en las redes sociales de Neyza Fátima Campos Alfaro y Nelson Villarroel Cardona; asimismo, del Informe de la Unidad de Ciber-crimen, de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) se tiene puertos de links en los que se evidencia las fotos de las personas que suben los videos, siendo identificados los nombrados. La primera, se identifica además como supuesta representante de Control Social y de la Asociación de Víctimas de la Injusticia.
Respecto al principio de subsidiariedad, alega que la legislación no prevé un mecanismo ordinario judicial idóneo y eficaz para la protección del derecho a la autodeterminación informativa, por lo que, cualquier ciudadano puede acudir de manera directa a la vía constitucional a fin de precautelar sus derechos, resaltando que existe una laguna jurídica siendo la vía correcta la presente acción de defensa, pues existe un daño inminente, irremediable e irreversible y urge la necesidad de medidas inmediatas, pues los demandados tienen en su poder información privada que está siendo difundida en redes sociales y en dependencias del Tribunal Departamental de Justicia nombrado.
I.2. Derechos supuestamente vulnerados
Considera lesionados sus derechos a la propia imagen, a la dignidad, a la honra, al honor, a la intimidad y a la privacidad personal y familiar, citando al efecto los arts. 21 de la Constitución Política del Estado (CPE); 13.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
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