Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0135/2026-CA Sucre, 1 de abril de 2026
Expediente: 82712-2026-166-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: La Paz
En consulta la Resolución 054-A/2026 de 4 de febrero, cursante a fs. 140 y vta., pronunciada por el Juez Público de Familia Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz, por la que rechazó la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Margarita Luna Callisaya demandando la inconstitucionalidad de los arts. 176, 177, 182, 183 y 185 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), por ser presuntamente contrarios a los arts. 56, 109, 115, 117, 180 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de la solicitud de parte
Por memorial presentado el 27 de enero de 2026, cursante de fs. 129 a 131 vta., la accionante manifestó que en el proceso familiar ya fenecido contra Gerardo Yupanqui Callisaya sobre la división y partición de bienes gananciales, aparentemente en su afán de despojarle de su propiedad, ignorando sus derechos, se estuviera tramitando el proceso de división y partición vulnerando sus derechos a la propiedad, a la defensa y al debido proceso, reconocidos en la Constitución Política del Estado, poniendo en evidencia la completa inconstitucionalidad de los arts. 176, 177, 182, 183 y 185 del CFPF, dicha norma no guardaría relación alguna con los valores de igualdad, equilibrio y justicia social, valores que pretenden conculcar el supuesto procedimiento de división y partición de bienes, conforme a la jurisprudencia constitucional toda autoridad jurisdiccional debe observar el cumplimiento de los parámetros para la tramitación de los procesos enmarcados en el debido proceso y el principio de seguridad jurídica.
Se pretende dar valides a un supuesto proceso de división y partición de bienes gananciales con base en documentos falsos carentes de eficacia jurídica, sin que se hubiera tomando en cuenta la obligación de evitar la consumación de un hecho lesivo a un derecho fundamental, como es el derecho al debido proceso, así como el deber del juzgador de analizar y ponderar el derecho invocado y las circunstancias que rodean el hecho excepcional.
I.2. Respuesta a la acción
Por decreto de 28 de enero de 2026, se corrió en traslado a la parte adversa, cursante a fs. 132. El 30 de igual mes y año, se notificó a Gerardo Yupanqui Callisaya, con memorial y el citado decreto a fs. 133 y memorial de respuesta presentado el 3 de febrero del indicado año, de fs. 134 a 139; bajo los siguientes fundamentos:
- a)Se debe enfatizar que la acción promovida por la impetrante no cumpliría con los requisitos previstos en el art. 24.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo); toda vez que, los alcances se debe individualizar contra que persona se dirige la misma, para establecer la legitimación pasiva; lo cual, no acontece en el caso;
- b)No cumple con lo previsto por el art. 24.3 del CPCo, considerando los alcances de la acción de inconstitucionalidad, se debe describir los hechos en los cuales se funda la acción;
- c)Tampoco dio cumplimiento al art. 24.4 del citado Código; siendo que, la acción de inconstitucional concreta es ambigua, contradictoria e incongruente con respecto a los motivos por los cuales impugna la accionante; asimismo, no observó el requisito previsto en el art. 24.6 de la indicada Norma, la accionante se limitó únicamente a promover ante el Tribunal Constitucional Plurinacional la acción de inconstitucional concreta respecto de los arts. 176, 177, 182, 183 y 185 del CFPF;
- d)Supuestamente los mencionados artículos llegarían a infringir el derecho al debido proceso y a los principios de proporcionalidad, justicia material y supremacía constitucional, alegando que se pretendería despojarla de su propiedad, señalando que los preceptos cuestionados entrarían en "tensión"' con los arts. 56, 109, 115, 117, 180 y 410 de la CPE, se debe rechazar la argumentación que realizó la accionante; ya que, la acción interpuesta carece de fundamentación jurídico-constitucional suficiente que genere duda razonable sobre la validez y eficacia constitucional de las disposiciones legales que impugna;
- e)La impetrante no demostró una conexión directa, clara e insalvable entre el contenido de las normas cuestionadas, la supuesta vulneración de los valores, principios y derechos fundamentales; y,
- f)Se debe proceder a rechazar la acción de inconstitucional concreta promovida por la peticionante; puesto que, su única intención es dilatar el proceso -de división y partición de bienes gananciales-, para seguir usufructuando ilegalmente los bienes gananciales que le corresponden; lo cual, debe reprimirse en aras de una adecuada y correcta administración de justicia.
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